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Senadores y diputados recibieron miles de tarjetas de bono navideño
La tarjeta de bonos recibida por los senadores era por montos millonarios. Los senadores oficialistas Iván Silva y Ginnette Bournigal, expresaron el viernes que a los congresistas se les entregó tarjetas con valores que oscilan entre RD$1000 y RD$1500 cada una.
Asimismo, informaron que las tarjetas de Navidad que recibieron serian para entregarlas a habitantes que, que según el Gabinete de Ayudas Sociales, no estén incluidos en los planes sociales que tiene el Gobierno.
Bournigal, senadora de la provincia Puerto Plata, dijo que a todos los legisladores se les dio el mandato de entregar dichos bonos a personas que no estén en FASE 1 y FASE 2, Pa’Ti, Quédate en Casa y demás programas del Gobierno.
Y aseguró que luego de que los bonos sean entregados a los habitantes de su demarcación deberá rendir cuantas de como repartió las tarjetas, al igual que todos los legisladores.
“Esto es una práctica normal durante muchos años en el Congreso”, dijo Bournigal al referirse a las ayudas económicas que se les brinda a los ciudadanos, y que el único cambio realizado este año debido al cambio de Gobierno es las cajas por los bonos.
Dijo que la repartición de ayudas en anteriores años se hacía de manera más desorganizada debido que las mismas a veces no llegaban a su destino y dicho recurso se utilizaban de manera personal, a diferencia de los bonos que para canjearlos van a necesitar la cédula de las personas.
También señaló que las personas que se registren en las entregas de tarjetas, tendrán la oportunidad de acceder a otras facilidades del Gobierno, ya sean colaboración con pequeñas y medianas empresas y préstamos sociales.
Mientras que el senador por la provincia La Romana, Iván Silva, que el método con el que se maneja el registro de las ayudas, únicamente permitirá una tarjeta por persona.
En ese mismo sentido señaló que a partir del sábado 19 su oficina senatorial se encargará de entregar las tarjetas de bonos navideños en su provincia.
Los senadores reciben mensualmente el Fondo de Asistencia Social o “Barrilito”, el cual, según declaraciones realizadas por ellos, lo utilizan para beneficiar a la ciudadanía a través de compras de medicamentos y para resolver las solicitudes que les realizan los habitantes de sus provincias.
El presidente Luis Abinader, en su última alocución anunció que en los próximos meses apoyará a sus legisladores en el proceso de reforma institucional del Congreso para reencauzar la asignación discrecional de fondos públicos, fortaleciendo, de este modo, las labores de representación, fiscalización, control y legislación conferidas por la Constitución de la República de modo que los llamados “Barrilitos” sean eliminados de manera definitiva.
Actualmente de los 32 legisladores que representan cada provincia en el Senado, solo tres de ellos ha renunciado de manera formal. Eduardo Estrella de Santiago, Antonio Taveras de Santo Domingo y Faride Raful son los tres senadores que han renunciado a los requisitos que se les otorga por parte de esa Cámara Alta.
La cantidad aproximada que entrega el Senado a sus legisladores mensualmente es de 21,580,000 pesos.
Diputados también reciben tarjetas
Al igual que los senadores, los diputados también recibieron las tarjetas de bono navideños, las cuales según información de los legisladores serán utilizadas para apaliar la situación de las personas que residen en las provincias y que son de escasos recursos.
José Francisco López Chávez, diputado por Valverde, señaló que a cada uno de los legisladores de la Cámara de Diputados se les entregaron tarjetas que deberán repartir entre sus comunitarios que vivan en situaciones más precarias.
López Chávez del Partido Revolucionario Moderno(PRM), señaló que, en su provincia las tarjetas serán distribuidas de manera adecuada a través de sus dirigentes políticos y que los mismos deberán llenar un formulario para entregarlas.
“Nosotros vamos a entregar más suministros a parte de la tarjeta en nuestra provincia”, dijo López Chávez.
