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Sigfrido Pared: «El muro de la frontera somos las Fuerzas Armadas»
El Ministro de Defensa, Sigfrido Pared Pérez, explica las medidas tomadas para garantizar la seguridad nacional
Juan Manuel Puig Hernández, subcomandante general de la Fuerza Aérea Dominicana; vicealmirante Edwin Dominici, comandante de la Armada; almirante Sigfrido Pared Pérez, Ministro de Defensa; mayor general Rubén Paulino Sem, comandante del Ejército.
La entrada de inmigrantes haitianos y el tráfico de productos a través de la frontera ha motivado en el seno del Congreso Nacional la idea de erigir paredes que separen a República Dominicana de Haití, sin embargo, para el Ministro de Defensa, Sigfrido Pared Pérez, “el mejor muro de la frontera son las Fuerzas Armadas Dominicanas”.
Al participar en el almuerzo semanal de Multimedios del Caribe, el almirante, junto al Comandante General del Ejército, mayor general Rubén D. Paulino Sem; el comandante general de la Armada, vicealmirante Edwin Dominici Rosario y el subcomandante general de la Fuerza Aérea, general de brigada Juan Manuel Puig Hernández, sostuvo que, a pesar de que la frontera dominico-haitiana, es una de las más difíciles del Hemisferio, las instituciones se han empeñado en su protección.
“Las instituciones que más han guardado históricamente, y que han sido responsables de que la República Dominicana sea una nación totalmente fuerte, desde el punto de vista del área, son las Fuerzas Armadas”, indicó.
Agregó que la integración del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront) en coordinación con el Ejército, ha generado una mayor seguridad.
Agregó que desde el año 1997 comenzó un proceso de readecuación de la fuerza militar desde la frontera, y posteriormente se creó el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil (CESAC), y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront). “Hemos especializado parte de nuestras tropas para focalizarla en los puertos, aeropuertos y fronteras, estamos trillando el camino que requiere la República Dominicana”, manifestó.
Expresó también que actualmente la delincuencia internacional es uno de los grandes retos a enfrentar y que por nuestra posición geográfica, el país tiene una alta exposición.
Motivados por la regularización
Al ser entrevistado por el director de elCaribe, Osvaldo Santana; el jefe de redacción, Héctor Marte, y el editor económico, Héctor Linares, Paulino Sem dijo que con la entrada en vigencia del Plan Nacional de Regularización más nacionales haitianos han querido ingresar al país pero han sido impedidos.
“Terminamos una licitación para adquirir 20 camionetas, 50 motores, 20 firewall y tres camiones que van a ser destinados a la frontera por instrucciones del Presidente para fortalecer la línea fronteriza, porque el plan de regularización ha abierto un poco el apetito por entrar, pero hemos reforzado nuestra frontera limitando el cruce de Haití hasta R.D.”, dijo el comandante del ejército.
Agregó que desde su llegada a la entidad el 16 de agosto de 2012 se preocupó por reforzar las tres brigadas fronterizas: Mao, San Juan y Barahona. Indicó que han alistado en un año y 10 meses más de 4 mil 200 hombres y el 80 % va a prestar servicio a la frontera. También, según dijo, la frontera se ha fortalecido con “La Fuerza de Tarea Institucional Frontera Segura”, que son militares que pertenecen al Ministerio de Defensa, que están en instituciones del Estado, con funcionarios que no están dentro de las Fuerzas Armadas, y que cada 15 días van a la frontera con movilidad de vehículos para desarrollar puestos de chequeo.
110 mil indocumentados
“Esto nos ha dado como resultado que durante este año y 10 meses se han devuelto más de 110 mil indocumentados; solo en este año con el Cesfront, hemos devuelto 42 mil, y hemos incautado más de 350 mil libras de ajo, dando como resultado que la bolsa de valores de la Junta Agroempresarial del Valle de Constanza y San Juan, han donado al Ejercito más de 15 camionetas y 25 motores por evitar que introduzcan ajo de contrabando a través de la frontera”, expresó.
Indicó que la mercancía ocupada es subastada y que “una parte de esos beneficios va al soldado, a la patrulla que realiza el apresamiento, y otra va a la institución para equiparla”.
Manifestó que se han reducido de 75 a 40 los puestos de chequeo militar en la carretera de acceso desde la frontera hasta Santo Domingo y que a finales de julio comenzarán a colocar cámaras de seguridad para monitorearlos.
También, dijo que se prepara otro proyecto similar de cámaras en la línea fronteriza pero este deberá incluir paneles solares porque el 80 % de los puestos de esa zona no tiene energía eléctrica.
Boca de Cachón
El Ministro de Defensa reveló que Boca de Cachón fue construida, básicamente, por efectivos militares. Precisó que el proyecto se logró con un 20 % de la inversión inicial ahorrándole al Estado el 80 % de estos recursos a invertir. “Las Fuerzas Armadas aportaron todos los técnicos (ingenieros y maestros constructores) para realizar el primer proyecto completo, un total de 573 casas con todos los servicios y con todas las necesidades que pudiesen tener una población moderna”, sostiene.
Aseguró que los uniformados hicieron todo en el proyecto (desde la varilla inicial hasta la pintura final) con la excepción de las calles y la escuela. “Las Fuerzas Armadas sigue aportando en gran magnitud al desarrollo nacional”, afirmó.
Siguen militares en las calles
Con relación al patrullaje mixto (policías y militares) Pared Pérez sostuvo que 800 miembros de la entidad a través del Ministerio de Obras Públicas están patrullando y que, aparte de ellos tienen una brigada llamada Ciudad Tranquila (CIUTRAN), la cual está asumiendo la responsabilidad de apoyar a la Policía en los lugares donde no haya tanta cobertura.
Explicó que a partir de la entrada en vigencia del 9-1-1 han redistribuido las unidades militares.
Defendió el uso de los militares para patrullaje cuando internamente el país lo necesite. “Hicimos una presencia masiva de militares, como una forma de persuadir a los delincuentes”, adujo.
Más de 600 arrestados
De su lado, el vicealmirante Dominici Rosario informó que en casi dos años, 600 personas han sido arrestadas por realizar prácticas ilegales (pesca ilegal, depredación del medio ambiente marino), y de ese total 520 son haitianos que penetraron a los mares dominicanos principalmente por los cayos Los Siete Hermanos, Los Manzanillos y también por Cabo Rojo en Pedernales. “Se trabaja diariamente para patrullar la zona… El daño que le hacen esos ciudadanos haitianos al medio ambiente, la depredación, acaban con todo lo que se encuentran, esa gente acaba con todo, una cosa increíble”, aseguró.
A su vez, agradeció a la justicia porque se han podido someter más de 130 organizadores y capitanes de viajes ilegales, y 51 de estos guardan prisión preventiva.
Traza cero
En tanto, Puig Hernández aseguró que desde 2011 y hasta la fecha el país está en traza cero de drogas por tráfico aéreo. Aseguró que los super tucanos han dado buenos resultados y que “la seguridad no es un gasto sino una inversión”.
Sigfrido: “Debo dejar la ropa militar”
“Yo voy a tener 41 años en las Fuerzas Armadas. Tengo 18 años siendo general. Yo tengo más de cuarenta y la ley establece el tope de tiempo, debo dejar la ropa militar ya en agosto”, comentó Pared Pérez durante la entrevista. En tanto, resaltó la labor de las Fuerzas Armadas en sus funciones de alfabetizadores e indicó que del 1968 al 2012, 500 mil personas habían sido alfabetizadas por 150 hombres de la uniformada. Además, indicó que las catorce escuelas vocacionales de la institución desde 1996 hasta 2012 habían graduado 109 mil técnicos a nivel nacional. Dijo también que el año pasado graduaron unos 158 discapacitados y ahora graduarían 306 más. Señaló que tienen en agenda crear siete centros vocacionales más para ampliar la cobertura. En otro orden, explicó que se cambió mediante ley el nombre de la Marina de Guerra a Armada de la República Dominicana porque el término “armada” desde el punto de vista doctrinal, es el que se corresponde con las instituciones oficiales que van hacer la guerra.
elcaribe.com.do
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Migración detecta cientos de extranjeros indocumentados en fincas agrícolas de seis provincias
Las inspecciones realizadas por la Dirección General de Migración identificaron cerca de 700 extranjeros en situación irregular, con la mayor concentración en una explotación tomatera de San Juan. Las autoridades también investigarán posibles incumplimientos laborales.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Dirección General de Migración (DGM) extendió sus labores de fiscalización a diferentes zonas de producción agrícola del país, donde identificó cerca de 700 ciudadanos extranjeros que presuntamente no contaban con la documentación requerida para permanecer legalmente en territorio dominicano.
Las inspecciones fueron realizadas los días 15 y 16 de octubre de 2026 y forman parte de las acciones desarrolladas por el organismo para verificar el cumplimiento de las disposiciones migratorias en actividades económicas que utilizan mano de obra extranjera.
