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Si su empresa no acoge el alza de sueldo, quéjese
La reacción del Ministerio de Trabajo se produce luego que la Copardom pidiera a sus socios no pagar con el alza aplicada. –
El ministro de Trabajo advirtió que los patronos están obligados legalmente a aplicar desde ayer el aumento del 13% al salario mínimo del sector privado no sectorizado, tal como indica la resolución 05/2017, en la que se aprobó un alza del 20% en dos partidas.
José Ramón Fadul aseguró que la resolución emitida por el Comité Nacional de Salarios (CNS) tiene fuerza de ley y que la misma está vigente. “En eso no hay vuelta floja, porque eso sería violentar la ley y no creo que la Confederación Patronal Dominicana lo haya hecho con esas intenciones”, dijo Fadul, a través de un documento de prensa y a requerimiento de la prensa.
Un día Antes, la Confederación Patronal Dominicana (Copardom) instruyó a sus empresas miembros a no efectuar el 15 de este mes el incremento del salario mínimo de 13%, para aplicarlo a partir del 30, retroactivo al día primero.
Esa posición de los empresarios fue definida por la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS) como un intento más por continuar torciendo el brazo del Gobierno, tal como lo han estado haciendo con el tema en cuestión y dándole larga al tema para no cumplir con los trabajadores. Ayer, el ministro de Trabajo dijo que en caso de que algunos patronos no quieran acogerse a la disposición, los trabajadores (as) pueden hacer su debido reclamo y los inspectores del Ministerio pueden levantar la infracción y condenarlos al pago de tres a seis meses de salario mínimo. “El trabajador puede demitir y demandar por daños y perjuicios a la empresa que haya violentado lo que dispuso el CNS”, explicó el ministro Fadul. Y recordó que quien le da categoría a las empresas, según pequeñas, medianas y micro es el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes. De esa forma, el funcionario dejó claro que no se debe mezclar el reajuste salarial con la reclasificación ni las discusiones del Código de Trabajo. “Se recuerda que la resolución entrará en vigencia con un incremento de 13%, a partir del primero de mayo de 2017, y el restante 7% a partir del 1 de noviembre del año en curso, para así completar el 20%”, dijo Fadul.
Horas antes de que el Ministerio de Trabajo se refiriera al tema, el CNUS, a través de su presidente, Rafael –Pepe- Abreu, había advertido a Fadul que debía hacer un pronunciamiento contundente, aclarándole al empresariado que no es posible llevar ahora el tema de la reclasificación de empresas, como una condicionante y una nueva excusa para no aplicar la tarifa vigente en este momento.
El fraccionamiento para el incremento salarial se dio luego que la Copardom se impusiera y resistiera a la decisión que tomó el CNS. Una decisión con la que no estuvieron nunca de acuerdo. El Comité Nacional de Salarios lo componen tres sectores: el sindical, el patronal y los trabajadores representados por las centrales sindicales. Cuando dos de ellos toman una decisión, entonces se aprueba, tomando en cuenta la mayoría. “No ocurrió así con el tema en cuestión, esta vez. El sector empresarial se ha impuesto”, plantea Abreu, sin andarse con rodeos.
Midiendo fuerza
En las discusiones de hace dos años, el sector patronal y el gubernamental aprobaron un alza para el sector privado no sectorizado del 14% y así entró en vigencia, sin que el sindical se resistiera a aceptarlo, como ha hecho esta vez el empresariado. “Como CNUS habíamos advertido mucho que el incremento no debía nunca fraccionarse, pero se fraccionó, en una torcedura de brazo del empresariado al Gobierno”, dijo Pepe Abreu.
Los patronos procuran jugar con algo imposible
En el abordaje del tema, Pepe Abreu dijo: “Ellos –los empresarios- quieren que la reclasificación que han planteado se produzca antes de que el aumento salarial se aplique. El planteamiento de fondo es aceptar que el aumento sea retroactivo al primero de mayo, pero que se pague el día 30, con el objetivo de dar tiempo a que los sectores se reúnan y hacer entonces la reclasificación. Ese es el plan de ellos, sobre un punto que jurídicamente es imposible”.
“Lo de ellos no aplica en la resolución 5-2017”
El representante de los trabajadores, por parte de la CNUS, advirtió que la tarifa 5-2017 no cae dentro de una nueva reclasificación que se pueda hacer de las empresas.
El dirigente sindical aseguró que la reclasificación puede hacerse para tarifas futuras. “Es decir, en un plazo de dos años se discutiría una nueva tarifa. Entonces en ese intervalo se podría discutir el tema de la reclasificación y entonces se aplicaría esa nueva fórmula a partir de esa nueva resolución, no de ésta”, dijo Abreu.
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SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.
La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.
De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.
El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.
La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.
El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.
La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Nacionales
Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.
Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.
En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.
Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.
Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.
Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.
«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.
Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.
En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.
La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.