Nacionales
Plantean eliminar exenciones y que nadie gane más que el presidente.
Santo Domingo, RD..-Con la introducción de un proyecto de ley en el Senado se busca evitar una nueva reforma fiscal por parte del Gobierno, cuya propuesta proviene de senadores de distintos bloques partidarios.
En una rueda de prensa la mayoría de los legisladores de la Cámara Alta presentaron una iniciativa donde buscar eliminar exoneraciones de vehículos, reducir sueldos, disminuir el gasto en publicidad estatal y derogar leyes que no permiten la recaudación de ciertos impuestos.
El proyecto de ley fue firmado por 24 senadores, pero al menos 17 se presentaron en la rueda de prensa y leyeron una comunicación donde mostraron algunos detalles del proyecto de ley que pretenden introducir mañana, en la sesion de trabajo del hemiciclo, para recaudar más impuestos.
«Proponemos reducir el gasto tributario a su minima expresión, que no es más que el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar tratamiento preferencial a distintos sectores, eliminando todas exenciones, deducciones, créditos o pagos diferidos que contienen 39 leyes, cuyos montos ascienden a 217 mil 487 millones de pesos anuales» explicaron.
En un primer punto, el proyecto busca suprimir todas las exoneraciones de vehículos, y de cualquier naturaleza, que reciben los integrantes del Congreso Nacional.
Pero también las eliminación de esas exoneraciones se ampliarían a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, Ministerio Público y representantes del Servicio Exterior.
Asimismo, deroga cualquier ley que «disponga exoneraciones de impuestos de importación para vehículos en beneficio de funcionarios públicos»
En ese mismo punto, también platea que «ninguna institución de Estado puede adquirir vehículos por un monto superior a 30 mil dólares» para ser asignados a funcionarios públicos, con excepción del presidente y vicepresidente de la República.
Ya en otro punto propone hacer cumplir la Ley 105-13 sobre regulación salarial del Estado Dominicano «a fin de que ningún funcionario público pueda tener un salario mayor al del presidente de la República».
Por otro lado, establece también la reducción del gasto en publicidad de Estado de 4 mil 800 millones a 2 mil millones de pesos para el año 2022 consignado en el presupuesto general del Estado.
El senador Alexis Victoria Yeb aseguró que los fondos sociales provinciales, conocido popularmente como el «barrilito» podría también ser removido, sólo si se aprueba este proyecto de ley.
«De igual forma a través de una resolución con los fondos sociales también serán derogados siempre y cuando esta ley sea aprobada» expresó.
Los senadores presente y que firmaron la propuesta fueron Héctor Acosta, Lenin Valdez, Edilberto Nolasco, Yvan Lorenzo, Alexis Victoria Yeb, Bautista Rojas Gómez, Dionis Sánchez, Genao, Franklin Romero, Franklin Rodríguez, Ivan Silva, José Antonio Casado, Felix Bautista, Melania Salvador, Venerado Castillo, Milciadez Franjul, Moreno Arias, Santiago Zorrilla.
No obstante aseguraron que otros senadores no presentes firmaron el proyecto.
Santo Domingo, R.D.-Esta tarde estuvo supuesto a conocerse por parte de la jueza que maneja el caso seguido al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10 mil dólares de soborno la medida de coercion que se le impuso en virtud de lo que dispone la ley sobre la materia.
La magistrada Nancy Joaquín fijó para las 2:00 de la tarde el conocimiento de dicha revisión, la cual fue presentada por el abogado Valentín Medrano, quien encabeza la defensa del fiscal.
Se recuerda que el pasado mes de mayo, la jueza Isis Muñoz impuso contra Valdez Alcántara la medida de prisión preventiva por un espacio de tres meses.
Dicha medida fue dictada por la jueza del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, tras acoger un pedimento del ministerio público y de rechazar varios incidentes presentados por la defensa del encartado.
Las imputaciones
El Ministerio Público acusa e al fiscal de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, así como la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Conforme a las investigaciones del órgano persecutor, Valdez Alcántara presuntamente exigió a Pedro Canaán, testigo en caso Senasa, la suma inicial de 200,000 dólares.
Tras una negociación, el monto fue reducido a US$150,000. Asimismo, el expediente señala que el imputado mostró interés en obtener un reloj marca Rolex y exigió la entrega de un vehículo Mercedes Benz, modelos 350 o 450.
