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Violación del protocolo en traslado de imputados sin cascos ni chalecos antibalas.

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Santiago, RD.- Una gran expectación ha causado en Santiago y algunos de cuyos residentes se colocaron en este domingo en la parte frontal del Palacio de Justicia de la segunda ciudad en importancia del país y llamó a la atención que los imputados fueron trasladados sin cascos protectores ni chalecos antibalas como lo manda el protocolo al respecto.

En los alrededores había miem­bros de la dirección de videos del De­partamento de Investigación de Crí­menes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat) y agen­tes del equipo Swat vigilaban la ex­planada desde el lobby del Palacio de Justicia.

Y no era para menos. Se trata de acusaciones de narcotráfico y lavado de activos contra 21 personas.

Varios de sus parientes se dirigían a una cárcel de la institución con ju­gos, bolsas de comida y botellas de agua, aunque otros preferían esperar observando el ambiente desde den­tro de sus vehículos en el parqueo. En ambos casos, se alejaban u ocul­taban al ver la cercanía de los medios de comunicación.

En tanto que algunos abogados aprovecharon la oportunidad y espe­raron afuera para ponerse a las órde­nes de los presuntos criminales.

Una vez dentro, por una puerta trasera y privada que dirige directa­mente a la “carcelita” del Palacio de Justicia subieron, uno por uno, los imputados: 6 mujeres y 15 hombres.

Pese a que pueden ser personas “altamente peligrosas”, de ser cierto los postulados del Ministerio Público (MP) sobre las vinculaciones de los acusados al crimen organizado, a las 9:00 de la mañana fueron ingresados, sin otro equipo de seguridad más que el acompañamiento de las Unidades de Traslado de Alto Riesgo (UTAR).

En el pasillo se acumulaban los abo­gados, de dos a tres por implicado, y conversaban entre ellos o con la prensa.

Uno de los primeros que accedió a dar declaraciones fue Elvin Acosta, quien aseguró representar a cinco de los acusados.

“Nosotros recibimos la solicitud de medida de coerción ayer (sábado); co­mo ustedes pueden notar es bien volu­minosa, la estamos analizando y des­pejando prueba por prueba, para ver a quien ligan con cada persona… es decir, si tienen o no responsabilidad penal, pe­ro nosotros todavía no hemos estudia­do a fondo (la solicitud)”, dijo auguran­do el aplazamiento de la medida.

Acosta fue seguido por el abogado Santiago Peralta, quien manifestó que se ha vendido un “show mediático” y cuestionó la forma de operar de la pro­curadora adjunta Yeni Berenice Reyno­so, quien lleva alrededor de cinco días en su ciudad natal como parte del pro­ceso. Berenice Reynoso estaba en esos momentos reunida con varios fiscales, entre ellos Osvaldo Bonilla Hiraldo, de Santiago. En lo que finalizaba el en­cuentro, dos miembros de seguridad llevaron galletas de soda y fardos de bo­tellas de agua exclusivamente para los miembros del MP para la que prometía ser una larga jornada.

Según la ex fiscal del Distrito Nacio­nal, tienen miles de páginas con la que armaron el expediente y, cuando a las 10:05 de la mañana el Ministerio Públi­co hizo su aparición, los primeros en en­trar fueron esos documentos, archiva­dos en un contenedor plástico.

Con los implicados rodeados de al menos dos docenas de oficiales altos y fornidos, así como también con la pre­sencia de los fiscales, solo faltaban los abogados más la jueza en la calurosa sa­la de audiencias del Segundo Tribunal Colegiado de esa jurisdicción.

El aire acondicionado y comodidad del Juzgado de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Santiago fue sustituido por una sala cuya única ven­tilación eran varias persianas y un aba­nico ubicado en el área del Ministerio Público, por la necesidad de un espacio capaz de acoger a tantas personas.

La audiencia inició pasada media mañana, con una hora de retraso, luego de que los detenidos fueran cuestiona­dos por la secretaria del tribunal, quien tomó sus generales, así como las de los abogados que los representan.

A medida que subía el sol y avanza­ba la mañana el intenso calor era sofo­cante en los pasillos del amplio Palacio de Justicia, aún más lo era en la sala de audiencias donde las ventanas fueron cerradas por precaución, quizás previ­niendo algún atentado. Aprovechan­do que un agente de la Policía entraba a la sala de audiencias con un abanico, el fotógrafo de Listín Diario, Raúl Asen­cio capturó con su lente al suspendido director de Comunidad Digna recosta­do cómodamente en su asiento, como si posara para la instantánea.

