Nacionales
Diputados aprueban de urgencia en primera lectura la reforma laboral
Santo Domingo, R.D.-De urgencia la Cámara de Diputados aprobó este jueves en primera lectura el proyecto que busca reformar el Código de Trabajo establecido en la Ley Orgánica 16-92, luego de leer de manera íntegra los 80 artículos de modificación.
Sin embargo, este procedimiento legislativo realizado en la sesión celebrada esta tarde, por los congresistas, es diferente al utilizado para favorecer el Código Penal, ya que los diputados aprobaron la transformación del marco laboral sin haber analizado a plenitud, con antelación, su contenido.
Así lo evidenció con sus declaraciones el diputado Charlie Mariotti, quien expresó al pronunciarse en el hemiciclo su inconformidad con la premura de los representantes, recordando que el proyecto de reforma laboral no fue estudiado en una comisión bicameral, como sucedió en el caso de la propuesta del marco penal.
“A mí me llama la atención que estemos solicitando el mismo procedimiento a un proyecto que no pasó por el procedimiento del Código Penal, que fue conocido en una comisión bicameral, eso a mí no me parece coherente. Este proyecto nosotros no lo hemos conocido, el proyecto llegó anoche.
Sí se leyó hoy, pero nosotros no lo hemos conocido y la legislatura vence el sábado…”, afirmó Mariotti, indicando que la norma laboral fue estudiada por una comisión especial del Senado de la República.
Es por esta razón que el representante del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) intentó presentar una moción para enviar el proyecto de ley a una comisión de la cámara baja antes de ser aprobado.
Precisamente, una comisión, encabezada por Pacheco e integrada por más de 15 diputados, estaba reunida en un salón del órgano legislativo con el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, para agilizar la elaboración de las modificaciones que le realizarán al conjunto de leyes penales.
Sin embargo, esto sucedía en el mismo instante en que otros diputados permanecían en la sesión leyendo el proyecto de ley del Código Laboral, para conocerlo en primera lectura. Mariotti, al igual que otros representantes opositores y oficialistas, estuvo presente en la mesa de trabajo del Código Penal.
El diputado Elías Wessin también tomó un turno a la palabra, para manifestar su rechazo a varios apartados colocados en el proyecto.
“Tiene una orientación sexista en el principio número 7, en el artículo 3 y otros artículos, esto choca con el criterio de la Constitución que habla sobre sexo y genero. Donde sea que este código laboral hable sobre eso (debe) ser eliminado porque choca con la constitución, que habla sobre género y sexo, no orientación y sexo”, afirmó Wessin.
Además, deploró que el artículo tres contenga el término “ascendencia nacional”, alegando que no tiene sentido debido a que “estamos hablando de un Código Laboral que es para los dominicanos”.
Los 190 representantes de la Cámara de Diputados, quienes tendrán en sus manos la decisión de enviar al Poder Ejecutivo este documento legislativo convertido en ley, ya que, de lo contrario, pasaría a la lista de perimidos debido a la clausura de la legislatura programada para el 26 de julio.
Cesantía
La pieza, a excepción de ligeras modificaciones, es el resultado de las reuniones que desarrolló durante más de dos años el Concejo Económico Social (CES) con el sector tripartito, conformado por el empresariado, los sindicalistas y el Gobierno.
El derecho adquirido de los trabajadores dominicanos en el Código de Trabajo promulgado en el año 1992, figurado en la cesantía laboral, estaba contenido en el documento legislativo depositado en la Cámara Alta por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, la libertad que tienen los congresistas de modificar y legislar con independencia de las consideraciones del Gobierno mantenía con preocupación a diversos sectores de la sociedad, ya que temían por su eliminación.
Pero, finalmente, los representantes no propusieron ningún tipo de alteración que altere el fondo de este apartado, situado a partir del artículo 80.
De acuerdo con lo explicado por la comisión especial de la Cámara Alta, presidida por el senador Rafael Duluc, se amplía el tiempo de licencias por matrimonio, fallecimiento de familiares, paternidad con licencia en un 100%, y maternidad, mínimo de 14 semanas pagadas.
Asimismo, protege a la mujer embarazada del despido durante la gestación, maternidad y tres meses posteriores y se regulan condiciones para jornadas extendidas, horarios flexibles y contratos atípicos, priorizando el acuerdo entre las partes y la notificación al Ministerio de Trabajo.
El proyecto de ley también reconoce el impacto de la tecnología en la organización del trabajo, incorporando la modalidad de teletrabajo, lo que permitirá atraer nuevos talentos y adaptarnos a las nuevas dinámicas laborales.
Nacionales
Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio
SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Aplazan para marzo nuevo juicio contra Elizabeth Silverio por ejercicio ilegal de la medicina
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
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Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Motivos para la prórroga
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
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Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.