Nacionales
Plantean eliminar exenciones y que nadie gane más que el presidente.
Santo Domingo, RD..-Con la introducción de un proyecto de ley en el Senado se busca evitar una nueva reforma fiscal por parte del Gobierno, cuya propuesta proviene de senadores de distintos bloques partidarios.
En una rueda de prensa la mayoría de los legisladores de la Cámara Alta presentaron una iniciativa donde buscar eliminar exoneraciones de vehículos, reducir sueldos, disminuir el gasto en publicidad estatal y derogar leyes que no permiten la recaudación de ciertos impuestos.
El proyecto de ley fue firmado por 24 senadores, pero al menos 17 se presentaron en la rueda de prensa y leyeron una comunicación donde mostraron algunos detalles del proyecto de ley que pretenden introducir mañana, en la sesion de trabajo del hemiciclo, para recaudar más impuestos.
«Proponemos reducir el gasto tributario a su minima expresión, que no es más que el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar tratamiento preferencial a distintos sectores, eliminando todas exenciones, deducciones, créditos o pagos diferidos que contienen 39 leyes, cuyos montos ascienden a 217 mil 487 millones de pesos anuales» explicaron.
En un primer punto, el proyecto busca suprimir todas las exoneraciones de vehículos, y de cualquier naturaleza, que reciben los integrantes del Congreso Nacional.
Pero también las eliminación de esas exoneraciones se ampliarían a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, Ministerio Público y representantes del Servicio Exterior.
Asimismo, deroga cualquier ley que «disponga exoneraciones de impuestos de importación para vehículos en beneficio de funcionarios públicos»
En ese mismo punto, también platea que «ninguna institución de Estado puede adquirir vehículos por un monto superior a 30 mil dólares» para ser asignados a funcionarios públicos, con excepción del presidente y vicepresidente de la República.
Ya en otro punto propone hacer cumplir la Ley 105-13 sobre regulación salarial del Estado Dominicano «a fin de que ningún funcionario público pueda tener un salario mayor al del presidente de la República».
Por otro lado, establece también la reducción del gasto en publicidad de Estado de 4 mil 800 millones a 2 mil millones de pesos para el año 2022 consignado en el presupuesto general del Estado.
El senador Alexis Victoria Yeb aseguró que los fondos sociales provinciales, conocido popularmente como el «barrilito» podría también ser removido, sólo si se aprueba este proyecto de ley.
«De igual forma a través de una resolución con los fondos sociales también serán derogados siempre y cuando esta ley sea aprobada» expresó.
Los senadores presente y que firmaron la propuesta fueron Héctor Acosta, Lenin Valdez, Edilberto Nolasco, Yvan Lorenzo, Alexis Victoria Yeb, Bautista Rojas Gómez, Dionis Sánchez, Genao, Franklin Romero, Franklin Rodríguez, Ivan Silva, José Antonio Casado, Felix Bautista, Melania Salvador, Venerado Castillo, Milciadez Franjul, Moreno Arias, Santiago Zorrilla.
No obstante aseguraron que otros senadores no presentes firmaron el proyecto.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.