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Llaman a presidente Cámara de Cuentas tomar licencia ante denuncia de acoso
La querella presentada en contra del presidente de la Cámara de Cuentas es una razón más que suficiente para que Janel Ramírez tome una licencia en sus funciones en opinión de algunos senadores hasta tanto el Ministerio Público haga las indagatorias correspondientes.
La senadora de Puerto Plata, Ginnette Bournigal (PRM), invitó al titular del órgano de control externo de los recursos públicos del Estado “que en aras de estas situaciones tan feas, tan tristes, tiene que tomar una licencia”.
Dijo sentirse triste y lamentó el que una persona «con una preparación excelente, inteligente… presidiendo una entidad tan importante como la Cámara de Cuentas» tenga tales señalamientos.
“Es una pena que usted pertenezca a un consejo pleno y usted no sepa tener la armonía de ese pleno, entendiendo que usted como persona preparada y joven tiene una responsabilidad doble o triple, de mandar un mensaje, de coherencia, tranquilidad, armonía y sobre todo en este momento donde la gente espera tanto de esta institución”, manifestó.
La congresista consideró que hubo un fallo en el manejo de Ramírez, quien debió sopesar esa situación, sin embargo ya se le ha ido de las manos. Ante esto, reiteró que la figura máxima de la CC debió tomar una licencia, puesto que «no le queda otra salida».
“Además, esa carta a última hora, de solidaridad no se ve bien, porque es algo que se ve de mal gusto. Entonces, debieron sus compañeras, todas, reflexionar y entender que eran un espejo, que eran un cristal en este momento que no se podía romper”, precisó.
La representante de “La novia del Atlántico» en el Senado comentó que sintió pena el ver jueces de la CC visitando a los presidentes del Congreso, cuando, a su entender, eso no se maneja de esa manera.
Aseguró que el país no debe seguir así, politizando todas las cosas. “Usted falló, usted tiene una obligación de cargar con su peso, con su carga. Ahora, tome licencia con responsabilidad, porque usted no pudo manejar ese tema con dignidad, no supo hacerlo”, exhortó la congresista.
José del Castillo Saviñón secunda a Participación Ciudadana
José del Castillo Saviñón (PLD), senador de Barahona, dijo que la acusación por acoso es un tema que el Ministerio Público tiene que manejar, ya que está dentro de sus atribuciones.
Aseguró que espera que el proceso siga su curso y se respete el debido proceso, además, que el titular de la entidad considere su accionar entorno al cuestionamiento que se está haciendo en término de la violación a un precepto penal, si continuar o no al frente de la Cámara de Cuentas.
“Yo pienso que por lo menos, como dijo Participación Ciudadana, esto amerita una licencia hasta tanto se aclaren los hechos y las circunstancias bajo las cuales se ha generado esta querella”, expuso.
Por otro lado, el legislador entiende que la acusación contra Ramírez no ensombrece las auditorías que ha realizado la entidad. “Una cosa es la labor institucional de la Cámara de Cuentas y, en esto hay que estar claro, y otra cosa es la responsabilidad penal del individuo”, puntualizó.
En esa línea, explicó que la acusación contra Ramírez es una responsabilidad penal personal que no involucra la institución.
Del Castillo Saviñón reflexionó que el hecho de que se investiguen las denuncias en torno al pleno de la Cámara no es una acción negativa sino “sana”, para el esclarecimiento de toda la situación que se ha vertido en torno a dicha entidad.
Máximo Castro difiere de los senadores; Lía Díaz fija posición neutral
El diputado reformista Máximo Castro Silverio manifestó que la denuncia contra Janel Ramírez no debió haber llegado a lo jurídico, en el entendido de que ahora toma un matiz distinto al de antes. Sin embargo, resaltó el acuerdo que firmó el pleno de la institución.
El congresista detalló que en la historia de la Cámara de Cuentas nunca se ha visto que los miembros del bufete directivo se tomen una licencia, por lo que consideró que quien tiene la responsabilidad de agilizar las investigaciones sobre la denuncia es el Ministerio Público. Dijo que otorgarle licencia no es lo prudente en este momento, ya que eso no resuelve nada.
“Hay que felicitarlos, que se entendieron, que se pusieron de acuerdo, pero ya lo otro, es algo muy personal: el trayecto. Que llegue a la justicia y luego que la parte jurídica se pronuncie, entonces el Congreso entrará en función”, argumentó.
De su lado, Lía Ynocencia Díaz (PRM), senadora de Azua, explicó que en el caso de la denuncia, el Ministerio Público tiene el deber de hacer su trabajo mediante las investigaciones.
Para la congresista, con el documento que firmaron los cinco miembros del Pleno, se han limado las diferencias.
Consultor jurídico del Senado
Félix Damián Olivares, consultor jurídico del Senado, aplaudió el acuerdo al que se comprometieron los miembros de la Cámara de Cuentas, ya que, según destacó, no todas las personas tienen la capacidad de trabajar en equipo.
Le pareció incorrecto que los miembros de la CC sean invitados al Congreso para explicar los señalamientos que se ventilan.
El experto en derecho está convencido que el Congreso tiene facultad de fiscalizar el ejercicio de los demás poderes públicos, pero argumentó que esas son decisiones que deben guardarse para “situaciones extremas” o de último recurso.
“Usted no utiliza un martillo para matar moscas; usted usa un insecticida…pero usted no agarra una mandarria para matar moscas. O sea que los recursos que se puedan emplear, del juicio político, la interpelación…esos son recursos extremos en una democracia”, explicó.
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito; y la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, apoderaron la denuncia formal que hicieron Virginia Ofelia Correa Jiménez y Bella Massiel García Paulino. Las empleadas del Departamento de Auditoría acompañaron el documento con copias de las conversaciones con Ramírez Sánchez.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.