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Llaman a presidente Cámara de Cuentas tomar licencia ante denuncia de acoso
La querella presentada en contra del presidente de la Cámara de Cuentas es una razón más que suficiente para que Janel Ramírez tome una licencia en sus funciones en opinión de algunos senadores hasta tanto el Ministerio Público haga las indagatorias correspondientes.
La senadora de Puerto Plata, Ginnette Bournigal (PRM), invitó al titular del órgano de control externo de los recursos públicos del Estado “que en aras de estas situaciones tan feas, tan tristes, tiene que tomar una licencia”.
Dijo sentirse triste y lamentó el que una persona «con una preparación excelente, inteligente… presidiendo una entidad tan importante como la Cámara de Cuentas» tenga tales señalamientos.
“Es una pena que usted pertenezca a un consejo pleno y usted no sepa tener la armonía de ese pleno, entendiendo que usted como persona preparada y joven tiene una responsabilidad doble o triple, de mandar un mensaje, de coherencia, tranquilidad, armonía y sobre todo en este momento donde la gente espera tanto de esta institución”, manifestó.
La congresista consideró que hubo un fallo en el manejo de Ramírez, quien debió sopesar esa situación, sin embargo ya se le ha ido de las manos. Ante esto, reiteró que la figura máxima de la CC debió tomar una licencia, puesto que «no le queda otra salida».
“Además, esa carta a última hora, de solidaridad no se ve bien, porque es algo que se ve de mal gusto. Entonces, debieron sus compañeras, todas, reflexionar y entender que eran un espejo, que eran un cristal en este momento que no se podía romper”, precisó.
La representante de “La novia del Atlántico» en el Senado comentó que sintió pena el ver jueces de la CC visitando a los presidentes del Congreso, cuando, a su entender, eso no se maneja de esa manera.
Aseguró que el país no debe seguir así, politizando todas las cosas. “Usted falló, usted tiene una obligación de cargar con su peso, con su carga. Ahora, tome licencia con responsabilidad, porque usted no pudo manejar ese tema con dignidad, no supo hacerlo”, exhortó la congresista.
José del Castillo Saviñón secunda a Participación Ciudadana
José del Castillo Saviñón (PLD), senador de Barahona, dijo que la acusación por acoso es un tema que el Ministerio Público tiene que manejar, ya que está dentro de sus atribuciones.
Aseguró que espera que el proceso siga su curso y se respete el debido proceso, además, que el titular de la entidad considere su accionar entorno al cuestionamiento que se está haciendo en término de la violación a un precepto penal, si continuar o no al frente de la Cámara de Cuentas.
“Yo pienso que por lo menos, como dijo Participación Ciudadana, esto amerita una licencia hasta tanto se aclaren los hechos y las circunstancias bajo las cuales se ha generado esta querella”, expuso.
Por otro lado, el legislador entiende que la acusación contra Ramírez no ensombrece las auditorías que ha realizado la entidad. “Una cosa es la labor institucional de la Cámara de Cuentas y, en esto hay que estar claro, y otra cosa es la responsabilidad penal del individuo”, puntualizó.
En esa línea, explicó que la acusación contra Ramírez es una responsabilidad penal personal que no involucra la institución.
Del Castillo Saviñón reflexionó que el hecho de que se investiguen las denuncias en torno al pleno de la Cámara no es una acción negativa sino “sana”, para el esclarecimiento de toda la situación que se ha vertido en torno a dicha entidad.
Máximo Castro difiere de los senadores; Lía Díaz fija posición neutral
El diputado reformista Máximo Castro Silverio manifestó que la denuncia contra Janel Ramírez no debió haber llegado a lo jurídico, en el entendido de que ahora toma un matiz distinto al de antes. Sin embargo, resaltó el acuerdo que firmó el pleno de la institución.
El congresista detalló que en la historia de la Cámara de Cuentas nunca se ha visto que los miembros del bufete directivo se tomen una licencia, por lo que consideró que quien tiene la responsabilidad de agilizar las investigaciones sobre la denuncia es el Ministerio Público. Dijo que otorgarle licencia no es lo prudente en este momento, ya que eso no resuelve nada.
