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Síndrome de improvisación reflejado en el DR-CAFTA amenaza seguridad alimentaria nacional.
Por Elba García
El país está expuesto a poner en peligro su seguridad alimentaria con la entrada en vigencia de la fase que se inicia en el 2025 del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la Republica Dominicana, DR.CAFTA, la cual abre las puertas del territorio nacional al arroz procedente de la potencia del norte, cuyas consecuencias serían la desaparición del productor local.
El día 24 de septiembre del año 2001, en el marco de la IX Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA, se realizó una reunión entre cinco países de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos con el objeto de discutir posibles medios para profundizar las relaciones bilaterales de comercio e inversión.
En este sentido, el 27 de noviembre de ese año se iniciaron las discusiones de carácter técnico en el marco de la fase exploratoria identificada posteriormente como Dialogo de Política Comercial CA-USA, las cuales tuvieron lugar en enero del 2002.
Sin embargo, no es hasta noviembre el 2003, a unos cuantos meses de que concluyera el proceso de negociación de CAFTA, que el Consejo sobre Comercio e Inversión de Estados Unidos y República Dominicana se reúnen para que se produjera la eventual incorporación del país al proceso de negociación del Tratado y cuya decisión al respecto es hecha pública el 12 de enero del 2004 y terminó el 15 de marzo de 2004 y ya en abril del mismo año se publica el borrador de los acuerdos.
La cuestión es que en este proceso de discusión de la incorporación del país al DR-CAFTA nunca se tomaron en cuestión una serie de asuntos que son vitales para la seguridad alimentaria de los dominicanos, como por ejemplo un producto tan importante en su dieta diaria como el arroz, lo cual demuestra que las autoridades nacionales fueron asaltadas por la cultura de la improvisación que caracteriza a la nación.
El arroz es un componente por excelencia de la canasta básica alimenticia de República Dominicana y en consecuencia es tradicionalmente el plato más consumido al mediodía (arroz, habichuela y carne), que le dicen la “bandera”, en alusión a los colores del símbolo patrio, que son blanco, rojo y azul.
El arroz, según un informe publicado por el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA), cuyo nombre científico es “Oriza sativa”, es el segundo alimento más importante en el mundo, sólo superado por el trigo.
La República Dominicana es un país autosuficiente en el cultivo de arroz, con una producción promedio anual que, de acuerdo con estadísticas del Banco Agrícola, ronda los 12.3 millones de quintales en la última década (2011 al 2020), muy cercano a su consumo interno.
Pese a la autosuficiencia nacional, el país no ha superado esa condición en la producción de arroz, ya que no ha tenido avances en cuanto a la productividad, rendimiento y potencial para convertirse en exportador del cereal, dado que no existe una cultura en esta materia como resultado de la falta de planes del Estado al respecto.
Durante el lustro de 2005 al 2010 el rendimiento promedio de producción de arroz en el país era de 4.23 quintales por tarea, de acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura, mientras que para la década de 2011 al 2020 apenas aumentó a 4.51, prácticamente sin variación.
Empero, aunque la producción de arroz ha aumentado ligeramente en durante los años (2018-2020), con un promedio de 13.5 millones de quintales, no ha habido una mejoría en el rendimiento (4.56 quintales por tarea), sino por el uso de mayores extensiones de terreno de siembra.
Eso queda demostrado al observar los tres años anteriores (2015-2017), cuando el promedio de producción anual fue de 12.3 millones de quintales, pero fruto de un rendimiento de 4.68 quintales por tarea.
El arroz (Oriza sativa) es el segundo alimento de mayor importancia a nivel mundial, después del trigo y es el alimento básico para la mitad de la población mundial. La producción mundial de arroz para el año 2016 fue de 472.25 millones de toneladas, siendo China (144.9 millones TM) e India (106,500,000 los mayores productores mundiales, seguidos por Indonesia (37.2 millones TM) y Blangladesh (34.6 millones TM) (https://www.produccionmundialarroz.com; IDIAF).
La República Dominicana es considerado como un país autosuficiente en la producción de arroz, un cultivo básico en la alimentación del pueblo dominicano, ya que de acuerdo al Ministerio de Agricultura, de un total de consumo estimado en 12.4 millones de quintales, el país mantiene una producción promedio de unos 11.2 millones de quintales y una importación de solo unos 421,000 quintales promedio (2005-2013). La producción de arroz en el país mantiene un promedio de rendimiento de 4.23 QQs/tarea, siendo el consumo per cápita en el país de unas 127 libras, uno de los promedios de consumo más alto de América Latina.
