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Síndrome de improvisación reflejado en el DR-CAFTA amenaza seguridad alimentaria nacional.
Por Elba García
El país está expuesto a poner en peligro su seguridad alimentaria con la entrada en vigencia de la fase que se inicia en el 2025 del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la Republica Dominicana, DR.CAFTA, la cual abre las puertas del territorio nacional al arroz procedente de la potencia del norte, cuyas consecuencias serían la desaparición del productor local.
El día 24 de septiembre del año 2001, en el marco de la IX Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA, se realizó una reunión entre cinco países de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos con el objeto de discutir posibles medios para profundizar las relaciones bilaterales de comercio e inversión.
En este sentido, el 27 de noviembre de ese año se iniciaron las discusiones de carácter técnico en el marco de la fase exploratoria identificada posteriormente como Dialogo de Política Comercial CA-USA, las cuales tuvieron lugar en enero del 2002.
Sin embargo, no es hasta noviembre el 2003, a unos cuantos meses de que concluyera el proceso de negociación de CAFTA, que el Consejo sobre Comercio e Inversión de Estados Unidos y República Dominicana se reúnen para que se produjera la eventual incorporación del país al proceso de negociación del Tratado y cuya decisión al respecto es hecha pública el 12 de enero del 2004 y terminó el 15 de marzo de 2004 y ya en abril del mismo año se publica el borrador de los acuerdos.
La cuestión es que en este proceso de discusión de la incorporación del país al DR-CAFTA nunca se tomaron en cuestión una serie de asuntos que son vitales para la seguridad alimentaria de los dominicanos, como por ejemplo un producto tan importante en su dieta diaria como el arroz, lo cual demuestra que las autoridades nacionales fueron asaltadas por la cultura de la improvisación que caracteriza a la nación.
El arroz es un componente por excelencia de la canasta básica alimenticia de República Dominicana y en consecuencia es tradicionalmente el plato más consumido al mediodía (arroz, habichuela y carne), que le dicen la “bandera”, en alusión a los colores del símbolo patrio, que son blanco, rojo y azul.
El arroz, según un informe publicado por el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA), cuyo nombre científico es “Oriza sativa”, es el segundo alimento más importante en el mundo, sólo superado por el trigo.
La República Dominicana es un país autosuficiente en el cultivo de arroz, con una producción promedio anual que, de acuerdo con estadísticas del Banco Agrícola, ronda los 12.3 millones de quintales en la última década (2011 al 2020), muy cercano a su consumo interno.
Pese a la autosuficiencia nacional, el país no ha superado esa condición en la producción de arroz, ya que no ha tenido avances en cuanto a la productividad, rendimiento y potencial para convertirse en exportador del cereal, dado que no existe una cultura en esta materia como resultado de la falta de planes del Estado al respecto.
Durante el lustro de 2005 al 2010 el rendimiento promedio de producción de arroz en el país era de 4.23 quintales por tarea, de acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura, mientras que para la década de 2011 al 2020 apenas aumentó a 4.51, prácticamente sin variación.
Empero, aunque la producción de arroz ha aumentado ligeramente en durante los años (2018-2020), con un promedio de 13.5 millones de quintales, no ha habido una mejoría en el rendimiento (4.56 quintales por tarea), sino por el uso de mayores extensiones de terreno de siembra.
Eso queda demostrado al observar los tres años anteriores (2015-2017), cuando el promedio de producción anual fue de 12.3 millones de quintales, pero fruto de un rendimiento de 4.68 quintales por tarea.
El arroz (Oriza sativa) es el segundo alimento de mayor importancia a nivel mundial, después del trigo y es el alimento básico para la mitad de la población mundial. La producción mundial de arroz para el año 2016 fue de 472.25 millones de toneladas, siendo China (144.9 millones TM) e India (106,500,000 los mayores productores mundiales, seguidos por Indonesia (37.2 millones TM) y Blangladesh (34.6 millones TM) (https://www.produccionmundialarroz.com; IDIAF).
La República Dominicana es considerado como un país autosuficiente en la producción de arroz, un cultivo básico en la alimentación del pueblo dominicano, ya que de acuerdo al Ministerio de Agricultura, de un total de consumo estimado en 12.4 millones de quintales, el país mantiene una producción promedio de unos 11.2 millones de quintales y una importación de solo unos 421,000 quintales promedio (2005-2013). La producción de arroz en el país mantiene un promedio de rendimiento de 4.23 QQs/tarea, siendo el consumo per cápita en el país de unas 127 libras, uno de los promedios de consumo más alto de América Latina.
La producción de arroz se hace fundamentalmente bajo sistema de riego (98% de la producción) por unos 30,000 productores, en una superficie de 2,9 millones de tareas (1 tarea=15.9 ha). De ese total de productores, el 45% corresponde a parceleros de la Reforma Agraria, en parcelas pequeñas de entre 20 a 75 tareas. El 55% restante de productores de arroz son parceleros del sector privado.
República Dominicana es un país autosuficiente en el cultivo de arroz, con una producción promedio anual que, de acuerdo con estadísticas del Banco Agrícola, ronda los 12.3 millones de quintales en la última década (2011 al 2020), muy cercano a su consumo interno.
