Análisis Noticiosos
Sigue pendiente un pacto político para restablecer la credibilidad
Por Juan Bolívar Díaz
Tribunal Electoral y 4 jueces de la Suprema Corte debería ser el primer paso del presidente Medina para un pacto político que incluya las reformas electorales y el combate a la corrupción para responder la indignación ciudadana
Con absoluto control del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el presidente Danilo Medina tiene la oportunidad de dar un paso trascendental para recuperar confianza y convocar a un pacto político que incluya las reformas electorales e institucionales para combatir la corrupción y la impunidad y satisfacer las demandas de la ciudadanía.
Ya ni el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) escapa del desconcierto y la confrontación que marcan una crisis política y aumenta allí la consciencia de la necesidad de enmendar el desorden institucional para intentar restablecer la confianza en las instituciones y evadir el peligro de desestabilización económica y social.
Reconocer la realidad
Lo primero que se impone al liderazgo político nacional, especialmente a los gobernantes, es reconocer que hay una creciente indignación nacional por los niveles de corrupción e impunidad, que repercuten en la inseguridad ciudadana y la pérdida de confianza en las instituciones, manifestada en el Movimiento Verde que ha sacudido muchos años de indiferencia y permisividad.
Más allá de la prepotencia política se debe reconocer que la insatisfacción ya no es sólo privativa de las clases medias, y que los sectores populares se van incorporando a la movilización, que abarca al liderazgo religioso y amplios segmentos empresariales, muchos de ellos expresando preocupación de que la creciente insatisfacción derive en desestabilización económico-social. La potencialidad de la protesta ciudadana ha determinado que sectores conservadores expresen temores de que pueda descarrilarse.
No pueden ignorar los alcances del mensaje emitido el 7 de julio por la Conferencia del Episcopado Dominicano, al término de su 55 asamblea plenaria, donde se expresa satisfacción porque “cada vez más la ciudadanía se empodere y tome parte más activa en la lucha contra la corrupción”. Coincidieron con el movimiento popular en reclamar esfuerzos por institucionalizar la justicia para sancionar la corrupción y proscribir la impunidad.
Ya antes la mayoría de los obispos, incluyendo al metropolitano de Santo Domingo, se había manifestado en la misma dirección en los últimos seis meses cuando el Movimiento Verde ha tomado las calles por todo el país. Lo mismo ha hecho el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica y otros agrupamientos religiosos y empresariales.
El descrédito de la PGR
Si el gobierno alentó esperanzas de que la instancia de imputación presentada contra 14 personas por la Procuraduría General de la República (PGR) aplacaría la indignación, debería reconocer que en la opinión pública ha tenido un nuevo tropiezo, y que por donde quiera se huele el tufo de impunidad que ha rodeado la investigación en el país del escándalo de sobornos, sobrevaluaciones de obras públicas y financiamiento de campañas electorales por la constructora brasileña Odebrecht.
Esta semana, mientras en Perú caía preso un expresidente y en Brasil otro era condenado por corrupción, aquí hubieron de ser excarcelados casi todos los imputados, y los solos razonamientos de la jueza de mayor crédito en el país, Miriam Germán, dejó en el mayor descrédito la investigación de la PGR, desplazando de la atención pública el voto de los otros cuatro integrantes de la Cámara de Apelaciones de la Suprema Corte de Justicia.
En el descrédito quedó también el montaje mediático que acompañó los apresamientos bajo imputaciones que en su mayoría no resisten el análisis de ningún juez, con cuestionamientos a la negligente investigación nacional, dependiendo de generalidades registradas por la justicia brasileña. En la opinión pública independiente existe la convicción de que se ha vuelto al comienzo del escándalo que ya pasó de medio año y en la necesidad de reclamar a Odebrecht que entregue toda la información a que se comprometió en el “acuerdo de impunidad” que firmó con la PGR.
Repercusiones en el PLD
El escándalo de Odebrecht ha desestabilizado el PLD, cuyos organismos no han podido emitir un documento formalizando posición sobre la crisis, porque el encono se anida entre sus dirigentes, incluso más allá de la ya vieja confrontación entre sus líderes Danilo Medina y Leonel Fernández por el control de la poderosa maquinaria política. Tras las imputaciones el Comité Político no ha podido sesionar.
La crisis ha sido reconocida públicamente por dirigentes de sectores vinculados al expresidente Fernández, y a los imputados que, como Temístocles Montás y Radhamés Segura han visto afectadas sus aspiraciones a la candidatura presidencial del 2020. Hasta funcionarios gubernamentales reconocen discretamente que la crisis ha impactado seriamente el partido morado.
