Nacionales
Sigfrido Pared: «El muro de la frontera somos las Fuerzas Armadas»
El Ministro de Defensa, Sigfrido Pared Pérez, explica las medidas tomadas para garantizar la seguridad nacional
Juan Manuel Puig Hernández, subcomandante general de la Fuerza Aérea Dominicana; vicealmirante Edwin Dominici, comandante de la Armada; almirante Sigfrido Pared Pérez, Ministro de Defensa; mayor general Rubén Paulino Sem, comandante del Ejército.
La entrada de inmigrantes haitianos y el tráfico de productos a través de la frontera ha motivado en el seno del Congreso Nacional la idea de erigir paredes que separen a República Dominicana de Haití, sin embargo, para el Ministro de Defensa, Sigfrido Pared Pérez, “el mejor muro de la frontera son las Fuerzas Armadas Dominicanas”.
Al participar en el almuerzo semanal de Multimedios del Caribe, el almirante, junto al Comandante General del Ejército, mayor general Rubén D. Paulino Sem; el comandante general de la Armada, vicealmirante Edwin Dominici Rosario y el subcomandante general de la Fuerza Aérea, general de brigada Juan Manuel Puig Hernández, sostuvo que, a pesar de que la frontera dominico-haitiana, es una de las más difíciles del Hemisferio, las instituciones se han empeñado en su protección.
“Las instituciones que más han guardado históricamente, y que han sido responsables de que la República Dominicana sea una nación totalmente fuerte, desde el punto de vista del área, son las Fuerzas Armadas”, indicó.
Agregó que la integración del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront) en coordinación con el Ejército, ha generado una mayor seguridad.
Agregó que desde el año 1997 comenzó un proceso de readecuación de la fuerza militar desde la frontera, y posteriormente se creó el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil (CESAC), y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront). “Hemos especializado parte de nuestras tropas para focalizarla en los puertos, aeropuertos y fronteras, estamos trillando el camino que requiere la República Dominicana”, manifestó.
Expresó también que actualmente la delincuencia internacional es uno de los grandes retos a enfrentar y que por nuestra posición geográfica, el país tiene una alta exposición.
Motivados por la regularización
Al ser entrevistado por el director de elCaribe, Osvaldo Santana; el jefe de redacción, Héctor Marte, y el editor económico, Héctor Linares, Paulino Sem dijo que con la entrada en vigencia del Plan Nacional de Regularización más nacionales haitianos han querido ingresar al país pero han sido impedidos.
“Terminamos una licitación para adquirir 20 camionetas, 50 motores, 20 firewall y tres camiones que van a ser destinados a la frontera por instrucciones del Presidente para fortalecer la línea fronteriza, porque el plan de regularización ha abierto un poco el apetito por entrar, pero hemos reforzado nuestra frontera limitando el cruce de Haití hasta R.D.”, dijo el comandante del ejército.
Agregó que desde su llegada a la entidad el 16 de agosto de 2012 se preocupó por reforzar las tres brigadas fronterizas: Mao, San Juan y Barahona. Indicó que han alistado en un año y 10 meses más de 4 mil 200 hombres y el 80 % va a prestar servicio a la frontera. También, según dijo, la frontera se ha fortalecido con “La Fuerza de Tarea Institucional Frontera Segura”, que son militares que pertenecen al Ministerio de Defensa, que están en instituciones del Estado, con funcionarios que no están dentro de las Fuerzas Armadas, y que cada 15 días van a la frontera con movilidad de vehículos para desarrollar puestos de chequeo.
110 mil indocumentados
“Esto nos ha dado como resultado que durante este año y 10 meses se han devuelto más de 110 mil indocumentados; solo en este año con el Cesfront, hemos devuelto 42 mil, y hemos incautado más de 350 mil libras de ajo, dando como resultado que la bolsa de valores de la Junta Agroempresarial del Valle de Constanza y San Juan, han donado al Ejercito más de 15 camionetas y 25 motores por evitar que introduzcan ajo de contrabando a través de la frontera”, expresó.