Luego de dos horas de debates y con­versaciones, la jueza dio un receso de al­gunos 35 minutos antes de ofrecer su decisión. En el pasillo, los periodistas intentaban tomar fotografías del inte­rior de la sala de audiencias, mientras la UTAR evitaba a toda costa que se acer­caran a algún tramo de las persianas.

Aproximadamente tres horas de in­certidumbre vivió la prensa, animada de vez en cuando por las ocurrencias de un conocido personaje cómico de la ciudad, hasta escuchar como susurros el fallo de la jueza. “El 17” fue la expresión que aseguró a todos que la audiencia había sido aplazada hasta el próximo viernes, a fin de dar tiempo a los aboga­dos a preparar sus defensas.

Culminada la audiencia, la primera en pasar por la puerta fue la jueza Iris Borges. Contrario a como sucede en Santo Domingo, la magistrada tuvo que salir directamente al pasillo y evadió ,co­mo pudo, a los reporteros, quienes la atosigaban deseosos por saber del pro­ceso que fueron excluidos.

Lo que se le escuchó decir entre el pe­queño cerco de policías y agentes del Nuevo Modelo Penitenciario fue: “Pue­den acceder al fallo y conocer la deci­sión”.

En los últimos escalones de las largas y elegantes escaleras que se alzan a cada lado del lugar se posicionó el Ministerio Público y la directora de Persecución in­formó que este lunes solicitarán a la Su­prema Corte de Justicia la designación de un juez especial para que conozca la acusación contra varios legisladores que están involucrados en la Operación Falcón. En el caso se acusa de narcotráfi­co y lavado de activos a María Olimpia Tavares Rodríguez, Juan Maldonado Castro, Víctor Elpidio Altagracia Pauli­no Herrera, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia, Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales.

También a Raúl Antonio Castro Mo­ta, Yana Iris Maldonado Castro, Angé­lica María Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Mi­guel Castillo Taveras, Elva Teresa Polan­co, Juan Carlos Durán Rogríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Es­pino Germán.

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Procuraduría realizará peritaje a celular del empleado del Jet Set que advirtió de riesgo en discoteca

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Santo Domingo, R.D.-Un peritaje realizará el Ministerio Público al celular de Gregory Adames, el empleado de la discoteca Jet Set que asegura haber advertido del peligro que corría el centro nocturno.

La información fue revelada por el abogado, Plinio Pina, quien es el representante legal de Adames.

El objetivo, según el abogado, es extraer las conversaciones que este sostuvo con el propietario de la discoteca, Antonio Espaillat, donde le advertía que la fiesta del pasado 8 de abril no se podía realizar porque el techo podría desplomarse.

Abogado: Empleado advirtió a Antonio Espaillat que no se podían hacer fiestas en Jet Set
 

 

 

 

 

 

Abogado: Empleado advirtió a Antonio Espaillat que no se podían hacer fiestas en Jet Set

Declaraciones del abogado Plinio Pina con las revelaciones

Pina indicó que Gregory Adames interpuso una querella en contra de los dueños del Jet Set, mientras agregó que deben esperar por los resultados del análisis de la extracción telefónica que aportó su cliente, así como también el resultado de la investigación sobre las causas del derrumbe.

De acuerdo al abogado, Gregory Adames presentó al órgano acusador evidencia de conversaciones, donde informaba sobre el estado del techo de la discoteca Jet Set, por lo que sugirió que el evento debería suspenderse. No obstante, afirma que su propuesta fue despreciada.

“Nuestro cliente presentó la evidencia de conversaciones, de las cuales daba cuenta de la situación de la discoteca y planteaba sus temores, aprensiones y sugerencias respecto de que el evento debía suspenderse, y esto fue desatendido”, destacó Plinio Pina.

Asimismo, resaltó que su cliente conversó con Antonio Espaillat antes de que la fiesta diera inicio, debido a que Gregory era quien se encargaba de la logística y preparación de la discoteca antes del espectáculo.

Según informó el director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), Leonardo Reyes Madera, la comisión especial encargada de investigar las causas del derrumbe en la discoteca Jet Set ya entregó el informe preliminar a la Procuraduría General de la República (PGR).

