Análisis Noticiosos
Sin unidad nacional nos acaba el virus y no habrá elecciones por varios meses
Por Juan Bolívar Díaz
Los enormes desafíos que representa para el país el progresivo avance de la pandemia mundial del Covid-19, que ya paraliza casi todas las actividades y amenaza prolongarse por meses, obliga a un gobierno ya desgastado por el final de su período a fomentar una amplia unidad nacional, para reducir el costo en la salubridad y en desestabilidad económica.
Las perspectivas indican que las elecciones no podrán celebrarse en mayo, pero debe esperarse un poco para ver por cuánto tiempo han de ser aplazadas, para lo cual será imprescindible un amplio consenso entre las fuerzas políticas y sociales, desafiadas a privilegiar el supremo interés nacional, incluso para el nuevo período gubernamental.
Incertidumbre histórica
La pandemia del coronavirus constituye un sacudimiento mundial sin precedente, no sólo por su dimensión en la salubridad y el costo en vidas humanas, sino también por el desguañangue que dejará en la economía globalizada, desestabilizando hasta países desarrollados, dejando desolación humana y mayores niveles de pobreza.
Que al día de ayer Estados Unidos ya lideraba el mundo en cantidad de personas infectadas por el virus, superando a China donde primero apareció, con España, Italia encabezando el número de víctimas, 4,158 y 7,503, la Unión Europea en profunda crisis humanitaria y de parálisis casi total, debería ser suficiente aviso para que en la República Dominicana se entienda la dimensión de las amenazas.
Luis Abinader
Irónicamente han sido los países donde primero se difundió el Covid-19 los que han tenido éxito en contenerlo, mientras la pandemia avanza incontenible poniendo de rodillas hasta a las mayores economías occidentales, como la de Estados Unidos donde se está aprobando un salvataje económico histórico de 2.2 billones de dólares. Los costos en vidas humanas y salubridad general, así como económicos son incuantificables, hablándose de cifras que estremecen y causan pánico universal.
Este mundo de tantos avances tecnológicos y científicos, con expansión cósmica, de repente es sacudido y desestabilizado por un virus, como si la naturaleza estuviera pasando factura por la inmensa depredación del planeta y por las insostenibles concentraciones de la riqueza que afianzan la exclusión y la pobreza y hasta revierten el estado de bienestar labrado tras la catástrofe de la segunda guerra mundial.
Estremecimiento nacional
Transcurridos dos tercios del período de emergencia de 15 días indicado en el decreto 320 del 19 de marzo, las perspectivas lucen cada día más inciertas con un avance incontenible del Covid-19. Entonces los contaminados eran sólo 34 y una sola víctima mortal. Ayer los afectados se habían multiplicado 17 veces para alcanzar a 581 y los fallecidos eran 20 veces. Sólo de lunes a viernes el crecimiento de los enfermados fue entre 19 y 26% de día a día, y entre el martes y ayer viernes, las víctimas mortales, pasaron de 6 a 20, incremento de 233%.
Las estadísticas indican que los múltiples esfuerzos de las autoridades sanitarias no han logrado contener la expansión. Se tiene la impresión de que a nivel nacional el Covid-19 se ha diseminado más en las clase medias y medias altas, con múltiples víctimas de actividades sociales, como una cena benéfica en San Pedro de Macorís, de donde salió una docena de contaminados. También hubo varios en una boda celebrada en Punta Cana, y de un coctel en Santo Domingo. Según el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, en San Francisco de Macorís proliferó por el carnaval, la campaña política y algunas fiestas, aunque se teme que influyera la primera dominicana que llegó del exterior con el virus y se le permitió irse a su casa, donde hizo vida social. San Francisco acumula el 10% de los contaminados y el 60% de los fallecimientos, con 12 de 20.
Que los hospitales públicos no hayan tenido fuerte presión, parece indicador de que la pandemia no ha penetrado fuerte en los sectores más vulnerables, que no pueden acumular alimentos por más de tres o cuatro días, y que dependen de trabajos informales de los que sacan la subsistencia día a día. Son los que tendrían mayores dificultades para una cuarentena total que podría ser necesaria.
