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Llaman a presidente Cámara de Cuentas tomar licencia ante denuncia de acoso

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La querella presentada en contra del presidente de la Cámara de Cuentas es una razón más que suficiente para que Janel Ramírez tome una licencia en sus funciones en opinión de algunos senadores hasta tanto el Ministerio Público haga las indagatorias correspondientes.

La senadora de Puerto Plata, Ginnette Bournigal (PRM), invitó al titular del órgano de control externo de los recursos públicos del Estado “que en aras de estas situaciones tan feas, tan tristes, tiene que tomar una licencia”.

Dijo sentirse triste y lamentó el que una persona «con una preparación excelente, inteligente… presidiendo una entidad tan importante como la Cámara de Cuentas» tenga tales señalamientos.

“Es una pena que usted pertenezca a un consejo pleno y usted no sepa tener la armonía de ese pleno, entendiendo que usted como persona preparada y joven tiene una responsabilidad doble o triple, de mandar un mensaje, de coherencia, tranquilidad, armonía y sobre todo en este momento donde la gente espera tanto de esta institución”, manifestó.

La congresista consideró que hubo un fallo en el manejo de Ramírez, quien debió sopesar esa situación, sin embargo ya se le ha ido de las manos. Ante esto, reiteró que la figura máxima de la CC debió tomar una licencia, puesto que «no le queda otra salida».

“Además, esa carta a última hora, de solidaridad no se ve bien, porque es algo que se ve de mal gusto. Entonces, debieron sus compañeras, todas, reflexionar y entender que eran un espejo, que eran un cristal en este momento que no se podía romper”, precisó.

La representante de “La novia del Atlántico» en el Senado comentó que sintió pena el ver jueces de la CC visitando a los presidentes del Congreso, cuando, a su entender, eso no se maneja de esa manera.

Aseguró que el país no debe seguir así, politizando todas las cosas. “Usted falló, usted tiene una obligación de cargar con su peso, con su carga. Ahora, tome licencia con responsabilidad, porque usted no pudo manejar ese tema con dignidad, no supo hacerlo”, exhortó la congresista.

José del Castillo Saviñón secunda a Participación Ciudadana

José del Castillo Saviñón (PLD), senador de Barahona, dijo que la acusación por acoso es un tema que el Ministerio Público tiene que manejar, ya que está dentro de sus atribuciones.

Aseguró que espera que el proceso siga su curso y se respete el debido proceso, además, que el titular de la entidad considere su accionar entorno al cuestionamiento que se está haciendo en término de la violación a un precepto penal, si continuar o no al frente de la Cámara de Cuentas.

“Yo pienso que por lo menos, como dijo Participación Ciudadana, esto amerita una licencia hasta tanto se aclaren los hechos y las circunstancias bajo las cuales se ha generado esta querella”, expuso.

Por otro lado, el legislador entiende que la acusación contra Ramírez no ensombrece las auditorías que ha realizado la entidad. “Una cosa es la labor institucional de la Cámara de Cuentas y, en esto hay que estar claro, y otra cosa es la responsabilidad penal del individuo”, puntualizó.

En esa línea, explicó que la acusación contra Ramírez es una responsabilidad penal personal que no involucra la institución.

Del Castillo Saviñón reflexionó que el hecho de que se investiguen las denuncias en torno al pleno de la Cámara no es una acción negativa sino “sana”, para el esclarecimiento de toda la situación que se ha vertido en torno a dicha entidad.

Máximo Castro difiere de los senadores; Lía Díaz fija posición neutral

El diputado reformista Máximo Castro Silverio manifestó que la denuncia contra Janel Ramírez no debió haber llegado a lo jurídico, en el entendido de que ahora toma un matiz distinto al de antes. Sin embargo, resaltó el acuerdo que firmó el pleno de la institución.

El congresista detalló que en la historia de la Cámara de Cuentas nunca se ha visto que los miembros del bufete directivo se tomen una licencia, por lo que consideró que quien tiene la responsabilidad de agilizar las investigaciones sobre la denuncia es el Ministerio Público. Dijo que otorgarle licencia no es lo prudente en este momento, ya que eso no resuelve nada.

“Hay que felicitarlos, que se entendieron, que se pusieron de acuerdo, pero ya lo otro, es algo muy personal: el trayecto. Que llegue a la justicia y luego que la parte jurídica se pronuncie, entonces el Congreso entrará en función”, argumentó.