Las acciones legales presentadas en la Fiscalía del Distrito Nacional contra los propietarios de la discoteca Jet Set aumentaron a 68, incluyendo querellas y denuncias.

Algunas de estas acciones también involucran al Estado dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) por el presunto incumplimiento de sus obligaciones legales en materia de seguridad y supervisión de esos establecimientos.

Estas querellas y denuncias incluyen cargos de homicidio involuntario y negligencia, citando posibles problemas estructurales y la presencia de equipo pesado en el techo como factores que contribuyeron al derrumbe.

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Angel Martínez con Impedimento de salida y brazalete electrónico.

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Santo Domingo, R.D.-Tras presentarse una querella por difamación e injuria en su contra, la jueza del Juzgado de Atención Permanente de Santiago impuso medida de coerción contra Ángel Martínez.

 La querella por difamación e injuria presentada por el empresario Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, presidente de la Asociación Ecuestre Nacional, fue la provocó la medida tomada por el referido tribunal.

2La magistrada Yiberty Polanco Herrand impuso al imputado impedimento de salida del país, presentación periódica y la colocación de grillete electrónico, tras acoger una solicitud de medida de coerción presentada por el fiscal litigante Elvin Ventura.

Martínez Jiménez, arrestado el domingo en un hotel del Distrito Nacional por no comparecer ante la fiscalía de esta jurisdicción, deberá presentarse periódicamente ante las autoridades.

La querella, presentada el 26 de abril de 2024, también incluye a Vanessa Victoria, señalada como cómplice en una supuesta campaña de descrédito contra Gutiérrez Almonte, difundida a través del canal de YouTube “Detective Ángel” y replicada en redes sociales como Instagram y TikTok.

Según el documento legal, el 20 de abril, Martínez habría difundido un video titulado “Arnulfo Gutiérrez y sus hijos, investigación activa desde EEUU, Santiago, mafia políticos”, en el cual se vierten afirmaciones que el querellante califica como “injuriosas, infundadas y ultrajantes”.

Gutiérrez sostiene que estas publicaciones no solo atentaron contra su honor y dignidad, sino que también afectaron la imagen de su familia, reconocida por su historial de contribución al desarrollo social y cultural de Santiago.

La querella invoca los artículos 367 y siguientes del Código Penal dominicano, además de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.

Asimismo, se solicita una indemnización de cinco millones de pesos (RD$5, 000,000.00), por daños y perjuicios, conforme al artículo 297 del Código Procesal Penal, además de las sanciones penales correspondientes.

Se recuerda que Ángel Martínez ha ganado visibilidad en plataformas digitales por sus denuncias y publicaciones controversiales, en la mayoría de los casos, exentas de pruebas, por lo que enfrenta múltiples acusaciones por prácticas de difamación extorsión.

Cabe destacar que contra Martínez, también pesa otra medida dictada en su contra, consistente en impedimento de salida y presentación periódica, por la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, quien se encuentra apoderada de una demanda presentada en su contra por el diputado Sergio Moya (Gory), también por difamación e injuria.

Esto luego de dictar rebeldía en su contra al no comparecer a una audiencia.

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Comisión encargada de investigar causas del derrumbe ya entregó informe a la PGR

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Santo Domingo, R.D.-Este miércoles fue entregado a la Procuraduría General de la República el informe de la comisión especial encargada de investigar las causas del derrumbe en la discoteca Jet Set.

Así lo informó el coordinador de la comisión y director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), Leonardo Reyes Madera, quien declaró a periodistas de distintos medios de comunicación que esta tarde llevaron el documento a las autoridades.

“Ya el informe lo entregamos hace un momento, nosotros cumplimos gracias a Dios”, dijo Madera, sin precisar detalles de lo que arrojó la investigación.

Además de Madera, trabajaron en la investigación del hecho como parte de la comisión el «ingeniero forense Fierro de la universidad de California»; el ingeniero patólogo Maximo Corominas del Instituto de Eduardo Torrojas, de España; el ingeniero Marcos Paniagua, con maestría en la Universidad Católica de Chile y Remi Luciano, con maestría e ingeniería sismo resistente.

Anteriormente, el presidente Luis Abinader reveló en el espacio La Semanal con la Prensa, que la comisión estuvo trabajando en investigar las causas del derrumbe en la discoteca Jet Set desde el día en que ocurrieron los hechos, el pasado ocho de abril.

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