Análisis Noticiosos
Sin unidad nacional nos acaba el virus y no habrá elecciones por varios meses
Por Juan Bolívar Díaz
Los enormes desafíos que representa para el país el progresivo avance de la pandemia mundial del Covid-19, que ya paraliza casi todas las actividades y amenaza prolongarse por meses, obliga a un gobierno ya desgastado por el final de su período a fomentar una amplia unidad nacional, para reducir el costo en la salubridad y en desestabilidad económica.
Las perspectivas indican que las elecciones no podrán celebrarse en mayo, pero debe esperarse un poco para ver por cuánto tiempo han de ser aplazadas, para lo cual será imprescindible un amplio consenso entre las fuerzas políticas y sociales, desafiadas a privilegiar el supremo interés nacional, incluso para el nuevo período gubernamental.
Incertidumbre histórica
La pandemia del coronavirus constituye un sacudimiento mundial sin precedente, no sólo por su dimensión en la salubridad y el costo en vidas humanas, sino también por el desguañangue que dejará en la economía globalizada, desestabilizando hasta países desarrollados, dejando desolación humana y mayores niveles de pobreza.
Que al día de ayer Estados Unidos ya lideraba el mundo en cantidad de personas infectadas por el virus, superando a China donde primero apareció, con España, Italia encabezando el número de víctimas, 4,158 y 7,503, la Unión Europea en profunda crisis humanitaria y de parálisis casi total, debería ser suficiente aviso para que en la República Dominicana se entienda la dimensión de las amenazas.
Luis Abinader
Irónicamente han sido los países donde primero se difundió el Covid-19 los que han tenido éxito en contenerlo, mientras la pandemia avanza incontenible poniendo de rodillas hasta a las mayores economías occidentales, como la de Estados Unidos donde se está aprobando un salvataje económico histórico de 2.2 billones de dólares. Los costos en vidas humanas y salubridad general, así como económicos son incuantificables, hablándose de cifras que estremecen y causan pánico universal.
Este mundo de tantos avances tecnológicos y científicos, con expansión cósmica, de repente es sacudido y desestabilizado por un virus, como si la naturaleza estuviera pasando factura por la inmensa depredación del planeta y por las insostenibles concentraciones de la riqueza que afianzan la exclusión y la pobreza y hasta revierten el estado de bienestar labrado tras la catástrofe de la segunda guerra mundial.
Estremecimiento nacional
Transcurridos dos tercios del período de emergencia de 15 días indicado en el decreto 320 del 19 de marzo, las perspectivas lucen cada día más inciertas con un avance incontenible del Covid-19. Entonces los contaminados eran sólo 34 y una sola víctima mortal. Ayer los afectados se habían multiplicado 17 veces para alcanzar a 581 y los fallecidos eran 20 veces. Sólo de lunes a viernes el crecimiento de los enfermados fue entre 19 y 26% de día a día, y entre el martes y ayer viernes, las víctimas mortales, pasaron de 6 a 20, incremento de 233%.
Las estadísticas indican que los múltiples esfuerzos de las autoridades sanitarias no han logrado contener la expansión. Se tiene la impresión de que a nivel nacional el Covid-19 se ha diseminado más en las clase medias y medias altas, con múltiples víctimas de actividades sociales, como una cena benéfica en San Pedro de Macorís, de donde salió una docena de contaminados. También hubo varios en una boda celebrada en Punta Cana, y de un coctel en Santo Domingo. Según el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, en San Francisco de Macorís proliferó por el carnaval, la campaña política y algunas fiestas, aunque se teme que influyera la primera dominicana que llegó del exterior con el virus y se le permitió irse a su casa, donde hizo vida social. San Francisco acumula el 10% de los contaminados y el 60% de los fallecimientos, con 12 de 20.
Que los hospitales públicos no hayan tenido fuerte presión, parece indicador de que la pandemia no ha penetrado fuerte en los sectores más vulnerables, que no pueden acumular alimentos por más de tres o cuatro días, y que dependen de trabajos informales de los que sacan la subsistencia día a día. Son los que tendrían mayores dificultades para una cuarentena total que podría ser necesaria.
