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Sin unidad nacional nos acaba el virus y no habrá elecciones por varios meses

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Por Juan Bolívar Díaz

Los enormes desafíos que representa para el país el progresivo avance de la pandemia mundial del Covid-19, que ya paraliza casi todas las actividades y amenaza prolongarse por meses, obliga a un gobierno ya desgastado por el final de su período a fomentar una amplia unidad nacional, para reducir el costo en la salubridad y en desestabilidad económica.

Las perspectivas indican que las elecciones no podrán celebrarse en mayo, pero debe esperarse un poco para ver por cuánto tiempo han de ser aplazadas, para lo cual será imprescindible  un amplio consenso entre las fuerzas políticas y sociales, desafiadas a privilegiar el supremo interés nacional, incluso para el nuevo período gubernamental.    

Incertidumbre histórica

La pandemia del coronavirus constituye un sacudimiento mundial sin precedente, no sólo por su dimensión en la salubridad y el costo en vidas humanas, sino también por el desguañangue que dejará en la economía globalizada, desestabilizando hasta países desarrollados, dejando desolación humana y mayores niveles de pobreza.

Que al día de ayer Estados Unidos ya lideraba el mundo en cantidad de personas infectadas por el virus, superando a China donde primero apareció, con España, Italia encabezando el número de víctimas, 4,158 y 7,503, la Unión Europea en profunda crisis humanitaria y de parálisis casi total, debería ser suficiente aviso para que en la República Dominicana se entienda la dimensión de las amenazas.

Luis Abinader

Irónicamente han sido los países donde primero se difundió el Covid-19 los que han tenido éxito en contenerlo, mientras la pandemia avanza incontenible poniendo de rodillas hasta a las mayores economías occidentales, como la de Estados Unidos donde se está aprobando un salvataje económico histórico de 2.2 billones de dólares. Los costos en vidas humanas y salubridad general, así como económicos son incuantificables, hablándose de cifras que estremecen y causan pánico universal.

Este mundo de tantos avances tecnológicos y científicos, con expansión cósmica, de repente es sacudido y desestabilizado por un virus, como si la naturaleza estuviera pasando factura por la inmensa depredación del planeta y por las insostenibles concentraciones de la riqueza que afianzan la exclusión y la pobreza y hasta revierten el estado de bienestar labrado tras la catástrofe de la segunda guerra mundial.

Estremecimiento nacional

Transcurridos dos tercios del período de emergencia de 15 días indicado en el decreto 320 del 19 de marzo, las perspectivas lucen cada día más inciertas con un avance incontenible del Covid-19. Entonces los contaminados eran sólo 34 y una sola víctima mortal. Ayer los afectados se habían multiplicado 17 veces para alcanzar a 581 y los fallecidos eran 20 veces. Sólo de lunes a viernes el crecimiento de los enfermados fue entre 19 y 26% de día a día, y entre el martes y ayer viernes, las víctimas mortales, pasaron de 6 a 20, incremento de 233%.

Las estadísticas indican que los múltiples esfuerzos de las autoridades sanitarias no han logrado contener la expansión. Se tiene la impresión de que a nivel nacional el Covid-19 se ha diseminado más en las clase medias y  medias altas, con múltiples víctimas de actividades sociales, como una cena benéfica en San Pedro de Macorís, de donde salió una docena de contaminados. También hubo varios en una boda celebrada en Punta Cana, y de un coctel en Santo Domingo. Según el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, en San Francisco de Macorís proliferó por el carnaval, la campaña política y algunas fiestas, aunque se teme que influyera la primera dominicana que llegó del exterior con el virus y se le permitió irse a su casa, donde hizo vida social. San Francisco acumula el 10% de los contaminados y el 60% de los fallecimientos, con 12 de 20.

Que los hospitales públicos no hayan tenido fuerte presión, parece indicador de que la pandemia no ha penetrado fuerte en los sectores más vulnerables, que no pueden acumular alimentos por más de tres o cuatro días, y que dependen de trabajos informales de los que sacan la subsistencia día a día. Son los que tendrían mayores dificultades para una cuarentena total que podría ser necesaria.                