Indicó que la mercancía ocupada es subastada y que “una parte de esos beneficios va al soldado, a la patrulla que realiza el apresamiento, y otra va a la institución para equiparla”.
Manifestó que se han reducido de 75 a 40 los puestos de chequeo militar en la carretera de acceso desde la frontera hasta Santo Domingo y que a finales de julio comenzarán a colocar cámaras de seguridad para monitorearlos.
También, dijo que se prepara otro proyecto similar de cámaras en la línea fronteriza pero este deberá incluir paneles solares porque el 80 % de los puestos de esa zona no tiene energía eléctrica.
Boca de Cachón
El Ministro de Defensa reveló que Boca de Cachón fue construida, básicamente, por efectivos militares. Precisó que el proyecto se logró con un 20 % de la inversión inicial ahorrándole al Estado el 80 % de estos recursos a invertir. “Las Fuerzas Armadas aportaron todos los técnicos (ingenieros y maestros constructores) para realizar el primer proyecto completo, un total de 573 casas con todos los servicios y con todas las necesidades que pudiesen tener una población moderna”, sostiene.
Aseguró que los uniformados hicieron todo en el proyecto (desde la varilla inicial hasta la pintura final) con la excepción de las calles y la escuela. “Las Fuerzas Armadas sigue aportando en gran magnitud al desarrollo nacional”, afirmó.
Siguen militares en las calles
Con relación al patrullaje mixto (policías y militares) Pared Pérez sostuvo que 800 miembros de la entidad a través del Ministerio de Obras Públicas están patrullando y que, aparte de ellos tienen una brigada llamada Ciudad Tranquila (CIUTRAN), la cual está asumiendo la responsabilidad de apoyar a la Policía en los lugares donde no haya tanta cobertura.
Explicó que a partir de la entrada en vigencia del 9-1-1 han redistribuido las unidades militares.
Defendió el uso de los militares para patrullaje cuando internamente el país lo necesite. “Hicimos una presencia masiva de militares, como una forma de persuadir a los delincuentes”, adujo.
Más de 600 arrestados
De su lado, el vicealmirante Dominici Rosario informó que en casi dos años, 600 personas han sido arrestadas por realizar prácticas ilegales (pesca ilegal, depredación del medio ambiente marino), y de ese total 520 son haitianos que penetraron a los mares dominicanos principalmente por los cayos Los Siete Hermanos, Los Manzanillos y también por Cabo Rojo en Pedernales. “Se trabaja diariamente para patrullar la zona… El daño que le hacen esos ciudadanos haitianos al medio ambiente, la depredación, acaban con todo lo que se encuentran, esa gente acaba con todo, una cosa increíble”, aseguró.
A su vez, agradeció a la justicia porque se han podido someter más de 130 organizadores y capitanes de viajes ilegales, y 51 de estos guardan prisión preventiva.
Traza cero
En tanto, Puig Hernández aseguró que desde 2011 y hasta la fecha el país está en traza cero de drogas por tráfico aéreo. Aseguró que los super tucanos han dado buenos resultados y que “la seguridad no es un gasto sino una inversión”.
Sigfrido: “Debo dejar la ropa militar”
“Yo voy a tener 41 años en las Fuerzas Armadas. Tengo 18 años siendo general. Yo tengo más de cuarenta y la ley establece el tope de tiempo, debo dejar la ropa militar ya en agosto”, comentó Pared Pérez durante la entrevista. En tanto, resaltó la labor de las Fuerzas Armadas en sus funciones de alfabetizadores e indicó que del 1968 al 2012, 500 mil personas habían sido alfabetizadas por 150 hombres de la uniformada. Además, indicó que las catorce escuelas vocacionales de la institución desde 1996 hasta 2012 habían graduado 109 mil técnicos a nivel nacional. Dijo también que el año pasado graduaron unos 158 discapacitados y ahora graduarían 306 más. Señaló que tienen en agenda crear siete centros vocacionales más para ampliar la cobertura. En otro orden, explicó que se cambió mediante ley el nombre de la Marina de Guerra a Armada de la República Dominicana porque el término “armada” desde el punto de vista doctrinal, es el que se corresponde con las instituciones oficiales que van hacer la guerra.
elcaribe.com.do
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Molina destaca avances en justicia y afirma que nadie puede decir ahora que se pierden expedientes
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial destacó los avances en la justicia dominicana en los últimos años, logros que, afirmó, son «frutos de una obra colectiva» de todos los sectores políticos y sociales.