“Hay que felicitarlos, que se entendieron, que se pusieron de acuerdo, pero ya lo otro, es algo muy personal: el trayecto. Que llegue a la justicia y luego que la parte jurídica se pronuncie, entonces el Congreso entrará en función”, argumentó.
De su lado, Lía Ynocencia Díaz (PRM), senadora de Azua, explicó que en el caso de la denuncia, el Ministerio Público tiene el deber de hacer su trabajo mediante las investigaciones.
Para la congresista, con el documento que firmaron los cinco miembros del Pleno, se han limado las diferencias.
Consultor jurídico del Senado
Félix Damián Olivares, consultor jurídico del Senado, aplaudió el acuerdo al que se comprometieron los miembros de la Cámara de Cuentas, ya que, según destacó, no todas las personas tienen la capacidad de trabajar en equipo.
Le pareció incorrecto que los miembros de la CC sean invitados al Congreso para explicar los señalamientos que se ventilan.
El experto en derecho está convencido que el Congreso tiene facultad de fiscalizar el ejercicio de los demás poderes públicos, pero argumentó que esas son decisiones que deben guardarse para “situaciones extremas” o de último recurso.
“Usted no utiliza un martillo para matar moscas; usted usa un insecticida…pero usted no agarra una mandarria para matar moscas. O sea que los recursos que se puedan emplear, del juicio político, la interpelación…esos son recursos extremos en una democracia”, explicó.
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito; y la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, apoderaron la denuncia formal que hicieron Virginia Ofelia Correa Jiménez y Bella Massiel García Paulino. Las empleadas del Departamento de Auditoría acompañaron el documento con copias de las conversaciones con Ramírez Sánchez.
Santo Domingo, R.D.-Una medida precautoria solicitada por la Direccion General de Informacion y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) fue acogida este lunes por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) a abstenerse de suspender los servicios de salud mientras se conoce el fondo de la acción de amparo colectivo.
La decisión fue adoptada durante una audiencia virtual celebrada la mañana de este lunes, al amparo del artículo 86 de la Ley 137-11, tras considerar que existía un riesgo de vulneración del derecho fundamental a la salud de los afiliados.
- De acuerdo con el dictamen, con esta disposición queda sin efecto, de manera provisional, la suspensión de servicios que Andeclip había anunciado para este 14 de julio.
El tribunal acogió el argumento central de la DIDA de que ningún conflicto económico entre actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social puede traducirse en la interrupción de los servicios de salud a los afiliados, quienes no forman parte de esa controversia.
Durante la audiencia, el Ministerio Público respaldó la solicitud presentada por la institución.
La acción judicial fue interpuesta por la DIDA luego de que Andeclip anunciara que suspendería los servicios electivos a los afiliados de Primera ARS y ARS Futuro, en reclamo de una revisión de las tarifas que reciben las clínicas privadas por parte de las administradoras de riesgos de salud.
Tras la decisión del tribunal, la DIDA reiteró su llamado a Andeclip y a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a permanecer en la mesa de diálogo coordinada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
- La institución reconoció que el reclamo tarifario de las clínicas es legítimo y debe ser atendido, pero insistió en que las diferencias deben resolverse por las vías institucionales, sin afectar la atención de los afiliados.
El director general de la DIDA, Elías Báez, valoró la decisión como una garantía para las familias dominicanas.
«Lo que se ha protegido hoy no es a una institución, sino el derecho de más de un millón de personas a no ver interrumpida su atención en salud. Reiteramos nuestro llamado al diálogo: el camino para resolver las diferencias tarifarias son los mecanismos que la ley establece, no la interrupción de los servicios», expresó.
El Tribunal Superior Administrativo fijó la continuación de la audiencia para el miércoles 15 de julio, cuando continuará el conocimiento de la acción de amparo colectivo presentada por la DIDA.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades del tránsito intentan mover, encajar y redistribuir cada pieza antes de que la pantalla quede completamente ocupada en el Gran Santo Domingo, las cuales son contraflujos, conos, restricciones de giros, agentes y rutas alternas que cambian según el volumen vehicular.