Fernando Fernández, un miembro del Comité Central que hasta el año pasado fue director de Aduanas y cercano colaborador del presidente Medina, expresó en un twiter y lo reiteró ayer en Uno+Uno, que los intentos continuistas del mandatario “han convertido en desechables hasta a los miembros del Comité Político”, tres de ellos imputados en lo que otros señalan “como chivos expiatorios de un financiamiento político de Odebrecht del que ni el presidente escapó”. Por eso algunos convienen en que si no es posible imputar a todos los responsables, lo menos que puede esperarse es una catarsis colectiva del liderazgo del PLD y de los otros partidos, que se traduzca en un serio compromiso de reformas políticas e institucionales.
La elección de jueces
El CNM ya está a días de escoger los nuevos titulares del Tribunal Superior Electoral (TSE) y 4 de renovación en la Suprema Corte de Justicia, por lo que la circunstancia parece propicia para dar pasos a la concertación política. El presidente Medina, con la gran mayoría de los ocho votos del organismo, tiene la posibilidad de imponer una renovación o ratificar el secuestro político del Tribunal Electoral, ejecutado por su antecesor Leonel Fernández.
Las expectativas son de que, como ocurrió a fines del año pasado con la Junta Central Electoral, Medina acatará las señales coyunturales y desechará la tentación de ratificar los actuales incondicionales, o de escoger otros también signados por la parcialidad y el compromiso partidista, dando paso a algún nivel de consenso.
En las actuales circunstancias no es posible desconocer el clamor nacional que propugna por jueces independientes y probos, del que es portador no sólo el Movimiento Verde, sino también el bloque de partidos opositores, la misma Conferencia del Episcopado, el empresariado y los más diversos sectores sociales, así como los editoriales de los periódicos y los espacios de opinión no comprometidos con el gobierno.
Pero como eso solo no revocará el descontento nacional ni satisfará el clamor ciudadano, el presidente Medina debería marcar esa elección como un comienzo y hacerse protagonista de la necesidad de una ley de partidos y una ley del Régimen Electoral que abaraten el costo de la política, cierren la amplia avenida de la corrupción y el abuso de los poderes estatales, que renueve la democracia interna y garantice elecciones equitativas. Nada perdería él mandatario personalmente y podría ganar espacio para otros respiros y pactos que, como el fiscal, son imprescindibles ya a corto plazo para la estabilidad económico-social.
Avances en concertación
Aunque todavía tímidamente, en la Comisión Bicameral que ha abordado la concertación del proyecto de Ley de Partidos se han producido importantes avances, acordando mecanismos para hacer prevalecer la democracia interna en los partidos, rendir cuentas del financiamiento público y hacer más transparente, con algunas limitaciones, las contribuciones privadas. También se ha logrado consenso en limitar el tiempo de las campañas internas por las candidaturas, restringiéndolas a actividades bajo techo y casa por casa, así como en la creación de un departamento en la Junta Central Electoral para fiscalizar las finanzas de los partidos.
Pero la comisión, con amplia participación partidaria y consultas a la sociedad civil, no podrá alcanzar el objetivo de aprobar la ley en la actual legislatura, a la que restan apenas ocho días laborables. Aún no logran consenso sobre asuntos nodales como los topes de gasto en las campañas internas, el padrón a utilizarse para las elecciones de candidatos y y si serán simultáneas en todos los partidos. Ya acordaron que las organizaría la JCE, lo que podría ser muy difícil por el cómputo al mismo tiempo de los votos de precandidatos de los cuatro partidos mayoritarios, que a razón de hasta 3 por cada uno de los 4 mil 66 cargos electivos, implicaría casi 50 mil. El cómputo de las elecciones del 2016 concluyó cuatro semanas después, con un solo candidato por partido.
El consenso tampoco se ha podido alcanzar sobre la equidad de género en las candidaturas, que se ha demandado elevar siquiera del 33 al 40 por ciento y extenderla a los cargos directivos de los partidos. Y mucho más esfuerzos de consensos demandará la exigente y más compleja Ley del Régimen Electoral que pauta la competencia por el control del Estado.-
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.
Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso que dice que: «árbol que nació torcido nadie lo endereza».
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas fáciles en el país tiene dos caminos para tenerlas y son el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular, no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario, porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.