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Violación del protocolo en traslado de imputados sin cascos ni chalecos antibalas.

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Santiago, RD.- Una gran expectación ha causado en Santiago y algunos de cuyos residentes se colocaron en este domingo en la parte frontal del Palacio de Justicia de la segunda ciudad en importancia del país y llamó a la atención que los imputados fueron trasladados sin cascos protectores ni chalecos antibalas como lo manda el protocolo al respecto.

En los alrededores había miem­bros de la dirección de videos del De­partamento de Investigación de Crí­menes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat) y agen­tes del equipo Swat vigilaban la ex­planada desde el lobby del Palacio de Justicia.

Y no era para menos. Se trata de acusaciones de narcotráfico y lavado de activos contra 21 personas.

Varios de sus parientes se dirigían a una cárcel de la institución con ju­gos, bolsas de comida y botellas de agua, aunque otros preferían esperar observando el ambiente desde den­tro de sus vehículos en el parqueo. En ambos casos, se alejaban u ocul­taban al ver la cercanía de los medios de comunicación.

En tanto que algunos abogados aprovecharon la oportunidad y espe­raron afuera para ponerse a las órde­nes de los presuntos criminales.

Una vez dentro, por una puerta trasera y privada que dirige directa­mente a la “carcelita” del Palacio de Justicia subieron, uno por uno, los imputados: 6 mujeres y 15 hombres.

Pese a que pueden ser personas “altamente peligrosas”, de ser cierto los postulados del Ministerio Público (MP) sobre las vinculaciones de los acusados al crimen organizado, a las 9:00 de la mañana fueron ingresados, sin otro equipo de seguridad más que el acompañamiento de las Unidades de Traslado de Alto Riesgo (UTAR).

En el pasillo se acumulaban los abo­gados, de dos a tres por implicado, y conversaban entre ellos o con la prensa.

Uno de los primeros que accedió a dar declaraciones fue Elvin Acosta, quien aseguró representar a cinco de los acusados.

“Nosotros recibimos la solicitud de medida de coerción ayer (sábado); co­mo ustedes pueden notar es bien volu­minosa, la estamos analizando y des­pejando prueba por prueba, para ver a quien ligan con cada persona… es decir, si tienen o no responsabilidad penal, pe­ro nosotros todavía no hemos estudia­do a fondo (la solicitud)”, dijo auguran­do el aplazamiento de la medida.

Acosta fue seguido por el abogado Santiago Peralta, quien manifestó que se ha vendido un “show mediático” y cuestionó la forma de operar de la pro­curadora adjunta Yeni Berenice Reyno­so, quien lleva alrededor de cinco días en su ciudad natal como parte del pro­ceso. Berenice Reynoso estaba en esos momentos reunida con varios fiscales, entre ellos Osvaldo Bonilla Hiraldo, de Santiago. En lo que finalizaba el en­cuentro, dos miembros de seguridad llevaron galletas de soda y fardos de bo­tellas de agua exclusivamente para los miembros del MP para la que prometía ser una larga jornada.

Según la ex fiscal del Distrito Nacio­nal, tienen miles de páginas con la que armaron el expediente y, cuando a las 10:05 de la mañana el Ministerio Públi­co hizo su aparición, los primeros en en­trar fueron esos documentos, archiva­dos en un contenedor plástico.

Con los implicados rodeados de al menos dos docenas de oficiales altos y fornidos, así como también con la pre­sencia de los fiscales, solo faltaban los abogados más la jueza en la calurosa sa­la de audiencias del Segundo Tribunal Colegiado de esa jurisdicción.

El aire acondicionado y comodidad del Juzgado de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Santiago fue sustituido por una sala cuya única ven­tilación eran varias persianas y un aba­nico ubicado en el área del Ministerio Público, por la necesidad de un espacio capaz de acoger a tantas personas.

La audiencia inició pasada media mañana, con una hora de retraso, luego de que los detenidos fueran cuestiona­dos por la secretaria del tribunal, quien tomó sus generales, así como las de los abogados que los representan.

A medida que subía el sol y avanza­ba la mañana el intenso calor era sofo­cante en los pasillos del amplio Palacio de Justicia, aún más lo era en la sala de audiencias donde las ventanas fueron cerradas por precaución, quizás previ­niendo algún atentado. Aprovechan­do que un agente de la Policía entraba a la sala de audiencias con un abanico, el fotógrafo de Listín Diario, Raúl Asen­cio capturó con su lente al suspendido director de Comunidad Digna recosta­do cómodamente en su asiento, como si posara para la instantánea.

Luego de dos horas de debates y con­versaciones, la jueza dio un receso de al­gunos 35 minutos antes de ofrecer su decisión. En el pasillo, los periodistas intentaban tomar fotografías del inte­rior de la sala de audiencias, mientras la UTAR evitaba a toda costa que se acer­caran a algún tramo de las persianas.

Aproximadamente tres horas de in­certidumbre vivió la prensa, animada de vez en cuando por las ocurrencias de un conocido personaje cómico de la ciudad, hasta escuchar como susurros el fallo de la jueza. “El 17” fue la expresión que aseguró a todos que la audiencia había sido aplazada hasta el próximo viernes, a fin de dar tiempo a los aboga­dos a preparar sus defensas.

Culminada la audiencia, la primera en pasar por la puerta fue la jueza Iris Borges. Contrario a como sucede en Santo Domingo, la magistrada tuvo que salir directamente al pasillo y evadió ,co­mo pudo, a los reporteros, quienes la atosigaban deseosos por saber del pro­ceso que fueron excluidos.

Lo que se le escuchó decir entre el pe­queño cerco de policías y agentes del Nuevo Modelo Penitenciario fue: “Pue­den acceder al fallo y conocer la deci­sión”.

En los últimos escalones de las largas y elegantes escaleras que se alzan a cada lado del lugar se posicionó el Ministerio Público y la directora de Persecución in­formó que este lunes solicitarán a la Su­prema Corte de Justicia la designación de un juez especial para que conozca la acusación contra varios legisladores que están involucrados en la Operación Falcón. En el caso se acusa de narcotráfi­co y lavado de activos a María Olimpia Tavares Rodríguez, Juan Maldonado Castro, Víctor Elpidio Altagracia Pauli­no Herrera, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia, Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales.

También a Raúl Antonio Castro Mo­ta, Yana Iris Maldonado Castro, Angé­lica María Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Mi­guel Castillo Taveras, Elva Teresa Polan­co, Juan Carlos Durán Rogríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Es­pino Germán.

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Lanzan nueva política de anonimato de datos en Poder Judicial.

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Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.

La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).

La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.

Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).

El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.

En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.

Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).

La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.

Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.

La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.

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Sigue política irracional de préstamos del Gobierno.

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SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio

El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.

El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.

Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.

Este  miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.

Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.

sp-am

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Desvinculan de Educación a más de 600 docentes por faltas graves y cobrar sin trabajar.

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Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del  Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.

Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».

Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.

Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.

Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos

  • El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.

«Profunda investigación»

El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.

Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.

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