Mientras que la diputada Ana María Peña, del Partido de la Liberación Dominicana, (PLD), que las autoridades de Gobierno realizaron la entrega de las tarjetas de bonos navideños con las mejores intenciones de cambiar la metodología de ayudas, pero que a la misma vez han tenido inconvenientes para realizar la activación de la misma.
Indicó que las personas de las zonas rurales a la hora de realizar los cuatro pasos para activarla son muy traumáticos, por lo que entiende que se deben reconsiderar algunos aspectos para ayudar a esas personas.
diariolibre.com
Santo Domingo.- Fue aplazado para el próximo miércoles 10 de abril por el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial el conocimiento de la medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota.
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión a fin de otorgar tiempo al abogado defensor para preparar los presupuestos de defensa del imputado, quien se mantuvo prófugo durante varios meses, alegando el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal para evadir su presentación ante la justicia.
El Ministerio Público sostiene que Santillán Faulkner ha recurrido a múltiples maniobras para evitar ser procesado judicialmente, incluyendo la evasión de allanamientos, el abandono de sus residencias habituales y la permanencia en paradero desconocido por tiempo prolongado.
Santillán Faulkner enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.
La red desmantelada en la Operación Gaviota operó entre los años 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 personas. Su presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como cabeza legal del esquema fraudulento liderado por Rafael Martínez Batista y desmantelado mediante la Operación Gaviota.
La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) fue ordenada mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) a incluir a la urbanización Costa Verde como parte de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, a los fines de garantizar el derecho de elegir y ser elegibles de los accionantes, así como la de cualquier otro ciudadano con residencia en esta urbanización.
La solicitud fue realizada mediante la sentencia TSE/0004/2025, firmada por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, jueces titulares y Rubén Darío Cedeño Ureña, secretario general.
Mediante un comunicado, la institución explicó que la decisión fue tomada con motivo de la acción de amparo incoada el 21 de marzo 2025 por Nelson Enrique Ventura Javier, Luis Manuel Puché Cordero, María Fernanda Pérez Rivas y Aquiles de Jesús Machuca González contra el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo y los jueces de esa institución.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó este jueves “con urgencia” al Congreso Nacional aprobar tres piezas legislativas para continuar desarrollando diversos procesos jurídicos del país.
Molina realizó este pedimento mientras visitaba a los presidentes de las dos cámaras del Poder Legislativo para rendir cuentas sobre los avances del Poder Judicial alcanzados desde 2019, hasta el 2024.
El titular del órgano judicial indicó que la transformación del sistema requiere aún de una base legal “sólida y moderna”.
Es por esto que consideró necesario actualizar la Ley Orgánica 28-11 del Poder Judicial, para renovar el sistema, “dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad”.
Además, Molina entiende que es fundamental realizar una reforma legislativa a la Ley de Registro Inmobiliario para fortalecer los procesos técnicos y registrales, lo cual beneficiará al sector público y privado.
“Permitirá habilitar un sistema de carrera registral para garantizar la idoneidad, independencia y la profesionalización de los encargados de la calificación registral y técnica”, declaró.
También, le recomendó a los congresistas edificar una nueva ley para la optimización de los procesos que podría simplificar y agilizar los trámites judiciales, reduciendo “la litigiosidad innecesaria”.
Reiteró, por último, adelantar las modificaciones dirigidas al Código Procesal Penal, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera en varias ocasiones una sentencia de inconstitucionalidad sobre el contenido de la actual ley.
“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, aseveró Molina ante los representantes del órgano constitucional.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo estar en disposición de priorizar las reformas requeridas por el Poder Judicial. Junto al senador, también se encontraba Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
“Logros”
El plan Cero Mora de la SCJ “resolvió” 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023; y, al cierre del año 2024; la Segunda Sala de esa alta corte “cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes”.
“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, afirmó Molina.
Mencionó la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, “reduciendo” en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.
Un “logro significativo” es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, el cual tiene el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.
También, recordó la creación, del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.