Nacionales
Silié califica de irreflexiva veda Haití a productos RD
La confrontación no es de los gobiernos, sino de sectores de rancio nacionalismo
Por la veda, la semana pasada empleados de Aduanas de Haití impideron la entrada de pollos y huevos. Fuente externa
El embajador dominicano en Haití, Rubén Silié, califica como un acto irreflexivo lanzar una alerta sanitaria por una enfermedad que supuestamente amenaza la salud de los ciudadanos haitianos, sin que se tenga una fuente fiable que la sostenga.
En un artículo publicado en el periódico haitiano Le Nouvelliste, Silié plantea que la forma en la que se maneja el tema de la veda impuesta por el Gobierno haitiano a los productos avícolas dominicanos es una lucha que lleva a ninguna parte.
El embajador dominicano expone con detalles precisos las altas y bajas de las relaciones domínico-haitianas, en el contexto de la referida prohibición bajo el falso argumento de que en República Dominicana existe gripe aviar.
Para Silié, la citada información es una manipulación que, más que provocar el pánico a una parte de la población más vulnerable, crea tensiones políticas y diplomáticas entre dos gobiernos amigos.
Desde esa perspectiva, Silié precisa que las autoridades dominicanas demandan explicaciones a sus homólogas haitianas porque es evidente que el fondo del asunto no es proteger a la población haitiana de la enfermedad, sino de establecer controles sobre la importación de productos avícolas del país.
“¿Las autoridades haitianas verdaderamente piensan que, para crear las condiciones de negociación sobre el tema avícola es necesario provocar una acción hostil? ¿No es mejor tomar en cuenta la propuesta del presidente Danilo Medina, hecha hace apenas un mes, en el sentido de abrir un diálogo entre los ministros de Comercio para avanzar hacia un acuerdo que permita regular la actividad comercial?”.
Algunos antecedentes. El embajador Silié plantea en el artículo que la exportación de productos avícolas procedentes de República Dominicana se lleva a cabo desde hace más de 15 años, y que no se registraron problemas hasta 2008 cuando en el país de origen de las aves de corral se declaró una epidemia de gripe aviar.
“Sin embargo, ese negocio, como la mayoría de los que se encuentran en la lista comercial entre Haití y República Dominicana, se abrió y se desarrolla sin reglas claras establecidas por los gobiernos.
“Los criadores de pollos dominicanos y sus contrapartes haitianos han descubierto este nicho de mercado y establecieron un comercio sin que nadie les interrumpa.
“Ante el surgimiento de la enfermedad, el Gobierno haitiano tomó las medidas que consideraba pertinentes, impidiendo la importación de manera formal. Sin embargo, una vez controlada la epidemia y se calmara la guerra mediática de 2008, los dos grupos de comerciantes se unieron de nuevo para continuar con sus negocios”.
A partir de 2009 y sobre todo después del sismo de 2010, precisa Silié, algunas condiciones en Haití favorecieron que, sin que el embargo sanitario que pesaba sobre esos productos haya sido levantado, se vendieran de nuevo en todo el territorio haitiano.
Esas transacciones cesaron recientemente “por la falsa información que hace pensar que la famosa gripe aviar había reaparecido”.
De esa manera, expresa Silié, las autoridades haitianas reprodujeron la misma actitud que en 2008, que fue la de cerrar unilateralmente el paso por la frontera de animales y huevos.
“No se ha tomado en cuenta el hecho de que en 2013 las relaciones entre los gobernantes y el pueblo habían cambiado sustancialmente, y que una medida de ese tipo no debió tomarse de manera tan apresurada, sin informar a la otra parte de la radical medida que se aplicaba”.
Al destacar que al ‘match’ actual le anteceden prácticas de buenos vecinos, sobre todo con la forma en que se enfrentó sanitariamente el cólera, Silié afirma que los ministros haitianos han visto en República Dominicana, al tomar la decisión, más que un país amigo un “enemigo oculto” que pueden atacar con la espada del nacionalismo.
“Los ministros no han resaltado que si en el seno de la sociedad dominicana persistía una percepción negativa hacia Haití, esa no es la norma del Gobierno ni de los actores principales de la sociedad civil y de la vida política.
“Lo más importante es que, para el Gobierno haitiano en general, la confrontación con la República Dominicana no es más que un objetivo político. Y que entre los dos gobiernos se refuerza la idea de que los ataques infundados llaman a un nacionalismo anticuado, presentado por los mismos intereses del pasado”.
Las recomendaciones. Silié expresa en el artículo que los gobiernos dominicano y haitiano deben mantenerse alejados de la manipulación nacionalista de sectores de ambos lados de la isla.
“Yo reitero que ahora no son los dos gobiernos los que se enfrentan, porque los dos desean acercarse. Pero ciertos actores, de uno y otro lado, con un nacionalismo visceral y emotivo, pretenden obligar a los gobiernos a defender sus asuntos particulares como si ellos representaran los intereses de nuestros países.
“En consecuencia, ellos deben mantenerse lejos de esta manipulación y avanzar hacia la regulación comercial equitativa y justa”, dice el embajador Silié.´
HOY
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.