Desestabilidad económica
Leonel Fernandez
Las perspectivas ya apuntan a que el país quedará desestabilizado económicamente por la caída de la producción, de las exportaciones a mercados contraídos y en recesión, y sobre todo por la reducción del turismo y las remesas, que el año pasado generaron 7 mil 500 y 7 mil 87 millones de dólares, respectivamente. Nadie puede predecir cuánto tiempo tomará una significativa reactivación del turismo internacional, pero pocos creen que ocurrirá este año. Con la contracción en Estados Unidos y la reducción del empleo, que sólo esta semana implicó allí 3 millones 280 mil puestos, las remesas tendrían fuerte caída, más aún con la situación de España e Italia, otros importantes refugios de la diáspora dominicana.
Otra actividad económica en grave dificultad será el de las zonas francas. Entre estas y el turismo, ambos ahora paralizados, generan más de 300 mil empleos directos y otros tantos indirectos. Las arcas del Estado quedarán vacías por la reducción de las recaudaciones, por el salvataje que de entrada se lleva 30 mil millones de pesos, hasta 12 mil millones ilegalmente del Banco Central.
Todas esas precariedades se traducirán en mucho mayor endeudamiento público y particular, sin que se llegue al extremo de expropiar los más de 500 mil millones de pesos acumulados en los fondos de pensiones de los trabajadores durante casi dos décadas, como algunos han propuesto. Se configura un panorama nada halagüeño para el nuevo gobierno a iniciarse en agosto, sobre el que ya pendía la necesidad de una profunda reforma fiscal.
La prioridad nacional
Las perspectivas del Covid 19 y las de la economía justifican la propuesta del principal candidato presidencial opositor Luis Abinader, de unir todas las voluntades nacionales para enfrentar la grave crisis, la cual ha recibido respaldo en otros sectores políticos y en los ámbitos sociales y de opinión pública. De hecho, Abinader, como Leonel Fernández y Guillermo Moreno, también candidatos presidenciales, y organizaciones profesionales y sociales, han estado por delante del gobierno, no sólo en el reclamo de unidad nacional, sino también pidiendo inversión en las pruebas para detectar a tiempo el virus, en mayores controles y en la asistencia a cientos de miles de empleados suspendidos, y a los más de 2 millones de trabajadores informales.
Esta semana el presidente Danilo Medina atendió las demandas sobre control de la enfermedad y de asistencia económico-social, pero sin aludir a las peticiones e ignoró las propuestas de unidad nacional ante la crisis. Pretender que con los repartos anunciados se conjuga la situación puede ser un error político. La concertación no sólo crearía una sinergia nacional alentadora, sino que disminuirían la responsabilidad del gobierno ante una posible complicación y extensión de la pandemia y sus consecuencias económico-sociales.
Gonzalo Castillo
Será fácil llegar a los 800 mil que ya están en el programa comer es primero, acumulados en 18 años, donde están los cientos de miles de la extrema pobreza y desempleados crónicos, aumentándole la dotación de sus tarjetas a 5 mil pesos, pero una ardua tarea incorporar en poco tiempo y con justicia a los otros 700 mil anunciados. También es fácil llegar, a través de las empresas, a los empleados suspendidos. Pero muy difícil alcanzar a la mayoría de los más de dos millones de trabajadores informales, de las mini-empresas informales, talleres, salones de belleza, de los vendedores y chiriperos, de la construcción y jornaleros agrícolas, y de todos los oficios, profesionales y técnicos. Con poder para protestar, será difícil mantenerlos en cuarentena por muchos días.
Por demás, el presidente Medina debería reconocer que está al término de su gobierno y con candidatos presidenciales en turno, a los cuales convendría consultar o escuchar para alentar la unidad y la cooperación nacional y para evadir toda tentación de aparecer como llanero solitario que buscaría beneficio político de la inmensa desgracia. Eso corresponde también a los opositores, pero el primer mandatario debería sembrar el ejemplo.
Para cuándo las elecciones
Con el país casi en cuarentena total, no lucen factibles las elecciones programadas para el 17 de mayo, y parece difícil un cambio significativo en las 7 semanas que faltan. Pero al mismo tiempo no hay que precipitar una decisión, y se puede esperar siquiera a que pase la Semana Santa a comenzar en 8 días, para una evaluación de las posibilidades.
El lunes de resurrección será el 13 de abril, a 34 días de la fecha de los comicios, suficientes para seguir adelante con la organización que no ha detenido la Junta Central Electoral, o para apreciar cuánto tiempo sería necesario de aplazamiento. Con el 16 de agosto para instalar el nuevo gobierno, las elecciones pudieran ser aplazadas hasta por dos meses, a julio. En caso de una segunda vuelta, dos o tres semanas después, como se hace en otros países. Con obligada austeridad convendrían campañas electorales cortas.
