Editorial
Siempre existe la sospecha de la contaminación politiquera.
Algunos de los aspectos abordados por el presidente Danilo Medina en su discurso pronunciado anoche, hay cuestiones que no tienen una explicación lógica.
La primera de ella es querer evitar con la distribución de alimentos cocidos y crudos que la gente se vea en el dilema de salir a las calles a buscar el pan de cada día o de mantenerse en sus hogares para evitar el contagio, la cual no parece una solución correcta, porque el propósito es evitar la aglomeración de personas para evitar la propagación del virus.
La segunda es la de disponer que la gente cuente con una prescripción médica para hacerse la prueba, tampoco ayuda mucho, ya que ello también provoca concentración de personas en los consultorios de los centros médicos públicos y privados, por lo que se requiere que sea más libre o abierto, pero regido por un protocolo establecido al respecto.
Ambas medidas en el orden sanitario no parecen muy atinadas para combatir la fase que vive el país en lo que respecta al coronavirus, porque se habla ya de circulación comunitaria, es decir, que cualquiera puede ser portador de la enfermedad.
En torno a las medidas económicas, la timidez con que se maneja la crisis es muy poco comprensible, ya que una familia no puede comprar gran cosa con 5 mil pesos mensuales, sobre todo en un momento en se ha activado la cultura del agiotismo y especulación con los productos de primera necesidad.
No se sabe si el Gobierno busca no crearse un déficit fiscal por la crisis, la cual tiene mayor dimensión en virtud de la paralización general de la economía, máxime del turismo que es el rubro de exportación y generador de divisas más importante del país, pero todo el mundo sabe que la República Dominicana ha nadado en medio de la falta de liquidez, por lo que periódicamente recurre a reformas fiscales y al endeudamiento externo.
Cómo se puede explicar, sin importar cual sea el caso, que al Gobierno no le tiemble el pulso para hacer un pago tan alto a Odebrecht de 395 millones de dólares y que publique una página de publicidad en todos los diarios nacionales con alto costo económico y maneje con timidez un problema que podría liquidar económica y socialmente a la República Dominicana.
La República Dominicana ha tenido manos suaves para manejar la corrupción con millones de pesos y dólares, pero es rígida para solucionar problemas de carácter social que amenazan, ya no sólo la estabilidad política y económica, sino la propia vida de la gente.
De cualquier modo, se observa que el manejo del Gobierno a la crisis que se presenta en la actualidad y antes de ella está revestido de una cierta politiquería, ya que las medidas citadas más arriba dan un margen para que las autoridades den un manejo a los recursos usados para tales fines en favor de sus intereses políticos, cuyo juego podría ser muy peligroso hasta para la propia existencia de la nación.
El drama de muchas víctimas de violación de sus derechos humanos se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza en la sociedad dominicana.
Aunque no han sido tantos los casos llevados al tribunal Superior Administrativo en contra del Ministerio Público y de su auxiliar la Policía Nacional, todo parece indicar que la paciencia se ha agotado en lo que respecta a estos órganos.
Es impresionante la cantidad de denuncias y querellas que se presentan en los centros de recepción de las mismas que son echadas en el zafacón del olvido por una diversidad de razones que van desde la negligencia de los fiscales, la ineptitud y la complicidad.
En realidad, el Ministerio Público ya ha hecho crisis y más que perseguir el crimen y el delito lo que hace es estimularlos.
Hay en la República Dominicana una verdadera amenaza en contra del estado de derecho, porque no hay sanción para que el comete cualquier violación a le ley penal del país.
Por lo que se ve, parece que no queda otra instancia para que este problema se combata que no sea a través del derecho internacional, principalmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Ministerio Público en estos momentos es un instrumento para promover la vía de hecho, que la gente haga justicia con sus propias manos.
Se trata de un órgano que ha pasado a ser un verdadero fiasco, que opera más sobre la base de la percepción que de la eficiencia que demanda una sociedad saturada de violaciones a la ley.
