Editorial
Siempre existe la sospecha de la contaminación politiquera.
Algunos de los aspectos abordados por el presidente Danilo Medina en su discurso pronunciado anoche, hay cuestiones que no tienen una explicación lógica.
La primera de ella es querer evitar con la distribución de alimentos cocidos y crudos que la gente se vea en el dilema de salir a las calles a buscar el pan de cada día o de mantenerse en sus hogares para evitar el contagio, la cual no parece una solución correcta, porque el propósito es evitar la aglomeración de personas para evitar la propagación del virus.
La segunda es la de disponer que la gente cuente con una prescripción médica para hacerse la prueba, tampoco ayuda mucho, ya que ello también provoca concentración de personas en los consultorios de los centros médicos públicos y privados, por lo que se requiere que sea más libre o abierto, pero regido por un protocolo establecido al respecto.
Ambas medidas en el orden sanitario no parecen muy atinadas para combatir la fase que vive el país en lo que respecta al coronavirus, porque se habla ya de circulación comunitaria, es decir, que cualquiera puede ser portador de la enfermedad.
En torno a las medidas económicas, la timidez con que se maneja la crisis es muy poco comprensible, ya que una familia no puede comprar gran cosa con 5 mil pesos mensuales, sobre todo en un momento en se ha activado la cultura del agiotismo y especulación con los productos de primera necesidad.
No se sabe si el Gobierno busca no crearse un déficit fiscal por la crisis, la cual tiene mayor dimensión en virtud de la paralización general de la economía, máxime del turismo que es el rubro de exportación y generador de divisas más importante del país, pero todo el mundo sabe que la República Dominicana ha nadado en medio de la falta de liquidez, por lo que periódicamente recurre a reformas fiscales y al endeudamiento externo.
Cómo se puede explicar, sin importar cual sea el caso, que al Gobierno no le tiemble el pulso para hacer un pago tan alto a Odebrecht de 395 millones de dólares y que publique una página de publicidad en todos los diarios nacionales con alto costo económico y maneje con timidez un problema que podría liquidar económica y socialmente a la República Dominicana.
La República Dominicana ha tenido manos suaves para manejar la corrupción con millones de pesos y dólares, pero es rígida para solucionar problemas de carácter social que amenazan, ya no sólo la estabilidad política y económica, sino la propia vida de la gente.
De cualquier modo, se observa que el manejo del Gobierno a la crisis que se presenta en la actualidad y antes de ella está revestido de una cierta politiquería, ya que las medidas citadas más arriba dan un margen para que las autoridades den un manejo a los recursos usados para tales fines en favor de sus intereses políticos, cuyo juego podría ser muy peligroso hasta para la propia existencia de la nación.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana