Conecta con nosotros

Opinión

Signos indiscutibles de pobreza

Published

on

Por Juan Bolívar Díaz

En la medida en que el país comienza a controlar la terrible expansión del coronavirus y la población se acostumbra a convivir con la pandemia, vamos volviendo lentamente a la normalidad, tratando de enfrentar epidemias como el matrimonio infantil, el embarazo de adolescentes, los feminicidios y los accidentes de tránsito, renglones en que aparecemos en  los más altos niveles mundiales, y hasta en el liderazgo, como es la proporción de fallecimientos por accidentes automovilísticos.

            Son signos indiscutibles de la pobreza y el atraso social e institucional, que hace tiempo debimos haber combatido con sólidas y sostenidas campañas preventivas, poniendo por delante la educación en todas sus expresiones. Pero en estos días también se nos revela otro terrible indicador, la miseria de los trabajadores públicos y privados, patente en la docena de salarios mínimos y el costo de la canasta básica, más difíciles de enfrentar en la actual crisis de salubridad, económica y social.

            Es una buena decisión la prohibición legal del matrimonio infantil o adolescente que se discute en el Congreso Nacional, con la aprobación de las instituciones gubernamentales, sociales e internacionales relacionadas con la protección de los derechos y la dignidad de esos segmentos poblacionales. Pero será necesario mucho más que una ley, efectivas medidas de prevención y sobre todo educación para combatir el apareamiento temprano, y aplicar las sanciones a los adultos que utilicen sexualmente a niñas y adolescentes, con o sin que medie la voluntad de la víctima, tal como prescriben nuestros códigos.

            Hay que celebrar la iniciativa legislativa del joven y nuevo diputado José Horacio Rodríguez y la acogida que tuvo en el gobierno y diversos sectores políticos, para prohibir el matrimonio infantil, que sólo es permitido en una veintena de casi 200 países del mundo, entre ellos República Dominicana. Pero hay que ir mucho más lejos porque también tenemos una de las más altas tasas mundiales de embarazos de adolescentes, que condena a la pobreza cada año a millares de niñas y sus tempranos descendientes, con alto costo económico para la salubridad pública y familiar.

            Constituye un enorme bochorno que llevemos años diagnosticando que más del 20 por ciento de las dominicanas quedan embarazadas antes de los 18 años, muchas desde los 10 y 12. Un recién publicado estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas indica que al 2017 la RD registraba una de las más altas tasas de embarazo de adolescentes en el hemisferio occidental, con 94 por cada mil habitantes.

            Pero la peor noticia de estos días es que el costo de la canasta familiar del quintil más pobre, ahora 17 mil 458 pesos, está casi a la par del mínimo de las grandes empresas, 17 mil 600, y muy por encima de otra decena de salarios mínimos, que incluye los de las medianas y pequeñas empresas, de 12 mil 107 y 10 mil 729 pesos, respectivamente. Muy por encima del mínimo del sector público, situado en 10 mil pesos y promediando 6 mil en los ayuntamientos, y de los emblemáticas sectores de zonas francas, 11,500, y de  hoteles, bares y restaurantes, que oscilan entre 11 mil 600 y 7 mil 490 pesos.

            Los cálculos indican que más de la mitad de los empleados formales e informales tienen ingresos inferiores al salario mínimo más alto. Ni hablar de los costos promedios, el de la canasta familiar está en 36 mil 584, mientras en los registros de la Tesorería de la seguridad social el sueldo promedio era antes de la pandemia de 23 mil pesos, pero el 80 por ciento de los empleados ganaba menos de esa suma.

Los informes indican que cientos de miles de trabajadores han perdido sus empleos por el coronavirus y otros tantos reintegrados ahora ganarán menos, lo cual se traducirá en mayores niveles de pobreza, evidenciando la repetida y engañosa ilusión de que ya somos un país de clases medias, casi sin pobreza.

El Banco Central acaba de “sincerar” su índice de precios al consumidor. Ojalá podamos sincerar también el debate público sobre cómo enfrentar la triste realidad económico social, lo que será difícil cuando ya sectores políticos que gobernaron 16 años consecutivos adelantan que al cumplirse la próxima semana los 100 días del nuevo gobierno, saldrán a las calles a “defender a los pobres”. ¡Que Dios y las 11 mil vírgenes nos amparen!

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Opinión

¿De qué nos avergonzamos realmente?

Published

on

Por Isaías Ramos

En el evento reciente denominado La Semanal, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, manifestó que sentía vergüenza debido a la falta de un estadio modelo que pueda acoger eventos de Grandes Ligas en nuestro país. Estas declaraciones resaltan un malestar superficial que contrasta dramáticamente con las verdaderas vergüenzas que afligen a nuestra nación.

