Nacionales
Plantean eliminar exenciones y que nadie gane más que el presidente.
Santo Domingo, RD..-Con la introducción de un proyecto de ley en el Senado se busca evitar una nueva reforma fiscal por parte del Gobierno, cuya propuesta proviene de senadores de distintos bloques partidarios.
En una rueda de prensa la mayoría de los legisladores de la Cámara Alta presentaron una iniciativa donde buscar eliminar exoneraciones de vehículos, reducir sueldos, disminuir el gasto en publicidad estatal y derogar leyes que no permiten la recaudación de ciertos impuestos.
El proyecto de ley fue firmado por 24 senadores, pero al menos 17 se presentaron en la rueda de prensa y leyeron una comunicación donde mostraron algunos detalles del proyecto de ley que pretenden introducir mañana, en la sesion de trabajo del hemiciclo, para recaudar más impuestos.
«Proponemos reducir el gasto tributario a su minima expresión, que no es más que el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar tratamiento preferencial a distintos sectores, eliminando todas exenciones, deducciones, créditos o pagos diferidos que contienen 39 leyes, cuyos montos ascienden a 217 mil 487 millones de pesos anuales» explicaron.
En un primer punto, el proyecto busca suprimir todas las exoneraciones de vehículos, y de cualquier naturaleza, que reciben los integrantes del Congreso Nacional.
Pero también las eliminación de esas exoneraciones se ampliarían a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, Ministerio Público y representantes del Servicio Exterior.
Asimismo, deroga cualquier ley que «disponga exoneraciones de impuestos de importación para vehículos en beneficio de funcionarios públicos»
En ese mismo punto, también platea que «ninguna institución de Estado puede adquirir vehículos por un monto superior a 30 mil dólares» para ser asignados a funcionarios públicos, con excepción del presidente y vicepresidente de la República.
Ya en otro punto propone hacer cumplir la Ley 105-13 sobre regulación salarial del Estado Dominicano «a fin de que ningún funcionario público pueda tener un salario mayor al del presidente de la República».
Por otro lado, establece también la reducción del gasto en publicidad de Estado de 4 mil 800 millones a 2 mil millones de pesos para el año 2022 consignado en el presupuesto general del Estado.
El senador Alexis Victoria Yeb aseguró que los fondos sociales provinciales, conocido popularmente como el «barrilito» podría también ser removido, sólo si se aprueba este proyecto de ley.
«De igual forma a través de una resolución con los fondos sociales también serán derogados siempre y cuando esta ley sea aprobada» expresó.
Los senadores presente y que firmaron la propuesta fueron Héctor Acosta, Lenin Valdez, Edilberto Nolasco, Yvan Lorenzo, Alexis Victoria Yeb, Bautista Rojas Gómez, Dionis Sánchez, Genao, Franklin Romero, Franklin Rodríguez, Ivan Silva, José Antonio Casado, Felix Bautista, Melania Salvador, Venerado Castillo, Milciadez Franjul, Moreno Arias, Santiago Zorrilla.
No obstante aseguraron que otros senadores no presentes firmaron el proyecto.
Santo Domingo. El Sistema Electrónico de Manejo de Casos de Inspección (SICIT) fue puesto en marcha por Ministerio de Trabajo, con la finalidad de mejorar el acceso a información, disponibilidad y recolección de datos de las actividades de cumplimiento laboral e inspección del trabajo.
El nuevo sistema se integra con los programas informáticos que maneja el Ministerio de Trabajo y permite que los usuarios del mismo puedan verificar y consultar, desde cualquier lugar, toda la información relacionada con la labor de inspección del trabajo.
Esta nueva herramienta está disponible en las Representaciones Locales y asegura el inicio, seguimiento y gestión del proceso de la inspección del trabajo, registro administrativo y generación de estadísticas.
La nueva plataforma digital facilita la digitalización de la información recopilada por los inspectores de trabajo, el planeamiento y programación de visitas a empresas, centros y lugares de trabajo, administrar usuarios y sus perfiles y poder realizar auditorías de los procesos.
Santo Domingo, R.D.-Mucha oscuridad prevalece todavía sobre la incautación histórica de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo a principio de diciembre, lo que ha generado diversas contradicciones sobre su procedencia, que incluye a Colombia, Guatemala y Honduras, cuyas autoridades dominicanas aun no cuentan con una versión definitiva del caso.
Mientras declaraciones presidenciales confunden sobre la trazabilidad, las autoridades dominicanas aún no dan su versión definitiva.
Fue el pasado 6 de diciembre cuando la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) confiscó dos contenedores con sustancias ilícitas. Eran movilizadas en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. Ese día, las autoridades informaron que llegaron al país procedentes de Guatemala y el destino final era Bélgica.
Aunque ningún país había asumido la responsabilidad, ya que esto pondría en evidencia la falta de seguridad e incluso la posible complicidad entre entidades gubernamentales y el narcotráfico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó ayer que la droga provenía de su país, específicamente de grupos armados del Catatumbo.
«Ya quedó claro que la contaminación tuvo lugar en la República Dominicana y que aquí las luchas de seguridad siguen firmas en la lucha contra el narcotráfico«, dijo el 12 de diciembre el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.
Estas declaraciones surgieron un día después de que Francisco Jiménez, ministro de Gobernación para Guatemala, asegurara que en su país el caso estaba «cerrado», debido a que la República Dominicana descartó que el cargamento se produjera en ese país centroamericano.
