Santiago, RD.- Una gran expectación ha causado en Santiago y algunos de cuyos residentes se colocaron en este domingo en la parte frontal del Palacio de Justicia de la segunda ciudad en importancia del país y llamó a la atención que los imputados fueron trasladados sin cascos protectores ni chalecos antibalas como lo manda el protocolo al respecto.Nacionales
Violación del protocolo en traslado de imputados sin cascos ni chalecos antibalas.
Santiago, RD.- Una gran expectación ha causado en Santiago y algunos de cuyos residentes se colocaron en este domingo en la parte frontal del Palacio de Justicia de la segunda ciudad en importancia del país y llamó a la atención que los imputados fueron trasladados sin cascos protectores ni chalecos antibalas como lo manda el protocolo al respecto.En los alrededores había miembros de la dirección de videos del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat) y agentes del equipo Swat vigilaban la explanada desde el lobby del Palacio de Justicia.
Y no era para menos. Se trata de acusaciones de narcotráfico y lavado de activos contra 21 personas.
Varios de sus parientes se dirigían a una cárcel de la institución con jugos, bolsas de comida y botellas de agua, aunque otros preferían esperar observando el ambiente desde dentro de sus vehículos en el parqueo. En ambos casos, se alejaban u ocultaban al ver la cercanía de los medios de comunicación.
En tanto que algunos abogados aprovecharon la oportunidad y esperaron afuera para ponerse a las órdenes de los presuntos criminales.
Una vez dentro, por una puerta trasera y privada que dirige directamente a la “carcelita” del Palacio de Justicia subieron, uno por uno, los imputados: 6 mujeres y 15 hombres.
Pese a que pueden ser personas “altamente peligrosas”, de ser cierto los postulados del Ministerio Público (MP) sobre las vinculaciones de los acusados al crimen organizado, a las 9:00 de la mañana fueron ingresados, sin otro equipo de seguridad más que el acompañamiento de las Unidades de Traslado de Alto Riesgo (UTAR).
En el pasillo se acumulaban los abogados, de dos a tres por implicado, y conversaban entre ellos o con la prensa.
Uno de los primeros que accedió a dar declaraciones fue Elvin Acosta, quien aseguró representar a cinco de los acusados.
“Nosotros recibimos la solicitud de medida de coerción ayer (sábado); como ustedes pueden notar es bien voluminosa, la estamos analizando y despejando prueba por prueba, para ver a quien ligan con cada persona… es decir, si tienen o no responsabilidad penal, pero nosotros todavía no hemos estudiado a fondo (la solicitud)”, dijo augurando el aplazamiento de la medida.
Acosta fue seguido por el abogado Santiago Peralta, quien manifestó que se ha vendido un “show mediático” y cuestionó la forma de operar de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, quien lleva alrededor de cinco días en su ciudad natal como parte del proceso. Berenice Reynoso estaba en esos momentos reunida con varios fiscales, entre ellos Osvaldo Bonilla Hiraldo, de Santiago. En lo que finalizaba el encuentro, dos miembros de seguridad llevaron galletas de soda y fardos de botellas de agua exclusivamente para los miembros del MP para la que prometía ser una larga jornada.
Según la ex fiscal del Distrito Nacional, tienen miles de páginas con la que armaron el expediente y, cuando a las 10:05 de la mañana el Ministerio Público hizo su aparición, los primeros en entrar fueron esos documentos, archivados en un contenedor plástico.
Con los implicados rodeados de al menos dos docenas de oficiales altos y fornidos, así como también con la presencia de los fiscales, solo faltaban los abogados más la jueza en la calurosa sala de audiencias del Segundo Tribunal Colegiado de esa jurisdicción.
El aire acondicionado y comodidad del Juzgado de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Santiago fue sustituido por una sala cuya única ventilación eran varias persianas y un abanico ubicado en el área del Ministerio Público, por la necesidad de un espacio capaz de acoger a tantas personas.
La audiencia inició pasada media mañana, con una hora de retraso, luego de que los detenidos fueran cuestionados por la secretaria del tribunal, quien tomó sus generales, así como las de los abogados que los representan.