En el juego, la partida terminaba cuando los bloques se acumulaban hasta llenar la pantalla. En las calles, el equivalente es el colapso de la circulación: avenidas saturadas, vehículos detenidos y conductores atrapados durante largos períodos. Para evitar que el tránsito llegue a ese punto, la Digesett aplica al menos 12 tramos de contraflujo y siete canalizaciones con conos, dentro de una estrategia que se reajusta diariamente según los tapones, accidentes y obstáculos que aparecen en las vías.
Cada día, miles de conductores se enfrentan a largos tapones en las principales avenidas del Gran Santo Domingo, para intentar reducir el congestionamiento vehicular, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) aplica distintas medidas que se modifican de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presentan en las vías.
La principal medida es la habilitación de contraflujos durante las horas pico. Según explicó la institución a Diario Libre, esta estrategia consiste en utilizar uno o dos carriles de la vía opuesta para aumentar temporalmente la cantidad de carriles disponibles en el sentido donde se concentra el mayor flujo de vehículos.
Actualmente existen al menos 12 carriles de contraflujo. Los contraflujos se aplican en la avenida Padre Castellanos (antigua 17), George Washington, Abraham Lincoln, la autopista Duarte —desde el kilómetro 14 hasta el 9 y del kilómetro 32 al 25—, la avenida República de Colombia —desde PriceSmart hasta el Paseo de los Reyes Católicos—, Los Próceres —desde la República de Argentina hasta Erick Leona—, Santo Domingo Norte —desde la estación Hermanas Mirabal hasta la avenida John F. Kennedy por la Máximo Gómez—, el puente Duarte —desde el Farolito hasta la rampa del elevado de la avenida 27 de Febrero—, la avenida 25 de Febrero —desde el puente de la avenida España hasta la José Martí—, el Puente Flotante y la avenida México —desde la calle Altagracia hasta el puente de la avenida España—.
Otra de las estrategias implementadas por la institución es la canalización con conos, utilizada para reorganizar la circulación y mantener la continuidad del flujo vehicular en corredores de alta demanda. Mediante esta medida se redistribuyen los carriles durante las horas de mayor congestión para facilitar el desplazamiento de los vehículos.
La canalización con conos se aplica en al menos siete tramos. En la avenida John F. Kennedy —Lincoln-Ortega y Gasset, Tiradentes-Ortega y Gasset y Ortega y Gasset-Máximo Gómez—; en la avenida 27 de Febrero —Leopoldo Navarro-Máximo Gómez, Máximo Gómez-Tiradentes y Defilló-Churchill—, así como en la avenida Ortega y Gasset, entre Gustavo Mejía Ricart y Fantino Falco.
Durante el último año también se introdujeron nuevas medidas mediante el plan «RD Se Mueve», impulsado por el Gabinete de Transporte y el Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant), que comenzó a implementarse en julio de 2025 con la primera fase de restricciones de giros a la izquierda en la avenida Lope de Vega.
Posteriormente, el programa fue ampliándose a otras intersecciones del Distrito Nacional.
La Digesett explicó que las medidas no son permanentes, sino que se ajustan de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presenten cada día.
Accidentes, vehículos averiados y otras eventualidades pueden provocar cambios en los contraflujos, las canalizaciones con conos o las rutas alternas para mantener la movilidad.
La institución indicó que mantiene un monitoreo continuo para evaluar la efectividad de estas acciones y realizar los ajustes que sean necesarios cuando las condiciones del tránsito así lo requieran.
Aunque la Digesett sostiene que las medidas implementadas han contribuido a agilizar la circulación, reducir obstrucciones y mejorar la continuidad del flujo vehicular, indicó que uno de los principales desafíos continúa siendo lograr que los conductores respeten las disposiciones establecidas.
