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Senadores y diputados recibieron miles de tarjetas de bono navideño
La tarjeta de bonos recibida por los senadores era por montos millonarios. Los senadores oficialistas Iván Silva y Ginnette Bournigal, expresaron el viernes que a los congresistas se les entregó tarjetas con valores que oscilan entre RD$1000 y RD$1500 cada una.
Asimismo, informaron que las tarjetas de Navidad que recibieron serian para entregarlas a habitantes que, que según el Gabinete de Ayudas Sociales, no estén incluidos en los planes sociales que tiene el Gobierno.
Bournigal, senadora de la provincia Puerto Plata, dijo que a todos los legisladores se les dio el mandato de entregar dichos bonos a personas que no estén en FASE 1 y FASE 2, Pa’Ti, Quédate en Casa y demás programas del Gobierno.
Y aseguró que luego de que los bonos sean entregados a los habitantes de su demarcación deberá rendir cuantas de como repartió las tarjetas, al igual que todos los legisladores.
“Esto es una práctica normal durante muchos años en el Congreso”, dijo Bournigal al referirse a las ayudas económicas que se les brinda a los ciudadanos, y que el único cambio realizado este año debido al cambio de Gobierno es las cajas por los bonos.
Dijo que la repartición de ayudas en anteriores años se hacía de manera más desorganizada debido que las mismas a veces no llegaban a su destino y dicho recurso se utilizaban de manera personal, a diferencia de los bonos que para canjearlos van a necesitar la cédula de las personas.
También señaló que las personas que se registren en las entregas de tarjetas, tendrán la oportunidad de acceder a otras facilidades del Gobierno, ya sean colaboración con pequeñas y medianas empresas y préstamos sociales.
Mientras que el senador por la provincia La Romana, Iván Silva, que el método con el que se maneja el registro de las ayudas, únicamente permitirá una tarjeta por persona.
En ese mismo sentido señaló que a partir del sábado 19 su oficina senatorial se encargará de entregar las tarjetas de bonos navideños en su provincia.
Los senadores reciben mensualmente el Fondo de Asistencia Social o “Barrilito”, el cual, según declaraciones realizadas por ellos, lo utilizan para beneficiar a la ciudadanía a través de compras de medicamentos y para resolver las solicitudes que les realizan los habitantes de sus provincias.
El presidente Luis Abinader, en su última alocución anunció que en los próximos meses apoyará a sus legisladores en el proceso de reforma institucional del Congreso para reencauzar la asignación discrecional de fondos públicos, fortaleciendo, de este modo, las labores de representación, fiscalización, control y legislación conferidas por la Constitución de la República de modo que los llamados “Barrilitos” sean eliminados de manera definitiva.
Actualmente de los 32 legisladores que representan cada provincia en el Senado, solo tres de ellos ha renunciado de manera formal. Eduardo Estrella de Santiago, Antonio Taveras de Santo Domingo y Faride Raful son los tres senadores que han renunciado a los requisitos que se les otorga por parte de esa Cámara Alta.
La cantidad aproximada que entrega el Senado a sus legisladores mensualmente es de 21,580,000 pesos.
Diputados también reciben tarjetas
Al igual que los senadores, los diputados también recibieron las tarjetas de bono navideños, las cuales según información de los legisladores serán utilizadas para apaliar la situación de las personas que residen en las provincias y que son de escasos recursos.
José Francisco López Chávez, diputado por Valverde, señaló que a cada uno de los legisladores de la Cámara de Diputados se les entregaron tarjetas que deberán repartir entre sus comunitarios que vivan en situaciones más precarias.
López Chávez del Partido Revolucionario Moderno(PRM), señaló que, en su provincia las tarjetas serán distribuidas de manera adecuada a través de sus dirigentes políticos y que los mismos deberán llenar un formulario para entregarlas.
“Nosotros vamos a entregar más suministros a parte de la tarjeta en nuestra provincia”, dijo López Chávez.