A medida que subía el sol y avanzaba la mañana el intenso calor era sofocante en los pasillos del amplio Palacio de Justicia, aún más lo era en la sala de audiencias donde las ventanas fueron cerradas por precaución, quizás previniendo algún atentado. Aprovechando que un agente de la Policía entraba a la sala de audiencias con un abanico, el fotógrafo de Listín Diario, Raúl Asencio capturó con su lente al suspendido director de Comunidad Digna recostado cómodamente en su asiento, como si posara para la instantánea.
Luego de dos horas de debates y conversaciones, la jueza dio un receso de algunos 35 minutos antes de ofrecer su decisión. En el pasillo, los periodistas intentaban tomar fotografías del interior de la sala de audiencias, mientras la UTAR evitaba a toda costa que se acercaran a algún tramo de las persianas.
Aproximadamente tres horas de incertidumbre vivió la prensa, animada de vez en cuando por las ocurrencias de un conocido personaje cómico de la ciudad, hasta escuchar como susurros el fallo de la jueza. “El 17” fue la expresión que aseguró a todos que la audiencia había sido aplazada hasta el próximo viernes, a fin de dar tiempo a los abogados a preparar sus defensas.
Culminada la audiencia, la primera en pasar por la puerta fue la jueza Iris Borges. Contrario a como sucede en Santo Domingo, la magistrada tuvo que salir directamente al pasillo y evadió ,como pudo, a los reporteros, quienes la atosigaban deseosos por saber del proceso que fueron excluidos.
Lo que se le escuchó decir entre el pequeño cerco de policías y agentes del Nuevo Modelo Penitenciario fue: “Pueden acceder al fallo y conocer la decisión”.
En los últimos escalones de las largas y elegantes escaleras que se alzan a cada lado del lugar se posicionó el Ministerio Público y la directora de Persecución informó que este lunes solicitarán a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial para que conozca la acusación contra varios legisladores que están involucrados en la Operación Falcón. En el caso se acusa de narcotráfico y lavado de activos a María Olimpia Tavares Rodríguez, Juan Maldonado Castro, Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia, Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales.
También a Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rogríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Mientras que la joven Caroline Milagros Pérez, de 22 años, novia del fallecido, fue encontrada con signos vitales.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
“Hasta el momento no tenemos mayores detalles que ofrecer. Estas tres personas fueron encontradas en el lugar y, preliminarmente, no se observaron signos de violencia”, declaró el portavoz policial.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.
En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.
El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.
“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.
De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.
“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.
Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.
Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.
“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.
La ministra informó que al menos nueve sectores han sido evaluados con la finalidad de ser incorporados al programa.
“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.
Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.
Insta a realizar denuncias
La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.
“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.
- El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
- En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
- En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.
SANTO DOMINGO.- Como positiva valoró el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) algunas de las medidas fiscales recientemente anunciadas por las autoridades.
En un comunicado enviado ALMOMENTO.NET, considera que pueden contribuir a mejorar la eficiencia del sistema y a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
No obstante, el gremio empresarial subrayó la necesidad de que dichas disposiciones se apliquen bajo criterios de proporcionalidad y temporalidad, a fin de evitar impactos negativos en la actividad productiva, la inversión y el clima de negocios.
El CONEP reiteró que cualquier reforma o ajuste en materia fiscal debe estar sustentado en el diálogo entre los sectores público y privado, privilegiando la estabilidad económica y la competitividad del país.
Asimismo, la organización empresarial insistió en que las medidas deben ser diseñadas con un enfoque equilibrado, que permita alcanzar los objetivos de recaudación sin afectar de forma desmedida a los sectores generadores de empleo y crecimiento.
Reconoció el esfuerzo realizado por las autoridades para preservar la estabilidad macroeconómica del país.
Sostuvo que la sostenibilidad fiscal de largo plazo requiere que «los esfuerzos extraordinarios que hoy se solicitan a los contribuyentes estén acompañados de una estrategia igualmente clara para reducir presiones estructurales sobre las finanzas públicas».
Manifestó que, reconociendo el carácter especial de las medidas planteadas, resulta igual de importante que la atención a los desafíos inmediatos no desplace de la agenda nacional las transformaciones estructurales que se requieren para continuar elevando su productividad, competitividad y capacidad de crear oportunidades.
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