La producción de arroz se hace fundamentalmente bajo sistema de riego (98% de la producción) por unos 30,000 productores, en una superficie de 2,9 millones de tareas (1 tarea=15.9 ha). De ese total de productores, el 45% corresponde a parceleros de la Reforma Agraria, en parcelas pequeñas de entre 20 a 75 tareas. El 55% restante de productores de arroz son parceleros del sector privado.
República Dominicana es un país autosuficiente en el cultivo de arroz, con una producción promedio anual que, de acuerdo con estadísticas del Banco Agrícola, ronda los 12.3 millones de quintales en la última década (2011 al 2020), muy cercano a su consumo interno.
Pero aunque es un país autosuficiente en la producción de arroz, República Dominicana no ha avanzado en cuanto a productividad, rendimiento y potencial para convertirse en un exportador de ese cereal.
Sin embargo, aunque la producción de arroz viene aumentando ligeramente en los últimos tres años (2018-2020), con un promedio de 13.5 millones de quintales, no ha sido por una mejoría en el rendimiento (4.56 quintales por tarea), sino por el uso de mayores extensiones de terreno de siembra.
Eso queda demostrado al observar los tres años anteriores (2015-2017), cuando el promedio de producción anual fue de 12.3 millones de quintales, pero fruto de un rendimiento de 4.68 quintales por tarea.
Las regiones agropecuarias productoras de arroz, según datos del IICA y el Ministerio de Agricultura, son ocho, las cuales se indican a continuación: Norte, Norcentral, Noroeste, Nordeste, Este, Central, Sur y Suroeste en 21 de las 31 provincias del país.
Las variedades de arroz que más se usan para el cultivo en el país son Prosequisa 4 y 5, Juma 57 y 67, Idiaf 1, Jaragua, Yocahu, Puita, Cristal 100, Esmeralda, entre otras.
las estadísticas del Banco Agrícola indican que durante el primer cuatrimestre del año 2020 se registró una producción de 3.7 millones de quintales de arroz con la particularidad de que el rendimiento supera los promedios anteriores con 5.08 quintales por tarea.
Sin embargo, eso puede tener su explicación en el ciclo productivo, ya que los rendimientos varían de acuerdo con la época de producción y las regiones de mayores extensiones de siembra, según detallan expertos.
En República Dominicana hay dos etapas de siembra para la producción de arroz, la primera de las cuales es conocida como la “cosecha de primavera”, que se desarrolla desde diciembre hasta abril de cada año, mientras que la otra es la “cosecha de invierno” que abarca los meses de junio, julio y agosto.
Un informe publicado por el Instituto Dominicano de Investigaciones Agrícolas y Forestales (IDIAF) destaca que en la siembra de primavera el ciclo vegetativo del cultivo es superior entre 10 y 20 días con respecto a la de invierno.
La presión de enfermedades es menor, por lo que en la siembra se obtienen mejores rendimientos, que se estima superan en un 20% los de la época productiva de invierno.
Muchos productores realizan una “siembra temprana” en noviembre, con el objetivo de conseguir mejores precios, ya que cuando se cosecha en marzo-abril los inventarios del grano almacenado están reducidos.
Sin embargo, la siembra en esa etapa muestra una mayor incidencia de plagas y enfermedades que afectan los niveles de rendimiento.
En el mes de abril, el Banco de Reservas anunció el Programa de Pignoración de Arroz para la cosecha 2021-2022, que respaldó a cientos de productores con RD$6,000 millones en financiamientos, a una tasa preferencial de 7% anual.
El administrador general de la institución financiera, Samuel Pereyra, expresó que el programa garantiza que los productores reciban el pago a tiempo por parte de los molineros, lo que permite que el precio al consumidor se mantenga estable sin afectar la rentabilidad.
El Banco de Reservas lidera el Programa Nacional de Pignoración de Arroz con una participación de un 55% del total de los recursos aportados para la cosecha del alimento más consumido por los dominicanos, además de ser la más importante actividad agropecuaria creadora de empleos en las zonas rurales de las 21 provincias donde se produce.