Durante el acto de apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026, Molina subrayó que estos progresos han sido reconocidos tanto por indicadores nacionales como por estudios internacionales, al tiempo que exhortó a preservar estas conquistas y evitar cualquier retroceso.
Entre los principales logros resaltó una mayor confianza, la eliminación de la mora en la Suprema Corte de Justicia, que incluye una transformación del recurso de casación, que —según explicó— dejó de ser un mecanismo que retrasaba derechos, reduciendo su tiempo de tramitación de 107 a 27 días.
Sostuvo que el acceso digital permite a más de 33 mil abogados y ciudadanos acceder gratuitamente a sus casos sin traslados y sin intermediarios, asistir a audiencias virtuales, en los procesos civiles, y consultar sus expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.
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En la actividad de inauguración de la conferencia participaron el presidente de la República, Luis Abinader, así como los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, junto a representantes del sector empresarial, la judicatura y diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al ámbito jurídico.
En procura del ritmo del crecimiento económico
Molina, quien cumplió el periodo de siete años como presidente de la SCJ y será sometido a evaluación próximamente por el Consejo Nacional de la Magistratura, expuso que el Poder Judicial ha procurado moverse al mismo ritmo que lo ha hecho el crecimiento económico en los últimos treinta años y que para lograrlo se crearon tres objetivos concretos.
En ese sentido, aseveró que la conferencia constituye el espacio rector del Plan de Justicia del Futuro 20-34 para revisar los avances y “corregir el rumbo cuando la circunstancia lo aconseja”, as í como renovar compromisos y voluntades.
La conferencia se desarrollará desde este jueves 9 de abril hasta el sábado 11.
El acto inaugural también contó con la participación del expresidente de la República Leonel Fernández; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; los legisladores Omar Fernández y Tobías Crespo, y la jueza Nancy Salcedo, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.
Asimismo, los expresidentes de la SCJ, Jorge Subero Isa y Mariano Germán.
Reconocen jueza Olga Herrera Carbuccia
En la inauguración de la Conferencia de Justicia 2026, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el de la República, Henry Molina y Luis Abinader, entregaron un reconocimiento a la magistrada Olga Herrera Carbuccia por su papel en la creación y consolidación de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.
“Constituyó un ejemplo de gestión judicial al convertir una idea en una institución organizada, eficiente y referente en materia penal, aún en contextos desafiantes”, se dijo al momento de hacérsele entrega a la placa con la que se le reconoció su labor.
Nacionales
¿Se aumentaron los sueldos los miembros de la Cámara de Cuentas? Si es así, viola la Constitución
Santo Domingo, R.D.-La circulación de una resolución que plantea un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas abrió dudas sobre si el órgano se aprobó un incremento salarial.
Una fuente de la institución negó la veracidad del documento que circula en medios de comunicación bajo el número de resolución ADM-2026-017, y dijo que la realidad es que hubo un aumento de salarios a los empleados que no excluye a los miembros del pleno de la institución.
A pesar de que en la página web de la Cámara de Cuentas están publicadas resoluciones con números posteriores, mas no la señalada.
El documento en cuestión corresponde a la resolución número ADM-2026-017, fechada el 13 de marzo de 2026. En su contenido se establece la modificación del «Manual unificado de políticas de compensación, derechos y beneficios del servidor público de la Cámara de Cuentas«.
El texto en debate indica un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno, bajo el argumento de reconocer «dedicación exclusiva y jornadas extraordinarias». También plantea que la medida tendría carácter retroactivo a febrero de 2026.
