Editorial
Siempre existe la sospecha de la contaminación politiquera.
Algunos de los aspectos abordados por el presidente Danilo Medina en su discurso pronunciado anoche, hay cuestiones que no tienen una explicación lógica.
La primera de ella es querer evitar con la distribución de alimentos cocidos y crudos que la gente se vea en el dilema de salir a las calles a buscar el pan de cada día o de mantenerse en sus hogares para evitar el contagio, la cual no parece una solución correcta, porque el propósito es evitar la aglomeración de personas para evitar la propagación del virus.
La segunda es la de disponer que la gente cuente con una prescripción médica para hacerse la prueba, tampoco ayuda mucho, ya que ello también provoca concentración de personas en los consultorios de los centros médicos públicos y privados, por lo que se requiere que sea más libre o abierto, pero regido por un protocolo establecido al respecto.
Ambas medidas en el orden sanitario no parecen muy atinadas para combatir la fase que vive el país en lo que respecta al coronavirus, porque se habla ya de circulación comunitaria, es decir, que cualquiera puede ser portador de la enfermedad.
En torno a las medidas económicas, la timidez con que se maneja la crisis es muy poco comprensible, ya que una familia no puede comprar gran cosa con 5 mil pesos mensuales, sobre todo en un momento en se ha activado la cultura del agiotismo y especulación con los productos de primera necesidad.
No se sabe si el Gobierno busca no crearse un déficit fiscal por la crisis, la cual tiene mayor dimensión en virtud de la paralización general de la economía, máxime del turismo que es el rubro de exportación y generador de divisas más importante del país, pero todo el mundo sabe que la República Dominicana ha nadado en medio de la falta de liquidez, por lo que periódicamente recurre a reformas fiscales y al endeudamiento externo.
Cómo se puede explicar, sin importar cual sea el caso, que al Gobierno no le tiemble el pulso para hacer un pago tan alto a Odebrecht de 395 millones de dólares y que publique una página de publicidad en todos los diarios nacionales con alto costo económico y maneje con timidez un problema que podría liquidar económica y socialmente a la República Dominicana.
La República Dominicana ha tenido manos suaves para manejar la corrupción con millones de pesos y dólares, pero es rígida para solucionar problemas de carácter social que amenazan, ya no sólo la estabilidad política y económica, sino la propia vida de la gente.
De cualquier modo, se observa que el manejo del Gobierno a la crisis que se presenta en la actualidad y antes de ella está revestido de una cierta politiquería, ya que las medidas citadas más arriba dan un margen para que las autoridades den un manejo a los recursos usados para tales fines en favor de sus intereses políticos, cuyo juego podría ser muy peligroso hasta para la propia existencia de la nación.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.