Desestabilidad económica

Leonel Fernandez

Las perspectivas ya apuntan a que el país quedará desestabilizado económicamente por la caída de la producción, de las exportaciones a mercados contraídos y en recesión, y sobre todo por la reducción del turismo y las remesas, que el año pasado generaron 7 mil 500 y 7 mil 87 millones de dólares, respectivamente. Nadie puede predecir cuánto tiempo tomará una significativa reactivación del turismo internacional, pero pocos creen que ocurrirá este año. Con la contracción en Estados Unidos y la reducción del empleo, que sólo esta semana implicó allí 3 millones 280 mil puestos, las remesas tendrían fuerte caída, más aún con la situación de España e Italia, otros importantes refugios de la diáspora dominicana.

Otra actividad económica en grave dificultad será el de las zonas francas. Entre estas y el turismo, ambos ahora paralizados, generan más de 300 mil empleos directos y otros tantos indirectos. Las arcas del Estado quedarán vacías por la reducción de las recaudaciones, por el salvataje que de entrada se lleva 30 mil millones de pesos, hasta 12 mil millones ilegalmente del Banco Central.

Todas esas precariedades se traducirán en mucho mayor endeudamiento público y particular, sin que se llegue al extremo de expropiar los más de 500 mil millones de pesos acumulados en los fondos de pensiones de los trabajadores durante casi dos décadas, como algunos han propuesto. Se configura un panorama nada halagüeño para el nuevo gobierno a iniciarse en agosto,  sobre el que ya pendía la necesidad de una profunda reforma fiscal.

La prioridad nacional

Las perspectivas del Covid 19 y las de la economía justifican la propuesta del principal candidato presidencial opositor Luis Abinader, de unir todas las voluntades nacionales para enfrentar la grave crisis, la cual ha recibido respaldo en otros sectores políticos y en los ámbitos sociales y de opinión pública. De hecho, Abinader, como Leonel Fernández y Guillermo Moreno, también candidatos presidenciales, y organizaciones profesionales y sociales, han estado por delante del gobierno, no sólo en el reclamo de unidad nacional, sino también pidiendo inversión en las pruebas para detectar a tiempo el virus, en mayores controles y en la asistencia a cientos de miles de empleados suspendidos, y  a los más de 2 millones de trabajadores informales.

Esta semana el presidente Danilo Medina atendió las demandas sobre control de la enfermedad y de asistencia económico-social, pero sin aludir a las peticiones e ignoró las propuestas de unidad nacional ante la crisis. Pretender que con los repartos anunciados se conjuga la situación puede ser un error político. La concertación no sólo crearía una sinergia nacional alentadora, sino que disminuirían la responsabilidad del gobierno ante una posible complicación y extensión de la pandemia y sus consecuencias económico-sociales.

Gonzalo Castillo

Será fácil llegar a los 800 mil que ya están en el programa comer es primero, acumulados en 18 años, donde están los cientos de miles de la extrema pobreza y desempleados crónicos, aumentándole la dotación de sus tarjetas a 5 mil pesos, pero una ardua tarea incorporar en poco tiempo y con justicia a los otros 700 mil anunciados. También es fácil llegar, a través de las empresas, a los empleados suspendidos. Pero muy difícil alcanzar a la mayoría de los más de dos millones de trabajadores informales, de las mini-empresas informales, talleres, salones de belleza, de los vendedores y chiriperos, de la construcción y jornaleros agrícolas, y de todos los oficios, profesionales y técnicos. Con poder para protestar, será difícil mantenerlos en cuarentena por muchos días.

Por demás, el presidente Medina debería reconocer que está al término de su gobierno y con candidatos presidenciales en turno, a los cuales convendría consultar o escuchar para alentar la unidad y la cooperación nacional y para evadir toda tentación de aparecer como llanero solitario que buscaría beneficio político de la inmensa desgracia. Eso corresponde también a los opositores, pero el primer mandatario debería sembrar el ejemplo.

