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Opinión

Sin Ánimo de Criticar a Nadie

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Me parece muy bien que el excelentísimo señor presidente de la república, doctor Leonel Fernández y Reyna, haya tomado la iniciativa de pensionar a 57 personas del mundo del arte y de la cultura nacional, la misma ha sido una gran decisión del primer mandatario de la nación, pero más inteligente hubiese sido si en vez de pensionar a personas que nunca han aportado un solo centavo a la caja de pensiones, con esa misma diligencia con que lo hizo, debió haber pensionado a los trabajadores cañeros, que claman por sus derechos, algunos de ellos con más de 49 años al servicio de la industria azucarera, el cual se hace más que suficiente para ser merecedores.

Leonel Fernández, actúa con mucha ligereza cuando se trata de hacerse el gracioso en busca de adeptos y alabadores de su política errada, sin embargo no actúa con justeza a la hora de que se deben tomar muy en cuenta a los sectores más necesitados de la sociedad nacional, pues los trabajadores cañeros ya están aniquilados por la edad y enfermos por el trabajo pesado que realizaron durante décadas de labores, hoy al parecer no tienen o mejor decir se le niegan los derechos de continuar con una vida digna.

No quiero ser la respondona de la nación ni la persona que todo lo critica, pero me rompe el alma cuando veo que estas gente que han dejado lo más importante de sus vidas como los son la juventud, la salud y muchos de ellos hasta su patria para servirle en cierto sentido al gobierno dominicano, aunque muchos de los ingenios azucareros pertenezcan al sector privado, pero sus cotizaciones se han hecho atreves de  la caja de pensiones del Estado Dominicano y eso es lo que vale.

Gran parte de los trabajadores cañeros son de nacionalidad o descendencia haitiana, ya que son pocos los dominicanos que se dedican a esas labores dado el caso de lo difícil que es y además con pocas remuneraciones económicas, eso no lo podrá regatear ningún ser humano por más ciego que éste sea.

La muerte a destiempo de la gran luchadora Doña Sonia Pierre, dejó un gran vacío entre la clase trabajadora de descendencia haitiana, pues ella fue una gran mujer que supo defender los intereses de su gente, inclusive a nivel internacional porque sabía que estos eran explotados en un país que dicen llamarte consiste en un Estado de Derecho, cuando en realidad lo que hacen es violarle los derechos inescrupulosamente a los trabajadores cañeros en todo el país.

Sé que Leonel Fernández y Reyna, aún se encuentra cimentado su plataforma política del futuro, ¿pero porqué abusar de la clase más marginada del país?

Entiendo que para mucha gente, aquellas que gracias a Dios y a la suerte se han encumbrados en la Alta Sociedad, la clase pobre no vale nada y le da igual si mal viven o se mueren porque en definitiva “tú no perteneces a nuestro nivel”.

Es por ello y como buena cristiana que soy, espero  en Dios y el día que tenga que pensionarse al igual a toso sus funcionarios, estas les sean negadas o mejor dicho los pongan en la misma situación que como ellos han puestos a los trabajadores cañeros y a otros que también han laborados toda una vida, pero que por razones quizás ideológicas o quien sabe porqué están condenados a morir en la indigencia.

Sabemos de la existencia de una gran crisis económica internacional, aunque según los que dirigen los asuntos financieros dominicanos, mientras las grandes potencias tienen problemas de liquidez, República Dominicana se encuentra en la bonanza.

Europa pasa actualmente por situaciones difíciles lo que ha motivado que muchos dominicanos retornen al país, quienes también no han sido ajenos a los abusos de algunos Estados, pues estos regresan con las manos vacías, luego de perder sus puestos de trabajos para ganarse el sustento familiar, pero tampoco han recibido alguna ayuda de los gobiernos y mucho menos sus prestaciones laborales para con ellas allí comenzar a erigir una nueva vida en su tierra natal.

En España por ejemplo se están obligando a los extranjeros que se quedan sin trabajos laborales a que retornen a sus respectivos países de origen porque entienden que estos se convierten sólo en una carga para la seguridad social nacional, olvidando con ello a que una gran mayoría llevan toda una vida aportando sus esfuerzos y conocimientos al bienestar y al desarrollo nacional, hoy solo se encuentran parados en un limbo económico.