Pero aunque es un país autosuficiente en la producción de arroz, República Dominicana no ha avanzado en cuanto a productividad, rendimiento y potencial para convertirse en un exportador de ese cereal.
Sin embargo, aunque la producción de arroz viene aumentando ligeramente en los últimos tres años (2018-2020), con un promedio de 13.5 millones de quintales, no ha sido por una mejoría en el rendimiento (4.56 quintales por tarea), sino por el uso de mayores extensiones de terreno de siembra.
Eso queda demostrado al observar los tres años anteriores (2015-2017), cuando el promedio de producción anual fue de 12.3 millones de quintales, pero fruto de un rendimiento de 4.68 quintales por tarea.
Las regiones agropecuarias productoras de arroz, según datos del IICA y el Ministerio de Agricultura, son ocho, las cuales se indican a continuación: Norte, Norcentral, Noroeste, Nordeste, Este, Central, Sur y Suroeste en 21 de las 31 provincias del país.
Las variedades de arroz que más se usan para el cultivo en el país son Prosequisa 4 y 5, Juma 57 y 67, Idiaf 1, Jaragua, Yocahu, Puita, Cristal 100, Esmeralda, entre otras.
las estadísticas del Banco Agrícola indican que durante el primer cuatrimestre del año 2020 se registró una producción de 3.7 millones de quintales de arroz con la particularidad de que el rendimiento supera los promedios anteriores con 5.08 quintales por tarea.
Sin embargo, eso puede tener su explicación en el ciclo productivo, ya que los rendimientos varían de acuerdo con la época de producción y las regiones de mayores extensiones de siembra, según detallan expertos.
En República Dominicana hay dos etapas de siembra para la producción de arroz, la primera de las cuales es conocida como la “cosecha de primavera”, que se desarrolla desde diciembre hasta abril de cada año, mientras que la otra es la “cosecha de invierno” que abarca los meses de junio, julio y agosto.
Un informe publicado por el Instituto Dominicano de Investigaciones Agrícolas y Forestales (IDIAF) destaca que en la siembra de primavera el ciclo vegetativo del cultivo es superior entre 10 y 20 días con respecto a la de invierno.
La presión de enfermedades es menor, por lo que en la siembra se obtienen mejores rendimientos, que se estima superan en un 20% los de la época productiva de invierno.
Muchos productores realizan una “siembra temprana” en noviembre, con el objetivo de conseguir mejores precios, ya que cuando se cosecha en marzo-abril los inventarios del grano almacenado están reducidos.
Sin embargo, la siembra en esa etapa muestra una mayor incidencia de plagas y enfermedades que afectan los niveles de rendimiento.
En el mes de abril, el Banco de Reservas anunció el Programa de Pignoración de Arroz para la cosecha 2021-2022, que respaldó a cientos de productores con RD$6,000 millones en financiamientos, a una tasa preferencial de 7% anual.
El administrador general de la institución financiera, Samuel Pereyra, expresó que el programa garantiza que los productores reciban el pago a tiempo por parte de los molineros, lo que permite que el precio al consumidor se mantenga estable sin afectar la rentabilidad.
El Banco de Reservas lidera el Programa Nacional de Pignoración de Arroz con una participación de un 55% del total de los recursos aportados para la cosecha del alimento más consumido por los dominicanos, además de ser la más importante actividad agropecuaria creadora de empleos en las zonas rurales de las 21 provincias donde se produce.
Los detalles proporcionados más arriba dan la certeza de que amén de tratarse del producto más importante de los dominicanos, el cual tiene además un gran contenido político, no se entiende por qué las autoridades no salieron en defensa del arroz para evitar la liquidación de un sector productivo tan vital para la vida nacional.
Republica Dominicana podría sufrir las mismas consecuencias de lo ocurrido con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual prácticamente borró del aparato productivo de la nación azteca a los productores de maíz, materia prima vital para la dieta diaria del nacional de este país.
El país se expone a partir del año 2025 que sean borrados del mapa nacional los productores de arroz y que este producto sea de factura de importación, lo cual podría implica que en principio llegue a precios más bajos, pero que después se encarezca por las maniobras a las que incluso recurren los importadores, los cuales no tienen limites las ansias de acumulación y la vocación especulativas de este sector.
Evidentemente, que las autoridades nacionales no alcanzan a ver los riesgos que implica dejar que se imponga la improvisación y la falta de visión para que desaparezca del aparato productivo nacional los productores de arroz como consecuencia de la firma de un tratado en el que no se prevén una serie de consecuencias que se podrían derivar del mismo, porque este se lleva de paro renglones tan importantes que constituyen una parte que forma parte de la cultura alimenticia nacional.
En razón de que el Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-Cafta) ya está en un punto de renegociación como lo dispone el artículo 3.18 del mismo, se impone a partir de ahora replantear aquellos asuntos que fueron manejados con cierta ligereza y en consecuencia sugerir la creación de una comisión para revisar la implementación y operación del acuerdo con respecto al comercio de mercancías agrícolas.