De aplicarse, el incremento impactaría directamente a los actuales integrantes del órgano. Según los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, la presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, mientras que el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
Posible conflicto constitucional
De ser veraz la resolución, la disposición entra en conflicto con el artículo 140 de la Constitución, que regula los aumentos de remuneraciones en el sector público.
El texto establece: «Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados».
Al tratarse de un aumento aprobado por los propios miembros para su período vigente, la resolución podría ser objeto de cuestionamientos de constitucionalidad. La Constitución también establece que el incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a la ley.
Niveles salariales
De acuerdo con los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, los miembros del pleno reciben las siguientes remuneraciones:
La presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
Con el nuevo esquema, las compensaciones podrían aumentar en más de 211,000 pesos mensuales en el caso de la presidencia y en alrededor de 189,000 pesos para los demás miembros, dependiendo de la aplicación del tope del 50 %.
Cambios adicionales
La resolución también elimina el bono por antigüedad y suspende el bono vacacional. La medida se sustenta en que estos beneficios no estaban vinculados a criterios de desempeño o productividad institucional.
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Fiscal acusado de corrupción tenia millones, cheques y dólares que son pruebas en su contra.
Santo Domingo, R.D.-Una copia de un cheque de administracion superior al millón de pesos, además de los 10 mil dólares que fueron incautados al fiscal Aurelio Valdez Alcántara y presentados como evidencia del presunto soborno que recibió, el Ministerio Público presentó otras pruebas en el caso.
Asimismo, la Dirección de Persecución afirma haberle incautado un recibo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a su nombre correspondiente a una transferencia inmobiliaria, cuyo contrato de venta asciende a 6 millones de pesos.
El cheque y el recibo de la transferencia del inmueble tienen como fechas el 17 y 23 de diciembre de 2025, tres meses antes de Valdez Alcántara ser detenido. Les fueron ocupados durante un allanamiento a su residencia en Santo Domingo Este.
Su apresamiento se ejecutó «en flagrante delito» en una entrega controlada por la Procuraduría General. Según la imputación, ejerció coacción continua contra el exgerente de Atención al Usuario del Senasa, Roberto Canaán Acta, para que este accediera a la entrega de lo que le pedía.
La solicitud de medida de coerción también menciona «un recibo de depósito de cheques de fecha 15 de mayo de 2024 del Banco de Reservas» de más de 571 mil pesos «a nombre de Aurelio Valdez Alcántara» como otro de los comprobantes incautados en el allanamiento a su domicilio.
Contra el fiscal se solicita un año de prisión preventiva, como medida de coerción, audiencia que ha sido aplazada en dos ocasiones, la última vez el martes 7 de este mes de abril, cuando se postergó para el próximo viernes 10.
En las descripciones de las pruebas en el expediente, se menciona, igualmente, una solicitud de liquidación de préstamo hipotecario, de fecha 17 de diciembre del 2025, emitida por una entidad financiera a Valdez Alcántara sobre un inmueble ubicado en el sector Tropical del Este. El «crédito hipotecario» es de un valor de 4 millones de pesos.
En su residencia se ocupó también «la cantidad de 20 billetes de cien dólares para un total de 2,000,00 dólares americanos».
Los 10 mil dólares atribuidos al soborno, el Ministerio Público indica que les fueron hallados en el sunroof (ventana del techo del vehículo) luego de su reunión con Canaán Acta, en horas de la tarde del 27 de marzo, en el área de parqueos del cuarto piso de una plaza comercial en el Distrito Nacional.
Según el Ministerio Público, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara «advirtió a Canaán sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno» consistente en 200 mil dólares, los cuales luego les bajó a 150 mil.
Exigía el dinero»a cambio de alterar el curso de los procesos de investigación puestos a su cargo».
El procurador fiscal entró a formar parte en el Ministerio Público en agosto del 2017 y, en el 2020, al equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en donde «se incorporó a la investigación y a la litigación de varios procesos», informa el mismo expediente judicial.