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SeNaSa dice atiende a sus afiliados en un tiempo máximo de 20 minutos

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Altagracia Guzmán Marcelino

El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) informó hoy que los usuarios que asisten a su sede central reciben atención  en un tiempo de 20 minutos, debido al novedoso sistema de turnos automatizados que utiliza esa dependencia estatal para atender a sus afiliados.

Indicó que  el tiempo de espera en sala suma unos nueve minutos, mientras que el tiempo de atención es de nueve minutos con 15 segundos.

Agregó que los afiliados que acudieron a la institución a requerir algún tipo de servicio fueron atendidos en 20 minutos  con seis segundos.

Esta aseveración está contenida en el reporte de la Gerencia del Sistema de Atención al Usuario que precisa que el total de trámites emitidos en un día es de 300, de los que fueron atendidos 293 y siete fueron cancelados.

Se trató de 300 personas para trámites en las áreas  Afiliación al Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado, solicitud de Autorizaciones de Alto Costo y cambio de Unidad de Atención Primaria (UNAP), entre otros requerimientos.

“Este es un formidable sistema que controla todo el trabajo y movimiento de los auxiliares de Atención al Usuario (ATU), con el que podemos garantizar una mayor eficiencia en el desempeño de este personal”, refiere el informe.

Al respecto, la directora de esa dependencia estatal, Altagracia Guzmán Marcelino manifestó que este modelo será extensivo gradualmente al resto de las oficinas  y en relación a los servicios demandados  por los afiliados.

Este sistema agiliza el tiempo de espera y la expectativa es ofrecer atención a 15 mil usuarios cada mes.

Los afiliados de SeNaSa son dos millones 761 mil, los cuales reciben atención en las distintas oficinas de esa administradora de riesgos de salud a nivel nacional y en una amplia red de clínicas y hospitales.  HOY

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Acusan miembros de MP de utilizar “practicas populistas” e “injuriosas” ante variaciones de prisión

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Santo Domingo, RD.- Tras los pronunciamientos del Ministerio Público tras la variación por parte de varios tribunales de medidas de coerción, la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO) rechazó este jueves las declaraciones que han emitido los fiscales Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); Osvaldo Bonilla, fiscal de Santiago y la procuradora fiscal de la provincia Duarte, Smailey Rodríguez.

Un comunicado firmado por la presidenta de la entidad, Elka M. Reyes Olivo, señala que esas “expresiones injuriosas” en contra de los miembros del Poder Judicial, obedecen a prácticas populistas.

“Invitamos a los procuradores antes señalados, a seguir utilizando sus reconocidas competencias en la persecución penal y el fortalecimiento de su institución, sin acudir a estas prácticas populistas de uso de medios de comunicación para emitir acusaciones graves, difamatorias e injuriosas en contra de quienes integran la judicatura, pues esta conducta además de afectar al Poder Judicial y a la nación, afectan la respetabilidad y dignidad que conlleva su calidad de miembro del ministerio público”, dice el comunicado.

Osvaldo Bonilla y Smailey Rodríguez cuestionaron en un programa de televisión la decisión jurisdiccional de la jueza Yiberty Marín Polanco Herrán, por imponer medidas de coerción distintas a la prisión, así como la variación de medida de coerción impuesta por el juez Job García Hurtado, además de la decisión jurisdiccional del juez Darvin López que impuso medidas de coerción distintas a la solicitada.

Por último, tras la variación de la medida de coerción de Adán Cáceres, la Pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner y Rafael Núñez de Aza, Wilson Camacho, indicó que “este país es el único en el mundo en el que el debido proceso y la lógica solamente aplica para beneficiar a los procesados por casos de corrupción…. Constituyendo esta última, una afirmación injuriosa en contra de todos los jueces del país”.

Explica, además, que el proceder de los procuradores Osvaldo Bonilla y Smailey Rodríguez, lanzando “ataques y acusaciones” y del procurador adjunto, Wilson Camacho, realizando expresiones injuriosas en contra de la magistrada Yanibet Rivas, resquebraja la institucionalidad e independencia de ese Poder del Estado, su autonomía y la majestad de la justicia.

Indica que todos los jueces actuaron en el marco que les confiere la ley y que ley dominicana no contempla el debate o contradicción de casos en los medios de prensa, ya que es en los tribunales, que de forma oral y contradictoria se presentan y discuten los argumentos de derecho.