Los equipos de inspección intervinieron en establecimientos agrícolas de Hato Mayor, El Seibo, Montecristi, Dajabón, Barahona y San Juan de la Maguana.
Durante las jornadas, las autoridades verificaron la situación documental de trabajadores y recopilaron información sobre las condiciones existentes en las explotaciones agrícolas visitadas.
Finca de San Juan concentra mayor cantidad de casos
Uno de los hallazgos más significativos se produjo en una explotación dedicada al cultivo de tomates, ubicada en San Juan de la Maguana.
En ese establecimiento, los inspectores identificaron aproximadamente 520 extranjeros que, según las informaciones ofrecidas por Migración, se encontraban en condición migratoria irregular.
La cantidad representa una proporción considerable de los casos detectados durante las jornadas realizadas en las distintas provincias.
En otros cinco centros de trabajo inspeccionados, los equipos oficiales contabilizaron 114 empleados, distribuidos entre 86 ciudadanos haitianos y 28 dominicanos.
De los trabajadores haitianos identificados en esos establecimientos, 80 carecían de una condición migratoria regular, de acuerdo con los registros levantados por las autoridades.
Estas cifras reflejan la presencia de trabajadores extranjeros en determinadas actividades agrícolas y plantean interrogantes sobre los mecanismos de contratación y verificación documental utilizados por los empleadores.
Autoridades examinarán posibles infracciones laborales
Además de comprobar la situación migratoria de los trabajadores, los inspectores recopilaron información relacionada con las condiciones encontradas en los lugares intervenidos.
La Dirección General de Migración informó que dará seguimiento a los resultados y remitirá a las instituciones competentes aquellos casos que requieran investigaciones adicionales.
Entre los aspectos que podrían ser examinados figuran posibles incumplimientos de las disposiciones laborales y situaciones que involucren la protección de niños, debido a que durante algunas inspecciones se constató la presencia de menores de edad.
La presencia de niños en un establecimiento agrícola no constituye por sí sola una prueba de explotación infantil, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las circunstancias particulares de cada caso.
De igual manera, las eventuales responsabilidades de empleadores o administradores deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes y conforme a la legislación aplicable.
Migración anuncia continuidad de las fiscalizaciones
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, de la Armada de República Dominicana, reiteró que las inspecciones continuarán en las áreas donde se registra una elevada concentración de trabajadores extranjeros.
El funcionario señaló que las acciones forman parte de los mecanismos de control dirigidos a garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración número 285-04.
Las intervenciones también buscan determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de infracciones identificadas durante las verificaciones.
El reforzamiento de las fiscalizaciones en actividades productivas coloca nuevamente en discusión la necesidad de establecer mecanismos eficaces para la contratación regular de trabajadores extranjeros, especialmente en sectores que requieren cantidades significativas de mano de obra.
Actividad agrícola y regulación migratoria
La producción agropecuaria dominicana utiliza trabajadores nacionales y extranjeros en labores de siembra, mantenimiento y recolección de productos.
En ese contexto, las inspecciones migratorias pueden tener repercusiones sobre la organización de las actividades productivas y las prácticas de contratación en determinadas explotaciones agrícolas.
La aplicación de las normas migratorias debe desarrollarse conjuntamente con el respeto a los derechos laborales y las garantías legales de las personas sometidas a verificación.
Asimismo, el seguimiento a los empleadores resulta fundamental para determinar si existen prácticas de contratación contrarias a las disposiciones migratorias o laborales vigentes.
Las autoridades deberán establecer, de manera individual, la condición jurídica de las personas identificadas y las medidas que correspondan conforme al ordenamiento dominicano.
Operativos se extenderán a otras actividades productivas
El fortalecimiento de los controles migratorios forma parte de las acciones oficiales dirigidas a fiscalizar la presencia de trabajadores extranjeros en distintos sectores de la economía.
Aunque las inspecciones cuyos resultados fueron divulgados se concentraron en explotaciones agrícolas, la estrategia de fiscalización también contempla espacios laborales como las obras de construcción.
La DGM mantiene su propósito de ampliar la supervisión en zonas de alta concentración de mano de obra extranjera, mientras las instituciones competentes deberán evaluar las posibles infracciones detectadas.
Los resultados de estas jornadas vuelven a colocar sobre la mesa el desafío de conciliar el cumplimiento de la legislación migratoria, las necesidades de los sectores productivos y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.