Puede afirmarse, sin temor a ninguna equivocación, que el Ministerio Público ha perdido totalmente su credibilidad, lo cual deja muy mal parada a su incumbente, la magistrada Miriam Germán Brito.
Se impone una minuciosa investigación al respecto y que de esa manera haya un profundo y serio saneamiento de un órgano tan importante para contrarrestar el delito y el crimen en el seno de la sociedad dominicana.
El presidente Luis Abinader si por una cosa se caracteriza es por cometer errores infantiles, propios de los que no tienen ningún tipo de miramientos.
Primero lo vimos con la situación haitiana, porque en vez de procurar atacar las falencias de que adolece el Estado dominicano, se dedicó a ir a conclaves internacionales a solicitar una intervención armada en el pueblo vecino.
Puede afirmarse que el odio acumulado entre ambos pueblos durante la gestión de Abinader se ha profundizado y radicalizado.
Todo como resultado de las torpezas que caracteriza al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de Luis Abinader, lo cual también tiene un impacto importante en la economía, ya que se trata del segundo socio comercial del país.
Pero ahora resulta que el escogido es Venezuela, porque Abinader ha convertido el país en una caja de resonancia de los Estados Unidos de América, lo cual constituye un craso error.
El hecho de que Nicolás Maduro tenga criterios pocos democráticos en la vida política de Venezuela no le da autoridad a Luis Abinader a crear una situación de ingratitud con un pueblo que las relaciones con él deben ser muy cuidadosas.
En este nuevo capítulo del presidente Abinader hay que volver a retomar la expresión que dice que no se le puede pedir peras al olmo.
Por mucho que se le pida al Gobierno la carencia de razonabilidad es tanta que no hay nada ni nadie que pueda hacerla cambiar.
Ello quiere decir que todavía faltan muchas metidas de patas que involucra al pueblo dominicano aun en contra de aquellos con los que debe haber un agradecimiento muy especial y eterno.
Qué importan las cosas que los hechos tal vez hablan mejor que las palabras, porque también debe decirse que no se sabe de qué se enorgullece el presidente Abinader cuando el país tiene una economía endeudada, con altos déficits fiscales y con una alta carestía de los artículos de la canasta básica.
De manera, que estamos ante una verdadera falsa para establecer una polémica que tiene repercusiones internacionales.
Craso error.
Desde hace mucho tiempo que se escucha decir que los Estados Unidos han iniciado en el campo político un tránsito indetenible hacia el tercer mundo.
Ese convencimiento en muchos lugares del mundo no luce que sea solamente por la carestía del costo de vida y la predominación de empleos de mala calidad, sino, principalmente, por el aparecimiento de una figura que no respeta nada ni a nadie.
Donald Trump ha demostrado la fragilidad del sistema norteamericano con violaciones de la ley civil y penal que lo iguala a lo que ocurre allí con los llamados países del tercer mundo.
Donald Trump ha dejado claro que tiene más poder y fuerza que los instrumentos que tiene el Estado para combatir el crimen y el delito.
Sin embargo, se observa que este personaje parece haber entrado en decadencia con la entrada en escena como candidato presidencial de Kamala Harris.
Aunque, naturalmente, nadie todavía puede cantar victoria, porque Trump se mueve entre altas y bajas, pese a que políticamente se ha beneficiado más de la primera que de la segunda.
Ello así, aunque su discurso es discriminatorio, promotor de violencia y de una serie de irreverencia, pero la mas o mayor perjudicada es la sociedad norteamericana.
Su agresividad ha sido tan radical que aparte de atacar instituciones sagradas de la vida de los Estados Unidos, ha intentado acabar o eliminar organismos de seguridad como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), al cual ha atacado sin piedad.
Ahora se podría decir que la principal amenaza a la permanencia de Trump en la vida pública de los Estados Unidos de América sea su edad, porque de otra manera no habría forma de apartarlo de la política de esa nación.
Las elecciones de noviembre podrían ser el último eslabón de un Donald Trump que no para de ofender y de alguna manera burlarse de la sociedad que dice defender.