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Silié califica de irreflexiva veda Haití a productos RD
La confrontación no es de los gobiernos, sino de sectores de rancio nacionalismo
Por la veda, la semana pasada empleados de Aduanas de Haití impideron la entrada de pollos y huevos. Fuente externa
El embajador dominicano en Haití, Rubén Silié, califica como un acto irreflexivo lanzar una alerta sanitaria por una enfermedad que supuestamente amenaza la salud de los ciudadanos haitianos, sin que se tenga una fuente fiable que la sostenga.
En un artículo publicado en el periódico haitiano Le Nouvelliste, Silié plantea que la forma en la que se maneja el tema de la veda impuesta por el Gobierno haitiano a los productos avícolas dominicanos es una lucha que lleva a ninguna parte.
El embajador dominicano expone con detalles precisos las altas y bajas de las relaciones domínico-haitianas, en el contexto de la referida prohibición bajo el falso argumento de que en República Dominicana existe gripe aviar.
Para Silié, la citada información es una manipulación que, más que provocar el pánico a una parte de la población más vulnerable, crea tensiones políticas y diplomáticas entre dos gobiernos amigos.
Desde esa perspectiva, Silié precisa que las autoridades dominicanas demandan explicaciones a sus homólogas haitianas porque es evidente que el fondo del asunto no es proteger a la población haitiana de la enfermedad, sino de establecer controles sobre la importación de productos avícolas del país.
“¿Las autoridades haitianas verdaderamente piensan que, para crear las condiciones de negociación sobre el tema avícola es necesario provocar una acción hostil? ¿No es mejor tomar en cuenta la propuesta del presidente Danilo Medina, hecha hace apenas un mes, en el sentido de abrir un diálogo entre los ministros de Comercio para avanzar hacia un acuerdo que permita regular la actividad comercial?”.
Algunos antecedentes. El embajador Silié plantea en el artículo que la exportación de productos avícolas procedentes de República Dominicana se lleva a cabo desde hace más de 15 años, y que no se registraron problemas hasta 2008 cuando en el país de origen de las aves de corral se declaró una epidemia de gripe aviar.
“Sin embargo, ese negocio, como la mayoría de los que se encuentran en la lista comercial entre Haití y República Dominicana, se abrió y se desarrolla sin reglas claras establecidas por los gobiernos.
“Los criadores de pollos dominicanos y sus contrapartes haitianos han descubierto este nicho de mercado y establecieron un comercio sin que nadie les interrumpa.
“Ante el surgimiento de la enfermedad, el Gobierno haitiano tomó las medidas que consideraba pertinentes, impidiendo la importación de manera formal. Sin embargo, una vez controlada la epidemia y se calmara la guerra mediática de 2008, los dos grupos de comerciantes se unieron de nuevo para continuar con sus negocios”.
A partir de 2009 y sobre todo después del sismo de 2010, precisa Silié, algunas condiciones en Haití favorecieron que, sin que el embargo sanitario que pesaba sobre esos productos haya sido levantado, se vendieran de nuevo en todo el territorio haitiano.
Esas transacciones cesaron recientemente “por la falsa información que hace pensar que la famosa gripe aviar había reaparecido”.
De esa manera, expresa Silié, las autoridades haitianas reprodujeron la misma actitud que en 2008, que fue la de cerrar unilateralmente el paso por la frontera de animales y huevos.
“No se ha tomado en cuenta el hecho de que en 2013 las relaciones entre los gobernantes y el pueblo habían cambiado sustancialmente, y que una medida de ese tipo no debió tomarse de manera tan apresurada, sin informar a la otra parte de la radical medida que se aplicaba”.
Al destacar que al ‘match’ actual le anteceden prácticas de buenos vecinos, sobre todo con la forma en que se enfrentó sanitariamente el cólera, Silié afirma que los ministros haitianos han visto en República Dominicana, al tomar la decisión, más que un país amigo un “enemigo oculto” que pueden atacar con la espada del nacionalismo.
“Los ministros no han resaltado que si en el seno de la sociedad dominicana persistía una percepción negativa hacia Haití, esa no es la norma del Gobierno ni de los actores principales de la sociedad civil y de la vida política.
“Lo más importante es que, para el Gobierno haitiano en general, la confrontación con la República Dominicana no es más que un objetivo político. Y que entre los dos gobiernos se refuerza la idea de que los ataques infundados llaman a un nacionalismo anticuado, presentado por los mismos intereses del pasado”.
Las recomendaciones. Silié expresa en el artículo que los gobiernos dominicano y haitiano deben mantenerse alejados de la manipulación nacionalista de sectores de ambos lados de la isla.
“Yo reitero que ahora no son los dos gobiernos los que se enfrentan, porque los dos desean acercarse. Pero ciertos actores, de uno y otro lado, con un nacionalismo visceral y emotivo, pretenden obligar a los gobiernos a defender sus asuntos particulares como si ellos representaran los intereses de nuestros países.