Para cuándo las elecciones

Con el país casi en cuarentena total, no lucen factibles las elecciones programadas para el 17 de mayo, y parece difícil un cambio significativo en  las 7 semanas que faltan. Pero al mismo tiempo no hay que precipitar una decisión, y se puede esperar siquiera a que pase la Semana Santa a comenzar en 8 días, para una evaluación de las posibilidades.

El lunes de resurrección será el 13 de abril, a 34  días de la fecha de los comicios, suficientes para seguir adelante con la organización que no ha detenido la Junta Central Electoral, o para apreciar cuánto tiempo sería necesario de aplazamiento. Con el 16 de agosto para instalar el nuevo gobierno, las elecciones pudieran ser aplazadas hasta por dos meses, a julio. En caso de una segunda vuelta, dos o tres semanas después, como se hace en otros países. Con obligada austeridad convendrían campañas electorales cortas.

La JCE tiene facultad constitucional (artículos 211-212), para adoptar las medidas correspondientes a fin de garantizar el derecho a elegir y ser elegido, más aún en una grave crisis nacional e internacional, y la Ley del Régimen Electoral en su artículo 18.7 le faculta para “convocar elecciones extraordinarias cuando proceda, de acuerdo con la Constitución y la ley” y también su artículo 92.2 sobre elecciones extraordinarias.

En el peor escenario nacional, si las elecciones no pudieran celebrarse antes del 16 de agosto, entonces tendría que mediar una reforma constitucional para nueva fecha. Pero en cualquiera de las alternativas,  tiene que mediar un consenso entre los partidos y las organizaciones sociales empeñadas en la restauración de la credibilidad herida en los frustrados comicios municipales de febrero. En Bolivia todos los partidos se pusieron de acuerdo para aplazar unas elecciones presidenciales que estaban programadas para el 3 de mayo, a la espera de poder determina una fecha procedente, que garantice la participación de la ciudadanía. En el caso dominicano incluye a 595 mil residentes en el exterior, la gran mayoría en Nueva York, también en grave situación por la pandemia.-   

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Elecciones en estado de México pone en el foco violencia contra políticos y candidatos

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Ambos estados, en manos del PRI, eligen gobernador y diputados, en caso del primero. Las últimas campañas electorales han sido de las más sangrientas desde que hay registros

México.- Empieza un nuevo año y México se prepara para la penúltima campaña electoral del sexenio. Los bastiones que aún conserva el PRI, Coahuila y el Estado de México, eligen gobernador el 4 de junio. Coahuila vota además a sus nuevos diputados en el Congreso local. Desde hace más de 15 años, cada campaña electoral a nivel presidencial, pero también en el ámbito estatal y local, se ha caracterizado por la violencia y los ataques contra candidatos, precandidatos y cargos electos. Los comicios de este año suponen una nueva prueba para el Estado de derecho mexicano.

No ha habido elección tranquila durante las últimas tres Administraciones. Los altos índices de violencia en el país, que cuenta más de 30.000 asesinatos anuales en el último lustro, contagian campañas, votaciones y tomas de posesión. También los mismos periodos de Gobierno, tres años en el ámbito local y seis en el estatal y el federal. Según la consultora Etellekt, que monitorea la violencia política y electoral en México, al menos 220 alcaldes, regidores y síndicos han sido asesinados desde diciembre de 2006, inicio del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), que sumó un total de 48 asesinatos.

A esos 220 asesinatos registrados en estos 16 años, hay que sumar ataques, fatales o no, contra políticos y expolíticos de ámbito estatal y federal, fueran o no en campaña electoral. Es el caso, por ejemplo, del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, asesinado en un bar de Puerto Vallarta hace poco más de dos años. O el del candidato a diputado federal por el PRI en Coahuila, Fernando Purón, ultimado en junio de 2018 en Piedras Negras, a la salida de un debate con otros candidatos.

En esta vorágine violenta, la campaña electoral de 2021, la más grande que el país ha organizado en su historia moderna, ha sido también la más sangrienta, solo por detrás de la de 2018. México elegía entonces 20.415 cargos públicos, entre gobernadores, alcaldes, regidores y diputados. El país contó alrededor de 800 agresiones contra candidatos y políticos, más que los registrados durante la última campaña presidencial, en 2018.

