Análisis Noticiosos
Si ahorcasen a todos los violadores
Por Nazanín Armanian
El Gobierno indio, siguiendo la voluntad temeraria de sus conmocionados ciudadanos, aplicará la pena de muerte a los cinco acusados de violar y asesinar a la joven Amanat. ¿Cuántos hombres serían ejecutados si este castigo se llevase a cabo en todo el mundo contra los que han agredido sexualmente a niñas, niños y mujeres?
Sólo una hipótesis escalofriante pero reveladora de nuestro sórdido mundo: serían las decenas de millones de hombres que tienen en sus lechos a niñas–esposas de edades entre 6 o 12 años como esclavas sexuales, además de los pederastas que hacen lo mismo, pero fuera de la ley; casi la mitad [siendo optimista] de todos los hombres del planeta que, en calidad de maridos, agreden a sus mujeres reclamándoles el “débito matrimonial”; los millones de cuidadores, vigilantes de los campos de refugiados, celadores de residencias de ancianos, discapacitados físicos y psíquicos, sacerdotes, padres, hermanos, tíos y abuelos que han convertido en terror la vida de no se sabe cuántos millones de niños y niñas o los soldados y los civiles que han torturado sexualmente a miles de mujeres como “botín de la guerra” [expresión utilizada también por los libros sagrados de las religiones abrahámicas] en Afganistán, Congo, Somalia, Sudan, Libia, Yugoslavia o Irak.
Así fue la masacre de Mahmudiyah, en 2006, en la que varios marines violaron a una niña de 11 años, la mataron junto a su familia e incendiaron la casa simulando un ataque insurgente. Los militares misóginos no distinguen entre mujeres “del enemigo” y “compañeras soldados”. Lavena Jonson es una de los cientos de mujeres violadas dentro del ejército de EEUU. Tras ser agredida por varios colegas, fue mutilada y asesinada en Irak en 2005.
Toda los casos narrados previamente formarían parte de los violadores “no convencionales”, una categoría en la que entrarían, por ejemplo, los delincuentes sexuales convertidos en mandatarios en Ciudad Juárez.
Ejecutar o castrar a los violadores, además de ser inhumano y bárbaro, es una cortina de humo que utilizan las autoridades para cubrir su misoginia, su incompetencia política y su voluntad de ocultar su responsabilidad. Sancionan a los chivos expiatorios y desligan este tipo de barbaries de la estructura social, económica, política y religiosa del país. Tampoco acertó en su método Phoolan Devi, la Reina Bandida, quien en la década de los noventa, tras ser violada en varias ocasiones por grupos de hombres, creó bandas organizadas de mujeres agredidas para eliminar a los depredadores sexuales. Mataron a una veintena de jóvenes, todos de castas superiores. Tras 11 años en prisión –sin ser juzgada–, la heroína de los pobres y los discriminados, fue elegida diputada. En 2001 fue asesinada a balazos por defensores de la supremacía masculina, esos que consideran a la mujer un ser creado para satisfacer las necesidades de los hijos varones de Adán.
En este país capitalista, hundido en la miseria y en injusticias de todo índole, apodado absurdamente “la mayor democracia del mundo”, con casi la mitad de la población analfabeta, cada seis horas una joven es quemada viva, golpeada hasta la muerte u obligada a quitarse la vida. Aquí, ser niña es peligroso incluso cuando se está en el vientre de la madre. Cada día se producen 2.000 abortos de fetos de sexo femenino y un numero parecido de niñas nacidad son asesinadas, no sólo por parte de padres incultos y desalmados, sino también por médicos cultos que actúan con el beneplácito de las autoridades del país. Uno de los principales motivos del feticidio e infanticidio femenino en la India es la costosa dote que los padres deben entregar al futuro marido de sus hijas. Progenitores que, en vez de eliminar la dote, eliminan a la niña. La estupidez humana, sin duda, no tiene límite.
Los políticos, preocupados por el desequilibrio poblacional en cuanto al género –sólo hay 866 niñas por cada 1.000 niños– quieren que haya muchas mujeres, aunque tengan un estatus infrahumano. Muchos de los hombres honorables que se manifestaban a favor del castigo capital para los violadores de Amanat lo hicieron porque consideran el cuerpo de sus mujeres el habitáculo de su propio honor. Una agresión muestra, por tanto, falta de hombría y capacidad para proteger su honra y su propiedad. Poco o nada importa lo que sufren las Amanat.
El crimen sexual es la forma más extrema de una mirada mercantilista y patriarcal que cosifica a la mujer y desprecia sus capacidades. Otro ejemplo es la observación que hizo un contertulio de televisión en España sobre la forense que cometió un error en su diagnóstico sobre los restos de los niños desaparecidos en Córdoba: ¡Qué vaya a trabajar en una mercería!, dijo. Ninguno de los componentes de la mesa de “análisis”, esos todólogos, reaccionó. Tampoco la presentadora.
Además de leyes que garanticen la seguridad de las mujeres y los menores y de prohibir tradiciones que les humillan y matan, es necesario poner en marcha planes integrales que incluyan programas educativos para toda la población encaminados a crear un cambio de mentalidad. La India emerge. Sus nuevos mil millonarios se siguen forrando gracias al obsceno subdesarrollo de un país con bomba atómica [ilegal] y uno de los principales almacenes de armas del mundo. Mientras, sus mujeres y hombres, se bañan junto a los cadáveres en las sagradas y turbias aguas del Ganges.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.