La institución informó que continuará evaluando nuevas alternativas y trabajando de manera coordinada con otras entidades para realizar estudios de factibilidad que permitan implementar nuevas acciones orientadas a mejorar la movilidad y la seguridad vial.
Santo Domingo.- La meta es aprobar el Codigo Penal antes de que la ley entre en vigor, cuya declaración fue ofrecida por el Presidente Luis Abinader, quien agregó que el Gobierno impulsa correcciones al nuevo Código Penal.
“Se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia”, declaró en una entrevista con José Monegro y Edith Febles, del Grupo de Medios Corripio.
Definió el proyecto aprobado como un “punto de partida”. Recordó que el Código fue sancionado tras quince años en el Congreso Nacional y, al promulgarse, se le fijó una «vacatio legis» de un año precisamente para hacer ajustes. “Ese plazo es el que ahora corre”, dijo y sobre esa base el Poder Ejecutivo depositó en las càmaras legislativas un texto consensuado y los legisladores dieron plazo hasta el miércoles para recibir sugerencias de otros sectores.
Entre los puntos a modificar, Abinader destacó los artículos sobre expresión y difusión del pensamiento, los que más ruido generaron. Aclaró que no son los únicos: hay cambios “de forma y algunas también de fondo” que la consultoría jurídica ya había advertido hace meses.
El presidente hizo autocrítica por los tiempos. “En eso hacemos mea culpa”, admitió, y repartió la responsabilidad entre Gobierno y sociedad civil por no revisar la norma apenas fue aprobada. Aun así, defendió que el proceso no fue improvisado: los contactos con sectores llevan dos meses, las discusiones sobre modificaciones unas cinco semanas, y hace dos semanas conversa directo con comunicadores. “En esas modificaciones todos estamos de acuerdo”, aseguró.
Sobre la llamada “ley mordaza”, Abinader rechazó que el Ejecutivo busque limitar la libertad de expresión. Recordó que un proyecto anterior sobre difusión del pensamiento fue entregado a la Sociedad Dominicana de Diarios y a especialistas, y el consenso salió de ellos “sin que yo le pusiera ni una coma”.
“Si hay algo que yo estoy preocupado es por la democracia de mi país”, sostuvo, y citó como prueba la reforma constitucional para impedir reelecciones indefinidas.
Reveló que él y su familia reciben calumnias a diario en redes, pero prefiere “poner una piel de cocodrilo” antes que prohibir. “Lo que más a mí me ayuda son las críticas”, dijo, sobre todo las que exponen problemas o corrupción. La fórmula que se discute busca proteger tanto la libre expresión como el honor de las personas. Afirmó que le interesa poder expresarse libremente cuando salga del gobierno en 2028.
Abinader señaló que la controversia actual no se vio cuando se votó el Código. “Ese código es de hace 15 años, ahí había muchos artículos que nadie los criticó”, recordó. Los “puntos calientes” de entonces eran otros, como las tres causales. Destacó que la pieza aumentó penas contra el crimen organizado y la corrupción, y llenó “muchísimos vacíos” del viejo código, por eso tuvo respaldo amplio.
En lo económico, defendió el plan anticrisis como “progresivo”: elimina el anticipo mensual para pymes desde enero, quitó el impuesto a nuevas empresas, bajó el sucesoral de 27% a 3% y retiró el gravamen a seguros de vida en el exterior. Los aumentos, dijo, recaen en empresas que venden más de mil millones y salarios sobre 400 mil pesos, mientras que los sueldos menores tendrán indexación.
Descartó una reforma fiscal integral: “Aquí no hay condiciones”. Gobernó con pandemia, guerra en Ucrania y la crisis haitiana, y aun así el país crece más de 4%, solo detrás de Guyana.
Sobre combustibles, negó alzas fuertes: se movieron 16% cuando el crudo subió 80%. El subsidio anual “se agotó en mayo” porque el país importa 70% de los líquidos. Anunció que se publicará “la fórmula” para transparentar el cálculo y reiteró que hace dos semanas bajan gasolina, gasoil y GLP.
sp-am