La posibilidad de que las partes establezcan una Comisión de Revisión Agrícola que deberá evaluar los efectos del proceso de liberalización comercial, la operación de las medidas de salvaguardia agrícola y su posible extensión, a fin de salir en protección de la producción agrícola nacional, principalmente de los productores de arroz.
Algunos economistas con mucha experiencia en tratados estiman que llegó el momento de que el país haga nuevas negociaciones de acuerdo a su realidad para proteger a productores tan importantes como los de arroz.
Desde hace mucho tiempo que los productores agropecuarios dominicanos reclaman una revisión del acuerdo, pero aunque se han dado algunos amagos hasta el momento no se ha llegado a nada concreto.
El DR-Cafta se firmó en el 2004 en el gobierno de Hipólito Mejía y entró en vigencia en República Dominicana en el 2006 y desde entonces se han hecho ciertos cuestionamientos sobre las condiciones en que fue firmado.
Un análisis del Centro de Estudios Económicos y Sociales, P. José Luis Alemán (CEESPA) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), publicado tras cumplirse la primera década de su puesta en vigencia en el 2004, indica que ha valorado que la República Dominicana simplemente se adhirió al tratado sin agotar un proceso de negociación.
“En agosto de 2003, el gobierno de EEUU aceptó incorporar a RD al DR-CAFTA mediante una simple adhesión (docking), negociando solamente las listas de acceso a mercado y los tiempos de desgravación, y sin tocar los temas de las disciplinas comerciales -es decir- los temas vinculados al desarrollo. Quedó así desde el inicio descartada toda posibilidad de lograr un “trato especial y diferenciado” por los niveles de desarrollo”, establece el citado estudio.
Los autores reseñan una publicación que señala que las autoridades dominicanas (de entonces) aceptaron la propuesta de adhesión sin hacer ningún estudio sobre el impacto que el acuerdo tendría sobre la economía del país, las leyes que deberían ser modificadas, los empleos que se perderían o se ganarían, las implicaciones para el comercio exterior, las barreras no arancelarias a remover, la modificación del entorno comercial, entre otros aspectos.
“Lo más paradójico de todo fue que el DR-CAFTA no fue una imposición estadounidense, sino todo lo contrario, es decir, que grupos políticos nacionales y un sector específico del empresariado local fueron los que abogaron a favor de una adhesión, no una negociación”, dice el documento.
Agrega que aquí se renunció unilateralmente a cualquier posición en el ámbito internacional que pudiera generar el más mínimo desagrado de los funcionarios estadounidenses.
Los autores señalan que para la firma del tratado no hubo estudios de impacto, ni una revisión de los textos en materia de disciplinas comerciales.
Indican que todo se hizo de manera precipitada, solo se negociaron los anexos y las listas de acceso a mercado. Con esas solas excepciones el resto consistió en una mera adhesión.
Ahora, sin lugar a dudas, República Dominicana tiene una nueva oportunidad para realmente negociar el acuerdo o en su defecto las consecuencias serán lamentables durante los años y décadas por venir.
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El camino tortuoso de crear una micro, pequena o mediana empresa en R.D. y cuyo principal desafio es el de sobrevivir.
Por Elba García
En República Dominicana, abrir un pequeño negocio puede comenzar con una idea, unos cuantos ahorros y el deseo de progresar.
Mantenerlo abierto, sin embargo, es otra historia.
Detrás de cada colmado, salón de belleza, taller, cafetería, pequeña tienda, empresa de servicios, fábrica artesanal o negocio familiar existe una estructura que genera empleo, mueve dinero en los barrios y sostiene a miles de familias.
Son las micro, pequeñas y medianas empresas.
Y aunque constituyen una de las principales columnas de la economía dominicana, para muchas de ellas sobrevivir significa enfrentar todos los días una carrera contra los costos, la falta de liquidez y las dificultades para financiarse.
EL PESO DE LAS MIPYMES
Su importancia no es marginal.
La Encuesta Nacional de MIPYMES 2022-2023 contabilizó unas 404 mil unidades empresariales, generadoras de alrededor de 3 millones 52 mil empleos. El MICM señala que el sector representa aproximadamente el 61.6% del empleo total y alrededor del 32% del Producto Interno Bruto.
Por su parte, los registros tributarios muestran la magnitud de su presencia dentro del empresariado formal.
La Dirección General de Impuestos Internos registró 275,950 MIPYMES en 2024, equivalentes al 98.5% de las empresas registradas consideradas en ese boletín.
De ese total, 232,459 eran microempresas, 35,327 pequeñas y 8,164 medianas.
Esto significa que cuando una pequeña empresa atraviesa dificultades, no estamos hablando simplemente del problema particular de un comerciante.
Estamos hablando de empleo, consumo, producción, impuestos y sustento familiar.
¿CUÁNTAS LOGRAN SOBREVIVIR?
Aquí aparece una de las cifras más reveladoras.
La Oficina Nacional de Estadística establece que durante 2025 sobrevivieron 109,192 empresas formales, equivalentes al 87.4% del stock de empresas activas de ese año.
La tasa general de supervivencia fue de 91.4%.
Pero cuando se observa el tamaño de las empresas, aparece una diferencia significativa.
