Santo Domingo, RD.-Legisladores de la oposición denunciaron que la reciente promulgada Ley de Presupuesto General del Estado para el ano 2023 viola la Constitución y le otorga a la Presidencia la posibilidad de usar fondos discrecionales asignados a esa división oficial.Nacionales
Presidencia podría usar presupuesto de 2023 de forma discrecional.
Santo Domingo, RD.-Legisladores de la oposición denunciaron que la reciente promulgada Ley de Presupuesto General del Estado para el ano 2023 viola la Constitución y le otorga a la Presidencia la posibilidad de usar fondos discrecionales asignados a esa división oficial.Ayer en el hemiciclo, y hoy durante una participación radial, ambos legisladores señalaron que la principal preocupación radica en el artículo 40 del presupuesto.
“El artículo 40 de este proyecto le da una patente de corso, para que la Presidencia haga transferencias sin aprobarlas el Congreso Nacional”, denunció el vocero de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez.
“Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a realizar las modificaciones del presupuesto de la Presidencia de la República, formadas por el artículo 32 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No.423-06, del 17 de noviembre de 2006, que sean asignadas para ser ejecutadas por otros entes públicos y órganos administrativos”, indica el artículo 40 del Presupuesto.
Sobre esto, el senador Rojas Gómez dijo que el presupuesto del ministerio de la Presidencia se aumentó en 33 mil millones de pesos y que gracias al artículo 40 podrían utilizar el dinero a “discrecionalidad”.
“Se le incrementó el dinero en 33 mil millones de pesos al presupuesto de la presidencia, para ser utilizado, que creo es lo peor, en algo parecido que intentó hacer el presidente de Perú, que sin pasar el Congreso. El artículo 40, da la autoridad a la presidencia de mover la cuenta del presupuesto sin tener que pasar por el Congreso, elimina el congreso, por lo que es inconstitucional”, expresó el senador de Hermanas Mirabal.
Ante eso, el legislador anuncio que sometieron al partido la opción de recurrir al Tribunal Constitucional para denunciar el Presupuesto aprobado.
Sin embargo, el senador dijo que aún no tienen fecha para depositar la instancia, pero que sí ya está en manos del partido para decidir cuando iniciar las acciones.
Santo Domingo, R.D.-Fue aplazado para el 9 de mayo por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el juicio de fondo que se le sigue a casi treinta militares y policías acusados en el caso de corrupción Operación Coral que se habría gestado en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) en los pasados gobiernos.
El tribunal tomó la decisión por la asistencia de dos acusados sin representación legal, entre estos la sociedad comercial Único Real State e Inversiones, que tiene «como gerente, beneficiaria final y socia mayoritaria a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez«, la pastora.
La pastora, acusada de asociación de malhechores, lavado de activos y de testaferro, tiene como abogado un defensor público, quienes tienen prohibido defender empresas. Varias vistas han sido postergadas por esta presentarse sin un togado.
El caso de corrupción está encabezado por los exjefes del Cusep y Cestur, ahora Politur, el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente.
La primera audiencia del juicio de fondo al caso de malversación, que asciende a 4,500 millones de pesos, se fijó para el 26 de octubre y a seis meses todavía el Ministerio Público no ha podido iniciar la lectura del expediente de la acusación.
Declaran en rebeldía
Las juezas Gissell Méndez, presidenta del tribunal, Jisselle Naranjo y Tania Yunes, también declararon este jueves en rebeldía a la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, cuyo representante tampoco estuvo en audiencia a pesar de estar citado.
El representante legal que tenía la entidad religiosa es José Erneso Pérez Morales, poder que le dio el pastor José Cueto, que es su presidente.
Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional le dio un plazo de tres días al encartado Epifanio Peña Lebrón para que escoja un abogado para que lo asista, porque también estuvo sin uno.
La imputada Esmeralda Ortega Polanco anunció al togado Francisco Manzano, como su nuevo representante en el tribunal, a quien se le otorgó tiempo para preparar sus medios de defensa a su clienta.
Las juezas rechazaron una reposición de plazos solicitado por Ortega Polanco.
Santo Domingo, R.D.-Concluyó este miércoles por parte de la Junta Central Electoral (JCE) la entrega a nivel nacional de certificados a los candidatos que resultaron ganadores en las pasadas elecciones, quienes de inmediato fueron proclamados como nuevas autoridades municipales.
Los actos de entrega de certificados a las nuevas autoridades locales se realizaron en las sedes de las distintas juntas electorales en los 158 municipios. Las proclamaciones incluyeron a las autoridadese electas en los 235 distintos distritos municipales del país.
La JCE dijo que con estos actos se cumplió con el mandato de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, y del artículo 47 letra «e» que instruye a expedir certificados de elección e inmediata proclamación de los candidatos electos a cargos municipales.
En las pasadas elecciones municipales de febrero se eligieron 3,849 cargos municipales vinculados a los 157 municipios, el Distrito Nacional y los 235 distritos municipales en una relación de 316 alcaldías e igual cantidad de vicealcaldías; 2,328 regidurías, con sus respectivas suplencias; 470 direcciones y subdirecciones distritales; y 735 vocalías.
La JCE también resaltó que en el pasado proceso electoral para elegir las autoridades municipales, «el escrutinio y divulgación de resultados se alcanzó en un tiempo récord» en la historia de la institución, incluyendo la revisión de los votos nulos y observados.
Lo atribuyó al «debido al desempeño de los equipos de escaneo digitación, impresión y transmisión (EDET) y del equipo humano involucrado, elementos resaltado por los informes de los observadores electorales internacionales».
Santo Domingo, R.D.-Una serie de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos solicitaron a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, realizar una “exhaustiva investigación” en torno al asesinato de Francisco Ortiz Báez, ambientalista de Constanza.
Altagracia Paulino, quien habló a nombre de las organizaciones, dijo que en el crimen existen autores intelectuales distintos de las personas que lo perpetraron, razón por lo que pidió una investigación exhaustiva.
Las entidades demandan que el crimen sea castigado con todo el peso de la ley y que el castigo alcance a todos los autores, tanto materiales como los intelectuales.
Consideraron que la “ineficiencia de las autoridades de Medio Ambiente en proteger los recursos naturales y las áreas protegidas, obliga a que la ciudadanía asuma las responsabilidades abandonadas por estas autoridades, convirtiéndose en blanco de los depredadores y de sus sicarios”.
Expresaron el temor de que crímenes como este se repitan en el futuro próximo, dado que en el país se multiplican impunemente los desmanes contra los recursos naturales y las áreas protegidas, y la ciudadanía los enfrenta armada solo con su conciencia.
Francisco Ortiz Báez fue asesinado por oponerse a la extracción ilegal de materiales del río Tireo de Constanza y la Policía Nacional, por el hecho, arrestó a Reynaldo Cruz Castillo y Andy Joel Payano (a) El Guardia, a quienes acusa además de haber enterrado su cadáver en la Cueva de San Juan de la Maguana.
La instancia fue firmada por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, (INSAPROMA); el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC); Red Socioambiental Nacional; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD); Movimiento Laudato Si en RD y la Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP).
También participaron en la actividad la Coordinadora Popular Nacional, la Articulación Nacional Campesina, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, el Frente de Agricultores Unidos por el Progreso.
Igualmente, la Asociación de Ganaderos de la Cuenca Alta de Yamasá, el Frente Agropecuario Unidos (FEDAUPRO); la Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente, RedAfros y la Fundación Voces del Camú.