Nacionales
Sigfrido Pared: «El muro de la frontera somos las Fuerzas Armadas»
El Ministro de Defensa, Sigfrido Pared Pérez, explica las medidas tomadas para garantizar la seguridad nacional
Juan Manuel Puig Hernández, subcomandante general de la Fuerza Aérea Dominicana; vicealmirante Edwin Dominici, comandante de la Armada; almirante Sigfrido Pared Pérez, Ministro de Defensa; mayor general Rubén Paulino Sem, comandante del Ejército.
La entrada de inmigrantes haitianos y el tráfico de productos a través de la frontera ha motivado en el seno del Congreso Nacional la idea de erigir paredes que separen a República Dominicana de Haití, sin embargo, para el Ministro de Defensa, Sigfrido Pared Pérez, “el mejor muro de la frontera son las Fuerzas Armadas Dominicanas”.
Al participar en el almuerzo semanal de Multimedios del Caribe, el almirante, junto al Comandante General del Ejército, mayor general Rubén D. Paulino Sem; el comandante general de la Armada, vicealmirante Edwin Dominici Rosario y el subcomandante general de la Fuerza Aérea, general de brigada Juan Manuel Puig Hernández, sostuvo que, a pesar de que la frontera dominico-haitiana, es una de las más difíciles del Hemisferio, las instituciones se han empeñado en su protección.
“Las instituciones que más han guardado históricamente, y que han sido responsables de que la República Dominicana sea una nación totalmente fuerte, desde el punto de vista del área, son las Fuerzas Armadas”, indicó.
Agregó que la integración del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront) en coordinación con el Ejército, ha generado una mayor seguridad.
Agregó que desde el año 1997 comenzó un proceso de readecuación de la fuerza militar desde la frontera, y posteriormente se creó el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil (CESAC), y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront). “Hemos especializado parte de nuestras tropas para focalizarla en los puertos, aeropuertos y fronteras, estamos trillando el camino que requiere la República Dominicana”, manifestó.
Expresó también que actualmente la delincuencia internacional es uno de los grandes retos a enfrentar y que por nuestra posición geográfica, el país tiene una alta exposición.
Motivados por la regularización
Al ser entrevistado por el director de elCaribe, Osvaldo Santana; el jefe de redacción, Héctor Marte, y el editor económico, Héctor Linares, Paulino Sem dijo que con la entrada en vigencia del Plan Nacional de Regularización más nacionales haitianos han querido ingresar al país pero han sido impedidos.
“Terminamos una licitación para adquirir 20 camionetas, 50 motores, 20 firewall y tres camiones que van a ser destinados a la frontera por instrucciones del Presidente para fortalecer la línea fronteriza, porque el plan de regularización ha abierto un poco el apetito por entrar, pero hemos reforzado nuestra frontera limitando el cruce de Haití hasta R.D.”, dijo el comandante del ejército.
Agregó que desde su llegada a la entidad el 16 de agosto de 2012 se preocupó por reforzar las tres brigadas fronterizas: Mao, San Juan y Barahona. Indicó que han alistado en un año y 10 meses más de 4 mil 200 hombres y el 80 % va a prestar servicio a la frontera. También, según dijo, la frontera se ha fortalecido con “La Fuerza de Tarea Institucional Frontera Segura”, que son militares que pertenecen al Ministerio de Defensa, que están en instituciones del Estado, con funcionarios que no están dentro de las Fuerzas Armadas, y que cada 15 días van a la frontera con movilidad de vehículos para desarrollar puestos de chequeo.
110 mil indocumentados
“Esto nos ha dado como resultado que durante este año y 10 meses se han devuelto más de 110 mil indocumentados; solo en este año con el Cesfront, hemos devuelto 42 mil, y hemos incautado más de 350 mil libras de ajo, dando como resultado que la bolsa de valores de la Junta Agroempresarial del Valle de Constanza y San Juan, han donado al Ejercito más de 15 camionetas y 25 motores por evitar que introduzcan ajo de contrabando a través de la frontera”, expresó.
