Análisis Noticiosos
Shalom, Shalom (1/2)
Por Miguel Guerrero
Israel, contrario a lo que se vende, no es el resultado de una imposición imperialista en el Medio Oriente. Más bien nació y creció contra la voluntad de los grandes intereses petroleros de Estados Unidos y otras potencias coloniales. Inglaterra era entonces el gran poder colonial en el Levante. La Unión Soviética defendió el derecho de los judíos de formar una nación y vivir en paz dentro de fronteras seguras, porque entendía que la creación de un Estado sionista constituiría un factor de deterioro de la influencia británica en la región, pues ya los judíos habían combatido el poder colonial de Londres. Estaba además la desconfianza que los señores feudales y jeques petroleros árabes infundían en el mundo comunista.
Las naciones árabes, especialmente Egipto y Siria, habían colaborado estrechamente con la Alemania nazi. Stalin y otros líderes de la Europa oriental, que apenas comenzaba emerger de las ruinas de la guerra, tenían fresca en su memoria el hecho de que comandos musulmanes habían luchado dentro del ejército alemán en el Este de Europa.
Los largos meses del juicio de Nuremberg habían sacado a relucir las atrocidades que muchos de esos comandos habían cometido en los campos de exterminio de la locura hitleriana. Está hartamente comprobado que la máxima autoridad islamista de la región, el gran Mufti de Jerusalén, que encabezaba la oposición árabe en Palestina a la formación de un Estado judío como lo había aprobado las Naciones Unidas en su histórica resolución de noviembre de 1947, había encontrado refugio en el Berlín nazi, burlando la justicia británica. Desde las emisoras nazis, el líder religioso árabe exhortaba al mundo islámico a la rebelión contra los aliados. Sus llamamientos habían encontrado buena acogida en Irak,Siria y Egipto, donde Hitler halló complacientes colaboradores y focos de resistencia contra Inglaterra.
Como decíamos en la entrega de ayer, las grandes compañías petroleras del Reino Unido, Estados Unidos, Holanda y otras naciones industrializadas, no respaldaron la creación del Estado judío. Por el contrario, se le opusieron fervientemente. Los gigantes consorcios petroleros, bien asentados en Arabia Saudita, Libia y los Emiratos Arabes, abrigaban temores de que la materialización del sueño sionista promoviera sentimientos nacionalistas en el vasto mundo islámico que a la postre afectaría sus intereses y fabulosas ganancias.
Con la complacencia de ambiciosos y corruptos jequezuelos, las compañías petroleras habían logrado excelentes condiciones en contratos de explotación de crudo en casi todas las naciones árabes y la terquedad de los judíos de convertirse en una nación soberana amenazaba entonces su posición en el Medio Oriente.
Existen infinidad de documentos, libros, memorandos y otros testimonios que prueban la conspiración de los grandes consorcios y compañías petroleras para frustrar la partición de Palestina y la creación allí de dos estados independientes, el que se ha convertido en el moderno Israel y el que hubiera podido ser un estado árabe palestino, tal y como establecía la resolución de Naciones Unidas.
Cuando desde cinco naciones árabes hordas de fanáticos musulmanes se volcaron sobre Israel, al día siguiente de la partida del último soldado británico el 14 de mayo de 1948, tras la declaración de independencia que marcó el resurgimiento de la nación judía, estaban entre ellos las bien adiestradas tropas de la Legión Arabe, financiadas, apertrechadas y dirigidas por ingleses, por órdenes de la Corona. El que todavía los palestinos luchen por el derecho que le asiste de tener también un estado propio, significa que el radicalismo fundamentalista islámico le ha negado a ese pueblo 64 años de paz e independencia.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se avoca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.
Por José Cabral
No es por accidente que los hechos más violentos y repugnantes del territorio nacional tienen lugar en la ciudad de Santiago, segunda en importancia del país.
Y no es para menos, porque aparte del crecimiento exponencial de la población en Santiago, también se producen una serie de hechos que marcan un curso preocupante de la llamada “Ciudad Corazón”.
El asunto, según puedo observar, es que Santiago no sólo ocupa un lugar primordial en crímenes y sicariatos, sino que la violencia generalizada parece apropiarse de la que otrora fuera un lugar atractivo para vivir en familia.
Pero ése no es sólo el problema, sino que Santiago es lo que muy bien se puede definir como una ciudad colapsada, donde no existen autoridades o si existen no están en capacidad de imponer el orden y el respeto entre las personas.
Sin embargo, lo peor y más doloroso es que los servicios públicos no es que son un desastre, sino que no existen, que son cosas del pasado.
Un aceptable servicio de agua potable ya ha pasado a ser una aspiración que no hay forma de que se logre y peor aún el de energía eléctrica.
Los propios funcionarios del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) dicen que esta institución está quebrada y luce con pocas posibilidades de sobrevivir.
Los hogares y negocios de Santiago reciben agua potable una vez cada 20 días y sólo por una media hora, lo que provoca que los baños de viviendas y empresas estén llenos de bacterias.
Eso sí, las facturas siempre hay que pagarlas, porque de no ser así no habría forma de cumplir con la gran cantidad de vagos colocados en empleos en la administración pública.
Es decir, que el ciudadano no tiene derecho para reclamar un buen servicio de agua potable, pero si no paga lo cortan, pese a que de cualquiera manera no recibe nada cambio.
Por eso pienso que Santiago en vez de “Ciudad Corazón” debería bautizarse como la “Ciudad Colapsada”, donde vivir es un suplicio y donde la violencia se apropia de ella cada día como resultado de la gran deuda social con sus munícipes y las tensiones e insatisfacciones generadas por quienes tienen la responsabilidad de llevarla a otro sitial.
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.