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Sigfrido Pared: «El muro de la frontera somos las Fuerzas Armadas»
El Ministro de Defensa, Sigfrido Pared Pérez, explica las medidas tomadas para garantizar la seguridad nacional
Juan Manuel Puig Hernández, subcomandante general de la Fuerza Aérea Dominicana; vicealmirante Edwin Dominici, comandante de la Armada; almirante Sigfrido Pared Pérez, Ministro de Defensa; mayor general Rubén Paulino Sem, comandante del Ejército.
La entrada de inmigrantes haitianos y el tráfico de productos a través de la frontera ha motivado en el seno del Congreso Nacional la idea de erigir paredes que separen a República Dominicana de Haití, sin embargo, para el Ministro de Defensa, Sigfrido Pared Pérez, “el mejor muro de la frontera son las Fuerzas Armadas Dominicanas”.
Al participar en el almuerzo semanal de Multimedios del Caribe, el almirante, junto al Comandante General del Ejército, mayor general Rubén D. Paulino Sem; el comandante general de la Armada, vicealmirante Edwin Dominici Rosario y el subcomandante general de la Fuerza Aérea, general de brigada Juan Manuel Puig Hernández, sostuvo que, a pesar de que la frontera dominico-haitiana, es una de las más difíciles del Hemisferio, las instituciones se han empeñado en su protección.
“Las instituciones que más han guardado históricamente, y que han sido responsables de que la República Dominicana sea una nación totalmente fuerte, desde el punto de vista del área, son las Fuerzas Armadas”, indicó.
Agregó que la integración del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront) en coordinación con el Ejército, ha generado una mayor seguridad.
Agregó que desde el año 1997 comenzó un proceso de readecuación de la fuerza militar desde la frontera, y posteriormente se creó el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil (CESAC), y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront). “Hemos especializado parte de nuestras tropas para focalizarla en los puertos, aeropuertos y fronteras, estamos trillando el camino que requiere la República Dominicana”, manifestó.
Expresó también que actualmente la delincuencia internacional es uno de los grandes retos a enfrentar y que por nuestra posición geográfica, el país tiene una alta exposición.
Motivados por la regularización
Al ser entrevistado por el director de elCaribe, Osvaldo Santana; el jefe de redacción, Héctor Marte, y el editor económico, Héctor Linares, Paulino Sem dijo que con la entrada en vigencia del Plan Nacional de Regularización más nacionales haitianos han querido ingresar al país pero han sido impedidos.
“Terminamos una licitación para adquirir 20 camionetas, 50 motores, 20 firewall y tres camiones que van a ser destinados a la frontera por instrucciones del Presidente para fortalecer la línea fronteriza, porque el plan de regularización ha abierto un poco el apetito por entrar, pero hemos reforzado nuestra frontera limitando el cruce de Haití hasta R.D.”, dijo el comandante del ejército.
Agregó que desde su llegada a la entidad el 16 de agosto de 2012 se preocupó por reforzar las tres brigadas fronterizas: Mao, San Juan y Barahona. Indicó que han alistado en un año y 10 meses más de 4 mil 200 hombres y el 80 % va a prestar servicio a la frontera. También, según dijo, la frontera se ha fortalecido con “La Fuerza de Tarea Institucional Frontera Segura”, que son militares que pertenecen al Ministerio de Defensa, que están en instituciones del Estado, con funcionarios que no están dentro de las Fuerzas Armadas, y que cada 15 días van a la frontera con movilidad de vehículos para desarrollar puestos de chequeo.
110 mil indocumentados
“Esto nos ha dado como resultado que durante este año y 10 meses se han devuelto más de 110 mil indocumentados; solo en este año con el Cesfront, hemos devuelto 42 mil, y hemos incautado más de 350 mil libras de ajo, dando como resultado que la bolsa de valores de la Junta Agroempresarial del Valle de Constanza y San Juan, han donado al Ejercito más de 15 camionetas y 25 motores por evitar que introduzcan ajo de contrabando a través de la frontera”, expresó.
Indicó que la mercancía ocupada es subastada y que “una parte de esos beneficios va al soldado, a la patrulla que realiza el apresamiento, y otra va a la institución para equiparla”.