De su lado, Lía Ynocencia Díaz (PRM), senadora de Azua, explicó que en el caso de la denuncia, el Ministerio Público tiene el deber de hacer su trabajo mediante las investigaciones.

Para la congresista, con el documento que firmaron los cinco miembros del Pleno, se han limado las diferencias.

Consultor jurídico del Senado

Félix Damián Olivares, consultor jurídico del Senado, aplaudió el acuerdo al que se comprometieron los miembros de la Cámara de Cuentas, ya que, según destacó, no todas las personas tienen la capacidad de trabajar en equipo.

Le pareció incorrecto que los miembros de la CC sean invitados al Congreso para explicar los señalamientos que se ventilan.

El experto en derecho está convencido que el Congreso tiene facultad de fiscalizar el ejercicio de los demás poderes públicos, pero argumentó que esas son decisiones que deben guardarse para “situaciones extremas” o de último recurso.

“Usted no utiliza un martillo para matar moscas; usted usa un insecticida…pero usted no agarra una mandarria para matar moscas. O sea que los recursos que se puedan emplear, del juicio político, la interpelación…esos son recursos extremos en una democracia”, explicó.

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito; y la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, apoderaron la denuncia formal que hicieron Virginia Ofelia Correa Jiménez y Bella Massiel García Paulino. Las empleadas del Departamento de Auditoría acompañaron el documento con copias de las conversaciones con Ramírez Sánchez.

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150 reclusos son trasladados de La Victoria a los centros 19 de Marzo en Azua y San Juan de la Maguana

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Santo Domingo, R.D.-Un total de 1,169 privados de libertad han sido movilizados de la Penitenciaria Nacional de La Victoria luego del incendio que afectó a ese centro carcelario  con los 150 nuevos traslados este miércoles  hacia el recinto 19 de Marzo en Azua, donde fueron llevados 50 y 100 a San Juan de la Maguana, de cuyos 13 centros receptores de presos,  8 fueron reformados y los otros 5 no.

Así lo informaron en un comunicado de prensa la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), en ese orden dijeron que la institución del Sistema Penitenciario reveló que los médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), continúan trabajando para la identificación de los cadáveres que están pendientes de determinar su identificación.

La DGSPC dijo que los privados de libertad, Rudy Merquin Rivera, preventivo, acusado de violar los artículos 295 y 304 del Código Penal, y la Ley 631-16 de Armas; Ángel Amado Peña Féliz, acusado de violar los artículos 265, 266, 309 y 379 del Código Penal; Alexander Pimentel Disla, acusado de violación a los artículos 265, 266, 295, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, y José Javier Ramírez, son los únicos privados de libertad que hasta el momento están siendo reclamados por sus familias.

Dentro de los trabajos están las jornadas de limpieza a cargo de las brigadas conformadas por los privados de libertad pertenecientes al periodo de prueba de la Dirección de Medio Libre, el retiro de escombros de la zona afectada y el suministro de materiales gastables y artículos, tales como, kits de higiene, botellas de agua, colchones, toallas y comestibles, que han sido suministradas tanto por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), así como por donaciones de organizaciones sin fines de lucro, iglesias de las diferentes denominaciones que operan en ese centro e instituciones del Estado.

Las autoridades dijeron que en las afueras del centro penitenciario hay una reducción de la cantidad de familiares que acuden al Centro de Privación de Libertad de La Victoria en busca de información de sus parientes, luego del incendio que afectó ese recinto penitenciario el pasado 18 de marzo; hasta el mediodía de ayer martes, solo 5 familias se presentaron al centro a preguntar por sus parientes a los empleados de la DGSPC que laboran en Línea de Ayuda, creada en ese recinto penitenciario a raíz del siniestro. Hasta la fecha 254 familias han sido asistidas según la DGSPC.

Citaron la ansiedad intensa aflicción, entre las condiciones que han identificado como los principales efectos secundarios producto del incendio.

