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Análisis Noticiosos

Sería absurdo desconocer la Corte de Derechos Humanos

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Por Juan Bolívar Díaz

HUMANOS123-421x441El Tribunal Constitucional (TC) sometería al Gobierno a una grave crisis de relaciones internacionales de repercusiones impredecibles si acoge la petición de un grupo para que declare inconstitucional el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que data de 1999.

Entre juristas y sectores gubernamentales se teme la ocurrencia, considerada absurda por cuanto chocaría con la propia ley orgánica y sentencias del Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia y obligaría a llevar la adscripción al Congreso Nacional a no ser que se quiera denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos.

Una persistente versión. La versión circula desde hace varias semanas entre juristas y relacionados del Gobierno que se niegan a aceptar que tal chapucería jurídica pueda ser posible, pero fue denunciada el pasado día 25 por el exembajador ante la Organización de Estados Americanos Roberto Álvarez en un artículo publicado en el periódico digital Acento, quien expresaba su esperanza de que el informe sea infundado.

Álvarez, doctorado en derecho y relaciones internacionales de dos prestigiosas universidades norteamericanas, y quien fuera abogado adscrito a la secretaría general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, abordó en un extenso artículo las consecuencias del desconocimiento de la CIDH después de 15 años aceptando su jurisdicción. Sostiene que constituiría un grave aprieto para el Gobierno ya que tal decisión podría ser declarada como “un hecho ilícito internacional”.

El TC se aprestaría a acoger la petición de un grupo encabezado por Juan Manuel Rosario, Pelegrín Castillo (actual ministro de Minería), Pedro Casals Victoria, Miguel Castillo Pantaleón, Mario Bonetti y Leyla Roldán, quienes sostienen que el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana es inconstitucional por no haber sido expresamente aprobado por el Congreso Nacional.

El recurso fue iniciado en el 2005 ante la Suprema Corte de Justicia, la que lo traspasó al Constitucional cuando fue constituido en el 2011. La instancia fue revivida bajo la algarabía nacionalista tras la sentencia 168-13 que desconoció la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes indocumentados nacidos en el país, por temor a que este asunto llegue a la CIDH que ya ha establecido jurisprudencia en el caso de dos niñas descendientes de haitianos a las que en el 2005 dispuso su registro como dominicanas.

Rectificación del Procurador. Al caer el 2013, ya había preocupación en el Gobierno por lo que el Procurador General Francisco Domínguez Brito revocó la opinión consultiva que había emitido en el 2006 el Procurador Adjunto Angel Castillo Tejada respaldando la inconstitucionalidad. Mediante el Auto 0085 Domínguez Brito instruye al Procurador Adjunto Ricardo José Tavera Cepeda para que remita al TC una opinión “acorde con lo establecido por el artículo 62.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

La extensa nueva opinión del Ministerio Público, del 11 de diciembre del 2013, que ha trascendido en los últimos días, fundamenta el rechazo de la petición de inconstitucionalidad en base a la Constitución del 2010, la Convención sobre Tratados de La habana de 1932, la Convención de Viena de 1962 y la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, así como en el instrumento de ratificación de la misma por el Estado dominicano, aprobado por el Congreso Nacional en 1977, entre otros.

En resumen, la constitucionalidad de la adscripción a la CIDH es justificada en la ratificación por el Congreso Nacional de la Convención Americana de Derechos Humanos que creó la Corte como órgano jurisdiccional para interpretar y aplicar la Convención, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el órgano de promoción de los derechos humanos que analiza las denuncias de violación a los mismos. El 25 de marzo de 1999 el Gobierno del presidente Leonel Fernández “reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos”, acogiéndose al procedimiento establecido en el artículo 62.1 de la misma.

Agrega que al aceptar la jurisdicción de la Corte se ejerce el derecho y la obligación contraídos al suscribir la Convención, y que el Estado dominicano ha dado aquiescencia en múltiples oportunidades a la competencia de la CIDH. Cita las sentencias 0084 -13 y 136-13 del Tribunal Constitucional que reconocen “el carácter vinculante de las decisiones de esa jurisdicción internacional”, al igual que la Resolución 1920-2003 de la Suprema Corte de Justicia, y el artículo 74.3 de la Constitución que otorga jerarquía constitucional a los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos suscritos por el Estado.