Esperamos que con la entrada del nuevo gobierno de Danilo Medina, este desarrolle algún programa de incentivo económico o laboral para todo aquel que con motivo de la precariedad internacional haya tenido que regresar a la República Dominicana y así puedan continuar con una vida digna como lo merecen todos los seres humanos.

Se está acercando la hora de la salida de Leonel Fernández y Reyna del poder, pero sabemos que Danilo Medina, va hacer lo que nunca se hizo y  a corregir lo que está mal porque fueron sus promesas. Va a resolver el problema de los trabajadores cañeros y a clarificar el asunto de la inmigración haitiana y así no habrá ninguna necesidad en la República Dominicana de que resurja una segunda Sonia Pierre para la defender  los derechos humanos de su gente, porque él va a continuar lo que está bien hecho para que nadie tenga que criticarle ni encararle asuntos prioritarios que deben ser tomado en cuenta en cualquieras de los gobiernos, sin importar cual partido político se encuentre el poder.

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Opinión

El Lenguaje y la Politiquería

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por José Cabral

El Senado de la República Dominicana se aboca a conocer  este miércoles el polémico proyecto de ley de extinción de dominio, la cual plantea una distorsiones del sistema jurídica de la Republica Dominicana que amenazan la confianza que debe primer en cualquier nación civilizada y que procura tener crecimiento y desarrollo.

Las principales contradicciones entre los legisladores consiste en tres elementos que la politiquería busca proyectar de una forma que hace mucho daño a la precaria institucionalidad que existe en el país.

Los aspectos tienen que ver con si la ley es orgánica o ordinaria, la retroactividad y  la prescriptibilidad, los cuales constituyen asuntos muy delicados  que comprometen la seguridad jurídica y la fortaleza que debe exhibir en esta materia el Estado.

Lo primero es que una ley es orgánica o no a partir de si toca o no los derechos fundamentales y el proyecto de extinción de dominio plantea despojar de cualquier derecho real adquirido con dinero producto de lavado de activos, narcotráfico o de la sustracción de fondos públicos, entre otros.

Desde esta perspectiva no debía estar en discusión la condición de orgánica de la referida pieza legislativa, por lo que su aprobación no podría ser de otra forma que  no sea mediante una mayoría especializada, es decir, las dos terceras partes de los congresistas presentes en la sesión en la que se busque su aprobación.

Sin embargo, en lo que respecta a esta condición del proyecto, los legisladores del partido oficial, el Revolucionario Moderno, buscan su aprobación a través de una mayoría simple, lo cual plantea  un problema legal que muy probablemente el  Tribunal Constitucional  podría declararla inconstitucional.

En lo que respecta a la retroactividad de la ley , los legisladores saben que esa es otra razón muy poderosa para que tenga acogida un recurso directo de inconstitucionalidad y perderse todo el esfuerzo que se ha hecho al respecto.

Estos detalles también ha generado que los senadores y diputados  del PRM recurran a una figura jurídica que no existe y que no es más que cambiar un término por otro cuando hablan de retrospectividad, porque en realidad ambas cosas persiguen  el  mismo propósito.

Lo lamentable del asunto que ahora los peledeístas han dicho que van a votar a favor del proyecto de ley de extinción de dominio a sabiendas de que de ellos mismos surgirá el primer recurso para que la ley sea declarada inconstitucional.

Todo lo que ocurre en el Congreso Nacional no es más que el resultado de la politiquería que rige la vida de los senadores y diputados, ya que hay una famosa expresión que dice que auyama no pare calabazos y es importante decir  que ellos vienen de una escuela, que son los partidos  políticos, que muy poco les importante la seguridad jurídica y el mejoramiento de los niveles de institucionalidad del país.

En conclusión, los partidos políticos mediante sus representantes en todas las instancias públicas y privadas no abandonan su comportamiento  porque en realidad se trata de una cultura que no cambiaraá hasta que el país no llegue a un estadio diferente de progreso y crecimiento social, político y económico.

El lenguaje de la politiquería encamina la nación a la pérdida total de su credibilidad y de su democracia, lo cual tendría un peligroso impacto social, económico y político.

En verdad los legisladores están mas preocupados en proteger sus intereses personales y de los personajes procesables que hay dentro de sus partidos que evacuar una ley que en realidad mejore o cambie los patrones de conductas  que  consisten en cogerse lo que no es suyo y ponerse al servicio del bajo mundo.