La magnitud de la oleada criminal es inversamente proporcional a la capacidad de las fiscalías para resolver crímenes, realidad que trasciende al tablero político. Según la organización Impunidad Cero, que en diciembre publicó un estudio sobre el grado de impunidad en los casos de asesinato y feminicidio en el país, solo siete de cada 100 casos se esclarecen. El resto quedan irresueltos.

En cuanto al resto de delitos, el panorama no es mucho mejor. La Universidad de las Américas, Puebla (UDLAP) elabora periódicamente el Índice Global de Impunidad, que calcula la posibilidad de que un delito se resuelva a partir de una serie de indicadores, por ejemplo, la cantidad de fiscales o jueces por habitante, los delitos registrados o las sentencias logradas. Para 2022, la UDLAP calcula que el índice del país ascendió a 60 puntos sobre 100, teniendo en cuenta la media de los datos de los Estados. Caso por caso, hay algunos Estados que presentan un índice inferior y otro superior, como el Estado de México, el peor en la lista, con un puntaje de 75 sobre 100.

El empuje de Morena

El tamaño menor de las elecciones de este año implica que la violencia bajará respecto a 2021 o 2018, al menos en términos absolutos. Falta por ver si cambian o no las dinámicas. En Coahuila y el Estado de México, el PRI enfrenta el empuje de Morena y la posibilidad de perder el poder en territorios que nunca ha dejado de gobernar. En ambos casos, la contienda parece reñida, aunque el panorama es algo distinto.

En el Estado norteño, el partido de López Obrador llega dividido al año nuevo, con parte de la estructura regional negando la candidatura del senador Armando Guadiana. A finales del año pasado, Guadiana ganó la encuesta interna de Morena y se alzó con la candidatura a gobernador. Su rival, el actual subsecretario federal de Seguridad, Ricardo Mejía, desconoció en un primer momento el resultado de la encuesta, pero luego reculó. Parte del Consejo Estatal de Morena insiste, sin embargo, en negar la candidatura de Guadiana.

Algo diferente ocurre en el Estado de México. Morena tiene en la región más poblada del país a una candidata de consenso, Delfina Gómez. La exsecretaria federal de Educación ya contendió a las elecciones a gobernador en 2017, comicios que ganó el candidato del PRI, Alfredo Del Mazo, primo del entonces presidente Peña Nieto. Gómez quedó cerca de ganar, victoria que parece más posible que nunca este año, dada la división de la oposición, que todavía no sabe si irá en coalición o no.

En contiendas anteriores, el crimen organizado ha influido en las campañas hasta el punto de forzar la retirada de candidatos, aunque los ataque y amenazas apuntaban al ámbito local. En 2021, por ejemplo, La Familia Michoacana amenazó supuestamente a la candidata de la coalición Va por México a la alcaldía de Valle de Bravo, Zudikey Rodríguez. La candidata renunció a la elección. En 2018, candidatas a diferentes alcaldías de Coahuila denunciaron igualmente amenazas en su contra.

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América Latina abraza a la izquierda y deja atrás el fantasma de Venezuela

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EFE

Colombia, Brasil y Chile se han sumado a México, Argentina y Bolivia en esta segunda oleada de la izquierda latinoamericana.

Redacción América.-América Latina reafirmó su giro hacia la izquierda en 2022, dejando atrás el fantasma de Venezuela, de la mano de las victorias de Gustavo Petro en Colombia y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, dos pesos pesados que sin embargo no garantizan un entendimiento monolítico para el futuro de la región.

Por primera vez, las potencias regionales están gobernadas por líderes vinculados al progresismo, pero los retos políticos, sociales y económicos hacen difícil una integración coordinada, con realidades diversas en un contexto lejos de la bonanza de comienzos de siglo.

«Evidentemente ha habido un giro a la izquierda, pero hay que pensar en las causas”, apunta a EFE el latinoamericanista de la Universidad de Georgetown Eric Langer, quien cree que esto “tiene que ver con la incompetencia de los gobiernos anteriores».