La propuesta de solucionar esta carencia a través de «Alianzas Público-Privadas», conocidas por socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, es indicativa de una problemática mucho más profunda y sistemática.

Esta situación nos invita a reflexionar y cuestionar: ¿No es acaso más vergonzoso que nuestros gobernantes adopten políticas neoliberales que contravienen el espíritu de la Constitución que juran proteger? ¿No deberíamos sentir una indignación más profunda cuando el régimen promueve un consumismo insostenible y un modelo económico que favorece la extracción sobre la producción genuina, despreciando así la creación de riqueza sostenible y la productividad?

Observamos con dolor cómo la palabra “político” se ha convertido en sinónimo de corrupto en el imaginario colectivo. Es desgarrador ver cómo nuestros líderes permiten que el futuro de la nación se vea comprometido por una deuda que supera los 70 mil millones de dólares en las últimas dos décadas, mientras nuestros recursos naturales son saqueados impunemente, dejando a la población solo con daños ambientales y problemas de salud irreparables.

Nuestro sistema educativo se encuentra entre los más ineficientes del mundo, deteriorándose ante nuestros ojos, y la seguridad en nuestras calles ha llegado a tal punto que la población vive prácticamente encerrada en sus propios hogares.

La implementación de leyes de «alianzas público-privadas» se ha convertido en un mecanismo legalizado para el saqueo de fondos públicos, exacerbando la corrupción ya rampante y desviando recursos que podrían mejorar la vida de todos.

¿Cómo no sentir un profundo malestar al saber que la deuda pública se ha incrementado en más de 27 mil millones de dólares en los últimos cuatro años sin mostrar ningún impacto social significativo de las inversiones realizadas?

¿No es vergonzoso que las políticas públicas hayan abandonado por completo el sector agropecuario desde 1996, permitiendo que nuestros campos sean invadidos por extranjeros siendo el desprecio más evidente para este sector bajo la actual administración del «cambio»?

Es hora de que como sociedad dominicana enfrentemos estas verdades incómodas. No podemos continuar tolerando la corrupción, el abandono de nuestra educación y salud, y la desatención hacia el bienestar general.

Desde el Frente Cívico y Social, hacemos un llamado a cada ciudadano a exigir cuentas, a reclamar transparencia y a trabajar juntos para reconstruir un país donde la dignidad, la justicia y el progreso real sean los pilares de nuestra comunidad.

¡Es tiempo de dejar atrás la vergüenza que nos paraliza y abrazar la valentía necesaria para cambiar nuestro destino colectivo! ¡Actuemos con determinación por un futuro mejor para todos!

Este es un momento crucial en nuestra historia. Debemos elegir si continuaremos permitiendo que estas prácticas vergonzosas definan nuestro país o si, en cambio, nos levantaremos para demandar y efectuar un cambio genuino y duradero que refleje el verdadero espíritu y potencial de la República Dominicana.

¡Despierta, RD!

 

 

 

 

Continue Reading

Opinión

Los Tribunales Militares y la Corte Penal Internacional

Published

on

Por Rommel Santos Diaz

Los tribunales militares, tal como los tribunales ordinarios, podrán procesar a los autores de un delito de la CPI. El Estatuto de Roma no hace ninguna distinción entre estos dos tipos de sistemas  y los Estados Partes pueden escoger libremente cuál tribunal nacional será competente para procesar un delito  de la CPI.

Un Estado Parte podrá decidir que los procedimientos relacionados  con el Estatuto de Roma  serán competencia de los tribunales ordinarios, de los tribunales militares, o de ambos, dependiendo de la organización general  de su sistema  judicial.

Sin embargo, los tribunales militares normalmente tienen  una competencia restringida. Solo pueden enjuiciar al personal  militar, y no tienen competencia  sobre los civiles.

Los crímenes de la competencia de la CPI , sin embargo, podrán  cometerse en tiempo de paz,  tanto por miembros de las fuerzas armadas , así como  civiles. Por ejemplo, la fuerza policial o grupos armados paramilitares pueden cometer crímenes de lesa humanidad, como un civil que participe reclutando niños o  niñas,  y que por ende cometa un crimen de guerra.

Los Estados Partes que deseen enjuiciar a los autores de un delito  de la Corte Penal Internacional  deberan, la mayor parte del tiempo , utilizar sus jurisdicciones  ordinarias, salvo que los tribunales militares cuenten con una amplia competencia  que cubra los crímenes cometidos en tiempo de paz y aquellos cometidos por civiles.