Los detalles proporcionados más arriba dan la certeza de que amén de tratarse del producto más importante de los dominicanos, el cual tiene además un gran contenido político, no se entiende por qué las autoridades no salieron en defensa del arroz para evitar la liquidación de un sector productivo tan vital para la vida nacional.
Republica Dominicana podría sufrir las mismas consecuencias de lo ocurrido con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual prácticamente borró del aparato productivo de la nación azteca a los productores de maíz, materia prima vital para la dieta diaria del nacional de este país.
El país se expone a partir del año 2025 que sean borrados del mapa nacional los productores de arroz y que este producto sea de factura de importación, lo cual podría implica que en principio llegue a precios más bajos, pero que después se encarezca por las maniobras a las que incluso recurren los importadores, los cuales no tienen limites las ansias de acumulación y la vocación especulativas de este sector.
Evidentemente, que las autoridades nacionales no alcanzan a ver los riesgos que implica dejar que se imponga la improvisación y la falta de visión para que desaparezca del aparato productivo nacional los productores de arroz como consecuencia de la firma de un tratado en el que no se prevén una serie de consecuencias que se podrían derivar del mismo, porque este se lleva de paro renglones tan importantes que constituyen una parte que forma parte de la cultura alimenticia nacional.
En razón de que el Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-Cafta) ya está en un punto de renegociación como lo dispone el artículo 3.18 del mismo, se impone a partir de ahora replantear aquellos asuntos que fueron manejados con cierta ligereza y en consecuencia sugerir la creación de una comisión para revisar la implementación y operación del acuerdo con respecto al comercio de mercancías agrícolas.
La posibilidad de que las partes establezcan una Comisión de Revisión Agrícola que deberá evaluar los efectos del proceso de liberalización comercial, la operación de las medidas de salvaguardia agrícola y su posible extensión, a fin de salir en protección de la producción agrícola nacional, principalmente de los productores de arroz.
Algunos economistas con mucha experiencia en tratados estiman que llegó el momento de que el país haga nuevas negociaciones de acuerdo a su realidad para proteger a productores tan importantes como los de arroz.
Desde hace mucho tiempo que los productores agropecuarios dominicanos reclaman una revisión del acuerdo, pero aunque se han dado algunos amagos hasta el momento no se ha llegado a nada concreto.
El DR-Cafta se firmó en el 2004 en el gobierno de Hipólito Mejía y entró en vigencia en República Dominicana en el 2006 y desde entonces se han hecho ciertos cuestionamientos sobre las condiciones en que fue firmado.
Un análisis del Centro de Estudios Económicos y Sociales, P. José Luis Alemán (CEESPA) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), publicado tras cumplirse la primera década de su puesta en vigencia en el 2004, indica que ha valorado que la República Dominicana simplemente se adhirió al tratado sin agotar un proceso de negociación.
“En agosto de 2003, el gobierno de EEUU aceptó incorporar a RD al DR-CAFTA mediante una simple adhesión (docking), negociando solamente las listas de acceso a mercado y los tiempos de desgravación, y sin tocar los temas de las disciplinas comerciales -es decir- los temas vinculados al desarrollo. Quedó así desde el inicio descartada toda posibilidad de lograr un “trato especial y diferenciado” por los niveles de desarrollo”, establece el citado estudio.
Los autores reseñan una publicación que señala que las autoridades dominicanas (de entonces) aceptaron la propuesta de adhesión sin hacer ningún estudio sobre el impacto que el acuerdo tendría sobre la economía del país, las leyes que deberían ser modificadas, los empleos que se perderían o se ganarían, las implicaciones para el comercio exterior, las barreras no arancelarias a remover, la modificación del entorno comercial, entre otros aspectos.
“Lo más paradójico de todo fue que el DR-CAFTA no fue una imposición estadounidense, sino todo lo contrario, es decir, que grupos políticos nacionales y un sector específico del empresariado local fueron los que abogaron a favor de una adhesión, no una negociación”, dice el documento.
Agrega que aquí se renunció unilateralmente a cualquier posición en el ámbito internacional que pudiera generar el más mínimo desagrado de los funcionarios estadounidenses.
Los autores señalan que para la firma del tratado no hubo estudios de impacto, ni una revisión de los textos en materia de disciplinas comerciales.