Hay un hartazgo, una ruptura, y aunque en casos como Colombia “el proceso de paz ha hecho posible que Gustavo Petro sea presidente”, lo cierto es que “la izquierda se ha vacunado contra el ejemplo de Venezuela, que siempre el centroderecha había llevado a la mesa para tratar de asustar al electorado», agrega.

Colombia y Brasil, los recientes

El pasado 7 de agosto Petro se convirtió en el primer presidente colombiano de izquierdas, aunque con un discurso mucho más calmado y pragmático que cuando de joven militaba en la guerrilla del M-19.

En su dimensión internacional Petro aparece como el gran aglutinador de Latinoamérica, con banderas como el combate a la emergencia climática, la defensa del Amazonas y un nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico, ideales que están en sintonía con otros gobiernos afines, como el que en breve asumirá en Brasil.

Consciente de que sin la derecha no podía gobernar, Petro se ha reunido con algunos de sus principales detractores y ha forjado una coalición donde tienen cabida distintas visiones, en línea con la praxis política de su amigo Luiz Inácio Lula da Silva.

El nuevo presidente brasileño asumirá el próximo 1 de enero tras una estrecha victoria sobre la ultraderecha de Jair Bolsonaro, para lo que forjó un variopinto frente político con una docena de partidos de izquierda, centro e incluso derecha.

Esto obligará a Lula a dar cabida en el Gobierno a grupos antagonistas e impondrá templanza tanto en lo económico como en lo político, en línea con la tendencia entre la mayoría de los nuevos gobernantes de la izquierda latinoamericana: la búsqueda del consenso y la moderación.

«Con la falta de crecimiento en América Latina se ha demostrado que los gobiernos de derecha no han funcionado y la mayoría de los países han elegido a líderes de una izquierda más mesurada, más comedida», explica Langer.

Perú o el desafío de la reconstrucción

La nota discordante en esta sintonía es Perú. La llegada al poder de Pedro Castillo en julio de 2021 dio acceso a un sector social tradicionalmente olvidado en la centralista Lima. Pero en año y medio de mandato ha sido una constante el enfrentamiento con el Congreso, escenario de la reacción contra un mandatario rechazado, en parte, por su origen.

“Esto demuestra la pobreza total de los partidos políticos en el Perú”, considera Eric Langer, quien hace mención también a la falta de liderazgo de Castillo, con cambios constantes en su gabinete y casos de corrupción investigados por la fiscalía.

Todo se ha empañado aún más con el fallido autogolpe de Estado que le ha llevado a prisión. En su reemplazo, la abogada Dina Boluarte ha asumido como la primera presidenta peruana de la historia, pero el movimiento que llevó a Castillo al poder afronta el difícil reto de la reconstrucción.

La “falta de legitimidad” que afecta a todo el espectro político peruano desde hace décadas también puede arrastrar a Boluarte, “que no tiene ningún apoyo político”, estima el americanista.

Los movimiento sociales rurales base del voto castillista, enardecidos tras más de una veintena de muertos en las protestas, exigen en las calles una asamblea constituyente y denuncian el recalcitrante conservadurismo imperante, que ha bloqueado en el Congreso la despenalización del aborto en caso de violación o el avance en derechos LGTBI+, entre otros asuntos.

La izquierda latinoamericana, simbolizada por Gustavo Petro, el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el boliviano Luis Arce y el argentino Alberto Fernández, se niega a reconocer a Boluarte como presidenta y sigue mostrando su apoyo a Pedro Castillo.

Boric, el baluarte de la nueva izquierda

Bregado en las luchas estudiantiles, con marcadas convicciones ecologistas, feministas y regionalistas, y aupado por los movimientos sociales, el chileno Gabriel Boric llegó al poder con la aspiración de desterrar el modelo neoliberal heredado de la dictadura.

El joven mandatario derrotó al candidato José Antonio Kast, de ultraderecha, moderando su discurso para convencer al electorado de centro y ahuyentar el miedo que generaba su alianza con los comunistas.