Ojala escarmienten!

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Opinión

40 años de activismo conservador para eliminar derechos

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Por Rosario Espinal

40 años de activismo conservador para eliminar derechos

MIAMI (FL, EEUU), 03/05/2022.- Una mujer sostiene una pancarta que dice «Mi útero es propiedad privada, ¡No lo toques!» durante un acto celebrado este martes a las afueras de la llamada Torre de la Libertad en Miami, Florida. Nikki Fried, aspirante a la nominación demócrata para la gobernación de Florida, afirmó este martes que la posible revocación del fallo que blinda el derecho al aborto en EE.UU. es «un punto de inflexión» en la democracia del país e instó a los estadounidenses a «alzar la voz» para defenderla. EFE/Ana Mengotti

Las dos instituciones claves para lograrlo han sido el Partido Republicado y las iglesias evangélicas blancas. El vínculo entre estas dos instituciones se estableció con fuerza a partir del triunfo de Ronald Reagan en 1980.

En un clásico ensayo de aquel entonces sobre la crisis de la democracia en Estados Unidos, el politólogo Samuel Huntington escribió que la democracia estadounidense tenía una sobrecarga de demandas sociales que no podía atender por más que el Estado intentara; por tanto, había que detenerlas para evitar una crisis de gobernabilidad.

En aquel tiempo el Partido Republicano había perdido legitimidad por el escándalo Watergate y necesitaba forjar una nueva base de apoyo electoral. Su tabla de salvación para recuperar votantes fueron las iglesias evangélicas blancas que se propagaban con el llamado tele evangelismo y comenzaban a aglutinar millones de feligreses en mega iglesias.

El proyecto neoconservador que articuló el Partido Republicano tenía tres componentes esenciales:

1) Geopolítico: ganar finalmente la Guerra Fría, que consiguieron con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS. 2) Económico: limitar los derechos de los trabajadores y beneficiar el capital (el llamado neoliberalismo), de ahí el ataque al sindicalismo y al Welfare State. 3) Socio-religioso: la “moralización” de la política que impulsaron con el apoyo del movimiento denominado “mayoría moral” de origen evangélico.

Esta “mayoría moral” asumió con ahínco las siguientes luchas: 1) lectura de la Biblia en las escuelas públicas, 2) eliminar el derecho al aborto, 3) combatir los avances de la comunidad LGBT y 4) expandir los derechos religiosos mediante garantías constitucionales.

Para el Partido Republicano ha sido muy rentable electoramente asegurar una base evangélica blanca que, en su ala radical, es anti-negra, anti-mujeres con derechos, anti-LGBT, antinmigrante y antiambientalista. Para el liderazgo evangélico blanco, la alianza con el Partido Republicano ha permitido su consolidación de poder en la constelación religiosa de Estados Unidos.

En el post-1960, la Suprema Corte de Justicia jugó un papel crucial otorgando nuevos derechos ciudadanos para responder a las demandas sociales.

Tomó unos 40 años para que los conservadores alcanzaran una mayoría de jueces en la Suprema Corte de Justicia (todos católicos, no evangélicos) que han comenzado ahora a derogar derechos. Su argumento central es que la Constitución no los estableció originalmente. El primer episodio fue el pasado viernes 24 de junio contra el derecho al aborto.

Esa decisión evidencia que los derechos humanos, cívicos y políticos nunca están totalmente garantizados y que las cortes operan con criterios políticos modificando disposiciones legales

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Opinión

Implicaciones del triunfo electoral de Petro en Colombia

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Por Narciso Isa Conde

Está plenamente justificada la desbordante alegría desatada a escala colombiana, latino-caribeña y mundial, externadas por las fuerzas partidarias de la libertad, la vida y la paz, ante la confirmación del difícil triunfo electoral de Gustavo Petro, Francia Márquez y el Pacto Histórico de Colombia.

Nadie con un mínimo de sensibilidad humana y amor por la libertad puede no celebrar en grande el desalojo de esa escoria criminal (mezcla de uribismo fascistoide, extrema derecha, narco-política, más oligarquía lacaya e inescrupulosa), del Palacio de Nariño y las estructuras gubernamentales.