En muchos países, los procedimientos ante los tribunales militares son distintos a aquellos  ante un tribunal ordinario.

Los procedimientos son a veces  más expeditos ante un tribunal militar, y en algunas jurisdicciones el debido proceso puede que no se garantice al mismo nivel  que en los procedimientos penales comunes.

Sin embargo, la Corte Penal Internacional no puede admitir  un caso que se esté persiguiendo en una jurisdicción nacional, en el que el procedimiento a nivel nacional  tenga como fin proteger  de su responsabilidad penal o se esté llevando a cabo de manera contraria a la intención de llevar a la persona  ante la justicia.

Cualquier procedimiento militar que se  lleve  cabo de buena fe normalmente no será asumido  posteriormente por la competencia de la Corte Penal Internacional, sólo porque el proceso fue expedito.

Los tribunales militares deberán determinar la responsabilidad penal de un individuo tal y como lo describe el Estatuto de Roma, tomando en consideración a manera de lo posible, las definiciones de los delitos, los medios de defensa, y los principios generales de derecho penal descritos en el Estatuto de Roma.

El Estatuto de Roma no establece explícitamente las obligaciones de los Estados Partes  relacionadas a la dirección de sus ejércitos.Sin embargo, uno de los propósitos del Estatuto es asegurar un mayor respeto de las leyes de los conflictos armados al mismo tiempo que muchos de los crímenes de la CPI están relacionados a la práctica militar.

Cada prohibición que resulte de las definiciones de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra deberá  ser aplicable a los miembros de las fuerzas armadas de los Estados Partes.

Adicionalmente, los principios generales del derecho penal, y las ofensas establecidas en el Estatuto de Roma deberán incorporarse en los códigos militares.

 Finalmente, como medidas preventivas, los Estados Partes deberían incluir en su manual militar y adaptar la capacitación e instrucción de sus tropas, a medida de lo necesario,  con el fin de respetar la prohibición de utilizar ciertas armas establecidas por el Estatuto de Roma. La misma medida debería tomarse en relación con las cuestiones relacionadas a las órdenes de superiores.

[email protected]

Continue Reading

Opinión

¡Ojo con el plan en las EDE!

Published

on

Nelson Encarnación

El proceso de capitalización de las empresas públicas fue una iniciativa que, sin ninguna duda, estaba justificado desde el punto de vista gerencial, pues se suponía que el Estado se quitaba de las espaldas una pesada carga de subsidios a unidades “productivas” cuya permanencia solo se justificaba en el interés de disponer dónde acoger una empleomanía inútil. En lo concerniente al sector eléctrico, de una gigantesca Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) surgieron ocho empresas y tres entidades, es decir, once espacios para albergar una plantilla de personal casi siempre superior al que existía antes de la capitalización.

El proceso en su génesis fue bueno, si lo vemos desde la perspectiva del ahorro para el Estado, pero fue desvirtuado en lo esencial, al asignar a las distribuidoras el papel de balones en la cancha pública, que pasaron del Estado al sector privado, volvieron al Estado, y ahora posiblemente regresen a ser administradas por particulares.

Es lo que prima en la lógica empresarial del licenciado Celso Marranzini, y parece que esa lógica cuajará, pues también es del agrado de algunos funcionarios, entre ellos el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. Poner gerentes privados en las distribuidoras no sería nada nuevo, pues en su origen dichas empresas estuvieron dirigidas por ejecutivos privados —para colmo extranjeros— que cobraban un dineral con resultados financieros muy cuestionables.

Pero ya muchos años antes se había incurrido en un experimento similar, cuando en los albores del gobierno del presidente Antonio Guzmán en 1978, fueron designados numerosos empresarios privados como administradores en unidades de la entonces todopoderosa Corporación de Empresas Estatales (Corde), heredera del patrimonio corporativo del dictador Rafael L. Trujillo que fue pasado al dominio público.

¿Qué resultado obtuvieron esos administradores privados como gerentes de las empresas de Corde? Un fracaso absoluto. De modo que, como experiencia, esa fue bastante negativa.

¿Y qué decir de los socios estratégicos del Estado en la capitalización de la parte comercial del negocio eléctrico? Otro fracaso, sin decir que en algunos casos fue más bien un atraco.

La pregunta obligada es: ¿incurriremos nuevamente en la experiencia negativa del presidente Guzmán, del negocio de capar perros con Unión Fenosa o el fiasco de los administradores sudamericanos, caros e ineficientes? Con los pies se camina, pero también se tropieza.

Continue Reading

Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
www.larepublicaonline.com  / Email: [email protected]
Copyright © 2021 Blue National Group