Indicó que la mercancía ocupada es subastada y que “una parte de esos beneficios va al soldado, a la patrulla que realiza el apresamiento, y otra va a la institución para equiparla”.
Manifestó que se han reducido de 75 a 40 los puestos de chequeo militar en la carretera de acceso desde la frontera hasta Santo Domingo y que a finales de julio comenzarán a colocar cámaras de seguridad para monitorearlos.
También, dijo que se prepara otro proyecto similar de cámaras en la línea fronteriza pero este deberá incluir paneles solares porque el 80 % de los puestos de esa zona no tiene energía eléctrica.
Boca de Cachón
El Ministro de Defensa reveló que Boca de Cachón fue construida, básicamente, por efectivos militares. Precisó que el proyecto se logró con un 20 % de la inversión inicial ahorrándole al Estado el 80 % de estos recursos a invertir. “Las Fuerzas Armadas aportaron todos los técnicos (ingenieros y maestros constructores) para realizar el primer proyecto completo, un total de 573 casas con todos los servicios y con todas las necesidades que pudiesen tener una población moderna”, sostiene.
Aseguró que los uniformados hicieron todo en el proyecto (desde la varilla inicial hasta la pintura final) con la excepción de las calles y la escuela. “Las Fuerzas Armadas sigue aportando en gran magnitud al desarrollo nacional”, afirmó.
Siguen militares en las calles
Con relación al patrullaje mixto (policías y militares) Pared Pérez sostuvo que 800 miembros de la entidad a través del Ministerio de Obras Públicas están patrullando y que, aparte de ellos tienen una brigada llamada Ciudad Tranquila (CIUTRAN), la cual está asumiendo la responsabilidad de apoyar a la Policía en los lugares donde no haya tanta cobertura.
Explicó que a partir de la entrada en vigencia del 9-1-1 han redistribuido las unidades militares.
Defendió el uso de los militares para patrullaje cuando internamente el país lo necesite. “Hicimos una presencia masiva de militares, como una forma de persuadir a los delincuentes”, adujo.
Más de 600 arrestados
De su lado, el vicealmirante Dominici Rosario informó que en casi dos años, 600 personas han sido arrestadas por realizar prácticas ilegales (pesca ilegal, depredación del medio ambiente marino), y de ese total 520 son haitianos que penetraron a los mares dominicanos principalmente por los cayos Los Siete Hermanos, Los Manzanillos y también por Cabo Rojo en Pedernales. “Se trabaja diariamente para patrullar la zona… El daño que le hacen esos ciudadanos haitianos al medio ambiente, la depredación, acaban con todo lo que se encuentran, esa gente acaba con todo, una cosa increíble”, aseguró.
A su vez, agradeció a la justicia porque se han podido someter más de 130 organizadores y capitanes de viajes ilegales, y 51 de estos guardan prisión preventiva.
Traza cero
En tanto, Puig Hernández aseguró que desde 2011 y hasta la fecha el país está en traza cero de drogas por tráfico aéreo. Aseguró que los super tucanos han dado buenos resultados y que “la seguridad no es un gasto sino una inversión”.
Sigfrido: “Debo dejar la ropa militar”
“Yo voy a tener 41 años en las Fuerzas Armadas. Tengo 18 años siendo general. Yo tengo más de cuarenta y la ley establece el tope de tiempo, debo dejar la ropa militar ya en agosto”, comentó Pared Pérez durante la entrevista. En tanto, resaltó la labor de las Fuerzas Armadas en sus funciones de alfabetizadores e indicó que del 1968 al 2012, 500 mil personas habían sido alfabetizadas por 150 hombres de la uniformada. Además, indicó que las catorce escuelas vocacionales de la institución desde 1996 hasta 2012 habían graduado 109 mil técnicos a nivel nacional. Dijo también que el año pasado graduaron unos 158 discapacitados y ahora graduarían 306 más. Señaló que tienen en agenda crear siete centros vocacionales más para ampliar la cobertura. En otro orden, explicó que se cambió mediante ley el nombre de la Marina de Guerra a Armada de la República Dominicana porque el término “armada” desde el punto de vista doctrinal, es el que se corresponde con las instituciones oficiales que van hacer la guerra.
elcaribe.com.do
Nacionales
Abinader llama a personas con órdenes de arresto a entregarse y advierte que serán perseguidas
Por redacción
Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader exhortó este lunes a las personas que tienen órdenes de arresto pendientes a entregarse ante las autoridades y aseguró que los organismos de seguridad continuarán su búsqueda para evitar la comisión de nuevos hechos delictivos.