Indican que todo se hizo de manera precipitada, solo se negociaron los anexos y las listas de acceso a mercado. Con esas solas excepciones el resto consistió en una mera adhesión.
Ahora, sin lugar a dudas, República Dominicana tiene una nueva oportunidad para realmente negociar el acuerdo o en su defecto las consecuencias serán lamentables durante los años y décadas por venir.
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R.D. parte de fenómeno que replica precaria formación académica y vulgar negocio universitario.
Por Elba García
En la República Dominicana hay universidades por doquier, son licencias que se otorgan, principalmente por razones políticas, como las franquicias a los partidos políticos, a las emisoras de radio y a las estaciones de televisión, es decir, que se trata de un problema integral o general.
Sin embargo, Pese a que en las naciones del tercer mundo se abusa con el otorgamiento de licencias para operar a universidades que se forman sin las calificaciones que dispone la ley, el Ministerio de Educación Superior, al menos en la República Dominicana, no toma en cuenta el problema, dado que pesa más la politiquería que la fiscalización y supervisión de los centros de estudios superiores que no se ajustan a una filosofia de buena enseñanza, que en algunos casos pone en peligro la salud pública, cuando se trata de carreras como la Medicina, el Derecho o la Ingeniería, lo que representa una verdadera amenaza en contra del desarrollo nacional.
Los dominicanos deben verse en el espejo de los brasileños que tras un examen de evaluación por parte del Ministerio de Educación para medir la formación de los futuros médicos dio como resultado que un tercio de las licenciaturas de Medicina analizadas no preparan a los alumnos para ejercer la profesión en condiciones mínimas aceptables, lo que motivó la suspensión de un 25 por ciento del alumnado.
Los resultados son alarmantes y causan aprensión entre la ciudadanía, además de un debate sobre dos cuestiones, la facilidad para implantar facultades universitarias y como lograr médicos aceptablemente formados para atender en Brasil a 212 millones de habitantes en un territorio con muchas regiones de difícil acceso y tan grande como Estados Unidos, cuyo sistema de salud es inmenso.
El fenómeno, que obedece a la crisis que vive la mayoría de las naciones del tercer mundo, donde la fiscalización del Estado es prácticamente nula, sobre todo en educación, es encontrado en muchos otros lugares como la República Dominicana, donde cursar una carrera universitaria se inscribe más que en otra cosa en satisfacer una exigencia social que convierte en muy buen negocio las universidades con la venta de una enseñanza deficiente y pobre.
La proliferación de universidades, no sólo impacta la calidad de la educación, sino también el comportamiento ético de los egresados, quienes sólo toman en cuenta el mercado donde van a ejercer una carrera para la que no se han preparado lo suficientemente bien, cuyos resultados ponen en peligro la salud de la gente.
La modalidad de crear universidades vistas más como negocio que como instrumento para crear los técnicos que necesita el país para fines de mejorar su desarrollo, propicia una verdadera desgracia nacional que no es tan fácil revertirla.
El problema, por ejemplo, de la República Dominicana es que el asunto de las universidades no sólo tiene que ver con la poca formación de los profesionales que egresan, sino de los docentes de esos centros de estudios que todavía están necesitados de recibir adiestramiento o educación para cumplir bien con su rol.
La formación a troche y moche de médicos, abogados, ingenieros y otros profesionales académicos plantea un problema más serio del que cualquiera puede pensar, porque si al cabo de los años el país cambiara o mejorara sus niveles de fiscalización, supervisión y de institucionalidad los profesionales que han egresado de la mayoría de las universidades serian desperdicios que no habría forma de enderezarlos, ya que ya están ajustados a una cultura de improvisación y de hacer lo que no se debe hacer.
Entonces, lo que ocurre en Brasil con el examen de evaluación a los futuros médicos y cuyas deficiencias salieron a la superficie, puede asegurarse que en la República Dominicana los resultados pueden ser peores, máxime que ese país sudamericano es una plaza para que el profesional de esta disciplina vaya de todos los demás países del hemisferio a hacer postgrados y en consecuencia se supone que las regulaciones tienen que ser mayores.
El primer examen de este tipo en Brasil evaluó a 350 cursos de medicina, impartidos por instituciones públicas y privadas, los cuales abarcan a 90 mil estudiantes que deben demostrar habilidades y capacidades de conocimientos básicos para ejercer como médicos, pero la realidad fue que el mismo conllevó la suspensión de aquellas universidades con menos del 40 por ciento de los alumnos que deben tomar el mismo.