Su elección fue interpretada por muchos expertos como la irrupción de una nueva izquierda latinoamericana, alejada del bolivarianismo, como ha demostrado al condenar categóricamente los regímenes de Venezuela y Nicaragua.

Los pioneros

Colombia, Brasil y Chile se han sumado a México, Argentina y Bolivia en esta segunda oleada de la izquierda latinoamericana.

Andrés Manuel López Obrador ha hecho gala de un recatado liderazgo en diversas ocasiones, la última de ellas en noviembre, con la proyectada cumbre de la Alianza del Pacífico, de la que era anfitrión, pero que decidió cancelar en solidaridad con Pedro Castillo, a quien el Congreso peruano no dio permiso para viajar. A pesar de todo, los presidentes de Chile y Colombia (los otros socios de la Alianza) se reunieron con su colega en la capital mexicana.

Esa capacidad de convocatoria visibiliza “un pretendido liderazgo que en realidad no existe», en opinión de Jorge Márquez, profesor de historia política y globalización de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para quien «la izquierda latinoamericana no está unificada ni es homogénea».

En Argentina, la situación de la izquierda gobernante reviste características peculiares. Alberto Fernández accedió al poder en diciembre de 2019 como cabeza del Frente de Todos haciendo dupla con Cristina Fernández de Kirchner, la todopoderosa vicepresidenta.

Fernández y el “kirchnerismo”, en la actualidad abiertamente enfrentados, afrontan las elecciones presidenciales del próximo año en una complicada situación, especialmente tras la condena por corrupción de la vicepresidenta Cristina Fernández a seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos. El hecho de que la sentencia sea recurrible le permite presentarse a los comicios, aunque por el momento ha dicho que no lo hará.

Pero al igual que sucede en Argentina, el futuro de los gobiernos de izquierda en la región dependerá sobre todo del rumbo de la economía, en medio de un complicado escenario debido a la inflación, la baja productividad, los desfavorables términos de intercambio, la deuda externa y la depreciación de la mayoría de las monedas locales.

“Si no pueden hacer crecer la economía, van a perder popularidad» y llegarán tecnócratas prometiendo un futuro más halagüeño en vez de una mejora en la distribución de la riqueza, vaticina el profesor de Georgetown.

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Campesinas guatemaltecas que estudian ingeniería para llevar luz a sus comunidades.

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La organización Barefoot College International abre su primera escuela en Latinoamérica para formar a mujeres que instalarán paneles solares en un país con un 35% de pobreza energética

En un rincón de Chajul, en el departamento de Quiché, hay un internado ocupado hoy por 10 campesinas guatemaltecas que están aprendiendo a crear paneles solares para llevar electricidad a sus comunidades. La mayoría no sabe ni leer ni escribir y viven en localidades dispersas y alejadas, incluso de la mano del Gobierno. Doña Julieta Fernanda Tzoy, de 69 años, es la mayor de todas y memorizó las vocales en el único año escolar que cursó seis décadas atrás. “A, e, i…”, presume tímida. Desde entonces, su trabajo ha sido cuidar a sus siete hijos y 30 nietos, en Exchimal, Huehuetenango. “Pensé que yo era demasiado mayor para aprender”, cuenta por videollamada. Unos minutos más tarde, soldará el tablero de componentes que irá dentro de las lámparas portátiles que están aprendiendo a hacer. “Quiero que donde yo vivo todos tengamos electricidad”, dice.

En un afán de expandir las experiencias -que en un inicio solo se impartían en el país asiático- la entidad decidió apostar por Latinoamérica. Guatemala, con una pobreza energética que ronda el 35% (un término que se refiere a la incapacidad de sus habitantes de satisfacer las necesidades de energía), y con una de las poblaciones indígenas más grandes del continente (41%), fue de los primeros candidatos. Ajustarse a las necesidades locales ha sido siempre la prioridad: “Llevar a estas mujeres a la India tenía muchos beneficios, porque la mayoría no había salido de su país y era una experiencia muy enriquecedora”, cuenta París, quien es de origen colombiano, “pero queríamos estar cerca de los entornos de estas mujeres, de sus religiones, de sus saberes, sus etnias…”.

