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Sigfrido Pared: «El muro de la frontera somos las Fuerzas Armadas»
El Ministro de Defensa, Sigfrido Pared Pérez, explica las medidas tomadas para garantizar la seguridad nacional
Juan Manuel Puig Hernández, subcomandante general de la Fuerza Aérea Dominicana; vicealmirante Edwin Dominici, comandante de la Armada; almirante Sigfrido Pared Pérez, Ministro de Defensa; mayor general Rubén Paulino Sem, comandante del Ejército.
La entrada de inmigrantes haitianos y el tráfico de productos a través de la frontera ha motivado en el seno del Congreso Nacional la idea de erigir paredes que separen a República Dominicana de Haití, sin embargo, para el Ministro de Defensa, Sigfrido Pared Pérez, “el mejor muro de la frontera son las Fuerzas Armadas Dominicanas”.
Al participar en el almuerzo semanal de Multimedios del Caribe, el almirante, junto al Comandante General del Ejército, mayor general Rubén D. Paulino Sem; el comandante general de la Armada, vicealmirante Edwin Dominici Rosario y el subcomandante general de la Fuerza Aérea, general de brigada Juan Manuel Puig Hernández, sostuvo que, a pesar de que la frontera dominico-haitiana, es una de las más difíciles del Hemisferio, las instituciones se han empeñado en su protección.
“Las instituciones que más han guardado históricamente, y que han sido responsables de que la República Dominicana sea una nación totalmente fuerte, desde el punto de vista del área, son las Fuerzas Armadas”, indicó.
Agregó que la integración del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront) en coordinación con el Ejército, ha generado una mayor seguridad.
Agregó que desde el año 1997 comenzó un proceso de readecuación de la fuerza militar desde la frontera, y posteriormente se creó el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil (CESAC), y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront). “Hemos especializado parte de nuestras tropas para focalizarla en los puertos, aeropuertos y fronteras, estamos trillando el camino que requiere la República Dominicana”, manifestó.
Expresó también que actualmente la delincuencia internacional es uno de los grandes retos a enfrentar y que por nuestra posición geográfica, el país tiene una alta exposición.
Motivados por la regularización
Al ser entrevistado por el director de elCaribe, Osvaldo Santana; el jefe de redacción, Héctor Marte, y el editor económico, Héctor Linares, Paulino Sem dijo que con la entrada en vigencia del Plan Nacional de Regularización más nacionales haitianos han querido ingresar al país pero han sido impedidos.
“Terminamos una licitación para adquirir 20 camionetas, 50 motores, 20 firewall y tres camiones que van a ser destinados a la frontera por instrucciones del Presidente para fortalecer la línea fronteriza, porque el plan de regularización ha abierto un poco el apetito por entrar, pero hemos reforzado nuestra frontera limitando el cruce de Haití hasta R.D.”, dijo el comandante del ejército.
Agregó que desde su llegada a la entidad el 16 de agosto de 2012 se preocupó por reforzar las tres brigadas fronterizas: Mao, San Juan y Barahona. Indicó que han alistado en un año y 10 meses más de 4 mil 200 hombres y el 80 % va a prestar servicio a la frontera. También, según dijo, la frontera se ha fortalecido con “La Fuerza de Tarea Institucional Frontera Segura”, que son militares que pertenecen al Ministerio de Defensa, que están en instituciones del Estado, con funcionarios que no están dentro de las Fuerzas Armadas, y que cada 15 días van a la frontera con movilidad de vehículos para desarrollar puestos de chequeo.
110 mil indocumentados
“Esto nos ha dado como resultado que durante este año y 10 meses se han devuelto más de 110 mil indocumentados; solo en este año con el Cesfront, hemos devuelto 42 mil, y hemos incautado más de 350 mil libras de ajo, dando como resultado que la bolsa de valores de la Junta Agroempresarial del Valle de Constanza y San Juan, han donado al Ejercito más de 15 camionetas y 25 motores por evitar que introduzcan ajo de contrabando a través de la frontera”, expresó.
Indicó que la mercancía ocupada es subastada y que “una parte de esos beneficios va al soldado, a la patrulla que realiza el apresamiento, y otra va a la institución para equiparla”.