La JCE tiene facultad constitucional (artículos 211-212), para adoptar las medidas correspondientes a fin de garantizar el derecho a elegir y ser elegido, más aún en una grave crisis nacional e internacional, y la Ley del Régimen Electoral en su artículo 18.7 le faculta para “convocar elecciones extraordinarias cuando proceda, de acuerdo con la Constitución y la ley” y también su artículo 92.2 sobre elecciones extraordinarias.
En el peor escenario nacional, si las elecciones no pudieran celebrarse antes del 16 de agosto, entonces tendría que mediar una reforma constitucional para nueva fecha. Pero en cualquiera de las alternativas, tiene que mediar un consenso entre los partidos y las organizaciones sociales empeñadas en la restauración de la credibilidad herida en los frustrados comicios municipales de febrero. En Bolivia todos los partidos se pusieron de acuerdo para aplazar unas elecciones presidenciales que estaban programadas para el 3 de mayo, a la espera de poder determina una fecha procedente, que garantice la participación de la ciudadanía. En el caso dominicano incluye a 595 mil residentes en el exterior, la gran mayoría en Nueva York, también en grave situación por la pandemia.-
Análisis Noticiosos
El Caribe lleva la delantera en legislación contra el plástico en América Latina.
Legislar contra el plástico en América Latina: el Caribe lleva la delantera y Centroamérica se queda atrás
Bogotá.-El plástico es uno de los materiales más ubicuos de nuestra sociedad. Está en los celulares, en la ropa y en los empaques en los que llegan los domicilios. Es tanta su ubicuidad que, en forma de microplásticos, también se ha identificado en el hígado, el intestino y el cerebro humano, y en la fosa de las Marianas, a 6.800 metros de profundidad en el océano Pacífico. La relación con el plástico encaja perfectamente en lo que es una “relación tóxica”: contamina ecosistemas terrestres y marinos, afecta la salud humana y, pese a esto, en 2023, según la Organización de las Naciones Unidas, su producción mundial alcanzó los 436 millones de toneladas métricas.
A pesar de la evidencia, no hemos podido terminar esa relación. En 2025, casi cuatro años después de que los países acordasen crear un tratado global contra la contaminación por plástico, las negociaciones entraron en un paréntesis: se suspendieron en agosto y Luis Vayas-Valdivieso, el ecuatoriano que las presidía, renunció. El 7 de febrero de 2026, tras una votación en Ginebra (Suiza), el cargo volvió a quedar en manos de un latinoamericano: en las del chileno Julio Cordano, director de la División de Medio Ambiente de la Cancillería y de quien, se espera, le pueda dar un nuevo aire a las negociaciones. “Tenemos el reto de lograr consensos que sean realistas, pero ambiciosos, algo crucial para el éxito del acuerdo”, señaló en un comunicado Cornado tras ser elegido.
“La lucha contra los plásticos ha sido una con un sello latinoamericano desde el origen”, comenta Alberto Quesada, experto internacional en contaminación marina y gestión de residuos plásticos, y que ha participado como observador de las negociaciones desde su inicio. “Perú, de la mano de Ruanda, fue la que presentó la resolución para el tratado”. De forma más lenta de lo que requiere la emergencia —una que se empezó a anunciar desde los años 60—, los países de América Latina y el Caribe también han creado leyes para regular el plástico, una necesaria carrera en la que las islas del gran Caribe van liderando.
Caribe a la vanguardia, Centroamérica atrás
La avalancha de plásticos no es ajena a América Latina y el Caribe. En los años 80, el consumo promedio anual por habitante era de 7 kilogramos, pero actualmente alcanzó los 35. Aunque es una cifra por debajo del promedio global (50 kilogramos), las proyecciones indican que, si no cambian las tendencias, en dos décadas será de entre 60 y 80 kilogramos. Los cálculos son de la Alianza Global de Alternativas a la Incineración (GAIA) y Break Free From Plastics (BFFP), organizaciones que también hicieron el ejercicio de rastrear si los países de la región tienen alguna ley o marco que los regule.