Brasil en estos momentos está lleno de temor y preocupación causado con el hecho de que alrededor de 13 mil estudiantes del último semestre de Medicina suspendieron el examen oficial, a los fines de ejercer la carrera sin haber sido evaluados, mientras el Consejo Federal de Medicina busca cómo impedirlo, cuyas peores notas son de escuelas de niveles municipales, creadas por los ayuntamientos o dependencias de entidades privadas con fines de lucro.
La medida tomada en Brasil ante el fenómeno es sancionar las facultades de Medicina, aunque la misma no va a repercutir en los alumnos, ya que las universidades tienen prohibido ampliar su oferta de plazas, aunque podrán mantenerlas o tendrán que reducirlas en función de lo mala que sea su calificación.
La pregunta que se impone es que en un país como la República Dominicana, donde las universidades aparecen auspiciadas por instituciones sin fines de lucro, como patronatos y fundaciones, pero que operan con el criterio de cualquier negocio y que son el resultado de las políticas neoliberales que han entrado salvajemente al escenario nacional y que al momento de ser evaluadas pesan más como parte del libre mercado que de los beneficios que proporciona una buena educación al desarrollo nacional.
La educación superior es un negocio que se ha multiplicado al margen de los propósitos de la Ley 139-01 que les sirve de sustento y en consecuencia está en el marco de vender lo que no se tiene y procurar acogerse más a la politiquería que a una enseñanza de calidad para una mejor proyección del país en el campo del conocimiento científico y tecnológico.
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Empoderamiento de la derecha política en el hemisferio occidental con el patrocinio del presidente de los Estados Unidos.
En los últimos meses la derecha política camina a su empoderamiento en toda Latinoamérica como resultado del patrocinio del Donald Trump y también del fracaso de los gobiernos de izquierda que se han establecido en la denominada américa morena.
El fenómeno es mucho más fuerte en aquellos países en los que el mandatario de los Estados Unidos de América ha metido sus narices y que ha implicado aumentar sus niveles de dependencia de la potencia del norte, pero no se puede negar que la causa del mismo tiene que ver también con el fracaso de los gobiernos de izquierda.
Los ejemplos están a la vista de todo el que quiere ver, cuyos casos más emblemáticos son los de Venezuela, donde hay variantes que difieren del resto, como Honduras, Chile, Ecuador, Argentina, entre otros, donde los candidatos derechistas han tenido el apoyo, no sólo moral, sino también económico de Trump.
El apoyo ha trascendido la frontera de lo moral para convertirse en cuestiones que involucran hasta el indulto de personajes con un historial oscuro, como el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue condenado por narcotráfico en los Estados Unidos, cuyo candidato de su mismo partido se alzó con el triunfo en el país centroamericano con el apoyo abierto del mandatario de la potencia más grandes del mundo.
Pero lo propio ha ocurrido en otros países del continente, cuya coincidencia con Trump ha servido de base para que la derecha se empodere y desplace del poder a la izquierda, la cual ha tenido un gran fracaso por los errores cometidos por sus gobiernos.
El más reciente tiene que ver con la nueva elección hecha en Chile, donde un hombre de ultra derecha, José Antonio Kast, vinculado a la dictadura de Augusto Pinochet, triunfó en las recientes elecciones presidenciales con un margen significativo de votos en relación con la candidata de la izquierda, auspiciada por el saliente mandatario Gabriel Boric.
Los únicos países donde la izquierda parece que conservará el poder son Brasil, Uruguay y Colombia, donde el candidato a fin al actual presidente Gustavo Petro lleva la delantera en la carrera por colocarse en el poder.
Igual ocurre en México, donde Manuel López Obrador, supo producir una alternabilidad en el poder que fue a través del arma usada por partidos de derecha como el Revolucionario Institucional de la alternabilidad en el poder, el cual duró unos 70 años consecutivos en el Gobierno mediante el cambio del rostro del aspirante a controlar el Estado, aunque con los mismos propósitos y con un compromiso irrenunciable a la corrupción administrativa.
Falta ver si la derechización de la política en Latinoamérica se podrá mantener por mucho tiempo, dado que la izquierda no parece que pueda recuperarse tras lo ocurrido en Venezuela, Bolivia y Honduras, donde la corriente conservadora ha salido triunfadora en los procesos electorales de recientes celebración.