“En consecuencia, ellos deben mantenerse lejos de esta manipulación y avanzar hacia la regulación comercial equitativa y justa”, dice el embajador Silié.´
HOY
Santo Domingo, R.D.-Eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico dos hombres y una mujer que fueron encontrados muertos con múltiples impactos de balas en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa y la ciudad de Santiago, según la La Policía Nacional.
informó que los dos hombres encontrados muertos con múltiples impactos de bala en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa, eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico, y se les vincula directamente con el reciente asesinato de una mujer en Santiago de los Caballeros.
Los fallecidos fueron identificados como Natanael Peña, alias “El Cha”, y un hombre conocido hasta el momento como “La Rata”.
Según el informe preliminar, estos hombres mantenían una disputa por el control de puntos de drogas con Margarita Díaz García, alias “La China”, quien fue ultimada recientemente en La Yagüita de Pastor, en Santiago.
Las autoridades señalan que Díaz García y su pareja, Roberto Hans Sánchez Tejada, alias “El Flaco”, operaban la distribución de sustancias en esa zona.
El cruce de información entre la Dirección de Investigación (Dicrim) de La Vega y Santiago conectó ambos casos. La Policía Científica confirmó que los casquillos recolectados en la escena del asesinato de «La China» en Santiago coinciden en todas sus características con los levantados donde hallaron a «El Cha» y «La Rata», en el sector La Virgen de Jarabacoa.
El análisis de cámaras de seguridad permitió a las autoridades identificar el vehículo utilizado en el ataque de Santiago: una yipeta Honda CR-V, rojo vino (placa G-763855). El vehículo había sido rentado por Ruddy Manuel Moran Almonte, alias “La Pólvora”, un reconocido delincuente de la zona.
Durante los operativos desplegados en Jarabacoa, la Policía retuvo la yipeta mencionada, la cual era conducida por Erika Martínez Peralta, de 26 años. Al ser interrogada, la joven confesó que «La Pólvora» le había ordenado abandonar el vehículo.
Martínez Peralta guió a unidades élites de la Policía hasta una villa en el sector El Pedregal, donde se escondían los prófugos. Al notar la presencia policial, los hombres armados huyeron hacia una zona boscosa cerca del río Baiguate. Durante la persecución cayó abatido Miguel Marine Rodríguez, alias “La Cabra”.
A «La Cabra» se le ocupó una pistola calibre 9 milímetros. Los análisis balísticos confirmaron que esa fue el arma utilizada tanto en el asesinato de «La China» en Santiago, como en la ejecución de «El Cha» y «La Rata» en Jarabacoa.
La información del GPS proporcionada por la empresa de alquiler de vehículos evidenció que el sistema registró que la yipeta hizo una parada a las 4:15 de la madrugada del 20 de mayo de 2026 en el sector La Virgen, en Jarabacoa. Este fue el lugar y la hora exacta en la que los sicarios ejecutaron y abandonaron los cuerpos de Natanael Peña y el apodado «La Rata».
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados el proyecto que tiene el objetivo de reformar la Ley 16-92 del Código de Trabajo, el cual contiene diversas variaciones con respecto al documento actual.
Una de las alteraciones está centrada en la licencia por paternidad otorgada a los trabajadores. Para el Gobierno, el nuevo contenido que tendría la regulación laboral representa “un aumento del 100%”, ya que elevaría el periodo de dos a cuatro días.
“Hemos logrado consensos en aumento en un 100% de la licencia por paternidad a cargo de la empresa”, comunicó el 26 de agosto de 2024 el entonces ministro Luis Miguel De Camps, quien dirigió los diálogos realizados con empresarios y sectores sindicales antes de presentar la base del proyecto de ley que en la actualidad conoce el Congreso Nacional.
En las discusiones que han desarrollado durante más de un año, los legisladores habían acordado elevar la cantidad de días a siete, pero, finalmente, se limitaron a respaldar la recomendación enviada por el Poder Ejecutivo.
“Cuatro días laborables de licencia por paternidad con disfrute de salario para el caso de alumbramiento de la esposa o de la pareja debidamente registrada en la empresa”, dicta el nuevo texto que contendría el artículo 54 del documento.
Asimismo, algunos congresistas entendían necesario incluir a los hermanos en la lista de parientes que son considerados cuando el empleado requiera de una licencia por duelo establecida en cuatro días.
Esto significa que únicamente los familiares que aplican para ese caso son los abuelos, padres, hijos o la pareja del asalariado.
Por otro lado, los representantes de la cámara baja aprobaron también la realización de un cambio en la entrega de las propinas a los empleados de hoteles, restaurantes, cafés, barras y bares, “en general en los establecimientos comerciales donde se expande comida o bebida para su consumo en esos mismos lugares”.