De 34 países –y para mediados de 2025–, 23 tenían alguna legislación nacional específica, tres contaban con normas departamentales o estatales, y solo siete (el 20%) estaban en blanco. Pero si se tiene en cuenta el reciente decreto federal de Brasil que, entre otras cosas, exige un contenido mínimo de material reciclado en envases de plástico, empezando porque sea del 22% desde 2026 y aumente gradualmente a 2040, el número de países con legislación actual es de 24. Mientras en el Caribe todos los países han aprobado alguna normal nacional, en Centroamérica y México solo lo han hecho el 38% y, en Sudamérica, un 50%.
Legislación contra los plásticos en América Latina y el Caribe
En el Caribe, por estar conformado de islas, donde el mar es cercano, el exceso de plásticos evidente, y el cambio climático golpea fuerte (el petróleo es la principal materia prima para la fabricación de la mayoría de plásticos), los países han sabido actuar más pronto. Como recuerda Quesada, en 2007 se convirtieron en uno de los primeros lugares en crear un plan regional sobre basura marina. Pocos años después, en 2012, Haití fue pionero en el subcontinente al prohibir ciertos productos plásticos de un solo uso, aunque, como señala el reporte, “la puesta en práctica de la legislación enfrenta desafíos significativos”. Con diversas leyes, además, Antigua y Barbuda dio la parada para hacer las normas más estrictas. Desde 2018 prohibió los recipientes de poliestireno expandido (conocido como icopor, unicel, telgopor y plumavit), así como los plásticos de un solo uso. Algo que no han logrado muchos.
En América Latina y el Caribe, los productos que más se han prohibido son las bolsas plásticas (88%), las pajillas, popotes o pitillos (63%), el poliestireno expandido (51%) y los contenedores de alimentos (43%).
Prohibición específica de productos plásticos en América Latina y el Caribe
Adméas, a través de metodologías que se han realizado para otros artículos científicos, el trabajo de Rodríguez apunta que, en la región, la producción primaria de resinas plásticas se concentra casi en su totalidad en cinco países asociados a la existencia de la industria petrolera: Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela. Hacerle trazabilidad a la botella de plástico que llega a nuestras manos no es fácil: tiene varias materias primas y no hay transparencia desde los sectores en decir desde dónde vienen los insumos. Esa falta de información pública se suma a la lista de por qué no hemos sido capaces de cortar la relación con los plásticos.
elpais.com
Análisis Noticiosos
La jurisdicción contenciosa administrativa, una caricatura del sistema de justicia.
Por José Cabral.
En una sociedad como la dominicana, donde los antivalores aparecen en todos los escenarios, fruto de una herencia histórico- cultural fundamentada en el caudillismo, el machismo, el patriarcado, el amiguismo, entre otras distorsiones, es lo que explica que el país haya caído en dictaduras férreas como las de Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilí y la de Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Esta vocación dictatorial todavía perdura en muchos dominicanos, ya que, aunque se salió de esos gobiernos violadores de derechos humanos fundamentales, pero aún perdura la tendencia en el país, máxime cuando una persona adquiere cierta autooridad a través de la administración pública, la inclinación por las arbitrariedades que provienen del poder.
Entonces, a partir de esa premisa se puede decir que la jurisdicción contenciosa administrativa juega un papel de primer orden en el sistema de justicia nacional, porque tiene la sagrada misión de juzgar a la administración frente a los abusos que se cometen en contra del administrado.
Los avances en esta rama del derecho que se observan en los textos de las leyes 13-07 y 107-13, las cuales son una continuación de lo que consignan los artículos 164 y 167 de la Constitución de la Republica, no parecen que jueguen su papel en el marco del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país desde el año 2010.
La jurisdicción contenciosa administrativa parece que se ha quedado estacionaria en lo que disponía la Ley 1494 de que a través de ella la administración se juzgaba a sí misma, mediante la llamada justicia tenida, ya que sus sentencias son una especie de bochorno y evitan que el ciudadano pueda recurrir en contra de la conducta abusiva del funcionario público.
Las sentencias de los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa son la principal frustración y negación del proceso de constitucionalización del derecho, cuyas ponderaciones dejan mucho que desear y son decepcionantes para que el administrado logre sobreponerse a los atropellos de la administración que ya no encajan en el contexto del neo-constitucionalismo.
Naturalmente, hay que decir que el fenómeno no es exclusivo de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino de todo el sistema de justicia, en el que se observa que se producen graves violaciones a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, así como de principios como el de celeridad procesal, el plazo razonable que devienen en justicia tardía, que no es otra cosa que denegación de justicia.
