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Los Código Penal y Laboral siguen todavía en el limbo en el senado de la Republica.

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Santo Domingo, R.D.-Volvió a quedarse sobre la mesa en el Senado de la República la aprobación de las modificaciones a los códigos Penal y Laboral, a pesar que queda poco más de una semana para que finalice la actual legislatura.

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, planteó dejar sobre la mesa el Código Penal, con la condición de que este viernes la pieza, supuesta a ser aprobada en segunda lectura, sea conocida por los legisladores durante una sesión especial exclusivamente para esa propuesta de ley.

La propuesta de nuevo Código Penal no contiene la despenalización del aborto asistido en tres causales excepcionales e integraría la figura del cúmulo de penas por el cual a un mismo individuo se le puede sentenciar tras ser hallado culpable en varios cargos en su contra.

El cúmulo puede llegar hasta los 60 años de prisión, además de que tipifica 72 nuevos crímenes.

La pasada semana, el senador Santiago Zorrilla, presidente de la comisión bicameral que estudió la pieza, que los retrasos de la aprobación de la pieza se deben a que esperan unas observaciones que la Procuraduría General de la República y otros sectores están supuestos a realizar.

Esas modificaciones que serán planteadas se sumaran a las que los senadores Omar Fernández y Moisés Ayala anunciaron que realizarían durante el procedimiento de segunda lectura de la pieza.

Código Laboral

Al momento de someter la aprobación en segunda lectura de la reforma, el presidente de la comisión que estudió esa pieza, el senador Rafael Barón Duluc (Cholitín), manifestó que tras escuchar varias de las propuestas de los diferentes sectores, propuso varias modificaciones a lo aprobado durante la primera discusión.

Duluc señaló que los cambios planteados son a cinco artículos, incluyendo dos considerandos y un visto; el cambio principal fue realizado a la propuesta de que las zonas francas paguen bonificaciones a sus empleados, sin embargo, se sometió la modificación para que mantenga esa excepción a las empresas de esa categoría.

El representante volvió a negar que existan presiones de sectores externos para evitar una aprobación en segunda lectura del actual Código Laboral, el cual data desde 1992.

“Estamos en segunda lectura y la segunda lectura es precisamente para eso (presentar cambios), lo que estamos haciendo es el ejercito democrático de lo que establece la Constitución; las segundas lecturas siempre son para corregir, agregar, suprimir y en eso estamos”, argumentó el senador.

El legislador manifestó que están dispuestos a conocer esta propuesta durante una extensión de la legislatura porque lo que se quiere “es terminarla”.

Riesgo de perimir

El Código Laboral corre el riesgo de perimir si no es aprobado en la presente legislatura ya que data en el Congreso Nacional desde el pasado mes de noviembre; al perimir, el proyecto debería de ser reintroducido para volver a ser conocido y aprobado dos veces.

La actual propuesta de modificación fue remitida al Senado desde el Poder Ejecutivo; la misma fue realizada a raíz de los resultados del dialogo tripartito, del cual forman parte los sectores empresarial, laboral y el Gobierno.

No obstante, una vez la pieza fue aprobada por los senadores en una primera lectura, los empresarios rechazaron el proyecto de modificación al Código de Trabajo, por considerar que “representa un retroceso” y señalando que el mismo ignora varios “acuerdos alcanzados” durante el desarrollo ese encuentro.

Aunque los empresarios han hecho un llamado a retomar el dialogo, los sindicalistas han manifestado que ese tema no fue tocado en el nuevo proyecto para “mantener el orden laboral y evitar una posible huelga general y explosión social”.

Legislatura especial

El presidente Luis Abinader ha manifestado que se encuentra en la disposición de extender la actual legislatura y/o convocar una especial, en caso de que antes del 26 de julio no sean aprobados estos códigos, ya que los mismos son de “necesidad imperiosa” para que la sociedad dominicana.

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Por efecto de vaguada declaran 21 provincias en alerta amarilla y 7 en verde.

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SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el  Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del  colentamiento diurno, segun  el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)

Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.

Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.

Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE

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En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.

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PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.

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Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.

Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.

«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.

  • El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.

Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».

«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».

Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».

Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y  «con rencor», así como por interés político.

Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.

Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.

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Fijan lectura de sentencia del caso Coral para el 15 de junio.

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Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado  de fallo el juicio  seguido  contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos  implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.

El tribunal integrado por las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yune y Jissel Naranjo, decidió reservarse el veredicto, para el 15 de junio a las 3:00 de la tarde.

La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.

La jueza sostuvo que quedaban cerrados los debates y que de acuerdo a los artículos 338 y 377, numeral cinco del Código Procesal Penal, este último establece que si el debate se excedió por más de 30 días en este caso, el juicio inició el pasado 27 de junio de 2024, el plazo de la deliberación es de 40 días.

El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.

A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.

Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.

Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.

El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.

También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.

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