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Violación del protocolo en traslado de imputados sin cascos ni chalecos antibalas.

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Santiago, RD.- Una gran expectación ha causado en Santiago y algunos de cuyos residentes se colocaron en este domingo en la parte frontal del Palacio de Justicia de la segunda ciudad en importancia del país y llamó a la atención que los imputados fueron trasladados sin cascos protectores ni chalecos antibalas como lo manda el protocolo al respecto.

En los alrededores había miem­bros de la dirección de videos del De­partamento de Investigación de Crí­menes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat) y agen­tes del equipo Swat vigilaban la ex­planada desde el lobby del Palacio de Justicia.

Y no era para menos. Se trata de acusaciones de narcotráfico y lavado de activos contra 21 personas.

Varios de sus parientes se dirigían a una cárcel de la institución con ju­gos, bolsas de comida y botellas de agua, aunque otros preferían esperar observando el ambiente desde den­tro de sus vehículos en el parqueo. En ambos casos, se alejaban u ocul­taban al ver la cercanía de los medios de comunicación.

En tanto que algunos abogados aprovecharon la oportunidad y espe­raron afuera para ponerse a las órde­nes de los presuntos criminales.

Una vez dentro, por una puerta trasera y privada que dirige directa­mente a la “carcelita” del Palacio de Justicia subieron, uno por uno, los imputados: 6 mujeres y 15 hombres.

Pese a que pueden ser personas “altamente peligrosas”, de ser cierto los postulados del Ministerio Público (MP) sobre las vinculaciones de los acusados al crimen organizado, a las 9:00 de la mañana fueron ingresados, sin otro equipo de seguridad más que el acompañamiento de las Unidades de Traslado de Alto Riesgo (UTAR).

En el pasillo se acumulaban los abo­gados, de dos a tres por implicado, y conversaban entre ellos o con la prensa.

Uno de los primeros que accedió a dar declaraciones fue Elvin Acosta, quien aseguró representar a cinco de los acusados.

“Nosotros recibimos la solicitud de medida de coerción ayer (sábado); co­mo ustedes pueden notar es bien volu­minosa, la estamos analizando y des­pejando prueba por prueba, para ver a quien ligan con cada persona… es decir, si tienen o no responsabilidad penal, pe­ro nosotros todavía no hemos estudia­do a fondo (la solicitud)”, dijo auguran­do el aplazamiento de la medida.

Acosta fue seguido por el abogado Santiago Peralta, quien manifestó que se ha vendido un “show mediático” y cuestionó la forma de operar de la pro­curadora adjunta Yeni Berenice Reyno­so, quien lleva alrededor de cinco días en su ciudad natal como parte del pro­ceso. Berenice Reynoso estaba en esos momentos reunida con varios fiscales, entre ellos Osvaldo Bonilla Hiraldo, de Santiago. En lo que finalizaba el en­cuentro, dos miembros de seguridad llevaron galletas de soda y fardos de bo­tellas de agua exclusivamente para los miembros del MP para la que prometía ser una larga jornada.

Según la ex fiscal del Distrito Nacio­nal, tienen miles de páginas con la que armaron el expediente y, cuando a las 10:05 de la mañana el Ministerio Públi­co hizo su aparición, los primeros en en­trar fueron esos documentos, archiva­dos en un contenedor plástico.

Con los implicados rodeados de al menos dos docenas de oficiales altos y fornidos, así como también con la pre­sencia de los fiscales, solo faltaban los abogados más la jueza en la calurosa sa­la de audiencias del Segundo Tribunal Colegiado de esa jurisdicción.

El aire acondicionado y comodidad del Juzgado de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Santiago fue sustituido por una sala cuya única ven­tilación eran varias persianas y un aba­nico ubicado en el área del Ministerio Público, por la necesidad de un espacio capaz de acoger a tantas personas.

La audiencia inició pasada media mañana, con una hora de retraso, luego de que los detenidos fueran cuestiona­dos por la secretaria del tribunal, quien tomó sus generales, así como las de los abogados que los representan.

A medida que subía el sol y avanza­ba la mañana el intenso calor era sofo­cante en los pasillos del amplio Palacio de Justicia, aún más lo era en la sala de audiencias donde las ventanas fueron cerradas por precaución, quizás previ­niendo algún atentado. Aprovechan­do que un agente de la Policía entraba a la sala de audiencias con un abanico, el fotógrafo de Listín Diario, Raúl Asen­cio capturó con su lente al suspendido director de Comunidad Digna recosta­do cómodamente en su asiento, como si posara para la instantánea.

Luego de dos horas de debates y con­versaciones, la jueza dio un receso de al­gunos 35 minutos antes de ofrecer su decisión. En el pasillo, los periodistas intentaban tomar fotografías del inte­rior de la sala de audiencias, mientras la UTAR evitaba a toda costa que se acer­caran a algún tramo de las persianas.

Aproximadamente tres horas de in­certidumbre vivió la prensa, animada de vez en cuando por las ocurrencias de un conocido personaje cómico de la ciudad, hasta escuchar como susurros el fallo de la jueza. “El 17” fue la expresión que aseguró a todos que la audiencia había sido aplazada hasta el próximo viernes, a fin de dar tiempo a los aboga­dos a preparar sus defensas.

Culminada la audiencia, la primera en pasar por la puerta fue la jueza Iris Borges. Contrario a como sucede en Santo Domingo, la magistrada tuvo que salir directamente al pasillo y evadió ,co­mo pudo, a los reporteros, quienes la atosigaban deseosos por saber del pro­ceso que fueron excluidos.

Lo que se le escuchó decir entre el pe­queño cerco de policías y agentes del Nuevo Modelo Penitenciario fue: “Pue­den acceder al fallo y conocer la deci­sión”.

En los últimos escalones de las largas y elegantes escaleras que se alzan a cada lado del lugar se posicionó el Ministerio Público y la directora de Persecución in­formó que este lunes solicitarán a la Su­prema Corte de Justicia la designación de un juez especial para que conozca la acusación contra varios legisladores que están involucrados en la Operación Falcón. En el caso se acusa de narcotráfi­co y lavado de activos a María Olimpia Tavares Rodríguez, Juan Maldonado Castro, Víctor Elpidio Altagracia Pauli­no Herrera, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia, Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales.

También a Raúl Antonio Castro Mo­ta, Yana Iris Maldonado Castro, Angé­lica María Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Mi­guel Castillo Taveras, Elva Teresa Polan­co, Juan Carlos Durán Rogríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Es­pino Germán.

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Recusación de juez de caso Falcón genera aplazamiento de audiencia preliminar.

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Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la  audiencia preliminar del caso Falcón.

El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.

El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.

La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.

El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.

El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.

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Panorama político del pais podría cambiar por candidaturas independientes.

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Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del  Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.

 El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.

Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».

Según el tribunal, estas disposiciones «imponían barreras desproporcionadas» al exigir que las candidaturas independientes cumplieran requisitos similares a los de los partidos políticos, lo que resultaba en una limitación al derecho fundamental a elegir y ser elegido.

El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.

En el caso del electorado, esto podría significar un aumento en las opciones políticas, especialmente en un contexto donde los partidos tradicionales a menudo dominan el escenario electoral. La posibilidad de que ciudadanos puedan presentar sus propuestas de forma independiente, sin depender de estructuras partidarias, generaría un mayor interés y nuevas opciones.

A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.

La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.

La decisión del TC

En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.

«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.

El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.

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Acuerdo de cielo abierto con E.U entra en vigencia con el pais, según informó Abinader.

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Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.

Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.

En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.

Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competenciaampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.

Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.

En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.

La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.

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