“Reiteramos nuestra preocupación en cuanto al daño que es capaz de producir abandonar el orden legal e institucional, sustituyéndolo con prácticas populistas que se apartan de las reglas del debido proceso y que afectan significativamente las relaciones institucionales, la independencia judicial y el clima de seguridad jurídica de la nación”, dice.

Por último instan al Consejo Superior del Ministerio Público, órgano que ejerce el control disciplinario sobre representantes, a reforzar a través de cursos de formación, el debido comportamiento “ético de estos miembros del Ministerio Público; así como, recordarles a los procuradores fiscales Osvaldo Bonilla y Smailey Rodríguez y al procurador adjunto Wilson Camacho, lo dispuesto en Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 133-11) en los artículos 79, 85 y 91”.

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Presidencia podría usar presupuesto de 2023 de forma discrecional.

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Santo Domingo, RD.-Legisladores de la oposición denunciaron que la reciente promulgada Ley de Presupuesto General del Estado para el ano 2023 viola la Constitución y le otorga a la Presidencia la posibilidad de usar fondos discrecionales asignados a esa división oficial.
  Los senadores de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez y Bautista Rojas Gómez, denunciaron que la reciente promulgada Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2023 viola la Constitución y le otorga a la Presidencia la posibilidad de usar a discreción los fondos asignados a esa entidad.

Ayer en el hemiciclo, y hoy durante una participación radial, ambos legisladores señalaron que la principal preocupación radica en el artículo 40 del presupuesto.

“El artículo 40 de este proyecto le da una patente de corso, para que la Presidencia haga transferencias sin aprobarlas el Congreso Nacional”, denunció el vocero de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez.

“Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a realizar las modificaciones del presupuesto de la Presidencia de la República, formadas por el artículo 32 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No.423-06, del 17 de noviembre de 2006, que sean asignadas para ser ejecutadas por otros entes públicos y órganos administrativos”, indica el artículo 40 del Presupuesto.

Sobre esto, el senador Rojas Gómez dijo que el presupuesto del ministerio de la Presidencia se aumentó en 33 mil millones de pesos y que gracias al artículo 40 podrían utilizar el dinero a “discrecionalidad”.

“Se le incrementó el dinero en 33 mil millones de pesos al presupuesto de la presidencia, para ser utilizado, que creo es lo peor, en algo parecido que intentó hacer el presidente de Perú, que sin pasar el Congreso. El artículo 40, da la autoridad a la presidencia de mover la cuenta del presupuesto sin tener que pasar por el Congreso, elimina el congreso, por lo que es inconstitucional”, expresó el senador de Hermanas Mirabal.

Ante eso, el legislador anuncio que sometieron al partido la opción de recurrir al Tribunal Constitucional para denunciar el Presupuesto aprobado.

Sin embargo, el senador dijo que aún no tienen fecha para depositar la instancia, pero que sí ya está en manos del partido para decidir cuando iniciar las acciones.

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«Tres de mis empresas son las que fueron citadas hoy en el caso Falcón», dice imputado en caso Falcón.

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Santiago de los Caballeros.-Un comunicador conocido como Papi Chulo en un programa de radio de una emisora de radio de Nueva York, cuyo nombre de pila es Amado de la Cruz Morales, hermano de Juan José de la Cruz Morales, extraditado a Estados Unidos por el caso Falcón,  fue uno de los que hoy compareció ante el Quinto juzgado de la Instrucción de Santiago.

«Yo fui citado hoy porque tengo tres empresas que el Ministerio Público vincula al caso Falcón, pero hoy yo traje toda mi documentación que prueba la legalidad de las empresas», explicó De la Cruz Morales.

Aseguró que el único vínculo que tiene con el caso Falcón es su relación familiar, con el que de acuerdo al Ministerio Público es el brazo operativo de la red de narcotráfico.

«En el día de hoy tampoco se me notificó ninguna acusación, por lo tanto, no sé qué alegan las autoridades, yo me presenté aquí porque no tengo nada que esconder y vine a dar la cara por mis negocios«, concluyó.

Los abogados de la defensa de María Olimpia Tavárez, otra de las implicadas, recusaron al magistrado Cirilo Salomón, del Quinto juzgado de la Instrucción y se espera que en los próximos tres días se falle al respecto, para ver si el magistrado continúa con la audiencia o se la designan a otro juez.

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