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Exonerado de cargos por abuso sexual dice que está listo para retomar su vida.

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Santo Domingo, RD.-El exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, dice estar listo para retomar las riendas de su vida, tras  siete meses y 16 días de proceso legal, de los cuales 38 transcurrieron detrás de las rejas.
Faña, quien recibió el viernes un no ha lugar del juez de instrucción especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Daniel Nolasco, ante la acusación de agresión sexual, dijo que desde el principio esperaba sereno la llegada del día en que le devolvieran su “tranquilidad”.

“El que más sabe de su inocencia soy yo después de Dios, porque Dios sabe todo lo que uno hace, pero yo sé lo que yo he hecho y no he hecho”, manifestó el exfuncionario.

No obstante, calificó como “un abuso” y una “acusación terrible” la imputación incoada por la exgerente financiera del IAD, María Isabel Flores Encarnación, quien alrededor de una semana después de la denuncia, la retiró aunque el Ministerio Público (MP) siguió con el caso.

“Un abuso. Un hombre que enfrentó un gobierno con las visitas sorpresas y con la mafia de la importación de alimentos. Que yo lo enfrenté de ahí a ahí”, expresó el exdirector, al tiempo que resaltó que no siente resentimiento.

“Si yo salgo de una cárcel con un rencor, es como si siguiera preso. ¿Qué tu ganas con tu mantenerte con un rencor con gente que estaban equivocados?”, añadió.

En torno a sus labores en la dirección del Instituto Agrario Dominicano, posición que actualmente ocupa por decreto Francisco Guillermo García García, Faña señaló que “si le toca volver” ya tiene una serie de planes y proyectos para Barahona y otros puntos del país.

Sin embargo, el extitular de la entidad agrícola especificó que es una decisión que le concierne al presidente Luis Abinader, con quien ya ha tenido contacto luego de la decisión del juez Nolasco, pero que de todas formas seguirá trabajando en lo que le gusta.

“Yo voy a hacer lo que yo sé hacer, poner a producir la tierra. Yo soy agrónomo”, puntualizó.

Mientras intentaba sacar tiempo para conversar con el equipo periodístico en medio de las recurrentes llamadas y mensajes de afecto de sus familiares y allegados que mantenían sonando su celular, Leonardo Faña narró el momento en que detonaron los señalamientos públicos.

“Ella me llama (refiriéndose a su esposa Luz Villar): mira, aquí están hablando de ti, pero están hablando de ti como que no eres tú, porque están describiendo a una persona que no eres tú”, contó.

Ante las acusaciones, Faña explicó que él mismo, acompañado de su esposa, con quien tiene 32 años de matrimonio, y otras siete personas, se puso a disposición del Ministerio Público para aclarar la situación y lo recibieron con una orden de arresto.

Dijo, además, que como un promotor de la justicia independiente él mismo ofreció que revisaran su teléfono personal, “lo que nunca hicieron”, que fueran a su casa y hasta que investigaran en la institución de la que era el máximo representante.

Faña precisó también que aún desconocen la razón que motivó a la exgerente financiera a presentar “una mentira”, y sugirió que quienes se querellan no se les debe permitir retirarla, sino que estos deben asumir sus responsabilidades.

“Están dando una oportunidad de yo retirarla y dejar al otro entollao’, no señor, usted tiene que estar ahí. Si usted está diciendo la verdad vamos a castigar al otro, pero si está hablando mentiras, vamos a castigarla a usted”, apuntó.

Asimismo, Faña resaltó que los reportes y análisis de Flores Encarnación revelaban que la versión ofrecida era “completamente falsa”.

“La psicóloga dijo que era mentira, que masificaba los hechos y que no había coherencia. Dijo que le dieron una bebida y en el análisis que le hicieron salió negativo”, argumentó.

“Distinguir entre los amigos de verdad y los amigos de mentira”, fueron las palabras utilizadas por el exdirector del IAD para describir uno de los principales aprendizajes que ha obtenido del proceso que le ha tocado vivir.

Faña señaló que suele ser muy confiado y “no serlo con cualquier persona” es una de las lecciones que aprendió.

De su lado, su cónyuge resaltó que “la vida de las personas es una artesanía de madera que se va tallando, después de que esa figura está hecha, ya no vuelve para atrás. Tú eres de una forma y con todos esos valores a los 50 o 60 años tú no vas a presentar una conducta diferente”.

Villar sostuvo que cuando se destapan casos de acosos o agresión sexual salen a la luz otras personas, lo que no pasó con su compañero de vida y confirma su inocencia.

Destacó que el caso de Faña debe tomarse como ejemplo para analizar y que aunque fueron afectados “por algo hay que comenzar” para llegar a una justicia independiente.

“El presidente no podía opinar porque podía verse como que no era independiente la justicia, y lo entendemos”, declaró.

En tanto, Faña indicó que “poco a poco se irá limpiando la justicia porque la intención ya la hay”.

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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.

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Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.

La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.

Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.

El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.

Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.

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Asesino de conductor de camión recolector de basura es apresado en Jamaica.

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Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.

La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.

En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.

Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.

Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.

Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.

El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.

En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.

El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.

Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.

Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.

Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.

Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.

Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.

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Tribunal Constitucional rechaza amparo contra embargo inmobiliario.

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Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.

La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.

La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.

El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.

En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.

Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.

Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.

Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.

El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.

La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.

Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.

El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.

En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.

El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.

Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.

El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.

Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.

También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.

Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medinahermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.

La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.

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