Todo este cuadro dice claramente que en el país todavía no se ha superado la denominada constitución de fachada, es decir, que la misma es muy bonita en el papel, pero que la práctica es una negación de ella, lo cual deja muy mal parada a la democracia nacional.
Sin embargo, hay que ratificar que lo que se observa en la jurisdicción contenciosa administrativa llena de vergüenza a los que de alguna manera abogan por una mejor administración de justicia, cuyas principales decisiones casi siempre terminan en nulidad mediante los recursos de revisión en esta materia elevados ante el Tribunal Constitucional (TC)
Lo interesante de las debilidades que se observan en todo el sistema de justicia es que en los discursos de los que lo representan, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el país camina tan bien en esta materia que habría que compararlo con las naciones donde el estado de derecho tiene un real y contundente empoderamiento.
¿Percepción o realidad?
Por José Cabral
En la República Dominicana se estila hablar de que en el país se ha avanzado en lo referente al Estado Social Democrático de Derecho, lo cual sólo existe en la cabeza de los que se la pasan proyectando una percepción que nada tiene que ver con la realidad.
Puede decirse que el proceso de constitucionalización del derecho se produce en el papel, pero no en la realidad, lo que crea una serie de incertidumbres en la sociedad.
La jurisdicción contenciosa administrativa es una que no hay forma de que tenga un desempeño en función de una buena administración de justicia, porque si el funcionario público incurre en graves violaciones de los derechos fundamentales, peor pasa con los jueces de la misma, quienes no hay forma de que demuestren que se manejan en función del impacto de los valores y principios constitucionales en sus decisiones, lo cual es definitivamente una negación de los supuestos avances en esta materia.
Las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa son una especie de caja de resonancia de los pedidos en sus conclusiones de la Procuraduría General Administrativa, cuyos contrasentidos jurídicos son el pan de cada día en las audiencias de sus diferentes salas, lo que impacta negativamente al ciudadano.
Por el momento quiero reproducir una carta enviada al presidente del Tribunal Superior Administrativa ante una decisión tomada en virtud de la solicitud de una medida cautelar frente a los abusos que comete la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE) en contra de los usuarios.
Sin embargo, la falta de razonabilidad y racionalidad de los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA), principalmente de su presidente, causa más indignación que los atropellos que comete el órgano del Estado que maneja la referida empresa.
A continuación reproduzco la carta enviada al presidente del TSA a propósito de su sentencia mediante la cual niega una medida cautelar, cuyo razonamiento, aparte de ridículo, revela hasta donde en el país se cuenta con una Constitución de fachada, cuyo respeto a los derechos fundamentales sólo existe en el texto, pero no en la realidad.
Señor
Magistrado Diomedes Y. Villalona G.
Presidente del Tribunal Superior Administrativo
Magistrado Villalona:
La presente es para dejar sentada mi indignación por la reiteración de decisiones que dejan muy mal parada a la jurisdicción contenciosa administrativa en la República Dominicana, cuyo desempeño deja mucho que desear, a pesar de que se enarbola que su base de sustentación es el nuevo constitucionalismo que se rige por valores y principios.
El mejor ejemplo de que la jurisdicción contenciosa administrativa se maneja con un nivel de razonabilidad y de racionalidad que no supera lo que ocurre en los juzgados de paz o tribunales inferiores, donde las decisiones son generalmente muy superficiales y carentes de una aceptable ponderación, es la sentencia emitida y que genera la presente comunicación.
La última joya del presidente del Tribunal Superior Administrativo ante los abusos cometidos por la Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), la cual ha incurrido en una serie de atropellos que revelan que los derechos de los consumidores y de los administrados están en manos de juzgadores que sólo sirven como caja de resonancia de los funcionarios públicos que actúan al margen de la Ley 13-07 y de la 107-13, así como de la 1494, ya que su misión no parece ser otra que imponer una carga procesal y económica que se agrava cuando finalmente se emite un fallo carente de toda lógica jurídica en detrimento del impetrante y en favor del impetrado..
En este sentido, he querido dejar sentado mi rechazo al comportamiento y el daño que genera esta jurisdicción contenciosa administrativa en detrimento de un buen derecho, de una buena administración de justicia, que deteriora la imagen del sistema de justicia en la República Dominicana, dado que en el fallo se establece qué tan grande es su falta de razonabilidad al negar una medida cautelar en virtud de un corte del servicio de electricidad que lleva varios meses bajo el argumento de que no se aportaron pruebas de que el recurrente no tiene el referido servicio, pese a que la propia ley ofrece la respuesta al respecto.
