Opinión
Siempre prefirieron a Trujillo
Por Hamlet Hermann
Si por Estados Unidos hubiera sido, Trujillo estaría todavía gobernando República Dominicana. Dichosos nosotros que 55 años atrás un grupo de antitrujillistas asumió la tarea de ajusticiarlo de la misma manera que había vivido. El tirano fue esculpido como obra maestra de la perversidad desde la ocupación militar de Estados Unidos que se inició en 1916. A partir de entonces, cada ocupante de la Casa Blanca estableció bien claro que el Benefactor de la Patria sería su más preciado “son of a bitch”. Nunca condenaron sus crímenes al tiempo que las empresas estadounidenses se beneficiaban gracias al régimen de abusos y corrupción empapado de sangre inocente. Santificaron el enriquecimiento desmedido desde el poder y edulcoraron el asesinato de decenas de miles de haitianos que osaron atravesar la frontera con República Dominicana en 1937. Genocidio brutal realizado a golpe de machete y de cuchillo porque, según los trujillistas de antes y los nacionalistas de ahora, un haitiano no valía una bala de fusil.
Por el mismo tenor, los de Washington entorpecieron cuanto pudieron cada intento de los antitrujillistas para derrocar al tirano. Franklin Delano Roosevelt sentó las bases de la tiranía, escudándose en una imagen de abuelito consentidor que supuestamente buscaba una nueva forma de repartir las ganancias (new deal). Harry S. Truman se ocupó de frustrar el intento de una fuerza militar considerable organizada desde Cuba en 1947, conocida como la expedición de Cayo Confites. Igual interrumpió en 1949 el intento armado desde Guatemala que sólo pudo lograr un pequeño desembarco por Luperón en la costa Norte dominicana.
El bastón de relevo para apoyar la tiranía fue asumido por el general Dwight D. Eisenhower quien defendería al colega a pesar del evidente deterioro progresivo del régimen. Trujillo sería el mecanismo usado por Estados Unidos para realizar acciones de crímenes y sabotajes por el área del Caribe mientras se escondía detrás del “plausible denial”. Buscaría desde entonces las excusas más disímiles para que la tiranía pudiera afianzarse por toda el área del Caribe e influyera de forma determinante en Venezuela, Guatemala, Nicaragua y Cuba, directamente o por interpósito aliado.
En la nómina de Trujillo estuvieron, no sólo Senadores del Congreso estadounidense como Smathers y cardenales católicos como Spellman y Cushing, sino que el bufete de abogados del Vicepresidente Nixon recibía sumas considerables de dinero por sus servicios “profesionales”. Con el cambio de gobierno a partir de enero de 1961, la nómina incluiría entonces al patriarca Joseph Kennedy, padre del Presidente de Estados Unidos.
Sería Eisenhower quien pondría mayor interés en salvar a Trujillo de ser derrocado. Varios intentos hizo el militar de la Casa Blanca para tratar de que el militar dominicano abandonara voluntariamente el poder político. Envió emisarios una y otra vez para convencer al tirano de que abdicara y viajara al exterior a disfrutar su fortuna con la garantía y protección de Estados Unidos. Por la capital dominicana desfilarían, más de una vez, el empresario William Pawley, el general Edwin Clark, Robert Murphy, el senador George Smathers y otros, quienes chocaron con la terquedad y el desmedido ego de Trujillo.
Algunos gobernantes del continente exigían que primero se combatiera a Trujillo antes de proceder contra el gobierno revolucionario cubano. Pero Trujillo era sagrado para la Casa Blanca. El surgimiento de la Revolución en Cuba complicó aún más las cosas. Estados Unidos insistía en destruir el surgimiento de un gobierno popular mientras mantenía fortalecidas las tiranías dominicana, nicaragüense, paraguaya, hondureña, guatemalteca y otras más.
Paradójicamente, la derrota de la invasión promovida y financiada por Estados Unidos contra Cuba en abril de 1961 por Bahía de Cochinos fortaleció aún más la defensa que de Trujillo hacía la casa Blanca. Por orden directa del presidente Kennedy, los anti trujillistas no recibirían ayuda alguna para eliminar al tirano. Pero el grupo encabezado por Antonio de la Maza y Salvador Estrella rechazó la política estadounidense y procedió con el ajusticiamiento de Trujillo. Los dominicanos resolvieron el asunto a pesar de faltarles la bendición de la Casa Blanca.
La verdad es que si por Estados Unidos hubiera sido, todavía estarían gobernando en República Dominicana, Rafael Trujillo, Ramfis Trujillo, o Joaquín Balaguer. No en balde, todavía hoy continúan apoyando a los políticos más corruptos y segregacionistas, sin que contribuyan a la democracia que tanto predican y nunca practican.
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.