Opinión
Sí, delirando, Guillermo…
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9 años agoon
Por Narciso Isa Conde
Sí, delirando, hoy acerca del inestimable valor de la participación de un partido “centro progresista” como Alianza País en un “frente opositor” junto a partidos como el PRM, PRSC, PQD, FNP, PUN…dechados de patriotismo, honestidad, vocación transformadora y sensibilidad social.
Delirando sobre la importancia de la renuencia y repliegue de ALPAÍS del Espacio de Unidad de Izquierda integrado por organizaciones tan moralmente despreciables como el Movimiento Patria para Todos y Todas (MPT) / Izquierda Revolucionaria-IR (MPD, LST-CURR, MC, FEPAV, FALPO, FELABEL y FPD) / Partido de la Unificación Comunista (PUC) / Movimiento de Acción Nacional Dominicana (MANDO), el periódico TRINCHERA UNITARIA y quienes las integramos, incluido el autor de este artículo.
Delirando…
Delirando…
Respecto a la genialidad del camarada Moreno de proponerle a Marcha Verde un “pacto electoral” con ese “frente opositor” para participar conjuntamente -materia en que sus pulcros componentes balagueristas son sobresalientes- en los comicios nacionales del 2020.
Delirando acerca de la inminente posibilidad, de que con la permanencia del Consorcio PLD al frente del Estado, con su JCE, su Tribunal Supremo Electoral-TSE y todos los poderes bajo su control- puedan lograrse condiciones que garanticen unas elecciones “limpias y equitativas”.
Delirando…
Fantaseando…
Acerca de la similitud del PRD del 1978 y del PRD del 1994 con el actual “frente opositor”, el parecido de aquellas coyunturas y la supuesta validez de la vía institucional para el “cambio democrático”; obviando las variaciones en los protagonistas y como la Constitución del 66 y las instituciones vigentes posibilitaron reciclar gran parte de los males acumulados en la era balaguerista, e incluso catapultar de nuevo a Balaguer al Palacio Nacional (1986-96) y reciclar el balaguerismo en alianza y a través del PLD ( 1996-2000 y 2008 hasta la fecha…).
Delirando…
Fantaseando…
Sobre la sapiencia del argumento que atribuye los objetables resultados de entonces solo a las ocasionales “inconsecuencias” de los liderazgos de aquel periodo, algo que al parecer no sería posible ahora dado el brillante rol de los nuevos salvadores o del nuevo mecía opositor; capaces de ganarle a la trampa colosal que prepara el danilismo pelediano y de vencer en elecciones a mafias peores que las de ayer; ponderando incluso a su manera lo acontecido en los comicios del 2012 y el 2016 y el valor invisible desplegado por esos opositores en ambas coyunturas. Capaces ahora –según experiencias no vividas- de iniciar exitosamente la “democratización, reforma y moralización” de estas instituciones irremediablemente podridas.
Delirando y fantaseando respecto a la certeza, pertinencia y viabilidad de la convergencia de Marcha Verde con el conjunto de esos virtuosos partidos y grupos tradicionales, sin dañar ni su imagen ni su unidad interna; y garantizando que una parte de ellos y de sus facciones no se venderán de nuevo al Consorcio del PLD, depondrán sus ambiciones, renunciarán a sus candidaturas tipo Hipólito, Abinader, Quique Antún, Pelegrín Castillo, Wessin… y apoyarán incondicionalmente (sin las cuotas consabidas y los repartos correspondientes), o al innominado mecía del “frente opositor”, o a cualquier otro aspirante vestido de verde.
Delirando…en medio de la ilegitimidad de este gobierno y de su carácter mafioso -aun después del reciente brote de sustancias purulenta de la contrata de los escáners y las evidencias de un fraude asqueroso en los pasados comicios- sobre las seguras perspectivas de que la nueva JCE de Danilo-PLD acepte la limpieza a toda prueba de las elecciones programadas para del 2020, bajo un equitativo gobierno reeleccionista presidido por su impecable mandatario, que debidamente presionado por un liderazgo opositor de una trayectoria también impecable, habrá de cederle una de sus matrículas o registros electorales a la amada Marcha Verde para concretar esa convergencia.
Delirando…
Fantaseando…
Acerca de lo ilusorio, absurdo, impertinente, delirante… que es -aun frente a un régimen y una institucionalidad ilegitima, desacreditada, repudiada masivamente y con escasa basa de apoyo social- proponernos hacer lo que ha hecho el pueblo dominicano en otros momentos históricos y lo que recientemente hicieron pueblos como el venezolano, boliviano, ecuatoriano y argentino: ejercer a plenitud la democracia de calle para echar abajo presidentes y gobiernos, desplazar regímenes políticos impopulares y corrompidos, echar al zafacón las partidocracias neoliberales y corruptas, crear poder constituyente y realizar Asambleas Constituyentes Soberanas que cambien Cartas Magnas al servicio de la corrupción y la impunidad, y construyan una nueva institucionalidad.
Pero sucede que esa manera de delirar no tiene nada de sueño realizable, ni de direccionalidad política para avanzar. Sencillamente tiene la virtud de reciclar el pantano con viejos o nuevos actores.
Porque carece del poder de atreverse a ejercer una democracia extra-institucional, una necesaria democracia de calle con vocación de poder; cuando abundan las pruebas de que la dictadura constitucional montada, corrupta y corruptora -suma de mafias articuladas y dirigidas desde el Palacio Nacional- ha cerrado todas las vías institucionales.
Esta realidad dictatorial parte de la lógica perversa de que las mafias políticas, empresariales y militares-policiales NO SE SUICIDAN, no ceden, se aferran aberrantemente a su poder, el cual solo puede ser resquebrajado y desmontado con movilizaciones y paralizaciones plebiscitarias capaces de generar una crisis de gobernabilidad que de pie al desplome de estas instituciones y a la recreación de Estado y del proyecto de Nación y sociedad.
Esa es otra vía democrática, diferente a la electoral, incluso no necesariamente violenta. Una ajena a cierta manera de delirar que favorece la permanencia de esta institucionalidad decadente.
Por eso prefiero “delirar profundamente” y de otro modo, con todos los riegos de lugar, en este caso en sentido inverso a como lo hace el jefe político y candidato a la Presidencia de Alianza País; lo que a breve plazo, en la agenda verde de verdad, incluye el juicio y la condena de esta sociedad a Danilo Medina y compartes, y la construcción del PROGRAMA de cambios estructurales por el FIN DE LA IMPUNIDAD.
¡Magnífica y útil forma de “delirar”, Guillermo! ¡Que nadie intente despojarme de ella!
Opinión
Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad
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4 días agoon
noviembre 13, 2026La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.
- El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
- Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
- La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.
Por Narciso Isa Conde
Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.
Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.
Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.
El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:
· La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.
· Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.
· Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.
· En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.
· Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.
· La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».
· El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.
Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:
¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?
Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:
Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.
En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.
La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.
Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.
Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.
Por Oscar López Reyes
Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.
Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.
La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.
¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?
Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.
También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.
Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.
El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.
La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.
¿Cuáles son las respuestas?
Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.
Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.
Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.
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Referencias bibliográficas:
1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/
2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.
3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.
5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.
6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.
8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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Por Isaías Ramos
Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.
El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.
El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.
Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.
La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.
Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.
En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.
El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.
El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.
Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.
Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.
Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.
El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.
Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.
Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.
En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder
siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.
El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.
¡El 2044 comienza hoy!
