Análisis Noticiosos
Sigue pendiente un pacto político para restablecer la credibilidad
Por Juan Bolívar Díaz
Tribunal Electoral y 4 jueces de la Suprema Corte debería ser el primer paso del presidente Medina para un pacto político que incluya las reformas electorales y el combate a la corrupción para responder la indignación ciudadana
Con absoluto control del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el presidente Danilo Medina tiene la oportunidad de dar un paso trascendental para recuperar confianza y convocar a un pacto político que incluya las reformas electorales e institucionales para combatir la corrupción y la impunidad y satisfacer las demandas de la ciudadanía.
Ya ni el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) escapa del desconcierto y la confrontación que marcan una crisis política y aumenta allí la consciencia de la necesidad de enmendar el desorden institucional para intentar restablecer la confianza en las instituciones y evadir el peligro de desestabilización económica y social.
Reconocer la realidad
Lo primero que se impone al liderazgo político nacional, especialmente a los gobernantes, es reconocer que hay una creciente indignación nacional por los niveles de corrupción e impunidad, que repercuten en la inseguridad ciudadana y la pérdida de confianza en las instituciones, manifestada en el Movimiento Verde que ha sacudido muchos años de indiferencia y permisividad.
Más allá de la prepotencia política se debe reconocer que la insatisfacción ya no es sólo privativa de las clases medias, y que los sectores populares se van incorporando a la movilización, que abarca al liderazgo religioso y amplios segmentos empresariales, muchos de ellos expresando preocupación de que la creciente insatisfacción derive en desestabilización económico-social. La potencialidad de la protesta ciudadana ha determinado que sectores conservadores expresen temores de que pueda descarrilarse.
No pueden ignorar los alcances del mensaje emitido el 7 de julio por la Conferencia del Episcopado Dominicano, al término de su 55 asamblea plenaria, donde se expresa satisfacción porque “cada vez más la ciudadanía se empodere y tome parte más activa en la lucha contra la corrupción”. Coincidieron con el movimiento popular en reclamar esfuerzos por institucionalizar la justicia para sancionar la corrupción y proscribir la impunidad.
Ya antes la mayoría de los obispos, incluyendo al metropolitano de Santo Domingo, se había manifestado en la misma dirección en los últimos seis meses cuando el Movimiento Verde ha tomado las calles por todo el país. Lo mismo ha hecho el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica y otros agrupamientos religiosos y empresariales.
El descrédito de la PGR
Si el gobierno alentó esperanzas de que la instancia de imputación presentada contra 14 personas por la Procuraduría General de la República (PGR) aplacaría la indignación, debería reconocer que en la opinión pública ha tenido un nuevo tropiezo, y que por donde quiera se huele el tufo de impunidad que ha rodeado la investigación en el país del escándalo de sobornos, sobrevaluaciones de obras públicas y financiamiento de campañas electorales por la constructora brasileña Odebrecht.
Esta semana, mientras en Perú caía preso un expresidente y en Brasil otro era condenado por corrupción, aquí hubieron de ser excarcelados casi todos los imputados, y los solos razonamientos de la jueza de mayor crédito en el país, Miriam Germán, dejó en el mayor descrédito la investigación de la PGR, desplazando de la atención pública el voto de los otros cuatro integrantes de la Cámara de Apelaciones de la Suprema Corte de Justicia.
En el descrédito quedó también el montaje mediático que acompañó los apresamientos bajo imputaciones que en su mayoría no resisten el análisis de ningún juez, con cuestionamientos a la negligente investigación nacional, dependiendo de generalidades registradas por la justicia brasileña. En la opinión pública independiente existe la convicción de que se ha vuelto al comienzo del escándalo que ya pasó de medio año y en la necesidad de reclamar a Odebrecht que entregue toda la información a que se comprometió en el “acuerdo de impunidad” que firmó con la PGR.
Repercusiones en el PLD
El escándalo de Odebrecht ha desestabilizado el PLD, cuyos organismos no han podido emitir un documento formalizando posición sobre la crisis, porque el encono se anida entre sus dirigentes, incluso más allá de la ya vieja confrontación entre sus líderes Danilo Medina y Leonel Fernández por el control de la poderosa maquinaria política. Tras las imputaciones el Comité Político no ha podido sesionar.
