Análisis Noticiosos
Sin capitalizar la rebelión de las clases medias nadie desplaza del poder al PLD
Por: Juan Bolivar Díaz
En los documentos constitutivos de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional ratificados en una docena de encuentros en las mayores ciudades del país, se consigna que sólo una conjunción de fuerzas políticas y sociales que capitalice la rebeldía de las clases medias podrá generar la sinergia para desplazar al Partido de la liberación Dominicana (PLD).
En las tres últimas campañas electorales el PLD viene incrementando el abuso de los recursos y poderes estatales y ha gastado muchas veces más que el total de sus opositores, con minucioso control de los empleados públicos y de los beneficiarios de los subsidios sociales que de entrada representan más de la cuarta parte de los ciudadanos empadronados.
Un tercio de los votantes
Un reciente informe del economista Miguel Collado Di Franco, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) cuantificó los empleados del Estado que a junio pasado cotizaban a la seguridad social en 634 mil 407, que si se le suman los de los organismos que no están afiliados, como Congreso Nacional, la justicia, Junta Central Electoral, UASD y parte del Banco Central y de ayuntamientos, se aproximarían a los 700 mil. Pero conservadoramente se puede partir de 680 mil.
En cuanto a los posesionarios de tarjetas que dan acceso a los subsidios sociales, Collado los estableció en 996 mil 181 a fin del año pasado, con unos 3 millones de beneficiarios. Sumándole los de los empleos, concluye en que 4 millones de dominicanos tienen dependencia de ingresos mensuales del Estado, 37% de la población total de 11 millones.
Para calcular los posibles votantes deben sumarse los 680 mil empleados y los 996 mil 181 tarjetahabientes, lo que arroja 1 millón 676 mil 181, y representarían 22% de los 7 millones 500 mil empadronados que se estiman para el 2020. Pero si a éstos les restamos el porcentaje promedio de abstencionistas de los últimos comicios, que es 30%, entonces los votantes serían sólo 5 millones 250 mil, 32% de los que reciben fondos estatales cada mes.
Es obvio que no todos esos ciudadanos van a votar por el PLD, pero partir con una posible clientela del tercio de los electores, es una enorme ventaja, sobre todo en una democracia tan endeble, donde no se respetan límites ni escrúpulos, y más aún cuando el PLD ha llegado al extremo de elaborar padroncillos de los subsidiados sociales por colegios electorales para llevarlos a votar, como ha comprobado en algunos sitios la observación electoral de Participación Ciudadana (PC).
Otras ventajas electorales
En los informes de observación electoral de PC del 2016 se pueden encontrar muchas otras enormes ventajas de las que se aprovecha el PLD en los procesos electorales, como la de llegar hasta el 80% de toda la publicidad, con millares de comunicadores pagados por el Estado, con 33 mil empleados temporeros en los organismos públicos, activistas durante el período campaña, y con 39 ministros y altos funcionarios dirigiendo la campaña en cada provincia.
Si además de eso, los gobiernos del PLD duplican la propaganda pagada desde un año antes de los comicios e incurren en déficits fiscales, como el de 156 mil millones de pesos en el 2012 o 34 mil millones de pesos, entre enero y abril del 2016, y han tenido el control de los organismos electorales, ahora moderado a dos de los cinco titulares de la JCE, no son fruto de magia política sus recurrentes victorias.
Todos los partidos de oposición conocen de la extrema desigualdad en que compiten en los procesos electorales nacionales, pero aun así han sido incapaces de coaligarse siquiera para forzar algunos límites a los abusos del Estado. En el 2016 con 7 candidaturas presidenciales quisieron reclamar juntos, pero apenas dos semanas antes de la votación, y ni siquiera consiguieron que el presidente de la JCE, el “árbitro” Roberto Rosario, los recibiera.
El pacto político-social
La Coalición Democrática ha partido del planteamiento de que “ninguno de los partidos de oposición y ni todos ellos juntos podrían desplazar el dominio del PLD sobre el Estado y la sociedad, sin una amplia coalición o pacto político-social”, que capitalice las grandes insatisfacciones y anhelos de cambios de importantes segmentos, que han tenido expresión en el movimiento Marcha Verde.
