El 80 por ciento de los que habitan en hogares de ancianos son abandonados por su familia, no le visitan ni cubren parte de sus necesidades.
Nacionales
Ser pobre y envejecer un “drama ” en RD
Santo Domingo.-Varios días sin recibir café o té mantenía inquieta a María, una envejeciente que acude a diario a un “hogar de día” para adultos mayores. “¿Usted sabe lo que es tener un viejo sin su café?, insistía, obviando explicaciones de que el pedido se había retrasado.
Esa misma inquietud tenía José Moreta. “Antes nos daban té y café y ahora no. Me pregunto ¿es que aquí no hay dinero para los viejos?”, repetía.
La preocupación de Ramón Antonio era otra. “Tengo cinco hijos y ninguno me visita, y no sé por qué, porque yo no fui un mal padre, siempre fui tranquilo”.
Josefa pierde la mirada cuando se le pregunta por sus hijos y cambia el tema. “Me mantengo con la misericordia de Dios”, dice.
Juana Martínez, narra con alegría que, pese al dolor que le provoca el tener hinchada la rodilla, camina cuatro kilómetros para llegar al Hogar de Día, donde la tratan bien y nunca le hablan mal, y además está aprendiendo a leer y escribir su nombre. “Yo me levanto a las cuatro y media para salir temprano, porque tengo que caminar al pacito (despacio)”
Cuando se le pregunta que medicamento toma para el dolor de rodilla, dice que nada.
45% es pobre
Abandono, precariedades económicas, limitaciones de acceso a la medicina, la falta de afecto y cuidados, forman parte de las dificultades que enfrentan a diario miles de adultos mayores en el país, donde pese a las inquietudes, iniciativas y proyectos que acuña el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), el ser pobre y envejecer en República Dominicana sigue siendo una tragedia.
Sobre todo en un país donde el 45 por ciento de los adultos mayores son pobres y entre el 32 y 33 por ciento muy pobres, de acuerdo a datos oficiales. Se estima que en República Dominicana la población envejeciente supera el millón 200 mil.
Huérfanos de hijos
De un promedio de 40 envejecientes que acuden de manera fija y permanente al Hogar de Día de Sábana Perdida en Villa Mella, sólo en tres de ellos hay hijos que han acudido al centro a ver como lo atienden y que reciben allí, del resto, la doctora Rosy Molina, directora y fundadora del mismo, nunca ha visto un familiar.
En algunos casos, cuando ve a un padre o madre muy deprimido, o necesita dar explicaciones sobre la aplicación de determinado tratamiento, la profesional los manda a buscar o toma su celular personal para llamar al hijo o nieto, incluso si viven en el extranjero, que por lo general creen que con mandarle un “dinerito” cumplen.
De ahí que la doctora Molina califica a esa población de adultos mayores, provenientes de empobrecidos sectores aledaños, y con quienes comparte desde hace nueve años, como “huérfanos de hijos”.
“Eso lo vemos a diario. Se sientan a llorar, mis hijos no me quieren, mis hijos no me compran nada”, señala la profesional, y reflexiona diciendo que ese es un déficit que tiene el adulto mayor dominicano, donde por lo general “se le dice ya tu eres viejo, ya no me sirve para nada, son muy pocos los hijos que quieren a sus padres después de viejos”, se lamenta la profesional.Como un ejemplo más de lo que cuenta, señala que en el centro hay una adulta mayor que no tiene cédula, porque no está declarada, y entonces tampoco tiene seguro médico, a pesar de que todos sus hijos están declarados.
Realidad
Una realidad similar se registra con la mayoría de los envejecientes que viven en hogares permanentes o en el Centro de Acogida del Conape, donde son llevados temporalmente los envejecientes abandonados o que deambulan por las calles.
El desamparo se hace aún más latente entre aquellos envejecientes que cumplen condenas en el Centro de Corrección y Rehabilitación para Adultos Mayores Haras Nacionales, donde guardan prisión envejecientes que han cometido delitos que le han puesto en conflicto con la Ley.
(+) PENSIÓN SOLIDARIA
600 MIL SIN INGRESOS: El doctor Severino asegura que la Ley de Seguridad Social contempla la pensión solidaria, que debe darse automaticamente a toda persona al alcanzar los 60 años de edad, pero que el gobierno no ha definido el financiamiento.
Eso hace, asegura, que República Dominicana sea el único país de América Latina que no tiene ese tipo de pensiones. La mayoría de los países tienen el 100% de los adultos mayores pensionados y otros el 70 %. y en el país apenas el 12% ”.
Explicó que en el país hay más de un millón de personas de más de 60 años, de las cuales unas 600 mil no tienen ingresos económicos, ya que no trabajan, por lo que están pidiendo en las calles o dependiendo de familiares, sin una vida digna, como debe ser la del adulto mayor.
12%
CON PENSIÓN
Pensión no contributiva Para el doctor Fulgencio Severino, estudioso del Sistema de Seguridad Social, es imperactivo que el Gobierno garantice protección al adulto mayor, mediante el establecimiento de las pensiones no contributivas, ya que más del 50 por ciento de los envejecientes dominicanos vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, y apenas el 12 por ciento de los adultos mayores recibe una pensión.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.