El 80 por ciento de los que habitan en hogares de ancianos son abandonados por su familia, no le visitan ni cubren parte de sus necesidades.
Nacionales
Ser pobre y envejecer un “drama ” en RD
Santo Domingo.-Varios días sin recibir café o té mantenía inquieta a María, una envejeciente que acude a diario a un “hogar de día” para adultos mayores. “¿Usted sabe lo que es tener un viejo sin su café?, insistía, obviando explicaciones de que el pedido se había retrasado.
Esa misma inquietud tenía José Moreta. “Antes nos daban té y café y ahora no. Me pregunto ¿es que aquí no hay dinero para los viejos?”, repetía.
La preocupación de Ramón Antonio era otra. “Tengo cinco hijos y ninguno me visita, y no sé por qué, porque yo no fui un mal padre, siempre fui tranquilo”.
Josefa pierde la mirada cuando se le pregunta por sus hijos y cambia el tema. “Me mantengo con la misericordia de Dios”, dice.
Juana Martínez, narra con alegría que, pese al dolor que le provoca el tener hinchada la rodilla, camina cuatro kilómetros para llegar al Hogar de Día, donde la tratan bien y nunca le hablan mal, y además está aprendiendo a leer y escribir su nombre. “Yo me levanto a las cuatro y media para salir temprano, porque tengo que caminar al pacito (despacio)”
Cuando se le pregunta que medicamento toma para el dolor de rodilla, dice que nada.
45% es pobre
Abandono, precariedades económicas, limitaciones de acceso a la medicina, la falta de afecto y cuidados, forman parte de las dificultades que enfrentan a diario miles de adultos mayores en el país, donde pese a las inquietudes, iniciativas y proyectos que acuña el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), el ser pobre y envejecer en República Dominicana sigue siendo una tragedia.
Sobre todo en un país donde el 45 por ciento de los adultos mayores son pobres y entre el 32 y 33 por ciento muy pobres, de acuerdo a datos oficiales. Se estima que en República Dominicana la población envejeciente supera el millón 200 mil.
Huérfanos de hijos
De un promedio de 40 envejecientes que acuden de manera fija y permanente al Hogar de Día de Sábana Perdida en Villa Mella, sólo en tres de ellos hay hijos que han acudido al centro a ver como lo atienden y que reciben allí, del resto, la doctora Rosy Molina, directora y fundadora del mismo, nunca ha visto un familiar.
En algunos casos, cuando ve a un padre o madre muy deprimido, o necesita dar explicaciones sobre la aplicación de determinado tratamiento, la profesional los manda a buscar o toma su celular personal para llamar al hijo o nieto, incluso si viven en el extranjero, que por lo general creen que con mandarle un “dinerito” cumplen.
De ahí que la doctora Molina califica a esa población de adultos mayores, provenientes de empobrecidos sectores aledaños, y con quienes comparte desde hace nueve años, como “huérfanos de hijos”.
“Eso lo vemos a diario. Se sientan a llorar, mis hijos no me quieren, mis hijos no me compran nada”, señala la profesional, y reflexiona diciendo que ese es un déficit que tiene el adulto mayor dominicano, donde por lo general “se le dice ya tu eres viejo, ya no me sirve para nada, son muy pocos los hijos que quieren a sus padres después de viejos”, se lamenta la profesional.Como un ejemplo más de lo que cuenta, señala que en el centro hay una adulta mayor que no tiene cédula, porque no está declarada, y entonces tampoco tiene seguro médico, a pesar de que todos sus hijos están declarados.
Realidad
Una realidad similar se registra con la mayoría de los envejecientes que viven en hogares permanentes o en el Centro de Acogida del Conape, donde son llevados temporalmente los envejecientes abandonados o que deambulan por las calles.
El desamparo se hace aún más latente entre aquellos envejecientes que cumplen condenas en el Centro de Corrección y Rehabilitación para Adultos Mayores Haras Nacionales, donde guardan prisión envejecientes que han cometido delitos que le han puesto en conflicto con la Ley.
(+) PENSIÓN SOLIDARIA
600 MIL SIN INGRESOS: El doctor Severino asegura que la Ley de Seguridad Social contempla la pensión solidaria, que debe darse automaticamente a toda persona al alcanzar los 60 años de edad, pero que el gobierno no ha definido el financiamiento.
Eso hace, asegura, que República Dominicana sea el único país de América Latina que no tiene ese tipo de pensiones. La mayoría de los países tienen el 100% de los adultos mayores pensionados y otros el 70 %. y en el país apenas el 12% ”.
Explicó que en el país hay más de un millón de personas de más de 60 años, de las cuales unas 600 mil no tienen ingresos económicos, ya que no trabajan, por lo que están pidiendo en las calles o dependiendo de familiares, sin una vida digna, como debe ser la del adulto mayor.
12%
CON PENSIÓN
Pensión no contributiva Para el doctor Fulgencio Severino, estudioso del Sistema de Seguridad Social, es imperactivo que el Gobierno garantice protección al adulto mayor, mediante el establecimiento de las pensiones no contributivas, ya que más del 50 por ciento de los envejecientes dominicanos vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, y apenas el 12 por ciento de los adultos mayores recibe una pensión.
listindiario.com
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.