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Si su empresa no acoge el alza de sueldo, quéjese
La reacción del Ministerio de Trabajo se produce luego que la Copardom pidiera a sus socios no pagar con el alza aplicada. –
El ministro de Trabajo advirtió que los patronos están obligados legalmente a aplicar desde ayer el aumento del 13% al salario mínimo del sector privado no sectorizado, tal como indica la resolución 05/2017, en la que se aprobó un alza del 20% en dos partidas.
José Ramón Fadul aseguró que la resolución emitida por el Comité Nacional de Salarios (CNS) tiene fuerza de ley y que la misma está vigente. “En eso no hay vuelta floja, porque eso sería violentar la ley y no creo que la Confederación Patronal Dominicana lo haya hecho con esas intenciones”, dijo Fadul, a través de un documento de prensa y a requerimiento de la prensa.
Un día Antes, la Confederación Patronal Dominicana (Copardom) instruyó a sus empresas miembros a no efectuar el 15 de este mes el incremento del salario mínimo de 13%, para aplicarlo a partir del 30, retroactivo al día primero.
Esa posición de los empresarios fue definida por la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS) como un intento más por continuar torciendo el brazo del Gobierno, tal como lo han estado haciendo con el tema en cuestión y dándole larga al tema para no cumplir con los trabajadores. Ayer, el ministro de Trabajo dijo que en caso de que algunos patronos no quieran acogerse a la disposición, los trabajadores (as) pueden hacer su debido reclamo y los inspectores del Ministerio pueden levantar la infracción y condenarlos al pago de tres a seis meses de salario mínimo. “El trabajador puede demitir y demandar por daños y perjuicios a la empresa que haya violentado lo que dispuso el CNS”, explicó el ministro Fadul. Y recordó que quien le da categoría a las empresas, según pequeñas, medianas y micro es el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes. De esa forma, el funcionario dejó claro que no se debe mezclar el reajuste salarial con la reclasificación ni las discusiones del Código de Trabajo. “Se recuerda que la resolución entrará en vigencia con un incremento de 13%, a partir del primero de mayo de 2017, y el restante 7% a partir del 1 de noviembre del año en curso, para así completar el 20%”, dijo Fadul.
Horas antes de que el Ministerio de Trabajo se refiriera al tema, el CNUS, a través de su presidente, Rafael –Pepe- Abreu, había advertido a Fadul que debía hacer un pronunciamiento contundente, aclarándole al empresariado que no es posible llevar ahora el tema de la reclasificación de empresas, como una condicionante y una nueva excusa para no aplicar la tarifa vigente en este momento.
El fraccionamiento para el incremento salarial se dio luego que la Copardom se impusiera y resistiera a la decisión que tomó el CNS. Una decisión con la que no estuvieron nunca de acuerdo. El Comité Nacional de Salarios lo componen tres sectores: el sindical, el patronal y los trabajadores representados por las centrales sindicales. Cuando dos de ellos toman una decisión, entonces se aprueba, tomando en cuenta la mayoría. “No ocurrió así con el tema en cuestión, esta vez. El sector empresarial se ha impuesto”, plantea Abreu, sin andarse con rodeos.
Midiendo fuerza
En las discusiones de hace dos años, el sector patronal y el gubernamental aprobaron un alza para el sector privado no sectorizado del 14% y así entró en vigencia, sin que el sindical se resistiera a aceptarlo, como ha hecho esta vez el empresariado. “Como CNUS habíamos advertido mucho que el incremento no debía nunca fraccionarse, pero se fraccionó, en una torcedura de brazo del empresariado al Gobierno”, dijo Pepe Abreu.
Los patronos procuran jugar con algo imposible
En el abordaje del tema, Pepe Abreu dijo: “Ellos –los empresarios- quieren que la reclasificación que han planteado se produzca antes de que el aumento salarial se aplique. El planteamiento de fondo es aceptar que el aumento sea retroactivo al primero de mayo, pero que se pague el día 30, con el objetivo de dar tiempo a que los sectores se reúnan y hacer entonces la reclasificación. Ese es el plan de ellos, sobre un punto que jurídicamente es imposible”.
“Lo de ellos no aplica en la resolución 5-2017”
El representante de los trabajadores, por parte de la CNUS, advirtió que la tarifa 5-2017 no cae dentro de una nueva reclasificación que se pueda hacer de las empresas.
El dirigente sindical aseguró que la reclasificación puede hacerse para tarifas futuras. “Es decir, en un plazo de dos años se discutiría una nueva tarifa. Entonces en ese intervalo se podría discutir el tema de la reclasificación y entonces se aplicaría esa nueva fórmula a partir de esa nueva resolución, no de ésta”, dijo Abreu.
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Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Nacionales
MAP llama a empleados de instituciones en proceso de fusión y eliminación a continuar sus labores
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.