Mientras que la diputada Ana María Peña, del Partido de la Liberación Dominicana, (PLD), que las autoridades de Gobierno realizaron la entrega de las tarjetas de bonos navideños con las mejores intenciones de cambiar la metodología de ayudas, pero que a la misma vez han tenido inconvenientes para realizar la activación de la misma.
Indicó que las personas de las zonas rurales a la hora de realizar los cuatro pasos para activarla son muy traumáticos, por lo que entiende que se deben reconsiderar algunos aspectos para ayudar a esas personas.
diariolibre.com
Santo Domingo.– Los abogados de Juan Carlos Torres Robiou, los licenciados Aracelis Aquino y Luciano Hilario Marmolejos, anunciaron que preparan una ofensiva legal con miras a impugnar la condena emitida en contra del general en el marco de los casos Coral y Coral 5G.
En este proceso judicial, el tribunal dictó condenas que oscilan entre los cinco (5) y los veinte (20) años de prisión para distintos imputados, incluyendo la pena de veinte (20) años impuesta a Torres Robiou, decisión que forma parte de la sentencia actualmente objeto de cuestionamiento.
El equipo legal informó que se encuentra a la espera de la lectura íntegra de la sentencia, fijada para el 14 de agosto de 2026, a fin de proceder con las vías recursivas establecidas en la normativa vigente.
Los abogados indicaron que, conforme a lo expuesto en sus motivaciones in voce, tomarán como referencia el plazo de cuatro años, señalando, además, que existen contradicciones en la decisión oral, las cuales serán objeto de análisis en la fase recursiva.
Asimismo, la defensa sostiene que, durante el proceso judicial, se habrían producido presuntas irregularidades que, a su juicio, vulneran garantías constitucionales, las cuales serán debidamente expuestas ante el Tribunal de Alzada.
El equipo jurídico reiteró que su representado no cometió los hechos que se le imputan y afirmó que presentará ante la instancia superior las pruebas a descargo, así como observaciones sobre la repetición de elementos probatorios aportados por el órgano investigador, los cuales consideran que generaron confusión en el proceso.
El proceso judicial relacionado con los casos Coral y Coral 5G se extendió por más de cinco años, abarcando las fases de investigación, medidas de coerción, presentación de acusación y juicio de fondo.
La defensa recordó que las sentencias emitidas en primer grado son recurribles y no adquieren firmeza hasta agotar las vías de impugnación correspondientes ante las instancias superiores, conforme establece la Constitución. Asimismo, señalaron que eventualmente el Tribunal Constitucional podría disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia.
En ese sentido, afirmaron que no cesarán en sus esfuerzos hasta demostrar que las medidas adoptadas contra su defendido carecen de base legal.
Finalmente, el equipo legal explicó que esperará la notificación íntegra de la sentencia para proceder con su análisis y, posteriormente, interponer el recurso de apelación correspondiente.
Santo Domingo, R.D.-Quedaron en estado de falla en el Tribunal Constitucional unas 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una interpuesta contra varios articulos de la Ley 74-25, que instituye el nuevo código penal, la cual persigue la despenalización del aborto.
Sostuvo que debido a la alta relevancia, complejidad y trascendencia nacional del debate sobre la penalización absoluta del aborto, concedía plazos especiales y sucesivos antes de emitir su dictamen definitivo.
Dijo que una vez venza ese plazo, se activará automáticamente un segundo de cinco días adicionales para que la parte accionada y todos los intervinientes que se oponen a la demanda puedan refutar los escritos depositados.
Manifestó que al concluir esta etapa procesal, el Tribunal Constitucional emitirá y notificará su fallo conforme a los plazos de la normativa vigente.
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República (PGR) fijó una posición al dictaminar formalmente en contra de la acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).
La PGR solicitó rechazar de manera absoluta el recurso que ataca los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley 74-25, argumentando que la demanda adolece de un «vicio argumentativo común» al intentar forzar una interpretación expansiva de tratados internacionales para dejar sin efecto el artículo 37 de la Constitución, el cual blinda el derecho a la vida desde la concepción.
Respecto a las intervenciones de grupos pro-vida depositadas fuera de plazo, el órgano persecutor mantuvo neutralidad procesal,.