Cómo se puede entender semejante decisión, ya que es un contrasentido que el recurrente diga que se le cortó arbitrariamente el servicio de energía eléctrica y que mediante la medida cautelar solicite la reconexión del mismo, pero que, en un choque con cualquier razonamiento lógico, máxime cuando la parte recurrida no ha invocado lo contrario de lo alegado por el cliente, el tribunal niegue el pedido sustentándose en que no se aportaron las pruebas al respecto, sobre todo cuando el órgano se niega a entregar documentos que comprometan su irresponsabilidad e ilegalidad.
La realidad es que ese desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa es una vergüenza ante el proclamado empoderamiento del neoconstitucionalismo, que se basa en la aplicación de valores y principios que van de las manos con los derechos humanos fundamentales.
La decisión tomada en torno a la medida cautelar es una especie de anuncio anticipado de que el recurso que tiene que ver con el fondo también será fallado en contra, en razón de que, como digo más arriba, la decisión tomada deja muy claro que las acciones de cualquier administrado es un esfuerzo perdido por los criterios con que se maneja la jurisdicción contenciosa administrativa en el país, convirtiéndose en una vergüenza para el derecho comparado, interamericano e internacional.
El mejor consejo para cualquier administrado abusado por la administración es desistir de buscar justicia en la jurisdicción contenciosa administrativa por representar una vergüenza para el sistema de justicia nacional, ya que como lo dije más arriba sus decisiones están determinadas por los contrasentidos jurídicos que invoca generalmente la Procuraduría General Administrativa, cuyos procesos para lo único que sirven es para aumentar la carga procesal y costos económicos en desfavor del ciudadano a través de notificaciones arbitrarias y abusivas.
Este desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual todavía está estacionaria en la llamada justicia retenida, mediante la cual la administración se juzga a sí misma y cuyos jueces eran designados por el Poder Ejecutivo, igual que el que preside la Procuraduría General Administrativa, llena de vergüenza a cualquier buen dominicano, dado que se supone que el Tribunal Superior Administrativa está bajo el control y la tutela de la Suprema Corte de Justicia en virtud del mandato de la Ley 13-07.
Evidentemente que la decisión de negar la medida cautelar tiene el propósito de condenar al fracaso la demanda principal en razón de que impone que el recurrente tenga que negociar con EDENORTE para restablecer el servicio y de ese modo disponer la inadmisibilidad de la misma por existir un acuerdo que deja sin sentido el pedido principal de la parte recurrente que, entre otras cosas, busca una indemnización por los daños morales y materiales causados.
No está de más recordar que el artículo 22 de la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas ante la Administración y el derecho a la defensa establece que la administración debe probar sus alegatos. El procedimiento sancionador obliga a la administración a sustentar la validez de sus actos y pruebas, además que existe la carga de la prueba que en los procedimientos sancionadores la administración pública tiene la obligación de probar los hechos que fundamentan sus decisiones contra un ciudadano en función del principio de legalidad, ya que el funcionario público está limitado por las normas de procedimiento y la Constitución, no pudiendo actuar sin sustento probatorio, ya que la presunción de validez no es absoluta. Otro principio violado por la jurisdicción contenciosa administrativa es el de celeridad, consignado en el artículo 19 de la Ley 107-13, en cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano correspondiente, salvo que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos. La medida cautelar solicitada por el impetrante fue fallada en contra de lo que dispone al articulo 7 de la Ley 13-07, Orgánica del Tribunal Superior Administrativo, la cual se conoció el 16 de diciembre y fue fallada el 22 de enero, pese a que se habla de cinco días después de la celebrada la audiencia en la que las partes plantean sus conclusiones, principalmente cuando hay una afectación mayor, porque el recurrente no tiene servicio de energía eléctrica y que en consecuencia todas las labores comerciales y empresariales están paralizadas y la reactivación está determinada por el fallo de la misma.
Este es un ejemplo de que en el país existe una Constitución de fachada que niega los supuestos avances y fortalecimiento del Estado Social Democrático de Derecho, lo cual es una explicación de que República Dominicana es una sociedad que vive más de la percepción que de la realidad.
Sin otro particular,
José Antonio Cabral Salcedo.