Por cada cien microempresas activas en 2024, aproximadamente 90 continuaron funcionando en 2025.
La tasa de supervivencia de las microempresas fue de 90.2%.
En las pequeñas empresas alcanzó 96%.
Y en las medianas llegó hasta 98%.
Es decir, mientras más pequeño es el negocio, mayor parece ser su vulnerabilidad.
Y esa diferencia importa.
Porque una microempresa dispone generalmente de menos capital de respaldo, menos capacidad para absorber pérdidas y menores posibilidades de resistir varios meses de reducción en sus ventas.
EL COSTO DE MANTENER LAS PUERTAS ABIERTAS
El empresario pequeño no solo necesita vender.
Tiene que pagar alquiler.
Electricidad.
Nómina.
Seguridad Social.
Transporte.
Combustibles.
Impuestos.
Servicios tecnológicos.
Inventarios.
Materias primas.
Mantenimiento.
Y muchas veces tiene que reponer mercancías a precios superiores antes de haber recuperado completamente el dinero invertido en las anteriores.
Cuando esos costos aumentan, una empresa grande puede contar con reservas, negociar mejores precios con proveedores o acudir al financiamiento.
Una microempresa tiene mucho menos espacio para maniobrar.
Los datos internacionales más recientes también retratan parte del problema empresarial dominicano.
La Encuesta Empresarial 2025 del Banco Mundial identificó entre los obstáculos mencionados por las empresas las tasas impositivas, la competencia del sector informal, la electricidad, la disponibilidad de trabajadores adecuadamente preparados y el acceso al financiamiento.
La propia base del estudio muestra empresas que calificaron el acceso al crédito como un obstáculo moderado, importante o muy severo. La encuesta advierte, sin embargo, que los conteos de esa base no deben interpretarse directamente como porcentajes representativos de todas las empresas dominicanas.
EL CRÉDITO: NECESARIO, PERO CARO
El financiamiento constituye otro punto crítico.
Según el Monitor de Industria del MICM, durante el último cuatrimestre de 2024 la tasa de interés promedio aplicada a las MIPYMES fue de aproximadamente 17.2%.
Pero las microempresas pagaban más.
La tasa promedio para ellas alcanzaba 18.4%, frente a 16.9% para las pequeñas y 15.3% para las medianas.
Esto plantea una paradoja:
quien tiene menor capacidad económica puede terminar enfrentando un financiamiento proporcionalmente más costoso.
Y cuando un préstamo se utiliza no para ampliar una empresa, comprar maquinaria o innovar, sino para pagar nómina, alquiler, suplidores o deudas anteriores, el crédito deja de convertirse en una herramienta de crecimiento y puede transformarse en una extensión del problema de liquidez.
¿SIGNIFICA ESTO QUE NO EXISTEN PROGRAMAS DE CRÉDITO?
No.
Y esta precisión es importante.
El Estado dispone de mecanismos dirigidos al sector, aunque necesariamente se debe examinar el criterio del manejo de los mismos, porque generalmente hay favoritismos y se privilegia no al más necesitado, sino al que mayores conexiones políticas tiene.
PROMIPYME informó que durante 2025 desembolsó más de RD$8,169 millones, impactando a 36,981 micro, pequeños y medianos empresarios.
Para junio de 2026, la institución informó que su cartera había alcanzado alrededor de RD$11,846 millones y que los desembolsos acumulados entre 2024 y junio de 2026 superaban los RD$19,800 millones.
PROMIPYME también ha ofrecido créditos alrededor del 12% anual y ha incorporado mecanismos como “Tu Firma es Tu Garantía” y nuevos modelos de evaluación crediticia.
El problema, por tanto, no puede resumirse diciendo que no existe financiamiento, pero de cualquier modo se debe determinar cómo se indica más arriba cuál es el criterio de la colocación o otorgamiento de los mismos.
Pero a la luz de los informes oficiales sobre financiamiento, la pregunta correcta es otra:
¿es suficiente, accesible, oportuno y adecuado para las necesidades de cientos de miles de pequeñas unidades productivas?
EL PROBLEMA DEL TAMAÑO
La vulnerabilidad se concentra precisamente donde está la mayoría.
De las 275,950 MIPYMES registradas por la DGII para 2024, 84.2% eran microempresas.
Y dentro de ese grupo, cerca del 59.7% estaba clasificado como microempresa de subsistencia.
Esto ayuda a explicar el fenómeno.
No estamos hablando únicamente de pequeñas compañías con oficinas estructuradas y capital acumulado.
Estamos hablando también de negocios que dependen diariamente de lo que venden para volver a comprar, pagar sus compromisos y sostener a sus propietarios.
En esos casos, una caída en las ventas, una avería, una factura elevada, una enfermedad, la pérdida de mercancía o varias semanas con poca actividad pueden convertirse en una crisis empresarial.
FORMALIDAD VERSUS SUPERVIVENCIA
Aquí surge otra contradicción.
El país necesita que los pequeños negocios se formalicen.
Pero formalizarse también significa asumir responsabilidades tributarias, laborales y administrativas.