Mientras el doctor Fabio García, en representación del Senado, defendió la soberanía legislativa y proclamó la constitucionalidad del articulado.
Exigen adopción de las «tres causales»
En la acera opuesta, el reconocido jurista Cristóbal Rodríguez y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)—junto a su Centro de Estudios de Género y la firma Ética, Estudio Jurídico—articularon la defensa técnica de la acción, solicitando la nulidad de la penalización absoluta del aborto por vulnerar un catálogo masivo de derechos fundamentales (salud, integridad, dignidad e igualdad).
Rodríguez planteó expulsar del ordenamiento la frase «fuera de la eximente del artículo 111 del Código Penal» del artículo 110, y modificar el artículo 111 para incluir explícitamente las tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazos por violación o incesto).
Mientras que la representante de INTEC, Ramírez Guzmán, solicitó aplicar el principio pro actione para admitir sus escritos y propuso una fórmula aditiva para asegurar que la interrupción médica del embarazo bajo las tres causales requiera siempre el consentimiento libre e informado de la mujer, de acuerdo con los protocolos sanitarios.
Colectivos pro-vida rechazan exclusión y llaman al debate
El bloque de organizaciones religiosas y comunitarias de corte pro-vida, que unificó a entidades como Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), el Foro de la Arquidiócesis de Santo Domingo y la organización Pronación, defendió con vehemencia su derecho a participar en el proceso.
El jurista Juárez Víctor Castillo Semán, al frente de la defensa de estos colectivos, solicitó al TC desestimar el medio de inadmisión con el que los grupos feministas pretendían dejarlos fuera del proceso, basándose en «formalismos temporales«.
Castillo Semán invocó los principios de informalidad y tutela judicial efectiva para exigir una interpretación flexible de las normas procesales debido al orden público constitucional que reviste el caso.
El abogado argumentó que la admisión de los sectores pro-vida no vulnera la «igualdad de armas» ni genera indefensión, sino que enriquece el pluralismo constitucional y robustece el contradictorio de cara a la deliberación del tribunal.
En ese sentido, solicitó al TC declarar rechazar la instancia que busca la despenalización del aborto.
Santo Domingo, R.D.-Fueron desviados 148.6 millones de pesos por la red de corrupcion encabezada por Hector Antonio Lora Cruceta del dinero perteneciente al Instituto Oncologico Regional del Cibao, cuya accion ilegal se produjo durante los aóos 2018 y 2025, según el Ministerio Público (MP).
El órgano persecutor afirma que ambas instituciones, destinadas al servicio público, comenzaron a operar bajo una estructura de «empresa familiar» orientada al lucro personal, bajo la dirección del principal imputado.
Lora Cruceta figura entre los implicados en la Operación Onco14, la supuesta red de corrupción que habría operado dentro de los citados organismos, en perjuicio del Estado, de pacientes con cáncer y usuarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En la supuesta trama también están vinculadas la exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, y su actual cónyuge, Luisa Yasiris Guzmán. Para los tres, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.
Según el expediente, desde que Lora Cruceta asumió la presidencia y Vargas Sánchez la vicepresidencia en octubre de 2018, ambos dirigieron el Instituto Oncológico Regional del Cibao con el propósito de beneficiarse de sus recursos económicos.
Asimismo, el órgano persecutor sostiene que Lora Cruceta manejaba las finanzas exclusivamente desde su dispositivo personal a través de la banca por internet (Internet Banking), excluyendo al tesorero y a la Junta Directiva de cualquier proceso de supervisión.
De acuerdo con el Ministerio Público, Senasa fue el objetivo principal del presunto entramado de corrupción.
En la solicitud de medida de coerción, la entidad sostiene que el grupo aprovechó que gran parte de los ingresos del Patronato Cibaeño provenían de fondos públicos canalizados a través de esta aseguradora para ejecutar maniobras fraudulentas sistemáticas.
El pasado martes, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que los implicados en la Operación Onco14 manejaron aproximadamente 3,700 millones de pesos provenientes del Senasa, administrados por el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Para el magistrado, el órgano acusador cuenta con abundantes pruebas para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los imputados.