Desestabilidad económica
Leonel Fernandez
Las perspectivas ya apuntan a que el país quedará desestabilizado económicamente por la caída de la producción, de las exportaciones a mercados contraídos y en recesión, y sobre todo por la reducción del turismo y las remesas, que el año pasado generaron 7 mil 500 y 7 mil 87 millones de dólares, respectivamente. Nadie puede predecir cuánto tiempo tomará una significativa reactivación del turismo internacional, pero pocos creen que ocurrirá este año. Con la contracción en Estados Unidos y la reducción del empleo, que sólo esta semana implicó allí 3 millones 280 mil puestos, las remesas tendrían fuerte caída, más aún con la situación de España e Italia, otros importantes refugios de la diáspora dominicana.
Otra actividad económica en grave dificultad será el de las zonas francas. Entre estas y el turismo, ambos ahora paralizados, generan más de 300 mil empleos directos y otros tantos indirectos. Las arcas del Estado quedarán vacías por la reducción de las recaudaciones, por el salvataje que de entrada se lleva 30 mil millones de pesos, hasta 12 mil millones ilegalmente del Banco Central.
Todas esas precariedades se traducirán en mucho mayor endeudamiento público y particular, sin que se llegue al extremo de expropiar los más de 500 mil millones de pesos acumulados en los fondos de pensiones de los trabajadores durante casi dos décadas, como algunos han propuesto. Se configura un panorama nada halagüeño para el nuevo gobierno a iniciarse en agosto, sobre el que ya pendía la necesidad de una profunda reforma fiscal.
La prioridad nacional
Las perspectivas del Covid 19 y las de la economía justifican la propuesta del principal candidato presidencial opositor Luis Abinader, de unir todas las voluntades nacionales para enfrentar la grave crisis, la cual ha recibido respaldo en otros sectores políticos y en los ámbitos sociales y de opinión pública. De hecho, Abinader, como Leonel Fernández y Guillermo Moreno, también candidatos presidenciales, y organizaciones profesionales y sociales, han estado por delante del gobierno, no sólo en el reclamo de unidad nacional, sino también pidiendo inversión en las pruebas para detectar a tiempo el virus, en mayores controles y en la asistencia a cientos de miles de empleados suspendidos, y a los más de 2 millones de trabajadores informales.
Esta semana el presidente Danilo Medina atendió las demandas sobre control de la enfermedad y de asistencia económico-social, pero sin aludir a las peticiones e ignoró las propuestas de unidad nacional ante la crisis. Pretender que con los repartos anunciados se conjuga la situación puede ser un error político. La concertación no sólo crearía una sinergia nacional alentadora, sino que disminuirían la responsabilidad del gobierno ante una posible complicación y extensión de la pandemia y sus consecuencias económico-sociales.
Gonzalo Castillo
Será fácil llegar a los 800 mil que ya están en el programa comer es primero, acumulados en 18 años, donde están los cientos de miles de la extrema pobreza y desempleados crónicos, aumentándole la dotación de sus tarjetas a 5 mil pesos, pero una ardua tarea incorporar en poco tiempo y con justicia a los otros 700 mil anunciados. También es fácil llegar, a través de las empresas, a los empleados suspendidos. Pero muy difícil alcanzar a la mayoría de los más de dos millones de trabajadores informales, de las mini-empresas informales, talleres, salones de belleza, de los vendedores y chiriperos, de la construcción y jornaleros agrícolas, y de todos los oficios, profesionales y técnicos. Con poder para protestar, será difícil mantenerlos en cuarentena por muchos días.
Por demás, el presidente Medina debería reconocer que está al término de su gobierno y con candidatos presidenciales en turno, a los cuales convendría consultar o escuchar para alentar la unidad y la cooperación nacional y para evadir toda tentación de aparecer como llanero solitario que buscaría beneficio político de la inmensa desgracia. Eso corresponde también a los opositores, pero el primer mandatario debería sembrar el ejemplo.