Manifestó que se han reducido de 75 a 40 los puestos de chequeo militar en la carretera de acceso desde la frontera hasta Santo Domingo y que a finales de julio comenzarán a colocar cámaras de seguridad para monitorearlos.
También, dijo que se prepara otro proyecto similar de cámaras en la línea fronteriza pero este deberá incluir paneles solares porque el 80 % de los puestos de esa zona no tiene energía eléctrica.
Boca de Cachón
El Ministro de Defensa reveló que Boca de Cachón fue construida, básicamente, por efectivos militares. Precisó que el proyecto se logró con un 20 % de la inversión inicial ahorrándole al Estado el 80 % de estos recursos a invertir. “Las Fuerzas Armadas aportaron todos los técnicos (ingenieros y maestros constructores) para realizar el primer proyecto completo, un total de 573 casas con todos los servicios y con todas las necesidades que pudiesen tener una población moderna”, sostiene.
Aseguró que los uniformados hicieron todo en el proyecto (desde la varilla inicial hasta la pintura final) con la excepción de las calles y la escuela. “Las Fuerzas Armadas sigue aportando en gran magnitud al desarrollo nacional”, afirmó.
Siguen militares en las calles
Con relación al patrullaje mixto (policías y militares) Pared Pérez sostuvo que 800 miembros de la entidad a través del Ministerio de Obras Públicas están patrullando y que, aparte de ellos tienen una brigada llamada Ciudad Tranquila (CIUTRAN), la cual está asumiendo la responsabilidad de apoyar a la Policía en los lugares donde no haya tanta cobertura.
Explicó que a partir de la entrada en vigencia del 9-1-1 han redistribuido las unidades militares.
Defendió el uso de los militares para patrullaje cuando internamente el país lo necesite. “Hicimos una presencia masiva de militares, como una forma de persuadir a los delincuentes”, adujo.
Más de 600 arrestados
De su lado, el vicealmirante Dominici Rosario informó que en casi dos años, 600 personas han sido arrestadas por realizar prácticas ilegales (pesca ilegal, depredación del medio ambiente marino), y de ese total 520 son haitianos que penetraron a los mares dominicanos principalmente por los cayos Los Siete Hermanos, Los Manzanillos y también por Cabo Rojo en Pedernales. “Se trabaja diariamente para patrullar la zona… El daño que le hacen esos ciudadanos haitianos al medio ambiente, la depredación, acaban con todo lo que se encuentran, esa gente acaba con todo, una cosa increíble”, aseguró.
A su vez, agradeció a la justicia porque se han podido someter más de 130 organizadores y capitanes de viajes ilegales, y 51 de estos guardan prisión preventiva.
Traza cero
En tanto, Puig Hernández aseguró que desde 2011 y hasta la fecha el país está en traza cero de drogas por tráfico aéreo. Aseguró que los super tucanos han dado buenos resultados y que “la seguridad no es un gasto sino una inversión”.
Sigfrido: “Debo dejar la ropa militar”
“Yo voy a tener 41 años en las Fuerzas Armadas. Tengo 18 años siendo general. Yo tengo más de cuarenta y la ley establece el tope de tiempo, debo dejar la ropa militar ya en agosto”, comentó Pared Pérez durante la entrevista. En tanto, resaltó la labor de las Fuerzas Armadas en sus funciones de alfabetizadores e indicó que del 1968 al 2012, 500 mil personas habían sido alfabetizadas por 150 hombres de la uniformada. Además, indicó que las catorce escuelas vocacionales de la institución desde 1996 hasta 2012 habían graduado 109 mil técnicos a nivel nacional. Dijo también que el año pasado graduaron unos 158 discapacitados y ahora graduarían 306 más. Señaló que tienen en agenda crear siete centros vocacionales más para ampliar la cobertura. En otro orden, explicó que se cambió mediante ley el nombre de la Marina de Guerra a Armada de la República Dominicana porque el término “armada” desde el punto de vista doctrinal, es el que se corresponde con las instituciones oficiales que van hacer la guerra.
elcaribe.com.do
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.