El mandatario hizo el planteamiento durante LA Agenda Semanal, encuentro encabezado por el Gobierno y dedicado en esta ocasión a las acciones implementadas frente a la criminalidad y la seguridad ciudadana.
“A esos que tienen órdenes de arresto, que se entreguen, porque si no, se van a ir a buscar antes de que cometan otro crimen”, declaró Abinader durante su intervención.
El jefe de Estado manifestó que las autoridades no pretenden esperar a que una persona requerida judicialmente vuelva a involucrarse en un hecho violento para ejecutar una orden de captura.
Gobierno reforzará búsqueda de personas requeridas
Abinader explicó que las autoridades cuentan con registros de personas sobre las cuales pesan una o varias órdenes de arresto y sostuvo que la Policía Nacional mantendrá activa su localización.
Según señaló, algunos de los individuos requeridos acumulan varias órdenes pendientes y continúan circulando libremente.
El mandatario afirmó que el objetivo de las autoridades es actuar de forma preventiva y reducir la posibilidad de que personas vinculadas previamente a hechos delictivos vuelvan a afectar a ciudadanos.
La Presidencia informó por separado que Abinader reafirmó que quienes cometan actos criminales serán perseguidos y capturados mediante el fortalecimiento de la capacidad tecnológica y operativa de las instituciones de seguridad.
Cuestiona exhibición de armas en redes sociales
Durante su exposición, Abinader también manifestó preocupación por personas requeridas por las autoridades que aparecen en plataformas digitales exhibiendo armas de fuego o realizando disparos.
El gobernante sostuvo que este tipo de comportamiento constituye, desde su perspectiva, un desafío a la autoridad que no debe ser tolerado.
Mientras realizaba esas declaraciones, golpeó la mesa con la mano para enfatizar su posición.
Según el mandatario, las propias publicaciones en redes sociales pueden convertirse en un elemento utilizado por las autoridades para localizar a personas buscadas.
Policía también exhorta a entregarse
Las declaraciones presidenciales se producen el mismo día en que el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, exhortó a quienes tengan asuntos pendientes con la justicia a entregarse voluntariamente.
Rodríguez García afirmó que las personas que no lo hagan continuarán siendo perseguidas por los agentes y aseguró que existe una lista de individuos requeridos desde hace años por diferentes hechos.
La Policía informó además que 85 personas se entregaron voluntariamente durante septiembre, según declaraciones de su director.
Debate por actuaciones policiales
El pronunciamiento de las autoridades coincide con un período de cuestionamientos sobre las muertes ocurridas durante actuaciones policiales reportadas oficialmente como intercambios de disparos.
Un recuento publicado este 28 de septiembre registra 37 personas fallecidas durante septiembre en hechos de ese tipo. La Policía ha informado en diferentes casos que los fallecidos eran buscados por órdenes judiciales, denuncias o presunta vinculación con delitos.
El tema también ha provocado llamados de distintos sectores para que las actuaciones policiales se mantengan dentro del debido proceso y del respeto a los derechos fundamentales.
Abinader, por su parte, sostuvo durante LA Agenda Semanal que la seguridad ciudadana continúa siendo una preocupación del Gobierno y aseguró que las autoridades seguirán adoptando acciones destinadas a enfrentar la criminalidad.
Por redacción
Santo Domingo.– El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, hizo este lunes un llamado a los médicos a no facilitar sus códigos profesionales para la facturación o tramitación de servicios de salud, al señalar que esa práctica puede comprometerlos penalmente.