Se ha planteado capitalizar políticamente la rebelión que se registra en amplios segmentos de las clases medias, que expresan abiertamente su hastío con la malversación, la corrupción, la impunidad, la inseguridad ciudadana, el irresponsable endeudamiento que, como esteroides, sostiene la estabilidad macroeconómica, el colapso de la salubridad y de la seguridad social y con un gobierno que ni siquiera da explicaciones ante escándalos tan mayúsculos como los de Odebrecht, los Tucanos y las bandas de narcotraficantes, explotados en Estados Unidos.
No se configuran 7 candidaturas presidenciales de oposición para el año próximo, pero los esfuerzos de concertación en una mesa auspiciada por la Coalición Democrática, partiendo de unos “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional”, tropiezan con los sectarismos, las ambiciones y la renuncia al concierto de la que adolece la sociedad dominicana. Una irreflexiva, y hasta regresiva Ley de Partidos dificulta la constitución del frente electoral.
Otros paradigmas políticos
En las consultas sociales de la Coalición Democrática proclamada el 11 de noviembre por unos 500 militantes sociales, ha resaltado el anhelo de nuevos paradigmas políticos, que superen el pragmatismo, el chanchullo, el oportunismo y el clientelismo y cultiven los conceptos de ciudadanía para apelar a un porcentaje considerable de la población sumido en el inmovilismo, y la resignación por su escasa credibilidad en las organizaciones políticas.
El primer reclamo de estos sectores es una novedosa concertación que incluya la incorporación de dirigentes sociales y comunitarios a las candidaturas, afectada por el artículo de la Ley de Partidos que acaba de ser declarado inconstitucional, que prohibía la postulación a cargos electivos de ciudadanos que no tuvieran algún tiempo de militancia partidista.
Para descontar las ventajas del dominio social del PLD sería imprescindible mejorar la credibilidad atendiendo los anhelos de las clases medias y los dirigentes sociales, incluyendo pequeños y medianos empresarios, religiosos, comunicadores y maestros, por su capacidad para influir en la opinión pública, las redes sociales y sobre los sectores populares, como los empleados domésticos, de los servicios, y los informales que no dependen de ayudas gubernamentales. Y por supuesto con planteamientos de nuevas políticas sociales y económicas que promuevan equidad, justicia y reducción de la extrema desigualdad.
Una absurda negociación
Sería contradictorio con la capitalización de los anhelos de cambio, la absurda negociación que pretende rehabilitar al presidente Danilo Medina tras cumplir sus constitucionales “dos períodos y nunca más”, bajo el pretexto de reunificar las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales, lo que beneficiaría más al partido gobernante que afronta una confrontación en todo el territorio nacional con 6 mil 687 aspirantes a los 4 mil 113 cargos electivos, y que necesitará tiempo tras las primarias para recomponer su unidad.
No se transparentan las razones por las que se lanzó el salva vida político a Danilo Medina, 36 horas después que admitió la derrota de su proyecto continuista anticonstitucional, para que recupere poder perdido y pueda reemprenderlo tan pronto pasen los comicios del próximo año. No habría forma de romper la resignación y el inmovilismo frente al PLD partiendo de ratificar el presidencialismo caudillista y continuista que tanto ha dañado la República desde su fundación misma, y premiando a quien ha ejercido el poder en los últimos 8 años. El país se burló de Quique Antún, cuando dos semanas después de proponer la rehabilitación del presidente Medina, proclamó en “mensaje a la nación” que se lanzaba a las calles para liquidar este mismo gobierno.
Hay quienes favorecerían el absurdo proyecto creyendo en promesas de que Danilo Medina “impediría a cualquier precio el retorno de su rival Leonel Fernández al poder”, una apuesta aventurera porque si restauran a Medina el poder perdido, aseguraría el control del nuevo Congreso y negociaría con el eventual candidato Fernández. Si quiere preservar su poder en el PLD, no podría lanzarse contra sus candidaturas, que serían también de los suyos.
Si en el PRM prospera esa negociación, liquidarían las posibilidades del frente político-social y de desplazar al PLD, no sólo en el 2020, sino mucho más allá. Los intereses del peledeísmo bien podrían imponer otro pacto de alternabilidad entre sus dos caudillos, como ya ocurrió en el 2015. Ahora es más difícil, pero no tan absurdo como la rehabilitación de Danilo.-
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.