En la actualidad la derecha parece imbatible, aunque si el fenómeno está asociado a la política desarrollada por Trump, el éxito de ésta podría ser que no tenga una vida larga, ya que el presidente de los Estados Unidos de América baja aceleradamente de aceptación popular como resultado de que desarrolla un tipo de gestión que pone en entredicho los logros en términos de derechos en el campo internacional, así como interno, aparte del alto costo de la vida que golpea a la sociedad norteamericana.
Sin embargo, prever lo que puede ocurrir en el curso de los años no luce tan fácil, ya que mientras la derecha se empodera con el apoyo de Trump tiene como contraparte a una izquierda que cada día pierde apoyo popular en virtud de la erosión de su credibilidad.
La principal falencia de la izquierda consiste en que sus lideres que llegan a la Presidencia han querido perpetuarse en el poder, como los casos de Nicolás Maduro de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua, donde incluso su mujer funge de vicepresidenta de la nación, pero Bolivia no ha estado muy lejos de ese cuadro con las pretensiones de Evo Morales.
Hay otros lugares donde ni remotamente la izquierda sacará cabeza, como por ejemplo la Republica Dominicana, donde no existe ningún candidato de esa corriente que se pueda decir que tiene reales posibilidades de ascender al poder.
La patria de Duarte, Sánchez y Mella adolece de un problema de fondo, con un contenido profundamente cultural, ya que los problemas no sólo provienen de los gobernantes, sino también de los gobernados, que entran a la política partidaria con el fin de que se les dé alguna migaja, amén de que el clientelismo prácticamente tiene el control del escenario electoral.
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Una intensa lucha por convertirse en títere de una potencia que desprecia el respeto que impone la dignidad humana.
El chantaje de visas por dignidad y un control político, económico y social a ultranza define hoy día la fuerza y el poder de una nación, donde prevalece el criterio «conmigo o con nadie».
La administración del presidente Donald Trump sólo entiende de la fuerza, de las armas y de todo mecanismo de romper con relaciones armoniosas con los demás Estados.
En ese trance está sometida Venezuela y todos los demás países del llamado primer, segundo y tercer mundo, cuyas reglas del juego es el sometimiento a la voluntad de los Estados Unidos de América.
Sin embargo, donde la prenda preciosa de la dignidad humana parece esfumarse es en Venezuela, ya que gobierno y oposición rinden pleitesías a Trump para en la competencia de ver quién resulta más gracioso o más títere a favor de los planes de dominación de la potencia del norte.
Es impresionante ver como gobierno y oposición están dispuestos a dar alma y corazón a Trump para entregarse sin límites y servir sin condicionamiento a los intereses que mancillar su dignidad como si se tratara de cualquier mercancía
El escenario escogido es la Casa Blanca, donde acuden o por lo menos comunican su disposición de entregarse a cambio de lo que sea para rendirse ante los pies de quien se expresa con aires de emperador.
Ahora quien acudió al Reynaldo de Trump fue María Corina Machado, quien es Premio Nobel de La Paz, sin haber pacificado nada, pero que busca complacer al jefe de Estado norteamericano en su afán de ser favorecida con el referido reconocimiento
Es la lucha y el vencimiento de la irracionalidad sobre los principios que se suponen deben prevalecer en un mundo que hace siglos que pasó de la barbarie a la civilización.
Machado llegó a la Casa Blanca con el premio muy bien adornado para hacerlo extensivo a Trump en su lucha sin límites por ser títere.
El asunto no tiene fronteras y lo mismo ocurre en cualquiera de los continentes que conforman el mundo, cuyo sometimiento deja muy claro lo vulnerable del planeta.
La era Trump ha impuesto la regla del más fuerte dejando atrás el supuesto respeto del derecho internacional y constitucional.
La era Trump no sólo ha relegado a un segundo plano el derecho, sino también la razón y en consecuencia las reglas de una buena democracia.
Todo ser define la fuerza y el poder con que cuenta, mientras que el que no tiene los mismos sólo tiene la opción de plegarse y convertirse en un títere gracioso ante el imperio.
El Instituto Oslo advirtió a Machado que el premio es intransferible como forma de evitar que la política venezolana hiciera lo que hizo con Trump.