El organismo electoral amplía las facilidades para que los ciudadanos obtengan el nuevo documento de identidad antes de abril de 2027. Cerca de tres millones de dominicanos residentes en el país todavía tienen pendiente completar el trámite, según los datos divulgados.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Junta Central Electoral (JCE) intensificó las jornadas de renovación de la cédula de identidad y electoral mediante el desplazamiento de unidades móviles a diferentes comunidades del territorio nacional, acompañadas de un servicio de transporte gratuito para facilitar el acceso de la población a los centros de atención.
La iniciativa procura reducir las dificultades de desplazamiento que enfrentan algunos ciudadanos y acelerar la entrega del nuevo documento, cuyo proceso de sustitución deberá completarse antes de abril de 2027, de acuerdo con el calendario anunciado por las autoridades electorales.
Según las cifras divulgadas, aproximadamente cuatro millones de dominicanos han renovado su documento de identidad, mientras que cerca de tres millones de residentes en el país todavía tienen pendiente realizar el procedimiento.
Buscan facilitar el acceso a los servicios de cedulación
El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, ha destacado la necesidad de acercar los servicios de identificación a las comunidades, particularmente aquellas donde los ciudadanos enfrentan mayores dificultades para trasladarse a las oficinas tradicionales.
Como parte de las medidas implementadas, el organismo dispone de vehículos que ofrecen transporte de ida y vuelta sin costo para las personas interesadas en completar el proceso.
Asimismo, unidades equipadas con sistemas de amplificación recorren diferentes sectores para informar a los residentes sobre las fechas de las jornadas, los lugares de atención y los puntos habilitados para abordar el transporte gratuito.
Esta modalidad permite ampliar el alcance del programa y facilitar la participación de ciudadanos que, por razones económicas, laborales o de movilidad, encuentran obstáculos para acudir a los centros permanentes de cedulación.
Operativos disponibles en varias localidades
Entre los lugares incluidos en el calendario divulgado por la institución figura la comunidad El Torito, en Santo Domingo Norte, donde se programó una jornada del 16 al 18 de octubre, en horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche.
El servicio fue ubicado en la parroquia San Pablo de la Cruz, situada en la calle principal número uno, esquina Proyecto, urbanización Santa Cruz.
Durante esas mismas fechas y horarios se estableció otro punto de atención en Las Cubayas, específicamente en el Liceo Secundario Don Juan Rodríguez, próximo al cruce del Abanico.
En La Gina, distrito municipal perteneciente a Miches, el operativo está previsto del 18 al 22 de octubre, entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.
Los servicios se ofrecerán en la Junta Distrital, ubicada en la carretera Miches-Sabana de la Mar.
Santiago contará con jornada extendida
En Santiago de los Caballeros, la JCE habilitó un operativo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Santiago, cuya duración está prevista hasta el jueves 22 de octubre.
La jornada contempla atención de lunes a viernes, desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.
Para los sábados y domingos, el horario establecido es de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
La ampliación de horarios busca ofrecer alternativas a quienes deben cumplir compromisos laborales o académicos durante las jornadas ordinarias.
Renovación forma parte de la actualización del registro ciudadano
El proceso de sustitución de la cédula constituye una de las principales iniciativas administrativas de la Junta Central Electoral, debido a la importancia del documento para la identificación de las personas y la realización de múltiples gestiones públicas y privadas.
Además de su utilización en los procesos electorales, la cédula es necesaria para operaciones bancarias, trámites institucionales, servicios comerciales y otras actividades que requieren acreditar la identidad de los ciudadanos.
La renovación también está vinculada con la actualización de los registros de identificación y del padrón electoral, instrumentos esenciales para el funcionamiento del sistema democrático dominicano.
El organismo ha establecido abril de 2027 como fecha límite para la sustitución del documento anterior, conforme al calendario divulgado.
Llamado a completar el procedimiento
Las autoridades electorales procuran que la mayor cantidad posible de ciudadanos obtenga su nueva cédula dentro del plazo establecido, evitando acumulaciones de solicitudes durante las últimas etapas del proceso.
Con los operativos móviles y las facilidades de transporte, la JCE busca reducir las barreras de acceso y ampliar la cobertura territorial de los servicios de identificación.
Se recomienda a los interesados consultar los canales oficiales del organismo antes de desplazarse, debido a que los puntos móviles y sus horarios pueden experimentar modificaciones.
La institución continúa así con el despliegue de su programa de cedulación, con el propósito de facilitar que los dominicanos dispongan del nuevo documento de identidad dentro del calendario establecido.