Las especialistas que asisten a los privados de libertad expresaron que la pérdida de sus pertenencias en el siniestro es un tema preocupante para ellos. “Estamos ante personas que se encuentran en estado de duelo, producto de que además de haber perdido su libertad, ahora también pierden sus pertenencias y sus compañeros, lo que les ocasiona una mayor aflicción, por lo que estamos trabajando el afrontamiento, para, luego pasar a la fase de anhelo, en la cual se encontrarán en la búsqueda de las cosas perdidas”, dijo Ramona Bernabé, encargada de Salud Mental de la DGSPC.

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Evalúan infraestructuras que requieren intervención del Gobierno.

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Santo Domingo, R.D.-Tras cuatro meses  de haberse designado la comisión para la supervisión de las infraestructuras nacionales luego del colapso del paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez de esta capital, sólo se han identificado tres obras viales que requieren de intervención.

El geólogo Osiris De León, quien preside esta comisión designada por el presidente Luis Abinader en noviembre de 2023, detalló que de manera “referencial no de detalles”, han trabajado con algunos puentes importantes de Santo Domingo, la región este y el Cibao. Entre ellos el Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y el denominado Hermanos Patiño en Santiago.

Señaló que aún no tienen un inventario como tal de los túneles y elevados que necesitan ser reestructurados, sin embargo, resaltó que toda la extensión de la 27 de febrero y la avenida John F. Kennedy necesitan una revisión para identificar cuales entrarán en un proceso correctivo además de otros puentes importantes de Santo Domingo y un desnivel en Santiago ubicado en la avenida Salvador Estrella Sadhalá.

Especificó que los integrantes de la comisión se centraron en culminar los trabajos de reparación del desnivel de la 27 de Febrero para habilitar el paso, el cual ya se encuentra disponible.

De forma generalizada mencionó que el paso a desnivel de la Winston Churchill con John F. Kennedy, el tramo del elevado entre el Puente Juan Pablo Duarte y la avenida 27 de Febrero además necesitan ser intervenidos.

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Prohíben por Semana Santa Fiestas, playas y venta de bebidas alcohólicas

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Santo Domingo, R.D.-El Gobierno a propósito de la Semana Santa ha dispuesto un conjunto de medidas y prohibiciones en algunos días del asueto de la semana mayor, comprendidas en el operativo que dirige el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) denominado “Conciencia por la vida 2024”.

Durante el periodo del operativo, pautado para iniciar el jueves 28 de marzo a las 6:00 de la mañana, hasta el lunes 1 de abril, a las 5:00 de la mañana, la Defensa Civil dispondrá la clausura de 248 balnearios, como medida preventiva para evitar sucesos lamentables.

Los ciudadanos pueden conocer cuáles serán estos balnearios, a través de un código QR, disponible en el portal web de la institución, según informó su director, Juan Salas.

Asimismo, durante las 24 horas del Viernes Santo, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en los centros comerciales.

Otra de las prohibiciones en este periodo, llamado a la reflexión y recogimiento, es la restricción de realizar fiestas masivas públicas o privadas en las playas del país, información divulgada por el ministro de la Presidencia, Joel Santos.

Respecto al tránsito terrestre, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) contempla regulaciones de horario para el tránsito de los transportes de mercancías, público urbano o interurbano, vehículos privados y motocicletas.

De igual forma, la designación de vías peatonales ante la concentración de las actividades nocturnas.

La normativa del Intrant prohíbe la circulación de los vehículos de carga. Con relación a los vehículos de dos ruedas, la ordenanza reiteró que los motores tan solo podrán movilizar dos personas: “Conductor más en compañía de un pasajero”.

En tanto, aclaró que no está permitido transportar personas en la parte trasera de las camionetas.

En Las TerrenasSamaná, la alcaldía del municipio informó acerca de la prohibición de fiestas clandestinas, conocidas popularmente como “privity”, además del uso de carros y motocicletas con ruidos excesivos y la instalación de casas de campaña en lugares públicos con ocasión de la Semana Santa 2024.

El alcalde de la demarcación, Eduardo Esteban Polanco, explicó que durante el asueto solo tienen permiso dos eventos tradicionales, frente a Las Cayenas, en Playa Las Ballenas, y «Bonche Las Terrenas», alrededor de Playa Punta Popi.

También estará prohibida la instalación de casetas en todo el litoral de la calle Francisco Alberto Caamaño Deñó (Playa Las Ballenas), que funcionará en una sola vía en dirección este-oeste, con salida por los terrenos del campo de golf hacia La Ceiba y Playa Bonita.

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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