Nacionales
Senadores y diputados recibieron miles de tarjetas de bono navideño
La tarjeta de bonos recibida por los senadores era por montos millonarios. Los senadores oficialistas Iván Silva y Ginnette Bournigal, expresaron el viernes que a los congresistas se les entregó tarjetas con valores que oscilan entre RD$1000 y RD$1500 cada una.
Asimismo, informaron que las tarjetas de Navidad que recibieron serian para entregarlas a habitantes que, que según el Gabinete de Ayudas Sociales, no estén incluidos en los planes sociales que tiene el Gobierno.
Bournigal, senadora de la provincia Puerto Plata, dijo que a todos los legisladores se les dio el mandato de entregar dichos bonos a personas que no estén en FASE 1 y FASE 2, Pa’Ti, Quédate en Casa y demás programas del Gobierno.
Y aseguró que luego de que los bonos sean entregados a los habitantes de su demarcación deberá rendir cuantas de como repartió las tarjetas, al igual que todos los legisladores.
“Esto es una práctica normal durante muchos años en el Congreso”, dijo Bournigal al referirse a las ayudas económicas que se les brinda a los ciudadanos, y que el único cambio realizado este año debido al cambio de Gobierno es las cajas por los bonos.
Dijo que la repartición de ayudas en anteriores años se hacía de manera más desorganizada debido que las mismas a veces no llegaban a su destino y dicho recurso se utilizaban de manera personal, a diferencia de los bonos que para canjearlos van a necesitar la cédula de las personas.
También señaló que las personas que se registren en las entregas de tarjetas, tendrán la oportunidad de acceder a otras facilidades del Gobierno, ya sean colaboración con pequeñas y medianas empresas y préstamos sociales.
Mientras que el senador por la provincia La Romana, Iván Silva, que el método con el que se maneja el registro de las ayudas, únicamente permitirá una tarjeta por persona.
En ese mismo sentido señaló que a partir del sábado 19 su oficina senatorial se encargará de entregar las tarjetas de bonos navideños en su provincia.
Los senadores reciben mensualmente el Fondo de Asistencia Social o “Barrilito”, el cual, según declaraciones realizadas por ellos, lo utilizan para beneficiar a la ciudadanía a través de compras de medicamentos y para resolver las solicitudes que les realizan los habitantes de sus provincias.
El presidente Luis Abinader, en su última alocución anunció que en los próximos meses apoyará a sus legisladores en el proceso de reforma institucional del Congreso para reencauzar la asignación discrecional de fondos públicos, fortaleciendo, de este modo, las labores de representación, fiscalización, control y legislación conferidas por la Constitución de la República de modo que los llamados “Barrilitos” sean eliminados de manera definitiva.
Actualmente de los 32 legisladores que representan cada provincia en el Senado, solo tres de ellos ha renunciado de manera formal. Eduardo Estrella de Santiago, Antonio Taveras de Santo Domingo y Faride Raful son los tres senadores que han renunciado a los requisitos que se les otorga por parte de esa Cámara Alta.
La cantidad aproximada que entrega el Senado a sus legisladores mensualmente es de 21,580,000 pesos.
Diputados también reciben tarjetas
Al igual que los senadores, los diputados también recibieron las tarjetas de bono navideños, las cuales según información de los legisladores serán utilizadas para apaliar la situación de las personas que residen en las provincias y que son de escasos recursos.
José Francisco López Chávez, diputado por Valverde, señaló que a cada uno de los legisladores de la Cámara de Diputados se les entregaron tarjetas que deberán repartir entre sus comunitarios que vivan en situaciones más precarias.
López Chávez del Partido Revolucionario Moderno(PRM), señaló que, en su provincia las tarjetas serán distribuidas de manera adecuada a través de sus dirigentes políticos y que los mismos deberán llenar un formulario para entregarlas.
“Nosotros vamos a entregar más suministros a parte de la tarjeta en nuestra provincia”, dijo López Chávez.
Mientras que la diputada Ana María Peña, del Partido de la Liberación Dominicana, (PLD), que las autoridades de Gobierno realizaron la entrega de las tarjetas de bonos navideños con las mejores intenciones de cambiar la metodología de ayudas, pero que a la misma vez han tenido inconvenientes para realizar la activación de la misma.
Indicó que las personas de las zonas rurales a la hora de realizar los cuatro pasos para activarla son muy traumáticos, por lo que entiende que se deben reconsiderar algunos aspectos para ayudar a esas personas.
diariolibre.com
Nacionales
Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio
SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Aplazan para marzo nuevo juicio contra Elizabeth Silverio por ejercicio ilegal de la medicina
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Nacionales
Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Motivos para la prórroga
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Nacionales
Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.