Manifestó que se han reducido de 75 a 40 los puestos de chequeo militar en la carretera de acceso desde la frontera hasta Santo Domingo y que a finales de julio comenzarán a colocar cámaras de seguridad para monitorearlos.
También, dijo que se prepara otro proyecto similar de cámaras en la línea fronteriza pero este deberá incluir paneles solares porque el 80 % de los puestos de esa zona no tiene energía eléctrica.
Boca de Cachón
El Ministro de Defensa reveló que Boca de Cachón fue construida, básicamente, por efectivos militares. Precisó que el proyecto se logró con un 20 % de la inversión inicial ahorrándole al Estado el 80 % de estos recursos a invertir. “Las Fuerzas Armadas aportaron todos los técnicos (ingenieros y maestros constructores) para realizar el primer proyecto completo, un total de 573 casas con todos los servicios y con todas las necesidades que pudiesen tener una población moderna”, sostiene.
Aseguró que los uniformados hicieron todo en el proyecto (desde la varilla inicial hasta la pintura final) con la excepción de las calles y la escuela. “Las Fuerzas Armadas sigue aportando en gran magnitud al desarrollo nacional”, afirmó.
Siguen militares en las calles
Con relación al patrullaje mixto (policías y militares) Pared Pérez sostuvo que 800 miembros de la entidad a través del Ministerio de Obras Públicas están patrullando y que, aparte de ellos tienen una brigada llamada Ciudad Tranquila (CIUTRAN), la cual está asumiendo la responsabilidad de apoyar a la Policía en los lugares donde no haya tanta cobertura.
Explicó que a partir de la entrada en vigencia del 9-1-1 han redistribuido las unidades militares.
Defendió el uso de los militares para patrullaje cuando internamente el país lo necesite. “Hicimos una presencia masiva de militares, como una forma de persuadir a los delincuentes”, adujo.
Más de 600 arrestados
De su lado, el vicealmirante Dominici Rosario informó que en casi dos años, 600 personas han sido arrestadas por realizar prácticas ilegales (pesca ilegal, depredación del medio ambiente marino), y de ese total 520 son haitianos que penetraron a los mares dominicanos principalmente por los cayos Los Siete Hermanos, Los Manzanillos y también por Cabo Rojo en Pedernales. “Se trabaja diariamente para patrullar la zona… El daño que le hacen esos ciudadanos haitianos al medio ambiente, la depredación, acaban con todo lo que se encuentran, esa gente acaba con todo, una cosa increíble”, aseguró.
A su vez, agradeció a la justicia porque se han podido someter más de 130 organizadores y capitanes de viajes ilegales, y 51 de estos guardan prisión preventiva.
Traza cero
En tanto, Puig Hernández aseguró que desde 2011 y hasta la fecha el país está en traza cero de drogas por tráfico aéreo. Aseguró que los super tucanos han dado buenos resultados y que “la seguridad no es un gasto sino una inversión”.
Sigfrido: “Debo dejar la ropa militar”
“Yo voy a tener 41 años en las Fuerzas Armadas. Tengo 18 años siendo general. Yo tengo más de cuarenta y la ley establece el tope de tiempo, debo dejar la ropa militar ya en agosto”, comentó Pared Pérez durante la entrevista. En tanto, resaltó la labor de las Fuerzas Armadas en sus funciones de alfabetizadores e indicó que del 1968 al 2012, 500 mil personas habían sido alfabetizadas por 150 hombres de la uniformada. Además, indicó que las catorce escuelas vocacionales de la institución desde 1996 hasta 2012 habían graduado 109 mil técnicos a nivel nacional. Dijo también que el año pasado graduaron unos 158 discapacitados y ahora graduarían 306 más. Señaló que tienen en agenda crear siete centros vocacionales más para ampliar la cobertura. En otro orden, explicó que se cambió mediante ley el nombre de la Marina de Guerra a Armada de la República Dominicana porque el término “armada” desde el punto de vista doctrinal, es el que se corresponde con las instituciones oficiales que van hacer la guerra.
elcaribe.com.do
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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.