La advertencia fue formulada tras conocerse las medidas de coerción impuestas por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, contra los imputados en el denominado caso SeNaSa 2.0, investigación vinculada a presuntas irregularidades en perjuicio del Seguro Nacional de Salud y de sus afiliados.
Camacho sostuvo que el proceso debe servir de experiencia para el sector médico y consideró necesario promover una campaña preventiva que oriente a los profesionales sobre las consecuencias de ceder sus credenciales a terceros.
“Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal”, manifestó el funcionario, quien afirmó que 22 médicos fueron procesados dentro de esta etapa de la investigación.
Según explicó, el Ministerio Público entiende que el uso de códigos profesionales cedidos a terceros constituye uno de los elementos que deben ser tomados en cuenta para evitar que otros médicos puedan verse involucrados en investigaciones similares.
Investigación continuará
Camacho también dejó establecido que las medidas de coerción conocidas por el tribunal no significan el cierre de las pesquisas relacionadas con SeNaSa.
El titular de Persecución consideró razonable la decisión adoptada por el juez y afirmó que, desde la perspectiva del Ministerio Público, el fallo reconoce la investigación presentada ante el tribunal.
No obstante, señaló que las indagatorias seguirán abiertas.
“La investigación sobre lo sucedido en SeNaSa no se cierra, no concluye con esta investigación, y vamos a ir por más”, declaró Camacho.
Ocho imputados cumplirán prisión preventiva
El juez Rigoberto Sena impuso 18 meses de prisión preventiva a ocho de los procesados.
Los imputados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Mientras, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
Arresto domiciliario para otros procesados
El tribunal dispuso arresto domiciliario para las exempleadas de SeNaSa Heidy Coronado Paulino y Lucreisy Polanco Núñez, así como para los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo y Víctor Felipe Rodríguez García.
A otro grupo de imputados se les impuso, además del arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantías económicas.
Para Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Keila Beatriz Acosta Leonardo, la garantía económica fue fijada en RD$2 millones, a través de una compañía aseguradora.
En el caso de Martha María Saldaña, el tribunal estableció una garantía económica de RD$3 millones, además de arresto domiciliario e impedimento de salida del territorio nacional.
Garantías de un millón de pesos
El juez también impuso garantía económica de RD$1 millón a los médicos José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocairis Antonia Méndez Beltré.
Estos imputados deberán, además, cumplir con presentación periódica e impedimento de salida del país.
El tribunal concedió un plazo de siete días para hacer efectivas las garantías económicas. De no cumplir con ese requisito, los afectados podrían ser trasladados a los centros penitenciarios correspondientes, conforme a la decisión judicial.
Ministerio Público atribuye varios delitos
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público vincula a los procesados de la denominada Operación Cobra 2.0-A con presuntos delitos de asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, delitos de alta tecnología, acceso ilícito, utilización indebida de códigos y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
El órgano acusador sostiene que la investigación guarda relación con supuestas maniobras fraudulentas vinculadas a servicios y autorizaciones médicas en el Seguro Nacional de Salud.
El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para los 26 imputados y pidió, además, que el expediente fuera declarado de tramitación compleja.
Durante la audiencia, los fiscales presentaron numerosos elementos de prueba para sustentar sus imputaciones.
Los arrestos fueron realizados durante allanamientos ejecutados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Caso fue declarado complejo
Además de decidir sobre las medidas de coerción, el juez Rigoberto Sena declaró el proceso de tramitación compleja, lo que permitirá que la investigación continúe bajo las reglas procesales previstas para expedientes que involucran múltiples imputados, hechos y elementos probatorios.
El Ministerio Público ha señalado que esta investigación forma parte de una nueva etapa de las pesquisas relacionadas con las presuntas irregularidades cometidas en el Seguro Nacional de Salud.
El director policial afirma que busca cambiar la percepción de inseguridad y sostiene que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia deben entregarse; insiste en que la actuación policial debe respetar los derechos ciudadanos
Por Alberto Rodríguez
SANTO DOMINGO.– El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, colocó la persecución de personas prófugas entre las prioridades de su gestión y aseguró que la institución intensificará las acciones para localizar a quienes tienen órdenes de arresto pendientes por homicidios, robos, agresiones y otros hechos delictivos.