Esa victoria –alimentada por una historia y un presente de resistencias y rebeldías heroicas- equivale a la derrota en las urnas de las fuerzas de extrema derecha y neofascista y su desplazamiento del gobierno; lo que marca un viraje político hacia una coyuntura más favorables para acumular fuerzas transformadoras y avanzar hacia victorias más trascendentes.

No se ha ganado la pelea, solo un importante round.

De todas maneras se trata de un hito democrático en la prolongada historia de sufrimientos y penurias para el pueblo colombiano, precedido de las luchas libradas contra las grotescas violaciones a los acuerdos de paz y de la reciente insurrección sin armas provocada por la masacre ejecutada por el nefasto Gobierno de Iván Duque  durante la huelga general del 2019.

En ese heroico capítulo, todavía inconcluso en tanto entonces no fue posible  resquebrajar las estructuras de poder y el Estado narco-terrorista (satélite de EE.UU e intervenido por el Pentágono, el pueblo urbano terminó de perder el miedo. Los “nadie” se convirtieron en sujetos de cambio al politizarse los movimientos sociales, llegando a reclamar multitudinariamente la destitución de Duque.

Sin esa epopeya el Pacto Histórico no hubiera  alcanzado este triunfo electoral de Petro.

Ella convirtió en bagazo despreciado por la mayoría del pueblo a los autores de 60 años de guerra sucia y más de 180 de malos gobiernos.

El regocijo por lo que implica como logro de significativo valor político desplazar del gobierno las bestias que administraban ese Estado, no debe obviar que en las condiciones colombianas el curso electoral del cambio político, limita el alcance del mismo y resta la profundidad necesaria.

También lo limita el predominio de una visión liberal-reformista combinada con socialdemocracia moderada, centrista o centro-izquierdista, del grupo hegemónico del PACTO HISTÓRICO y sobre todo del propio Gustavo Petro. Y esto no lo digo en tono denigrante, sino esforzándome por hablar con apego a la verdad y sin menospreciar el impacto positivo de ese cambio político en la actual sociedad.

Esas realidades, por demás, tienden afectar el potencial reformador del nuevo gobierno en un país en el que predomina el presidencialismo a nivel institucional y en el que el resto de las instituciones (electivas y permanentes) están infectadas de todo lo que representó la execrable facción perdedora en estas elecciones, en tanto fuerza política, social, militar y paramilitar con fuerte apoyo internacional.

Hay que decir las cosas como son y no exagerar: el presidente electo no representa el marxismo, ni posiciones de izquierda revolucionaria, como dicen algunos; dejándose llevar por los calificativos interesados de las derechas y las cadenas imperialistas.

Su izquierdismo, su antiimperialismo, hace tiempo quedaron atrás.

Sus valores se refieren a las libertades, a la lucha contra la corrupción y los crímenes de Estado y al combate de las discriminaciones relevantes.

Petro, como presidente electo, en tono conciliador, anunció su disposición a entenderse con esa ultraderecha y su fuerte componente neofascista, que por ese medio nunca han entrado en razones ni cedido a sus despropósitos; destacándose siempre como persistentes enemigos de la paz.

Incluso desde hace tiempo, desde sus diferentes roles políticos, Petro ha establecido puentes con sectores del poder estadounidense y ciertas elites oligárquicas.

Mientras tanto Biden y el gobierno de EEUU -luego de haberse comprometido durante décadas con el Estado terrorista colombiano- no esconde su interés de “reforzar” las relaciones con el nuevo gobierno; lo que jamás implicaría dejar de intervenir, tutelar y usar a Colombia como plataforma de agresión militar contra otros países soberanos de la región y de cara a una eventual conquista de la Amazonía por la fuerza.

Y Petro no habla de recuperar soberanía, ni toca los peliagudos temas de las bases militares gringas y la brigada de tropas especiales estadounidenses radicadas en territorio colombiano.

Además, luego de anunciar nuevos impuestos a las grandes ganancias capitalistas, tampoco hay señales claras de hasta dónde y en qué grado va enfrentar y/o revertir las contra-reformas neoliberales.

Claro que Petro es diferente en sentido positivo al uribismo y a la extrema derecha criminal: en materia de corrupción y narco-corrupción, en vocación democrática liberal; en política ambiental, en la cuestión de género, el tema racial y otras vertientes.

Y esto en Colombia podría ser importante para abrir contradicciones y determinadas compuertas hacia cambios más profundos.

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