Monto en el que se valoró la carga de la cocaína.
«No tocó suelo hondureño»
El Gobierno de Guatemala explicó que el contenedor fue inspeccionado mediante tecnología de escáner. El cargamento partió desde Veracruz, México, y realizó una escala en Puerto Cortés, Honduras, antes de ser interceptado en el puerto de Caucedo, en la provincia Santo Domingo.
Sin embargo, la Dirección General de Aduanas de Honduras confirmó que, según los registros y la trazabilidad del contenedor, este no llegó a ningún puerto hondureño, según los informes certificados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
«No hay actualizaciones sobre las 9.8 toneladas»
A pesar de que el presidente Luis Abinader informó el 13 de diciembre que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) elaboraban un informe sobre el alijo de 9.8 toneladas de droga, Diario Libre contactó hoy a la DNCD, desde donde se reiteró que la Procuraduría General de la República (PGR) es la entidad encargada de la investigación.
El operativo para el histórico decomiso se extendió por más de 20 horas, luego de que un aviso de inteligencia alertara a los agentes sobre movimientos inusuales en uno de los bloques de la terminal portuaria. Esta alerta permitió coordinar un despliegue estratégico para inspeccionar y asegurar el área, lo que culminó en el decomiso.
- Ese día, la DNCD dijo que el contenedor en que fue encontrada la droga provenía de Guatemala y estaba destinado para llegar a Bélgica, en Europa. El 9 de diciembre las autoridades incineraron el cargamento.
Santo Domingo, R.D.-En opinión de diversos sectores de la vida nacional la sentencia del Tribunal Constitucional representa una nueva esperanza para el pueblo dominicano, por lo que La Republica reproduce un articulo publicado con respecto al tema.
La importancia de esta decisión no debe subestimarse. Históricamente, los partidos políticos han monopolizado las candidaturas, estableciendo barreras que excluyen a ciudadanos honestos y capaces que no desean someterse a la maquinaria partidaria. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional abre una puerta hacia la diversificación y la renovación política, algo imprescindible en nuestro contexto.
He escuchado opiniones divididas sobre este fallo. Algunos detractores argumentan que podría facilitar la entrada de recursos ilícitos en las campañas, ya que los candidatos independientes no contarían con los controles internos que supuestamente ejercen los partidos. Sin embargo, esta preocupación ignora un hecho evidente: desde 1961, los partidos en nuestro país han sido cómplices de candidaturas financiadas por lavadores, narcotraficantes y otros elementos oscuros.
Los datos son claros: numerosos congresistas de los partidos mayoritarios han sido sometidos a la justicia, y varios cumplen condenas en el extranjero. Este historial demuestra que la corrupción no es exclusiva de candidatos independientes, sino un problema sistémico en la política dominicana.
La sentencia de marras permite que personas desvinculadas de los partidos tradicionales puedan aspirar a cargos como senador, diputado o regidor. Este cambio es revolucionario porque reduce la dependencia del clientelismo partidario y abre espacios para ciudadanos con agendas independientes, capaces de priorizar el bienestar colectivo sobre los intereses particulares de los partidos.
Esta disposición no es exclusiva de la República Dominicana. Países como México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Canadá y Estados Unidos permiten candidaturas independientes, con variaciones en los requisitos y regulaciones. En muchos de estos países, las candidaturas independientes han demostrado ser una herramienta para oxigenar la política y acercarla a los ciudadanos.
La Junta Central Electoral ha anunciado la asignación de 1,500 millones de pesos a los partidos políticos para el 2025, una medida originalmente impulsada por José Francisco Peña Gómez con el objetivo de evitar que los partidos dependieran de recursos ilícitos. No obstante, la realidad dista mucho del ideal de Peña. Los partidos han convertido este financiamiento en una herramienta de control, en lugar de un medio para promover la transparencia.
Por si fuera poco, los partidos han abandonado las elecciones primarias en favor de encuestas manipuladas, utilizando estos métodos para seleccionar a candidatos que protegen sus intereses. Las cifras son alarmantes: un aspirante a regidor necesita aproximadamente 20 millones de pesos para competir; un diputado, más de 50 millones; y un senador dijo que había invertido más de 150 millones. Estas cantidades plantean preguntas inevitables: ¿De dónde proviene este dinero? ¿Deben los políticos recurrir al uso indebido de sus funciones para recuperarlo? ¿O estarán sometidos a la voluntad de sus donantes?
El fallo del Tribunal Constitucional ha sido bien recibido por la mayoría del Pueblo dominicano, y su alcance no puede pasarse por alto: permite la candidatura presidencial independiente. Este avance abre una oportunidad sin precedentes para que ciudadanos ajenos a los partidos políticos tradicionales aspiren a la posición más alta del país.
Con esta decisión, el sistema político dominicano se acerca un poco más a la verdadera representación democrática, donde el poder no es monopolio de los partidos, sino una expresión genuina de la voluntad ciudadana. Sin embargo, este nuevo panorama trae consigo retos importantes, como garantizar la transparencia en el financiamiento de estas candidaturas y establecer reglas claras que fomenten la equidad en la competencia electoral.
El desafío ahora recae en la sociedad dominicana: aprovechar este hito para fortalecer nuestra democracia y evitar que los mismos vicios que han plagado a los partidos tradicionales se trasladen a esta nueva modalidad de participación política.