Rodríguez García sostuvo este lunes que procura revertir una realidad que, a su juicio, afecta la tranquilidad de la población: que sean los ciudadanos quienes sientan temor frente a la delincuencia. Su planteamiento es que la autoridad debe garantizar condiciones para que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas con mayor seguridad. El Día
El mayor general asumió la Dirección General de la Policía Nacional en agosto pasado y durante sus primeras semanas ha desarrollado recorridos, cambios operativos y encuentros con diferentes estructuras de la institución. La Policía ha presentado esa agenda como parte de un esfuerzo dirigido a fortalecer su presencia territorial, supervisión y capacidad de respuesta. Policía Nacional Dominicana
Una lista de prófugos bajo seguimiento
Durante sus declaraciones, Rodríguez García reveló que mantiene en su despacho una relación de personas que llevan años prófugas de la justicia y aseguró que el personal policial tiene instrucciones de trabajar en su localización.
Según explicó, entre los buscados figuran personas señaladas por homicidios, robos y agresiones, incluyendo hechos cometidos contra menores y otras personas vulnerables.
La propia Policía Nacional mantiene públicamente un listado de prófugos buscados por las autoridades, que incluye personas requeridas por distintos procesos. Policía Nacional Dominicana
El director policial exhortó a quienes tengan órdenes de arresto pendientes a entregarse voluntariamente y aseguró que serán recibidos y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.
Actuación policial y derechos humanos
Las declaraciones se producen en momentos en que las actuaciones de agentes durante determinados operativos han provocado cuestionamientos, particularmente en casos reportados como intercambios de disparos.
Interrogado sobre esas críticas, Rodríguez García defendió el derecho de los policías a proteger sus vidas cuando sean atacados, pero afirmó al mismo tiempo que la institución debe actuar respetando los derechos humanos. El Día
Esa posición coincide con orientaciones ofrecidas recientemente por el propio director a miembros de la Dirección Regional Noreste, donde pidió a los agentes preservar vidas, actuar con prudencia y mantener un trato digno hacia la ciudadanía, sin renunciar a la firmeza frente al delito. También insistió en que el uso de la fuerza debe ajustarse a la Constitución, las leyes y los protocolos establecidos. Policía Nacional Dominicana
Agentes suspendidos por incidente en Villa Vásquez
Rodríguez García se refirió además a un video divulgado sobre una intervención policial en Villa Vásquez, en el que se observa a un hombre detenerse y levantar las manos durante una actuación de agentes.
El director informó que los policías involucrados fueron suspendidos y que el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, órgano al que corresponde establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con el hecho. El Día
El jefe policial señaló que cualquier ciudadano que considere haber sido víctima de una actuación irregular de agentes puede recurrir al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.
Seguridad sin apartarse de la legalidad
El discurso de Rodríguez García plantea dos líneas que deberán coexistir durante su gestión: incrementar la capacidad de persecución contra personas requeridas por la justicia y, simultáneamente, procurar que las intervenciones policiales se mantengan dentro de los límites legales.
La institución atraviesa además un proceso de reforma que incluye cambios en formación, tecnología y despliegue territorial. El Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial informó el 24 de septiembre que se han incorporado 11,001 nuevos agentes, instalado más de 8,000 cámaras corporales y ampliado de tres meses a un año el período de formación de los nuevos policías. Policía Nacional Dominicana
El desafío será que el fortalecimiento operativo produzca mayor seguridad ciudadana sin debilitar las garantías que corresponden a toda persona sometida a una investigación o persecución penal.
La persecución del delito y el respeto al debido proceso no constituyen objetivos incompatibles: forman parte de las responsabilidades que debe asumir una institución policial en un Estado de derecho.
Rodríguez García reiteró que la función de la Policía es proteger a la sociedad, preservar la paz y llevar ante las autoridades competentes a quienes tengan cuentas pendientes con la justicia.