Si el empresario formal compite al mismo tiempo contra unidades económicas que operan fuera de esos costos, aparece una desigualdad competitiva.
Por eso, formalizar no debe consistir únicamente en registrar una empresa.
Debe significar también crear las condiciones para que esa empresa pueda permanecer formal, crecer y generar empleos.
¿QUÉ NECESITAN LAS MIPYMES?
El desafío dominicano parece exigir algo más amplio que simplemente prestar dinero.
Se requiere financiamiento competitivo.
Pero también educación financiera.
Asistencia técnica.
Digitalización.
Acceso a mercados.
Compras públicas.
Innovación.
Capacitación empresarial.
Mecanismos de garantías.
Y políticas que permitan que una empresa pase de sobrevivir a crecer.
Porque prestar dinero a un negocio sin analizar su capacidad para producir, vender y pagar puede resolver una urgencia, pero no necesariamente garantiza su sostenibilidad, lo que no parece garantizar el Estado en esta materia.
Las MIPYMES dominicanas representan una paradoja económica.
Son pequeñas individualmente…
pero gigantes cuando se observa su impacto colectivo.
Generan millones de empleos y constituyen prácticamente todo el tejido empresarial del país.
Sin embargo, son precisamente las unidades más pequeñas las que presentan la menor tasa de supervivencia.
En 2025, mientras las medianas empresas, según estadísticas oficiales, alcanzaron una supervivencia de 98%, las microempresas se situaron en 90.2%.
Detrás de esa diferencia hay historias empresariales que merecen ser estudiadas.
Porque el gran desafío económico no es solamente conseguir que cada año nazcan miles de negocios.
Es lograr que puedan llegar al segundo año.
Al quinto.
Al décimo.
Que puedan contratar trabajadores.
Invertir.
Crecer.
Y transformarse algún día de micro a pequeñas, de pequeñas a medianas y, por qué no, de medianas a grandes.
Porque cuando desaparece una pequeña empresa no siempre cierra solamente un establecimiento.
Muchas veces desaparece un empleo.
Una fuente de ingresos.
Una inversión familiar.
Y quizás el proyecto económico de toda una vida, cuyo desenlace también implica un problema humano.
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Los pesticidas en los alimentos son un riesgo invisible para la salud humana y un desafío para el Estado en R. D.
Es un problema que está presente todos los días sobre nuestras mesas con los productos agrícolas que consumimos como tomates, lechugas, ajíes, pepinos, plátanos, frutas, vegetales, entre otros.
Por Elba García
Estos productos son asociados con una alimentación saludable, pero detrás de cada uno de ellos existe una pregunta que pocas veces se hace el consumidor, como qué cantidad de pesticidas fue utilizada durante su producción y cuántas de esas sustancias podrían permanecer en el alimento que finalmente consumimos.
El uso de plaguicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas forma parte de la agricultura moderna, a los fines de combatir insectos, hongos, malezas y otras amenazas capaces de destruir plantaciones enteras.
Por tanto, el problema no está necesariamente en utilizar productos fitosanitarios autorizados, sino también en que el verdadero peligro aparece cuando se utilizan productos prohibidos en una sociedad sin controles eficientes y donde se aplican dosis superiores a las permitidas, se mezclan sustancias incorrectamente o no se respeta el periodo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
La Organización Mundial de la Salud advierte que los pesticidas pueden ser potencialmente tóxicos para los seres humanos y producir efectos agudos o crónicos dependiendo del producto, la dosis y la forma de exposición y ya en el país ha habido secuelas en este sentido.
El mayor riesgo comienza en el campo, donde los primeros expuestos son los propios trabajadores agrícolas, porque quien prepara el producto, quien llena una mochila de fumigación, quien aplica el químico, quien permanece dentro de la plantación y también las personas que viven cerca de áreas donde se realización las aplicaciones sufre una mayor exposición, especialmente cuando no utilizan correctamente guantes, mascarillas, ropa protectora y demás equipo de seguridad.
Según la OMS, entre sus posibles manifestaciones pueden encontrarse irritaciones de piel y ojos, mareos, náuseas, vómitos, dificultades respiratorias y alteraciones neurológicas, dependiendo de la sustancia involucrada y de la cantidad recibida, pero peor aún se corre el riesgo de padecer de enfermedades catastróficas como cáncer
La misma OMS señala que determinadas exposiciones elevadas o prolongadas a pesticidas pueden relacionarse, según la sustancia, con efectos además sobre el sistema nervioso, la reproducción y otros problemas de salud, las cuales en algún momento provocaron prácticamente una epidemia de cirrosis hepática en el país.
Sin embargo, no todos los pesticidas pueden colocarse bajo una misma categoría de riesgo, ya que cada sustancia posee características toxicológicas diferentes.
El problema abordado en este reportaje toma otra dimensión cuando los productos del campo llegan a la mesa del consumidor, lo que indica que el riesgo no termina necesariamente cuando concluye la fumigación.
Porque una parte de los productos utilizados puede permanecer como residuo en frutas, verduras, cereales y otros productos agrícolas, lo que motiva que haya los llamados límites máximos de residuos, conocidos como LMR.