A Rosenda Francisca García López de García, 33 años, la escuela le queda bien cerca, en el departamento vecino. Esta madre de cuatro hijos vive en la comunidad Cumbre La Botija, en Huehuetenango. Los 10 vatios del panel chiquitito que tiene en su casa apenas le alcanzan para cargar el celular. Mucho menos para alumbrar a sus pequeños en la noche, cuando vuelven de rajar leña y quieren terminar las tareas. “Pero al menos algo hace”, dice. Es el panel que compró su marido, dos días antes de fallecer, hace apenas 10 meses. “Él estaría muy orgulloso de lo que estoy haciendo”, lamenta sin poder contener las lágrimas.

Julieta Fernanda Tzoy de Barrera, la mayor del grupo, aprende cómo instalar paneles solares en su comunidad, Exchimal, Guatemala.CASSIE PICCOLO

Julieta Fernanda Tzoy de Barrera, la mayor del grupo, aprende cómo instalar paneles solares en su comunidad, Exchimal, Guatemala.CASSIE PICCOLO

En las comunidades rurales, pocos son los hombres que no miran el proyecto con algo de recelo. Muchos no entienden por qué son las mujeres las responsables y no ellos. Bárbara Pérez, directora de programas, lo tiene claro: “Nosotros creemos que si las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que suelen tener los hombres, viviríamos en un mundo mejor. Solo tenemos que darles las herramientas”.

Los paneles solares que ayudan a fabricar en la organización, financiada por el Gobierno indio, entidades privadas y fundaciones filantrópicas como la de Bill y Melinda Gates, poco tienen que ver con los de doña Rosenda. Son de 70 voltios y tienen una capacidad para cuatro focos que se pueden ubicar según las necesidades de la aldea. Además, las campesinas aprenden a fabricar lámparas portátiles en las que también se pueden recargar celulares y tienen una vida útil de dos décadas. Esta tecnología india viene acompañada de unos libros principalmente gráficos, adaptados a sus alumnas, ya que la mayoría no sabe leer ni escribir.

“Las clases se imparten al ritmo de ellas y manteniendo los métodos de estudios indios”, narra París. Sin embargo, hay formadoras de lujo guatemaltecas. Juana Emelia de León Marcos, de 27 años, fue alumna en la India, hace dos años y hoy es profesora remunerada en el centro. “Yo entiendo que ellas a veces se desanimen, a mí también me pasaba”, cuenta por videollamada al referirse al proceso de aprendizaje. “La educación en este país es toda privada y acceder a esta formación gratis es una suerte”, explica, “yo les ayudo a entender lo que es más complejo, traduzco algunas palabras en inglés… y siempre les digo: ‘Imaginen cuando ya tengan electricidad’”.

Luz para no dejar de estudiar

Las estudiantes vienen de pueblos diferentes, pero con realidades muy similares. Sobre todo las sombras. En cinco de los 22 departamentos del país, los más rurales y con mayor presencia indígena, la cobertura eléctrica no supera el 20%. Y pese a los planes que anunció el Gobierno para la vuelta a las aulas tras la pandemia, la estrategia quedó en papel mojado.

“En mi comunidad, el maestro viene dos veces a la semana”, cuenta doña Rosenda. Juana coincide: “Ya no tienen las horas completas, ven apenas dos o tres horas”. El miedo de todas es el mismo: que los niños dejen antes de tiempo la escuela. Las altísimas tasas de deserción escolar en el país, que ronda el 51% en adolescentes y jóvenes, según Unicef, avivan el temor. “Quiero que tengamos luz para que puedan hacer las tareas. Hoy en día, uno necesita electricidad”.

Y pronto llegará gracias a las manos de estas mujeres a las que la vida las ha hecho resilientes. Pérez se emociona al pensar en cómo unos paneles solares pueden ser una pequeña revolución en todas las esferas. “Sabemos que los retos son muchos, pero las ambiciones también. Igual que las ganas y las capacidades de ellas”.

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