Sin precedente e ineficaz. No hay precedentes de una desafiliación a la CIDH bajo el pretexto de que no fue aprobada por el parlamento. 15 de los 21 países que han aceptado la jurisdicción de la Corte se acogieron a la suscripción de la Convención, la que dejó sentado que ello no requiere “convención especial”, aunque otros 6 si buscaron la ratificación parlamentaria.

Tres países han renunciado a la jurisdicción de la corte: Trinidad-Tobago porque no pudo adaptarse a la Convención al mantener la pena de muerte, el Perú del dictador Alberto Fujimori, protestando una condena, pero el gobierno que lo sucedió, revocó esa decisión, y Venezuela, que es el único de los suscritores que se mantiene fuera tras denunciar a la Corte y la Comisión como instrumentos de Estados Unidos.

La descalificación por el TCD sería ridícula después que la RD ha aceptado cinco juicios en la CIDH, entre ellos los de las niñas Yean y Bosico y el de la desaparición de Narciso González. Incluso la dominicana Radhys Abréu de Polanco fue electa jueza de la Corte para el período 2006-12 a propuesta del gobierno dominicano en la Asamblea General de la OEA en la cancillería de Santo Domingo en el 2006.

Por otra parte, si los que quieren desconocer la CIDH buscan desligarla de un posible enjuiciamiento a la sentencia 168-13, por los casos de desnacionalizaciones que tramita la Comisión de Derechos Humanos, resulta ineficaz, ya que el artículo 78.2 de la Convención especifica que los órganos del sistema mantienen la jurisdicción sobre violaciones de derechos ocurridas antes de una desafiliación.

Consecuencias impredecibles. La denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos es imprescindible para desconocer los órganos que instituye y por lo que la motivaría redimensionaría el escándalo originado por la sentencia 168-13, dejando al país como un paria de derechos humanos en el continente. Lo expone a problemas en los tratados comerciales con Estados Unidos y al de los países Asia, Caribe y Pacífico con la Unión Europea. No ayudaría a una nación con tan alta dependencia de factores externos como el turismo, las remesas, la inversión extranjera y la cooperación y el comercio internacional.

A lo interior colocaría al Gobierno en una situación más embarazosa que la derivada de la sentencia 168-13, que le distrajo la atención durante el último año. Consciente de las impredecibles consecuencias, el presidente Danilo Medina tendría que evadir denunciar la Convención de Derechos Humanos casi después de cuatro décadas de suscrita y ratificada.

En tal escenario el mandatario tendría que optar por la humillación de enviar el protocolo al Congreso Nacional para que lo ratifique. El único resultado sería tiempo perdido y mayor descrédito internacional. Todo parece tan absurdo que hay razones para dudar que se materialice la temida sentencia. Y como las versiones han llegado a altas figuras gubernamentales y ruedan por embajadas y organismos internacionales, se supone que se habrán hecho las advertencias correspondientes.

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Análisis Noticiosos

El trasfondo del asentamiento de saldados salvadoreños en Haití

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Por José Cabral

El envío de dos mil militares salvadoreños a Haití luce que no se trata de la supuesta gratitud y bondad con el pueblo más pobre del hemisferio, sino de un plan orquestado desde la administración Trump para que sea parte de su propósito de destruir el derecho internacional.

Bukele y todos los actores de la comunidad internacional y de Haití saben que el problema de las bandas es sólo una parte, tal vez la menos importante, de la crisis que padece la hermana nación, porque territorio que no tenga autoridad pública termina vandalizado.

Es tanto así, que si mañana las bandas resultan derrotadas quedaría pendiente la tarea más compleja de la crisis haitiana, que tiene que ver con que allí el Estado sólo existe en el papel, pero no en la realidad.

Entonces, si se partiera de la hipótesis de que las bandas sean desarticuladas, por la vía que sea, habría que preguntarse si existe algún plan para reestructurar el Estado a los fines de que la autoridad pública pueda hacer cumplir el mandato de la ley y la Constitución?

Todo el mundo sabe que no, incluido Bukele y también la administración estadounidense, lo cual indica que se le crean falsas expectativas sobre la base de un plan que no tiene mucho que ver con  un pueblo que ya no aguanta más maltratos y violencia.

