Editorial
Siempre existe la sospecha de la contaminación politiquera.
Algunos de los aspectos abordados por el presidente Danilo Medina en su discurso pronunciado anoche, hay cuestiones que no tienen una explicación lógica.
La primera de ella es querer evitar con la distribución de alimentos cocidos y crudos que la gente se vea en el dilema de salir a las calles a buscar el pan de cada día o de mantenerse en sus hogares para evitar el contagio, la cual no parece una solución correcta, porque el propósito es evitar la aglomeración de personas para evitar la propagación del virus.
La segunda es la de disponer que la gente cuente con una prescripción médica para hacerse la prueba, tampoco ayuda mucho, ya que ello también provoca concentración de personas en los consultorios de los centros médicos públicos y privados, por lo que se requiere que sea más libre o abierto, pero regido por un protocolo establecido al respecto.
Ambas medidas en el orden sanitario no parecen muy atinadas para combatir la fase que vive el país en lo que respecta al coronavirus, porque se habla ya de circulación comunitaria, es decir, que cualquiera puede ser portador de la enfermedad.
En torno a las medidas económicas, la timidez con que se maneja la crisis es muy poco comprensible, ya que una familia no puede comprar gran cosa con 5 mil pesos mensuales, sobre todo en un momento en se ha activado la cultura del agiotismo y especulación con los productos de primera necesidad.
No se sabe si el Gobierno busca no crearse un déficit fiscal por la crisis, la cual tiene mayor dimensión en virtud de la paralización general de la economía, máxime del turismo que es el rubro de exportación y generador de divisas más importante del país, pero todo el mundo sabe que la República Dominicana ha nadado en medio de la falta de liquidez, por lo que periódicamente recurre a reformas fiscales y al endeudamiento externo.
Cómo se puede explicar, sin importar cual sea el caso, que al Gobierno no le tiemble el pulso para hacer un pago tan alto a Odebrecht de 395 millones de dólares y que publique una página de publicidad en todos los diarios nacionales con alto costo económico y maneje con timidez un problema que podría liquidar económica y socialmente a la República Dominicana.
La República Dominicana ha tenido manos suaves para manejar la corrupción con millones de pesos y dólares, pero es rígida para solucionar problemas de carácter social que amenazan, ya no sólo la estabilidad política y económica, sino la propia vida de la gente.
De cualquier modo, se observa que el manejo del Gobierno a la crisis que se presenta en la actualidad y antes de ella está revestido de una cierta politiquería, ya que las medidas citadas más arriba dan un margen para que las autoridades den un manejo a los recursos usados para tales fines en favor de sus intereses políticos, cuyo juego podría ser muy peligroso hasta para la propia existencia de la nación.
Que nadie crea que con la pretendida reforma fiscal sólo ha quedado desenmascarado Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, sino toda la clase política nacional.
Porque los que ahora simulan que la rechazan han intentado lo mismo en ocasiones anteriores.
En torno a la propuesta fiscal hay que meter en el mismo saco a todos los actores de la política partidista nacional.
En realidad, no hay diferencias entre unos y otros, porque peledeístas, perremeístas y los que conforman la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández no tienen ningún tipo de remordimiento cuando se trata de castigar al pueblo dominicano.
Que nadie se llame a engaños de que la flexibilización de los abusos contra la clase media y los más pobres va a cesar en el país.
El dispendio continuará a través de las llamadas «botellas», las cuales, para decir verdad, son difíciles de erradicar.
Pero lo que sí ha quedado demostrado es que si la gente reacciona puede detener los abusos en su contra.
Ahora falta ver cuál será el camino que escogerá el gobierno, pero ojalá que no sea la continuación del desbocado endeudamiento externo para cubrir el déficit y continuar con un gasto público de muy poca calidad
La carga impositiva, sobre todo la informal, sigue ahí vigente, principalmente con la intensificación de los apagones, lo que conlleva dotarse de inversores y plantas eléctricas.
