Santo Domingo, RD.-Cuando el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional esté conociendo un recurso de revisión de medida de coerción interpuesto por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, implicado en el caso Medusa, el Séptimo Juzgado de la Instrucción de la misma jurisdicción continuará con la audiencia preliminar a los involucrados en caso Antipulpo, cuyo principal imputado es Alexis Medina Sánchez.Nacionales
Siguen hoy audiencias casos Medusa y Pulpo
Santo Domingo, RD.-Cuando el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional esté conociendo un recurso de revisión de medida de coerción interpuesto por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, implicado en el caso Medusa, el Séptimo Juzgado de la Instrucción de la misma jurisdicción continuará con la audiencia preliminar a los involucrados en caso Antipulpo, cuyo principal imputado es Alexis Medina Sánchez.Ambas audiencias están fijadas para hoy, a partir de las 9 de la mañana. Se trata de dos de los entramados de corrupción administrativa que ha desmantelado el ministerio público en la actual gestión, a través de sendas operaciones.
Se están celebrando en las salas del primer y segundo tribunal colegiado, que funcionan en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, porque son más grandes que las de los juzgados de la instrucción.
Revisión de medida
El 30 de septiembre, el juez Amauris Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción, aplazó para el 17 de octubre el recurso de revisión interpuesto por el exprocurador Jean Alain Rodríguez.
El conocimiento de ese recurso ha sido pospuesto varias veces por diversas razones.
La última vez fue para que la defensa legal del exprocurador notifique el recurso de revisión a los abogados del Estado y a la fundación Alfred Nobel, que intervienen en este caso.
Rodríguez cumple prisión preventiva de 18 meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, en San Cristóbal. La medida de coerción le fue impuesta el 13 de julio del 2021 por la jueza Kenya Romero, quien también declaró el caso complejo a solicitud del ministerio público.
El exprocurador está acusado de liderar una red de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que supuestamente estafó al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos, según el expediente.
La Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha insistido en que el exprocurador debe permanecer en prisión, pero la defensa del imputado confía que saldrá en libertad.
“En ningún caso, ningún imputado ha dedicado tanto tiempo, personas y dinero para procurar obstruir un proceso, nadie se ha dedicado a hacer seis recusaciones en contra del ministerio público procurando que su proceso no se conozca”, señaló recientemente el procurador anticorrupción, Wilson Camacho, cuando fue entrevistado en el Palacio de Justicia.
Pero el consejo de defensa del ex procurador afirmó que la PEPCA no tiene un solo argumento legal para prolongar esa prisión y que ante esa realidad utiliza argumentos antijurídicos y absurdos.
Garantizó que Rodríguez asistirá a cada audiencia en los tribunales para demostrar su inocencia estando en libertad, en base al artículo 69 de la Constitución y los artículos 14 y 15 del Código Procesal Penal.
La acusación formal en este caso fue presentada por la PEPCA el sábado 2 de julio del 2022.
Caso antipulpo
Desde el lunes 10 de octubre, la audiencia preliminar del caso antipulpo está en la fase de lectura de la acusación presentada por el ministerio público. Los fiscales seguirán leyendo a partir de la página 234, que fue en la que se quedaron el pasado viernes.
SEPA MÁS
Leen cargos a imputados
Preliminar.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción, dio inicio a la audiencia preliminar del caso Antipulpo el 7 de febrero del 2022. La acusación formal fue presentada por el ministerio público en diciembre del 2021. La lectura de los cargos contra los imputados se realiza los días lunes y viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
Nacionales
Dictan apertura a juicio a hijo de exviceministro de Agricultura por estafa a esa institución
Santo Domingo, R.D.-El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio de fondo a el hijo de un exviceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Mientras que Paredes Elizondo enfrenta cargos por violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de República; artículos 123, 124, 171 y 172 del Código Penal. Además, por coautoría en las conductas delictivas tipificadas en los artículos 5, 6 y 14 de la ley contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Nacionales
Dos de los acusados de estafar ancianos en EE.UU. aceptan irse voluntariamente en extradición
Santo Domingo, R.D.-Dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos decidieron irse de manera voluntaria para presentarse ante la justicia estadounidense, acogiéndose al proceso abreviado en la solicitud de extradición.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Su caso ahora pasa a la Procuraduría General de la República para que la solicitud sea tramitada y ejecutada, de conformidad con los términos de la Constitución y las leyes dominicanas para luego ser firmada por el presidente Luis Abinader y se emita el decreto que autoriza su entrega a las autoridades estadounidenses.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Además de los años de prisión, el Departamento de Justicia indica que el grupo de acusados podría enfrentar una multa máxima de 250,000 dólares por cada cargo de fraude postal y electrónico y una multa máxima de 500,000 dólares por cada cargo de lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.
Nacionales
Senado aprueba ley de liberación de impuestos la importación de cámaras para sistemas de seguridad
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobada en primera lectura en el Senado un proyecto de ley que libera de impuestos la importación de cámaras digitales utilizadas en los sistemas de seguridad del país para combatir la delincuencia.
La pieza, que contó con 22 votos a favor y uno en contra, busca exonerar durante 10 años, partiendo de su promulgación, los pagos tributarios que deben realizar quienes importen cámaras grabadoras destinadas a contribuir con la seguridad y protección.
De acuerdo a los considerando presentados en el documento, los sistemas de videovigilancia son una de las herramientas «preventivas y disuasorias» que aportan a la lucha contra la inseguridad.
Las residencias, empresas, propiedades campestres, condominios, colmados, supermercados, hoteles, bares, restaurantes, escuelas, colegios, clínicas, hospitales y otros sectores relacionados son quienes serán exentos, a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), de los pagos tributarios requeridos en la adquisición de este tipo de videocámaras.
TIPOS DE CÁMARAS
La pieza legislativa delibera las cámaras tipo balas, domos, box y “PTZ”, que se pueden instalar en ambos ambientes, interior y exterior, para grabaciones de video de 720p, 1080p y 4K.
Además, los videograbadores con capacidad de grabación y audio no mayor de 32 canales con entradas tipo analógico, digital y de red (IP).
A esta lista de exenciones tributarias también se agregan las fuentes de alimentación eléctrica para grabadores analógicas y digitales de hasta 32 canales.
Esta ley modificaría el capítulo 85 de la Ley 146-00 sobre Reforma Arancelaria y Compensación Fiscal, que hace referencia a las cámaras digitales de seguridad y sus componentes.
Asimismo, reformará cualquier otra disposición legal que le sea contraria a este proyecto de ley, según lo dicta el quinto artículo denominado “Modificación”.
SEGUNDA EXTENSIÓN
El 16 de julio del año 2012, el Congreso de la República Dominicana creó la Ley 171-12, que tuvo como objeto facilitar la adquisición de cámaras de videovigilancia, a través de la exoneración del pago de todo tipo de impuestos de importación, por un periodo de 10 años.
Este plazo finalizó en 2022 y género en consecuencia que estos equipos tecnológicos no sean beneficiados, en la actualidad, con ningún incentivo fiscal.