Estos límites establecen cuánto residuo de una sustancia puede permanecer legalmente en determinado alimento, lo cual en la República Dominicana se dispone de una base oficial máxima de los mismos que contempla diferentes principios activos y los compara, entre otros parámetros, con estándares del CODEX Alimentarius, Estados Unidos y la Unión Europea.
La OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura evalúan periódicamente pesticidas y establecen parámetros científicos destinados a determinar niveles de exposición considerados aceptables para los consumidores.
En el informe conjunto correspondiente a 2025 fueron evaluados 38 pesticidas, incluyendo aspectos de toxicología y exposición alimentaria, lo cual permite establecer que la presencia de un residuo de pesticida en un alimento no significa automáticamente que ese producto es peligroso.
Realmente el riesgo depende de cuál sustancia está presente, y fundamentalmente, de su concentración y del nivel de exposición del consumidor, ya que el problema aparece cuando los residuos superan los límites de seguridad establecidos.
El principal desafío en esta materia ocurre cuando falla el control en muchos países agrícolas, porque no basta con establecer normas, dado que es necesario comprobar que realmente se cumplen.
Un sistema efectivo necesita vigilancia desde la importación y comercialización del pesticida hasta su utilización en la finca y además necesita de agricultores capacitados, y registros de los productos utilizados, lo cual no es tan fácil en el país por los bajos niveles de fiscalización y control del Estado.
De igual modo se imponen inspecciones, laboratorios, toma periódica de muestras, análisis de frutas y vegetales, control de los establecimientos que comercializan agroquímicos, a los fines de promover sanciones cuando se detecten prácticas que puedan poner en peligro la salud humana o el medio ambiente.
La propia Organización Mundial de la Salud sostiene que, debido a que los pesticidas son sustancias intrínsecamente tóxicas utilizadas deliberadamente en el ambiente, su producción, distribución y aplicación requieren regulación estricta, además del monitoreo periódico de residuos en alimentos y en el medio ambiente.
En República Dominicana no existe un marco de regulación y vigilancia de plaguicidas eficiente, pese a que en el 2024 el Ministerio de Agricultura dijo que actualizó disposiciones relacionadas con el registro de los mismos y reafirmó su responsabilidad de supervisar los productos que se formulan, comercializan, utilizan o aplican en territorio dominicano, procurando reducir los riesgos para la salud y el medio ambiente.
En la teoría, aunque no en la práctica, también existen programas oficiales para el monitoreo de residuos en frutas y vegetales nacionales e importados, pese a que el funcionario competente regularmente insiste en la existencia de control.
De cualquier modo, la interrogante al respecto debe versar sobre si son suficientes la vigilancia, la frecuencia de análisis, la capacidad de fiscalización y la educación de todos los productores para garantizar que cada producto agrícola que llega al consumidor cumpla con los niveles establecidos.
Pero si se profundizara la discusión sobre este particular, necesariamente habría que decir que, de acuerdo con un informe de monitoreo divulgado por el Ministerio de Agricultura fueron analizadas 1,188 muestras de frutas y vegetales, de las cuales el 97 por ciento se encuentra conforme con los parámetros técnicos utilizados, mientras que solo una proporción reducida presentó residuos que excedían los niveles establecidos.
De ser como lo plantea el órgano oficial y competente, entonces podría decirse por qué los controles son necesarios, porque cuando la mayoría de las muestras cumple, basta la existencia de productos fuera de los parámetros.
Hay otra realidad que preocupa y es cuando un producto sale del país hacia mercados internacionales, el mismo debe enfrentarse a controles establecidos por los compradores, como los Estados Unidos y la Unión Europea, quienes aplican limites específicos de residuos de pesticidas.
Otro informe que habría que determinar su efectividad es que el Ministerio de Agricultura dijo que reforzó en zonas fronterizas dominicanas medidas que incluían monitoreo de residuos de plaguicidas en productos destinados a exportación hacia Estados Unidos y Europa, lo cual plantea otra pregunta.
¿Debe existir el mismo nivel de vigilancia sobre los alimentos destinados al mercado dominicano que sobre aquellos destinados a la exportación?
La respuesta desde el punto de vista de la salud pública debería conducir a un principio fundamental:
el consumidor dominicano merece los mismos niveles de inocuidad y seguridad alimentaria.
También sería un error generar la percepción de que consumir frutas y vegetales representa automáticamente un peligro, aunque hay una gran diferencia de los productos destinados a la exportación y los que se comercializan en el mercado local.
Aunque la Organización Mundial de la Salud explica que la población general normalmente está expuesta a niveles mucho menores de pesticidas que los trabajadores que los manipulan directamente, el consumidor al final de la jornada resulta ser el más perjudicado por la existencia del elemento cuantitativo.
Además, la evaluación científica internacional busca precisamente establecer límites que permitan utilizar determinados productos agrícolas sin representar riesgos inaceptables para el consumidor.
El problema surge con el uso incorrecto.
Cuando se aplica más cantidad de la recomendada.
Cuando se fumiga demasiado cerca de la cosecha.
Cuando alguien utiliza sustancias no autorizadas.
Cuando los trabajadores manipulan productos sin protección.