La crisis ha sido reconocida públicamente por dirigentes de sectores vinculados al expresidente Fernández, y a los imputados que, como Temístocles Montás y Radhamés Segura han visto afectadas sus aspiraciones a la candidatura presidencial del 2020. Hasta funcionarios gubernamentales reconocen discretamente que la crisis ha impactado seriamente el partido morado.
Fernando Fernández, un miembro del Comité Central que hasta el año pasado fue director de Aduanas y cercano colaborador del presidente Medina, expresó en un twiter y lo reiteró ayer en Uno+Uno, que los intentos continuistas del mandatario “han convertido en desechables hasta a los miembros del Comité Político”, tres de ellos imputados en lo que otros señalan “como chivos expiatorios de un financiamiento político de Odebrecht del que ni el presidente escapó”. Por eso algunos convienen en que si no es posible imputar a todos los responsables, lo menos que puede esperarse es una catarsis colectiva del liderazgo del PLD y de los otros partidos, que se traduzca en un serio compromiso de reformas políticas e institucionales.
La elección de jueces
El CNM ya está a días de escoger los nuevos titulares del Tribunal Superior Electoral (TSE) y 4 de renovación en la Suprema Corte de Justicia, por lo que la circunstancia parece propicia para dar pasos a la concertación política. El presidente Medina, con la gran mayoría de los ocho votos del organismo, tiene la posibilidad de imponer una renovación o ratificar el secuestro político del Tribunal Electoral, ejecutado por su antecesor Leonel Fernández.
Las expectativas son de que, como ocurrió a fines del año pasado con la Junta Central Electoral, Medina acatará las señales coyunturales y desechará la tentación de ratificar los actuales incondicionales, o de escoger otros también signados por la parcialidad y el compromiso partidista, dando paso a algún nivel de consenso.
En las actuales circunstancias no es posible desconocer el clamor nacional que propugna por jueces independientes y probos, del que es portador no sólo el Movimiento Verde, sino también el bloque de partidos opositores, la misma Conferencia del Episcopado, el empresariado y los más diversos sectores sociales, así como los editoriales de los periódicos y los espacios de opinión no comprometidos con el gobierno.
Pero como eso solo no revocará el descontento nacional ni satisfará el clamor ciudadano, el presidente Medina debería marcar esa elección como un comienzo y hacerse protagonista de la necesidad de una ley de partidos y una ley del Régimen Electoral que abaraten el costo de la política, cierren la amplia avenida de la corrupción y el abuso de los poderes estatales, que renueve la democracia interna y garantice elecciones equitativas. Nada perdería él mandatario personalmente y podría ganar espacio para otros respiros y pactos que, como el fiscal, son imprescindibles ya a corto plazo para la estabilidad económico-social.
Avances en concertación
Aunque todavía tímidamente, en la Comisión Bicameral que ha abordado la concertación del proyecto de Ley de Partidos se han producido importantes avances, acordando mecanismos para hacer prevalecer la democracia interna en los partidos, rendir cuentas del financiamiento público y hacer más transparente, con algunas limitaciones, las contribuciones privadas. También se ha logrado consenso en limitar el tiempo de las campañas internas por las candidaturas, restringiéndolas a actividades bajo techo y casa por casa, así como en la creación de un departamento en la Junta Central Electoral para fiscalizar las finanzas de los partidos.
Pero la comisión, con amplia participación partidaria y consultas a la sociedad civil, no podrá alcanzar el objetivo de aprobar la ley en la actual legislatura, a la que restan apenas ocho días laborables. Aún no logran consenso sobre asuntos nodales como los topes de gasto en las campañas internas, el padrón a utilizarse para las elecciones de candidatos y y si serán simultáneas en todos los partidos. Ya acordaron que las organizaría la JCE, lo que podría ser muy difícil por el cómputo al mismo tiempo de los votos de precandidatos de los cuatro partidos mayoritarios, que a razón de hasta 3 por cada uno de los 4 mil 66 cargos electivos, implicaría casi 50 mil. El cómputo de las elecciones del 2016 concluyó cuatro semanas después, con un solo candidato por partido.
El consenso tampoco se ha podido alcanzar sobre la equidad de género en las candidaturas, que se ha demandado elevar siquiera del 33 al 40 por ciento y extenderla a los cargos directivos de los partidos. Y mucho más esfuerzos de consensos demandará la exigente y más compleja Ley del Régimen Electoral que pauta la competencia por el control del Estado.-
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.