El problema tiene muchas aristas, porque además hay que preguntarse si la parte del Ejército del Salvador presente en Haití cuenta con los recursos para permanecer allí por largo tiempo si es que fuera necesario.

De manera, que mediante un análisis sopesado del problema se puede colegir que lo que ocurre con lo decidido por Bukele parece inscribirse más que en cualquier otra cosa en una vanidad y al interés de vender una imagen de ser un presidente omnipotente, pero además a través de él cuestionar la idoneidad del derecho internacional como parte de los objetivos del “Escudo de las Américas”.

En este contexto, luce estar la medida del presidente salvadoreño de enviar más de dos mil militares a Haití en una acción paralela a la Fuerza de Supresión de Pandillas que operaba en la hermana nación mediante un esfuerzo conjunto de una serie de países miembros de la ONU, a un interés de ego personal y de cumplir y justificar la razón de la existencia del “Escudo de las Américas”, creación de Donald Trump.

Como se ve, el asentamiento de los militares salvadoreños ni siquiera luce que tenga como objetivo principal rescatar sus cuatro compañeros secuestrados y probablemente asesinados por las bandas que ejecutaron la acción, ya que se sabe que este tipo de desenlace puede ocurrir en cualquier lugar donde hay una confrontación armada.

Otra cuestión es que la ofensiva de Bukele persigue justificar y legitimar los esfuerzos individuales propiciados por la administración de los Estados Unidos a través del “Escudo de las Américas” para quitarle sentido al derecho internacional, lo cual quiere decir que los países latinoamericanos, en este caso, “amuelan cuchillo” para su propia garganta.

Hay, a caso, alguien que ponga en duda que el accionar de Bukele en Haití fortalece la deteriorada  imagen de Donald Trump, a quien se le cae  la casa encima, no sólo por la derrota sufrida en las elecciones de medio tiempo, sino porque los gobiernos que tienen su aval en Latinoamérica  su   han entrado en un nivel de descrédito que se puede pronosticar su expulsión del control de los Estados de esas naciones.

De manera, que se puede colegir que la reunión de Bukele con Trump en la Casa Blanca a propósito del envío de los soldados salvadoreños a Haití, haya servido para discutir la estrategia que ahora se observa.

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Análisis Noticiosos

La esclavitud disfrazada de tradición

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Por Rafael N. Fernández

En Santiago de los Caballeros, la esclavitud se viste de coches tirados por caballos.

Los caballos tiran de los coches bajo un sol que quema el asfalto.

Lo que para muchos dominicanos y turistas es “pintoresco”, para el caballo es una práctica insoportable  y una condena injusta.

Los caballos viven una vida miserable bajo el calor el extremo, jadeando,  sedientos y a veces ni suficiente agua reciben.

Trabajan jornadas excesivas, sufren latigazos y hasta heridas cuando se niegan a seguir caminando.

Lo peor es la falta de libertad, pues nacen, crecen, enferman y mueren tirando de carruajes y sin poder correr libres en un pastizal, sin elegir qué comer, sin poder simplemente ser caballos.

Decir que es tradición no hace que sea correcto, la ignorancia ha disfrazado de cultura lo que en realidad es explotación.

Justificar el sufrimiento animal porque “es una tradición” es la misma lógica que ha sostenido la esclavitud a lo largo y ancho de la historia.

Una tradición no puede estar por encima de la vida y la dignidad de seres que sufren y que no pueden defenderse de sus verdugos.

En 1889, en Turín, Friedrich Nietzsche presenció cómo un cochero golpeaba brutalmente a un caballo y corrió angustiado hacia el animal, lo abrazó y lloro desconsoladamente por su angustia, tiempo después  sufrió el colapso que marcó el final de su vida pública.

Mientras otros pasaban y miraban la escena indiferentes, Nietzsche miro en aquel animal a un ser que sufría,  que no podía defender  y que no podía defenderse.

La indiferencia no debe ser la respuesta ante el maltrato  animal,       el accionar que atormenta la existencia de esos tristes caballos debe ser detenido, hay que hacerle un alto a la crueldad, es un delito que debe cesar.

¿Cómo es posible que aún poseamos un nivel de ignorancia tan grande que veamos el sufrimiento de un animal como algo normal y para colmo  llamarlo “tradición”?

¿Hasta cuándo tienen que seguir padeciendo?