El Poder Ejecutivo acaba de someter al Congreso Nacional la tan esperada reforma fiscal, la cual parece tener algunas bondades, pero que no queda claro qué se persigue con la misma, porque no alcanza ni para cubrir el déficit fiscal que tiene el país desde hace varias décadas que lo sumerge en un endeudamiento peligroso.
Es como buscarle una solución a media al problema, porque a pesar de que sólo se busca recaudar 122 mil millones de pesos con la misma, nadie sabe cuál es la respuesta ante un déficit fiscal que representa más del doble de esa suma.
El meta-mensaje de la reforma fiscal es que el Gobierno de Luis Abinader parece estar enamorado del endeudamiento externo, porque esa reforma tributaria no conduce a otro camino que a buscar más dinero prestado.
Pero eso no es todo, porque el Gobierno habla de una mayor inversión social con un déficit fiscal que duplica la suma que se busca recaudar.
Lo otro es que no se han eliminado todas las exenciones que atrofia la economía nacional, cuyos principales beneficiarios son sectores que sólo buscan alimentarse personal y empresarialmente de los recursos públicos.
Son preguntas que el presidente Luis Abinader debe responderles a los amplios sectores de la vida nacional que se niegan a someterse a mayores sacrificios con resultados insatisfactorios.
A las actuales autoridades nacionales y también a las pasadas se les enrostra que adolecen de lo que se podría definir como una cultura nacional, que no es otra cosa que la carencia de planificación estratégica.
Todo es al azar, cuya debilidad ha exhibido el actual Gobierno hasta más no poder y la reforma fiscal, aunque tenga sus bondades o consideraciones hacia el ciudadano, adolece de debilidades que tienen que ser explicadas.
Es importante que esta reforma fiscal se rija por los principios tributarios de legalidad, equidad y transparencia, porque de lo contrario los resultados podrían ser muy dolorosos para la sociedad dominicana.
La suerte está echada y sólo se espera que por lo menos en este caso haya un manejo idóneo y sensato para que no ocurra lo que se produjo en otras ocasiones, que la reforma fiscal ha significado un profundo dolor de cabeza para todos y cada uno de los dominicanos.
La incapacidad del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) deja huellas en la administración pública, lo cual ahora queda claro con el hecho de que un hijo de un cuadro de ese partido haya penetrado la seguridad nacional de una forma que debe preocupar a cualquiera.
Ello así, porque el señor Jochy Gómez, con una fama reconocida en estas andanzas, no sólo estafa al Estado a través de su contrato con el Intrant, sino que también firma otro con el Ministerio de Defensa, mediante el cual obtenía información sensible y se la vendía a particulares y al propio presidente de la República.
Esta realidad indica que los dominicanos en términos de seguridad nacional estamos prácticamente en pañales, sin ninguna garantía de nada, porque es probable que ahí esté la explicación de que muchos narcotraficantes nunca pueden ser apresados a la hora de que sus residencias o negocios son allanados.
Evidentemente que grupos como éste del crimen organizado sólo buscan dinero, les vendían información a personas del bajo mundo para que abandonaran la zona donde iban a ser perseguidos y apresados.
Pero, además, si este grupo maneja la información sensible del Ministerio de Defensa, entonces que se podía esperar de otras instancias inferiores que responden a sus mandatos.
De manera, que esta irregularidad indica hasta dónde institucionalmente el país está mal.
Porque la verdad es que cualquier “carajo a la vela”, para usar una expresión popular, que tenga el control de las informaciones que generan los organismos que manejan la seguridad nacional, habla de lo mal que está el país.
En este caso no sólo deben investigarse los que han sido imputados hasta el momento, sino que el asunto debe llegar hasta las altas instancias del Gobierno.
E incluso el propio presidente de la República debe ser llamado para que dé una explicación de semejante irregularidad.
En cualquier país que se respete, el presidente tiene que dar una explicación a la sociedad.
Pero no cualquier explicación.