Nacionales
Jueza se inhibe de conocer juicio a hermanos Espaillat por vínculo afectivo con una de las víctimas
Santo Domingo, R.D.-La jueza Clara Luz Almonte de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, se apartó del conocimiento del juicio de fondo en contra de los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que cobró la vida de 236 personas y dejó más de 180 heridos en abril de 2025.
Tras declararse la inhibición, la jueza dispuso la remisión inmediata del expediente a la presidenta de la Cámara Penal del Distrito Nacional, para que valore la inhibición y designar a un nuevo magistrado que asuma el control del juicio contra Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, imputados por la violación de los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano.
El tribunal había sido apoderado del caso el pasado 19 de junio de 2026. Sin embargo, la magistrada tomó la decisión fundamentada en el artículo 80, numeral 8, del Código Procesal Penal Dominicano, el cual faculta a los jueces a inhibirse cuando exista una amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato con alguna de las partes involucradas en el proceso.
Explicó que entre las personas fallecidas en el siniestro se encontraba su entrañable amiga, Margarita Herminia Robles Reyes (identificada como la víctima número 49 en la acusación). Sostiene que estaba íntimamente ligada emocionalmente tanto a la víctima fallecida Margarita Herminia Robles Reyes, como a sus familiares.
“No nos sentimos en condiciones de conocer dicho proceso con absoluta imparcialidad, por haber desarrollado un vínculo afectivo profundo, y mi corazón haberse lacerado con ambas muertes«, manifestó la magistrada.
Asimismo, relató el fuerte impacto colateral del suceso. La madre de la víctima, Margarita Reyes —quien además era su colega y amiga—, se encontraba en un delicado estado de salud y falleció poco tiempo después debido al agravamiento de sus dolencias provocado por la pena.
La magistrada confesó haber sido el «hombro en que su madre se apoyó para juntas llorar su muerte», llegando incluso a vestir el cadáver y asistir de cerca a la familia.
Afirmó que los procesos judiciales no solo deben ser justos, sino también parecerlo, por lo que apartarse busca preservar la confianza de la ciudadanía en la integridad del sistema.
Santo Domingo, R.D.-65 personas que permanecían en las zonas afectadas por los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela, regresaron este lunes al país a bordo de un vuelo humanitario organizado por el Gobierno dominicano.
La aeronave de la línea aérea dominicana Sky High aterrizó a las 5:40 de la tarde en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) José Francisco Peña Gómez, procedente del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, Venezuela.
A su llegada, los viajeros fueron recibidos por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), así como por representantes de distintas instituciones civiles y militares, quienes coordinaron el proceso de asistencia y recepción de los dominicanos que lograron abandonar las zonas afectadas por los movimientos telúricos.
La operación fue realizada por instrucciones del presidente Luis Abinader, en coordinación con las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, como parte de las acciones desplegadas por el Gobierno dominicano para brindar asistencia a sus ciudadanos residentes o de visita en las áreas impactadas por los sismos.
Los terremotos, ocurridos el pasado 24 de junio, provocaron una emergencia nacional en Venezuela, dejando a su paso cientos de víctimas mortales, numerosos heridos y cuantiosos daños materiales en viviendas, edificios públicos, carreteras y otras infraestructuras, situación que motivó la puesta en marcha del operativo de evacuación de ciudadanos extranjeros, entre ellos dominicanos.
El vuelo humanitario fue habilitado con el propósito de facilitar el retorno oportuno de los nacionales que solicitaron ayuda para salir de las zonas afectadas, utilizando un avión comercial con capacidad para 90 pasajeros.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los dominicanos interesados en acogerse a este programa de retorno deben acreditar su identidad mediante la presentación de su cédula de identidad y electoral o de un pasaporte dominicano vigente.
Asimismo, explicó que aquellos connacionales que hayan extraviado sus documentos personales o no dispongan de ellos recibirán asistencia de una delegación de la Junta Central Electoral (JCE), que inició labores a partir de este martes 30 de junio para facilitar los procesos de identificación y documentación, permitiéndoles regresar al país en vuelos humanitarios posteriores.
Con la llegada de este primer grupo de repatriados, las autoridades dominicanas no descartan la realización de nuevas operaciones aéreas humanitarias en los próximos días.