Lo más indignante y terrible es que,  tanto el gobierno central como el municipal, se hacen de la vista gorda y prefieren mantenerse al margen; les resulta más barato no intervenir que enfrentar la realidad  y  buscar otras alternativas económicas para los cocheros.

El silencio del poder sostiene por tradición una práctica que es una maldición para los pobres caballos y una vergüenza para la sociedad dominicana.

Acabar con la esclavitud animal no es dejar sin trabajo a los cocheros, es reemplazar  los coches tirados por caballos por carruajes eléctricos y, a la vez, crear refugios o santuarios naturales para que los caballos puedan sentirse en paz, descansar, y vivir la vida que nunca han podido vivir, porque la ignorancia humana se la ha arrebatado.

Un pueblo que se dice civilizado no puede medir su progreso en edificios y avenidas mientras ignora el sufrimiento de seres indefensos que transitan contra su voluntad cada día por sus calles.

Santiago se llama “de los caballeros” y se supone que ser caballero es proteger al más débil, y mientras haya un caballo jadeando bajo el sol, con la mirada cansada,  sin agua y sin descanso, ese nombre será una ironía, la esclavitud animal es un absurdo que debe ser eliminado de nuestra sociedad.

Estar a favor de la abolición de la esclavitud animal, es estar a favor de la verdad y de la razón.

No podemos decir que somos buenas personas si nos empeñamos en mantener una tradición que es sinónimo de crueldad para seres tan nobles, indefensos e inocentes.

 

Rafael N. Fernández (Escritor y poeta dominicano)

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Análisis Noticiosos

Otra vez el nepotismo legislativo

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Por José Cabral

La conducta de los partidos políticos ya se ha hecho una cultura en la República Dominicana, una de cuyas expresiones es el llamado nepotismo legislativo, el cual tiene que ver con la escogencia de un hijo, esposa o familiar cercano cuando muere un diputado o senador.

Si bien es cierto que la sustitución es mediante un mecanismo que consiste en la presentación de una terna del partido por el que fue elegido el congresista fallecido, pero ello no implica que la inclinación tenga que ser por un hijo, un hermano o la esposa del legislador muerto como se estila en el país.

Es un comportamiento que se repite constantemente, pese a que lo lógico fuera que el escogido sea otro dirigente de ese partido que haya logrado algunos méritos en la misma circunscripción para ocupar la posición, a los fines de que la organización cumpla con lo prometido durante la campaña por ese legislador que ya ha muerto.

Sin embargo, las cosas no ocurren de esa manera porque los cargos públicos son manejados por los partidos políticos como una propiedad de quien resultó electo a una curul congresional, convirtiéndose el asunto en una especie de herencia familiar.

Por esa razón yo he planteado desde una perspectiva crítica que los partidos políticos debían someter un proyecto de ley para que la figura de la determinación de herederos sea extendida al derecho electoral para que los familiares sean los sucesores de los cargos públicos, lo cual implica un problema ético.

Ello así porque los cargos electivos públicos no son un patrimonial familiar, ya que el ciudadano ha dado su voto por un candidato para que mediante la democracia representativa lo represente en el Congreso Nacional, es decir, que no lo hizo para que el cargo sea concedido a un familiar ante su ausencia definitiva como si se tratara de un patrimonio privado.

Pero la práctica ya se ha convertido en un mandato y en consecuencia los cargos vacantes por muerte de diputados y senadores siempre quedan en manos de sus familiares como si se tratara de una herencia patrimonial.

Siempre he sostenido que los partidos políticos tienen el mismo comportamiento en lo que respecta a la implementación de políticas públicas y de igual modo en asuntos como el tratado en este artículo.

Que nadie se cree ilusiones de que los partidos van a cambiar ese comportamiento, ya que cuando llegan al control del Estado lo manejan como si fuera una herencia que les dejó sus abuelos.

De manera, que en esto se confirma también que los partidos políticos, tanto grandes, medianos y pequeños, actúan como si fueran uno, cuya única diferencia es el nombre de los dirigentes, el color que lo identifica y como se hace llamar.

Entonces, en lo que muy bien se puede llamar nepotismo legislativo también se comportan de igual manera y manejan las curules vacantes por muerte de sus titulares como si se tratara de la partición de una herencia patrimonial dejada por el causante.

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