Opinión
Sí, delirando, Guillermo…
Por Narciso Isa Conde
Sí, delirando, hoy acerca del inestimable valor de la participación de un partido “centro progresista” como Alianza País en un “frente opositor” junto a partidos como el PRM, PRSC, PQD, FNP, PUN…dechados de patriotismo, honestidad, vocación transformadora y sensibilidad social.
Delirando sobre la importancia de la renuencia y repliegue de ALPAÍS del Espacio de Unidad de Izquierda integrado por organizaciones tan moralmente despreciables como el Movimiento Patria para Todos y Todas (MPT) / Izquierda Revolucionaria-IR (MPD, LST-CURR, MC, FEPAV, FALPO, FELABEL y FPD) / Partido de la Unificación Comunista (PUC) / Movimiento de Acción Nacional Dominicana (MANDO), el periódico TRINCHERA UNITARIA y quienes las integramos, incluido el autor de este artículo.
Delirando…
Delirando…
Respecto a la genialidad del camarada Moreno de proponerle a Marcha Verde un “pacto electoral” con ese “frente opositor” para participar conjuntamente -materia en que sus pulcros componentes balagueristas son sobresalientes- en los comicios nacionales del 2020.
Delirando acerca de la inminente posibilidad, de que con la permanencia del Consorcio PLD al frente del Estado, con su JCE, su Tribunal Supremo Electoral-TSE y todos los poderes bajo su control- puedan lograrse condiciones que garanticen unas elecciones “limpias y equitativas”.
Delirando…
Fantaseando…
Acerca de la similitud del PRD del 1978 y del PRD del 1994 con el actual “frente opositor”, el parecido de aquellas coyunturas y la supuesta validez de la vía institucional para el “cambio democrático”; obviando las variaciones en los protagonistas y como la Constitución del 66 y las instituciones vigentes posibilitaron reciclar gran parte de los males acumulados en la era balaguerista, e incluso catapultar de nuevo a Balaguer al Palacio Nacional (1986-96) y reciclar el balaguerismo en alianza y a través del PLD ( 1996-2000 y 2008 hasta la fecha…).
Delirando…
Fantaseando…
Sobre la sapiencia del argumento que atribuye los objetables resultados de entonces solo a las ocasionales “inconsecuencias” de los liderazgos de aquel periodo, algo que al parecer no sería posible ahora dado el brillante rol de los nuevos salvadores o del nuevo mecía opositor; capaces de ganarle a la trampa colosal que prepara el danilismo pelediano y de vencer en elecciones a mafias peores que las de ayer; ponderando incluso a su manera lo acontecido en los comicios del 2012 y el 2016 y el valor invisible desplegado por esos opositores en ambas coyunturas. Capaces ahora –según experiencias no vividas- de iniciar exitosamente la “democratización, reforma y moralización” de estas instituciones irremediablemente podridas.
Delirando y fantaseando respecto a la certeza, pertinencia y viabilidad de la convergencia de Marcha Verde con el conjunto de esos virtuosos partidos y grupos tradicionales, sin dañar ni su imagen ni su unidad interna; y garantizando que una parte de ellos y de sus facciones no se venderán de nuevo al Consorcio del PLD, depondrán sus ambiciones, renunciarán a sus candidaturas tipo Hipólito, Abinader, Quique Antún, Pelegrín Castillo, Wessin… y apoyarán incondicionalmente (sin las cuotas consabidas y los repartos correspondientes), o al innominado mecía del “frente opositor”, o a cualquier otro aspirante vestido de verde.
Delirando…en medio de la ilegitimidad de este gobierno y de su carácter mafioso -aun después del reciente brote de sustancias purulenta de la contrata de los escáners y las evidencias de un fraude asqueroso en los pasados comicios- sobre las seguras perspectivas de que la nueva JCE de Danilo-PLD acepte la limpieza a toda prueba de las elecciones programadas para del 2020, bajo un equitativo gobierno reeleccionista presidido por su impecable mandatario, que debidamente presionado por un liderazgo opositor de una trayectoria también impecable, habrá de cederle una de sus matrículas o registros electorales a la amada Marcha Verde para concretar esa convergencia.
Delirando…
Fantaseando…
Acerca de lo ilusorio, absurdo, impertinente, delirante… que es -aun frente a un régimen y una institucionalidad ilegitima, desacreditada, repudiada masivamente y con escasa basa de apoyo social- proponernos hacer lo que ha hecho el pueblo dominicano en otros momentos históricos y lo que recientemente hicieron pueblos como el venezolano, boliviano, ecuatoriano y argentino: ejercer a plenitud la democracia de calle para echar abajo presidentes y gobiernos, desplazar regímenes políticos impopulares y corrompidos, echar al zafacón las partidocracias neoliberales y corruptas, crear poder constituyente y realizar Asambleas Constituyentes Soberanas que cambien Cartas Magnas al servicio de la corrupción y la impunidad, y construyan una nueva institucionalidad.
Pero sucede que esa manera de delirar no tiene nada de sueño realizable, ni de direccionalidad política para avanzar. Sencillamente tiene la virtud de reciclar el pantano con viejos o nuevos actores.
Porque carece del poder de atreverse a ejercer una democracia extra-institucional, una necesaria democracia de calle con vocación de poder; cuando abundan las pruebas de que la dictadura constitucional montada, corrupta y corruptora -suma de mafias articuladas y dirigidas desde el Palacio Nacional- ha cerrado todas las vías institucionales.
Esta realidad dictatorial parte de la lógica perversa de que las mafias políticas, empresariales y militares-policiales NO SE SUICIDAN, no ceden, se aferran aberrantemente a su poder, el cual solo puede ser resquebrajado y desmontado con movilizaciones y paralizaciones plebiscitarias capaces de generar una crisis de gobernabilidad que de pie al desplome de estas instituciones y a la recreación de Estado y del proyecto de Nación y sociedad.
Esa es otra vía democrática, diferente a la electoral, incluso no necesariamente violenta. Una ajena a cierta manera de delirar que favorece la permanencia de esta institucionalidad decadente.
Por eso prefiero “delirar profundamente” y de otro modo, con todos los riegos de lugar, en este caso en sentido inverso a como lo hace el jefe político y candidato a la Presidencia de Alianza País; lo que a breve plazo, en la agenda verde de verdad, incluye el juicio y la condena de esta sociedad a Danilo Medina y compartes, y la construcción del PROGRAMA de cambios estructurales por el FIN DE LA IMPUNIDAD.
¡Magnífica y útil forma de “delirar”, Guillermo! ¡Que nadie intente despojarme de ella!
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.