Cuando se contaminan fuentes de agua.
O cuando los mecanismos de vigilancia no detectan a tiempo las irregularidades.
No obstante, también debe decirse que el consumidor también puede adoptar algunas medidas básicas, como la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de que se debe lavar adecuadamente frutas y vegetales, y, cuándo es apropiado para determinados alimentos, pelarlos.
Estas medidas pueden contribuir a disminuir ciertos residuos superficiales y otros contaminantes microbiológicos, pero algo debe quedar claro que la responsabilidad principal no puede recaer sobre quien compra los alimentos, porque debe entenderse que el consumidor no cuenta con un laboratorio en su casa, lo que imposibilita si una lechuga contiene determinado pesticida.
Es decir, que no puede determinar con mirar un tomate qué producto químico fue utilizado hace algunos días, pero esta inocuidad alimentaria depende fundamentalmente de controles anteriores a la comercialización.
El gran reto de la República Dominicana como un país con una importante actividad agrícola es que miles de familias viven de la producción de frutas, vegetales, arroz, plátanos, café, cacao, habichuelas y otros productos y que se hace necesario protegerla.
Pero también es necesario proteger a quienes trabajan la tierra y a quienes consumen sus productos, por lo que el problema debe trascender el debate del uso o no de pesticidas, sino qué productos se usan y en qué cantidades.
Además, ¿quién supervisa su aplicación?
¿y si se respetan los tiempos antes de cosechar?
¿con qué frecuencia se analizan los alimentos que llegan a nuestros mercados?
¿qué ocurre cuando un producto supera los límites permitidos?
¿se informa al consumidor?
Porque si bien es cierto que es de primer orden garantizar alimentos suficientes, también es fundamental que los mismos sean seguros, porque en una sociedad donde cada día millones de personas consumen productos provenientes directamente de la agricultura, controlar adecuadamente los pesticidas no debe ser considerado solamente un asunto del campo, sino que se trata de un asunto de salud pública.
Es una cuestión ambiental.
Es un asunto de seguridad alimentaria.
Y, sobre todo, es una responsabilidad que comienza en la finca…
pero termina en la mesa de cada familia dominicana.
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Peregunta obligada del momento ¿Qué pesa más en la sociedad dominicana: el miedo o la vergüenza?
Por Elba García
En la sociedad dominicana existen sentimientos que, aunque muchas veces permanecen ocultos, condicionan decisiones personales, familiares y hasta colectivas. Dos de ellos tienen una presencia particularmente fuerte: el miedo y la vergüenza.
Miedo a denunciar una injusticia. Miedo a perder el empleo. Miedo a enfrentar a quien tiene poder. Miedo a las consecuencias de hablar.
Pero también vergüenza: de reconocer dificultades económicas, de admitir que se sufre violencia, de pedir ayuda, de aceptar un fracaso o de revelar una realidad que no coincide con la imagen que se proyecta ante los demás.
De ahí surge una pregunta que merece una reflexión profunda: ¿qué pesa más en la sociedad dominicana, el miedo o la vergüenza?
El peso del “qué dirán”
Durante generaciones, en numerosos hogares dominicanos se ha repetido una expresión aparentemente sencilla, pero cargada de significado: “¿Qué va a decir la gente?”
La frase forma parte de una cultura en la que la valoración social puede llegar a influir considerablemente sobre las decisiones individuales. Cuando una persona comienza a organizar su vida pensando permanentemente en la opinión de los demás, la vergüenza deja de ser un sentimiento pasajero y puede convertirse en una forma de presión social.
De ahí que algunas personas aparenten una estabilidad económica que realmente no poseen, permanezcan en relaciones profundamente deterioradas para evitar comentarios o escondan conflictos familiares, adicciones, violencia, problemas financieros y otras situaciones que consideran vergonzosas.
En determinadas circunstancias, la apariencia termina ocupando un lugar más importante que la propia realidad.
No se trata únicamente de preservar la intimidad, algo legítimo y necesario, sino de analizar hasta qué punto el temor al juicio social impide reconocer problemas que requieren atención.
El miedo también impone silencio
Junto a la vergüenza aparece otra fuerza igualmente poderosa: el miedo.
Una persona puede conocer una irregularidad y decidir no denunciarla por temor a las consecuencias. Un trabajador puede considerar injusta una situación laboral y guardar silencio porque necesita conservar su empleo. Una víctima puede tardar meses o años en hablar porque teme represalias.
También puede ocurrir que un ciudadano prefiera no enfrentarse a una persona con poder político, económico o social porque entiende que hacerlo podría ocasionarle problemas.
En esos casos, el silencio no necesariamente significa indiferencia, conformidad o complicidad.
Muchas veces significa miedo.
Ese temor adquiere especial relevancia cuando comienza a limitar la participación ciudadana, la denuncia de abusos, la búsqueda de justicia o la capacidad de reclamar derechos.
Una sociedad en la que amplios sectores sienten que hablar puede tener consecuencias negativas corre el riesgo de normalizar situaciones que deberían ser cuestionadas.
Cuando miedo y vergüenza se encuentran
La situación se vuelve todavía más compleja cuando ambos sentimientos aparecen simultáneamente.