El Consejo Nacional de la Magistratura deberá escoger seis integrantes de la Suprema Corte de Justicia, incluida su presidencia, mientras continúa pendiente la publicación del acta que contiene las votaciones de la evaluación anterior.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se encamina hacia la conclusión del proceso de escogencia de seis jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en medio de interrogantes sobre la publicidad de las decisiones adoptadas durante la evaluación de los magistrados que aspiraban a permanecer en sus funciones.
El organismo, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, tiene previsto completar el procedimiento el próximo viernes 23 de octubre, fecha establecida provisionalmente para la juramentación de los nuevos integrantes del alto tribunal.
Sin embargo, el calendario llega a su fase final sin que, según una revisión del portal oficial reseñada este domingo, se haya publicado el acta correspondiente a la sesión del 8 de septiembre, cuando fueron ratificados cinco magistrados y otros dos quedaron fuera de la Suprema Corte.
Concluyen entrevistas a 83 aspirantes
El CNM agotó las jornadas de vistas públicas celebradas los días 5, 6, 8 y 9 de octubre, durante las cuales fueron entrevistados 83 de los 88 candidatos preseleccionados para las posiciones disponibles.
Con la conclusión de esta etapa, corresponde a los integrantes del Consejo ponderar la trayectoria profesional, experiencia, conocimientos jurídicos y demás condiciones de los postulantes antes de adoptar las decisiones definitivas.
Entre las seis posiciones pendientes figura la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, una de las responsabilidades institucionales de mayor relevancia dentro del Poder Judicial dominicano.
El cronograma contempla que los nuevos jueces sean juramentados el 23 de octubre, aunque la fecha podría experimentar modificaciones.
Votaciones anteriores permanecen sin divulgarse
Uno de los principales aspectos que genera interrogantes es la ausencia del documento que permitiría conocer el sentido de los votos emitidos por cada integrante del Consejo durante la sesión del pasado 8 de septiembre.
En aquella reunión fueron ratificados para un nuevo período de siete años los magistrados Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Samuel Amaury Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico.
Por el contrario, Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Elizabeth Acosta Peralta no obtuvieron la confirmación necesaria para continuar en sus funciones.
Las decisiones contribuyeron a elevar a seis el número de vacantes que deben ser cubiertas mediante el procedimiento actualmente en curso.
Tras aquella sesión, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, indicó que el registro de las votaciones quedaría incorporado en el acta correspondiente.
No obstante, según la información publicada este 18 de octubre, dicho documento todavía no estaba disponible para consulta en el portal institucional.
Publicidad de las decisiones vuelve al centro del debate
La falta de divulgación del acta adquiere especial relevancia por tratarse de decisiones relacionadas con la integración del máximo tribunal del Poder Judicial.
De acuerdo con la revisión periodística divulgada, el portal del CNM únicamente mostraba las actas 001-2026 y 002-2026, correspondientes a las sesiones del 3 y 28 de agosto.
Ambos documentos recogen actuaciones vinculadas con la organización del proceso, el calendario de evaluación y las objeciones formuladas contra postulantes, pero no contienen las votaciones individuales de la sesión de septiembre.
La publicación de las actas constituye un mecanismo importante para fortalecer la rendición de cuentas y permitir que la ciudadanía conozca cómo se desarrollan las decisiones de los órganos encargados de seleccionar a los integrantes de las altas cortes.
No obstante, la ausencia de publicación de un documento no demuestra por sí sola la existencia de irregularidades en las votaciones ni invalida automáticamente las decisiones adoptadas.
Una escogencia de trascendencia institucional
La composición de la Suprema Corte de Justicia tiene repercusiones directas sobre el funcionamiento del sistema judicial dominicano, debido a las competencias constitucionales y legales asignadas a este tribunal.
En ese sentido, la selección de seis nuevos magistrados representa una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia mediante un procedimiento fundamentado en criterios objetivos, capacidad profesional e independencia judicial.
La transparencia sobre las evaluaciones y decisiones adoptadas adquiere una importancia particular cuando se trata de garantizar que la integración del tribunal responda a las exigencias institucionales y al principio de separación de poderes.
Con las entrevistas concluidas y la decisión final pendiente, la atención se concentra ahora en las deliberaciones del Consejo y en la eventual divulgación de la documentación correspondiente a las evaluaciones anteriores.
El CNM afronta así una etapa determinante, en la que no solo deberá completar la renovación parcial de la Suprema Corte de Justicia, sino también ofrecer garantías de transparencia que permitan fortalecer la credibilidad del proceso ante la sociedad dominicana.