Santo Domingo, RD.-Cuando el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional esté conociendo un recurso de revisión de medida de coerción interpuesto por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, implicado en el caso Medusa, el Séptimo Juzgado de la Instrucción de la misma jurisdicción continuará con la audiencia preliminar a los involucrados en caso Antipulpo, cuyo principal imputado es Alexis Medina Sánchez.Nacionales
Siguen hoy audiencias casos Medusa y Pulpo
Santo Domingo, RD.-Cuando el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional esté conociendo un recurso de revisión de medida de coerción interpuesto por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, implicado en el caso Medusa, el Séptimo Juzgado de la Instrucción de la misma jurisdicción continuará con la audiencia preliminar a los involucrados en caso Antipulpo, cuyo principal imputado es Alexis Medina Sánchez.Ambas audiencias están fijadas para hoy, a partir de las 9 de la mañana. Se trata de dos de los entramados de corrupción administrativa que ha desmantelado el ministerio público en la actual gestión, a través de sendas operaciones.
Se están celebrando en las salas del primer y segundo tribunal colegiado, que funcionan en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, porque son más grandes que las de los juzgados de la instrucción.
Revisión de medida
El 30 de septiembre, el juez Amauris Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción, aplazó para el 17 de octubre el recurso de revisión interpuesto por el exprocurador Jean Alain Rodríguez.
El conocimiento de ese recurso ha sido pospuesto varias veces por diversas razones.
La última vez fue para que la defensa legal del exprocurador notifique el recurso de revisión a los abogados del Estado y a la fundación Alfred Nobel, que intervienen en este caso.
Rodríguez cumple prisión preventiva de 18 meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, en San Cristóbal. La medida de coerción le fue impuesta el 13 de julio del 2021 por la jueza Kenya Romero, quien también declaró el caso complejo a solicitud del ministerio público.
El exprocurador está acusado de liderar una red de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que supuestamente estafó al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos, según el expediente.
La Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha insistido en que el exprocurador debe permanecer en prisión, pero la defensa del imputado confía que saldrá en libertad.
“En ningún caso, ningún imputado ha dedicado tanto tiempo, personas y dinero para procurar obstruir un proceso, nadie se ha dedicado a hacer seis recusaciones en contra del ministerio público procurando que su proceso no se conozca”, señaló recientemente el procurador anticorrupción, Wilson Camacho, cuando fue entrevistado en el Palacio de Justicia.
Pero el consejo de defensa del ex procurador afirmó que la PEPCA no tiene un solo argumento legal para prolongar esa prisión y que ante esa realidad utiliza argumentos antijurídicos y absurdos.
Garantizó que Rodríguez asistirá a cada audiencia en los tribunales para demostrar su inocencia estando en libertad, en base al artículo 69 de la Constitución y los artículos 14 y 15 del Código Procesal Penal.
La acusación formal en este caso fue presentada por la PEPCA el sábado 2 de julio del 2022.
Caso antipulpo
Desde el lunes 10 de octubre, la audiencia preliminar del caso antipulpo está en la fase de lectura de la acusación presentada por el ministerio público. Los fiscales seguirán leyendo a partir de la página 234, que fue en la que se quedaron el pasado viernes.
SEPA MÁS
Leen cargos a imputados
Preliminar.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción, dio inicio a la audiencia preliminar del caso Antipulpo el 7 de febrero del 2022. La acusación formal fue presentada por el ministerio público en diciembre del 2021. La lectura de los cargos contra los imputados se realiza los días lunes y viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).
La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.
El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.
Agencias internacionales cooperarán
Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.
- Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.
Nacionales
Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva
Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.
Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.
Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.
Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.
Inconstitucionalidad por desproporcionalidad
Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.
Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.
«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.
Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.
Críticas a un fallo «literario y religioso»
La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.
Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.
Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.
“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.
Derecho a la salud y dignidad humana
El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.
Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.
Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.
Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.