Una persona que sufre violencia puede sentir miedo de su agresor y, al mismo tiempo, vergüenza de contar lo que está viviendo.
Una familia con graves dificultades económicas puede temer perder su vivienda, pero también experimentar vergüenza de solicitar ayuda.
Una persona víctima de una estafa puede callar no solamente por temor a las consecuencias, sino porque le cuesta reconocer públicamente que fue engañada.
En esos escenarios, miedo y vergüenza dejan de competir.
Se convierten en aliados del silencio.
Ese silencio puede prolongar situaciones dolorosas, impedir la búsqueda de ayuda y mantener ocultos problemas que, con una intervención oportuna, podrían enfrentarse de otra manera.
¿Cuál pesa más?
No existe una respuesta única aplicable a toda la sociedad dominicana.
El miedo suele aparecer cuando una persona percibe que hablar, actuar o enfrentarse a determinada situación podría producirle consecuencias negativas.
La vergüenza, en cambio, guarda una relación más directa con la mirada ajena: con la posibilidad de ser juzgado, señalado, ridiculizado o rechazado.
Existe, sin embargo, una diferencia importante.
El miedo puede impedir que una persona actúe; la vergüenza puede impedir incluso que reconozca públicamente lo que le está ocurriendo.
Cuando una sociedad concede una importancia excesiva a las apariencias, al prestigio y al “qué dirán”, muchos problemas terminan escondidos detrás de una imagen de normalidad.
La dificultad no consiste en sentir miedo o vergüenza, porque ambos son sentimientos humanos. El verdadero problema aparece cuando comienzan a gobernar las decisiones de las personas.
Las redes sociales y la nueva cultura de la apariencia
Las redes sociales han añadido una dimensión distinta a este fenómeno.
Nunca como ahora había existido una exposición tan permanente de la vida privada. Fotografías de viajes, vehículos, celebraciones, relaciones aparentemente perfectas, éxitos profesionales y estilos de vida cuidadosamente seleccionados forman parte de una vitrina digital que millones de personas observan diariamente.
Sin embargo, una fotografía no siempre cuenta una historia completa.
Detrás de una sonrisa pueden existir conflictos familiares. Detrás de una imagen de prosperidad puede existir endeudamiento. Y detrás de una relación presentada como perfecta puede esconderse una realidad profundamente distinta.
Las redes sociales no son responsables por sí solas de esta conducta, pero pueden reforzar la presión por proyectar éxito, felicidad y estabilidad.
Y vuelve entonces aquella vieja pregunta que durante generaciones ha acompañado a muchas familias:
“¿Qué van a pensar de mí?”
La diferencia es que hoy esa mirada ya no proviene únicamente del vecino, del familiar o del círculo cercano. Puede provenir de cientos o miles de personas conectadas a una pantalla.
Romper la cultura del silencio
Una sociedad saludable no debería obligar a sus ciudadanos a escoger entre vivir con miedo o vivir pendientes de la vergüenza.
Resulta necesario construir espacios sociales, familiares e institucionales donde una persona pueda pedir ayuda sin sentirse inferior; denunciar sin ser estigmatizada; reconocer un fracaso sin considerarse derrotada; y expresar una situación difícil sin convertirse automáticamente en objeto de burla o condena.
Reconocer un problema no representa necesariamente una debilidad.
En muchas ocasiones constituye el primer paso para enfrentarlo.
También es importante comprender que quienes atraviesan situaciones difíciles necesitan acompañamiento, orientación y respuestas institucionales efectivas, no únicamente discursos que les pidan valentía.
Superar el miedo y la vergüenza no depende exclusivamente de decisiones individuales. También exige instituciones confiables, comunidades solidarias y una cultura menos inclinada a juzgar y más dispuesta a comprender.
Una reflexión necesaria
Quizás la pregunta no sea solamente qué pesa más en la sociedad dominicana: el miedo o la vergüenza.
Tal vez convenga formular otras preguntas.
¿Cuántas decisiones dejamos de tomar por miedo?
¿Cuántas verdades escondemos por vergüenza?
¿Cuántas personas permanecen en silencio porque consideran que hablar puede traerles problemas?
¿Y cuántas veces vivimos intentando satisfacer la mirada de los demás en lugar de enfrentar nuestra propia realidad?
El miedo nos advierte: “No lo hagas, porque algo puede ocurrir.”
La vergüenza nos recuerda: “No lo digas, porque van a hablar de ti.”
Entre ambos sentimientos puede instalarse el silencio.
Un silencio que, cuando se prolonga, puede impedir denunciar una injusticia, buscar ayuda, reconocer un problema, defender un derecho o comenzar nuevamente.
Por eso, posiblemente el verdadero desafío de la sociedad dominicana no sea determinar cuál de los dos sentimientos pesa más.
El desafío consiste en lograr que ninguno pese tanto como para impedirnos hablar, actuar y enfrentar la realidad.
Porque una sociedad también comienza a transformarse cuando sus ciudadanos dejan de preguntarse únicamente “¿qué dirán?” y comienzan a preguntarse con mayor frecuencia:
“¿Qué debemos hacer?”