Aunque se registraron intentos por parte de algunos senadores y diputados de eliminar ese apartado, la propuesta legislativa mantuvo el 10% de gratificación que debe entregar el empleador, recolectado de un tributo colocado a cuenta pagada por el consumidor. Esta bonificación no incluye al personal que integra el área gerencial y administrativa.
Según establece la pieza, los trabajadores y empleadores de los establecimientos podrán acordar que el repartimiento porcentual de la propina derive de criterios que “tomen en consideración la generación del porcentaje de propina en cada una de las áreas de servicios de los establecimientos, así como la posibilidad de incluir a quienes no asistieron a sus labores ese día”.
Uno de los temas más conflictivos dentro del proceso de debate que ha causado el tema de la reforma laboral es la cesantía, luego de que el sector empresarial haya manifestado en diversas ocasiones la intención que tienen de modificarla, a través de la colocación de un límite.
El proyecto legislativo también agrega una figura antes no contemplada para los procesos judiciales: El juez conciliador.
Este tendría la responsabilidad de proponer soluciones razonables, a través de reflexiones que considere oportunas, para intentar que el empleador y el asalariado logren un acuerdo cuando tengan conflictos reportados ante los juzgados.
Asimismo, los diputados colocaron un tope para establecer una duración máxima de 24 meses para el término de los procesos judiciales.
Momentos después de que la sociedad conociera sobre la aprobación del documento legislativo, alrededor de 80 colectivos comerciales se pronunciaron a través del Consejo Nacional de las Empresas Privadas (Conep) para expresar su rechazo, ya que “aspectos pueden incrementar costos laborales, generar incertidumbre jurídica y dificultad para generar nuevos empleos formales”.
Los diputados aún no han reaccionado a las debilidades, según aseguran los comerciantes, que contiene supuestamente el proyecto de ley.
Santiago, R.D. – Las labores en los tribunales del pais fueron paralizadas por jueces, juezas y servidores judiciales que denuncian “abandono”, sobrecarga laboral y el deterioro extremo en que aseguran opera actualmente el Poder Judicial.
Vestidos de negro, con pancartas en alto y lanzando consignas frente al Palacio de Justicia de Santiago, cientos de magistrados y empleados judiciales protagonizaron una jornada de protesta que suspendió miles de audiencias y dejó prácticamente paralizada gran parte de la administración de justicia en República Dominicana.
La manifestación, respaldada por más de 450 jueces y más de 2,000 servidores judiciales a nivel nacional, fue definida por sus organizadores como un “grito desesperado” ante años de reclamos ignorados por las autoridades del sistema judicial.
“Este es un día histórico y trascendental para la judicatura nacional”, declaró la magistrada Esther Carolina Reyes Aracena, jueza sustituta de presidente en funciones del Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, al explicar que la protesta busca obligar a las autoridades a escuchar las denuncias acumuladas durante años.
Tras el acto, jueces y empleados se trasladaron a sus respectivos tribunales para realizar la cancelación simbólica de los roles de audiencia, oficializando así el paro nacional de 24 horas, que impactará directamente miles de procesos judiciales pendientes.
La jornada alcanzó su punto más fuerte con la lectura del “Manifiesto por la Dignidad de la Justicia”, pronunciado por el magistrado Rubén Uceta, quien lanzó duras críticas contra la gestión administrativa del Poder Judicial y denunció un escenario de “crisis institucional”.
“La justicia no puede sostenerse únicamente sobre vocación, sacrificio personal y compromiso individual. La justicia requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales”, expresó el juez ante decenas de magistrados y servidores que respondían con aplausos y consignas.
El documento describe un sistema judicial golpeado por la falta de jueces, déficit de personal, bajos salarios, exceso de expedientes, renuncias masivas, inseguridad y deterioro de las infraestructuras judiciales.
Según denunciaron, la escasez de personal ha obligado a muchos empleados a asumir funciones equivalentes a las de dos, tres y hasta cuatro personas, mientras magistrados manejan cargas laborales que calificaron como “inhumanas”.
Los jueces también cuestionaron el manejo del presupuesto institucional, denunciando que, mientras tribunales operan en precariedad, se destinan millones de pesos a gastos considerados innecesarios.
Entre los ejemplos señalados, mencionaron el montaje de un árbol navideño valorado en cerca de 11 millones de pesos, así como gastos en publicidad, eventos, viajes, restaurantes e influencers.
“No a la industrialización de la justicia. No a la desigualdad salarial. No a la dilapidación de recursos en privilegios y campañas publicitarias”, proclamó Uceta durante la lectura del manifiesto.
“Ya no es tiempo de diagnósticos ni de planificación; es tiempo de decisiones concretas y ejecutables”, advirtieron.
El manifiesto dejó claro que la protesta no está dirigida contra una persona específica, sino contra “un modelo de gestión” que, según denunciaron, ha ignorado sistemáticamente los reclamos de jueces y servidores judiciales.