Para cuándo las elecciones
Con el país casi en cuarentena total, no lucen factibles las elecciones programadas para el 17 de mayo, y parece difícil un cambio significativo en las 7 semanas que faltan. Pero al mismo tiempo no hay que precipitar una decisión, y se puede esperar siquiera a que pase la Semana Santa a comenzar en 8 días, para una evaluación de las posibilidades.
El lunes de resurrección será el 13 de abril, a 34 días de la fecha de los comicios, suficientes para seguir adelante con la organización que no ha detenido la Junta Central Electoral, o para apreciar cuánto tiempo sería necesario de aplazamiento. Con el 16 de agosto para instalar el nuevo gobierno, las elecciones pudieran ser aplazadas hasta por dos meses, a julio. En caso de una segunda vuelta, dos o tres semanas después, como se hace en otros países. Con obligada austeridad convendrían campañas electorales cortas.
La JCE tiene facultad constitucional (artículos 211-212), para adoptar las medidas correspondientes a fin de garantizar el derecho a elegir y ser elegido, más aún en una grave crisis nacional e internacional, y la Ley del Régimen Electoral en su artículo 18.7 le faculta para “convocar elecciones extraordinarias cuando proceda, de acuerdo con la Constitución y la ley” y también su artículo 92.2 sobre elecciones extraordinarias.
En el peor escenario nacional, si las elecciones no pudieran celebrarse antes del 16 de agosto, entonces tendría que mediar una reforma constitucional para nueva fecha. Pero en cualquiera de las alternativas, tiene que mediar un consenso entre los partidos y las organizaciones sociales empeñadas en la restauración de la credibilidad herida en los frustrados comicios municipales de febrero. En Bolivia todos los partidos se pusieron de acuerdo para aplazar unas elecciones presidenciales que estaban programadas para el 3 de mayo, a la espera de poder determina una fecha procedente, que garantice la participación de la ciudadanía. En el caso dominicano incluye a 595 mil residentes en el exterior, la gran mayoría en Nueva York, también en grave situación por la pandemia.-
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.
Por José Cabral
No es por accidente que los hechos más violentos y repugnantes del territorio nacional tienen lugar en la ciudad de Santiago, segunda en importancia del país.
Y no es para menos, porque aparte del crecimiento exponencial de la población en Santiago, también se producen una serie de hechos que marcan un curso preocupante de la llamada “Ciudad Corazón”.
El asunto, según puedo observar, es que Santiago no sólo ocupa un lugar primordial en crímenes y sicariatos, sino que la violencia generalizada parece apropiarse de la que otrora fuera un lugar atractivo para vivir en familia.
Pero ése no es sólo el problema, sino que Santiago es lo que muy bien se puede definir como una ciudad colapsada, donde no existen autoridades o si existen no están en capacidad de imponer el orden y el respeto entre las personas.
Sin embargo, lo peor y más doloroso es que los servicios públicos no es que son un desastre, sino que no existen, que son cosas del pasado.
Un aceptable servicio de agua potable ya ha pasado a ser una aspiración que no hay forma de que se logre y peor aún el de energía eléctrica.
Los propios funcionarios del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) dicen que esta institución está quebrada y luce con pocas posibilidades de sobrevivir.
Los hogares y negocios de Santiago reciben agua potable una vez cada 20 días y sólo por una media hora, lo que provoca que los baños de viviendas y empresas estén llenos de bacterias.
Eso sí, las facturas siempre hay que pagarlas, porque de no ser así no habría forma de cumplir con la gran cantidad de vagos colocados en empleos en la administración pública.
Es decir, que el ciudadano no tiene derecho para reclamar un buen servicio de agua potable, pero si no paga lo cortan, pese a que de cualquiera manera no recibe nada cambio.
Por eso pienso que Santiago en vez de “Ciudad Corazón” debería bautizarse como la “Ciudad Colapsada”, donde vivir es un suplicio y donde la violencia se apropia de ella cada día como resultado de la gran deuda social con sus munícipes y las tensiones e insatisfacciones generadas por quienes tienen la responsabilidad de llevarla a otro sitial.