Santo Domingo, RD.-El exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, dice estar listo para retomar las riendas de su vida, tras siete meses y 16 días de proceso legal, de los cuales 38 transcurrieron detrás de las rejas.Nacionales
Exonerado de cargos por abuso sexual dice que está listo para retomar su vida.
Santo Domingo, RD.-El exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, dice estar listo para retomar las riendas de su vida, tras siete meses y 16 días de proceso legal, de los cuales 38 transcurrieron detrás de las rejas.“El que más sabe de su inocencia soy yo después de Dios, porque Dios sabe todo lo que uno hace, pero yo sé lo que yo he hecho y no he hecho”, manifestó el exfuncionario.
No obstante, calificó como “un abuso” y una “acusación terrible” la imputación incoada por la exgerente financiera del IAD, María Isabel Flores Encarnación, quien alrededor de una semana después de la denuncia, la retiró aunque el Ministerio Público (MP) siguió con el caso.
“Un abuso. Un hombre que enfrentó un gobierno con las visitas sorpresas y con la mafia de la importación de alimentos. Que yo lo enfrenté de ahí a ahí”, expresó el exdirector, al tiempo que resaltó que no siente resentimiento.
“Si yo salgo de una cárcel con un rencor, es como si siguiera preso. ¿Qué tu ganas con tu mantenerte con un rencor con gente que estaban equivocados?”, añadió.
En torno a sus labores en la dirección del Instituto Agrario Dominicano, posición que actualmente ocupa por decreto Francisco Guillermo García García, Faña señaló que “si le toca volver” ya tiene una serie de planes y proyectos para Barahona y otros puntos del país.
Sin embargo, el extitular de la entidad agrícola especificó que es una decisión que le concierne al presidente Luis Abinader, con quien ya ha tenido contacto luego de la decisión del juez Nolasco, pero que de todas formas seguirá trabajando en lo que le gusta.
“Yo voy a hacer lo que yo sé hacer, poner a producir la tierra. Yo soy agrónomo”, puntualizó.
Mientras intentaba sacar tiempo para conversar con el equipo periodístico en medio de las recurrentes llamadas y mensajes de afecto de sus familiares y allegados que mantenían sonando su celular, Leonardo Faña narró el momento en que detonaron los señalamientos públicos.
“Ella me llama (refiriéndose a su esposa Luz Villar): mira, aquí están hablando de ti, pero están hablando de ti como que no eres tú, porque están describiendo a una persona que no eres tú”, contó.
Ante las acusaciones, Faña explicó que él mismo, acompañado de su esposa, con quien tiene 32 años de matrimonio, y otras siete personas, se puso a disposición del Ministerio Público para aclarar la situación y lo recibieron con una orden de arresto.
Dijo, además, que como un promotor de la justicia independiente él mismo ofreció que revisaran su teléfono personal, “lo que nunca hicieron”, que fueran a su casa y hasta que investigaran en la institución de la que era el máximo representante.
Faña precisó también que aún desconocen la razón que motivó a la exgerente financiera a presentar “una mentira”, y sugirió que quienes se querellan no se les debe permitir retirarla, sino que estos deben asumir sus responsabilidades.
“Están dando una oportunidad de yo retirarla y dejar al otro entollao’, no señor, usted tiene que estar ahí. Si usted está diciendo la verdad vamos a castigar al otro, pero si está hablando mentiras, vamos a castigarla a usted”, apuntó.
Asimismo, Faña resaltó que los reportes y análisis de Flores Encarnación revelaban que la versión ofrecida era “completamente falsa”.
“La psicóloga dijo que era mentira, que masificaba los hechos y que no había coherencia. Dijo que le dieron una bebida y en el análisis que le hicieron salió negativo”, argumentó.
“Distinguir entre los amigos de verdad y los amigos de mentira”, fueron las palabras utilizadas por el exdirector del IAD para describir uno de los principales aprendizajes que ha obtenido del proceso que le ha tocado vivir.
Faña señaló que suele ser muy confiado y “no serlo con cualquier persona” es una de las lecciones que aprendió.
De su lado, su cónyuge resaltó que “la vida de las personas es una artesanía de madera que se va tallando, después de que esa figura está hecha, ya no vuelve para atrás. Tú eres de una forma y con todos esos valores a los 50 o 60 años tú no vas a presentar una conducta diferente”.
Villar sostuvo que cuando se destapan casos de acosos o agresión sexual salen a la luz otras personas, lo que no pasó con su compañero de vida y confirma su inocencia.
Destacó que el caso de Faña debe tomarse como ejemplo para analizar y que aunque fueron afectados “por algo hay que comenzar” para llegar a una justicia independiente.
“El presidente no podía opinar porque podía verse como que no era independiente la justicia, y lo entendemos”, declaró.
En tanto, Faña indicó que “poco a poco se irá limpiando la justicia porque la intención ya la hay”.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.