Santo Domingo, RD.-Cuando el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional esté conociendo un recurso de revisión de medida de coerción interpuesto por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, implicado en el caso Medusa, el Séptimo Juzgado de la Instrucción de la misma jurisdicción continuará con la audiencia preliminar a los involucrados en caso Antipulpo, cuyo principal imputado es Alexis Medina Sánchez.Nacionales
Siguen hoy audiencias casos Medusa y Pulpo
Santo Domingo, RD.-Cuando el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional esté conociendo un recurso de revisión de medida de coerción interpuesto por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, implicado en el caso Medusa, el Séptimo Juzgado de la Instrucción de la misma jurisdicción continuará con la audiencia preliminar a los involucrados en caso Antipulpo, cuyo principal imputado es Alexis Medina Sánchez.Ambas audiencias están fijadas para hoy, a partir de las 9 de la mañana. Se trata de dos de los entramados de corrupción administrativa que ha desmantelado el ministerio público en la actual gestión, a través de sendas operaciones.
Se están celebrando en las salas del primer y segundo tribunal colegiado, que funcionan en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, porque son más grandes que las de los juzgados de la instrucción.
Revisión de medida
El 30 de septiembre, el juez Amauris Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción, aplazó para el 17 de octubre el recurso de revisión interpuesto por el exprocurador Jean Alain Rodríguez.
El conocimiento de ese recurso ha sido pospuesto varias veces por diversas razones.
La última vez fue para que la defensa legal del exprocurador notifique el recurso de revisión a los abogados del Estado y a la fundación Alfred Nobel, que intervienen en este caso.
Rodríguez cumple prisión preventiva de 18 meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, en San Cristóbal. La medida de coerción le fue impuesta el 13 de julio del 2021 por la jueza Kenya Romero, quien también declaró el caso complejo a solicitud del ministerio público.
El exprocurador está acusado de liderar una red de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que supuestamente estafó al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos, según el expediente.
La Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha insistido en que el exprocurador debe permanecer en prisión, pero la defensa del imputado confía que saldrá en libertad.
“En ningún caso, ningún imputado ha dedicado tanto tiempo, personas y dinero para procurar obstruir un proceso, nadie se ha dedicado a hacer seis recusaciones en contra del ministerio público procurando que su proceso no se conozca”, señaló recientemente el procurador anticorrupción, Wilson Camacho, cuando fue entrevistado en el Palacio de Justicia.
Pero el consejo de defensa del ex procurador afirmó que la PEPCA no tiene un solo argumento legal para prolongar esa prisión y que ante esa realidad utiliza argumentos antijurídicos y absurdos.
Garantizó que Rodríguez asistirá a cada audiencia en los tribunales para demostrar su inocencia estando en libertad, en base al artículo 69 de la Constitución y los artículos 14 y 15 del Código Procesal Penal.
La acusación formal en este caso fue presentada por la PEPCA el sábado 2 de julio del 2022.
Caso antipulpo
Desde el lunes 10 de octubre, la audiencia preliminar del caso antipulpo está en la fase de lectura de la acusación presentada por el ministerio público. Los fiscales seguirán leyendo a partir de la página 234, que fue en la que se quedaron el pasado viernes.
SEPA MÁS
Leen cargos a imputados
Preliminar.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción, dio inicio a la audiencia preliminar del caso Antipulpo el 7 de febrero del 2022. La acusación formal fue presentada por el ministerio público en diciembre del 2021. La lectura de los cargos contra los imputados se realiza los días lunes y viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.