Santo Domingo. RD.- Se ha constituido en un escollo en el Tribunal Constitucional el sistema de votación de mayoría calificada que se requiere para aprobar sentencias y emitir fallos con celeridad como aspiran los ciudadanos, principalmente cuando se trata de temas espinosos y conflictivos como el migratorio, la soberanía nacional y de asuntos políticos.Más Noticias
Fallos en el Tribunal Constitucional se retrasan por sistema de votación.
Santo Domingo. RD.- Se ha constituido en un escollo en el Tribunal Constitucional el sistema de votación de mayoría calificada que se requiere para aprobar sentencias y emitir fallos con celeridad como aspiran los ciudadanos, principalmente cuando se trata de temas espinosos y conflictivos como el migratorio, la soberanía nacional y de asuntos políticos.La Constitución manda a que las sentencias del Tribunal Constitucional sean aprobadas con el voto favorable de al menos 9 de sus 13 jueces, lo que se denomina mayoría calificada, por lo que en las sesiones deliberativas del pleno se debe cumplir con ese requisito, porque de lo contrario no pasa y tiene que volver a ser presentado en otra oportunidad.
Al parecer esto es lo que ha ocurrido con el acuerdo de pre-autorización en el transporte aéreo que firmaron en el 2016 los gobiernos de la República Dominicana y de Estados Unidos, el cual estableció un procedimiento de pre chequeo en el transporte aéreo por parte de funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense en un área del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
Se supo que ese acuerdo, que fue sometido hace 4 años a revisión del Constitucional por el entonces presidente Danilo Medina, ha sido presentado varias veces para ser decidido, pero ha tenido que ser retirado de la mesa porque no se reúnen los votos suficientes para emitir una sentencia.
La Carta Magna otorgó facultad al Tribunal Constitucional para ejercer el control preventivo de los tratados internacionales antes de que sean ratificados por el Congreso Nacional, por lo cual deben ser sometidos a revisión por el Presidente de la República.
Firmar tratados o convenciones internacionales es una atribución que la Constitución le concede al primer mandatario, pero para que sean válidos y puedan obligar al país, deben ser sometidos a las cámaras legislativas. Esto debe producirse después que el Tribunal Constitucional lo examina para determinar si su contenido viola o no disposiciones constitucionales.
El TC ha validado decenas de convenios internacionales suscritos por la República Dominicana con varios países y organismos internacionales, pero ha anulado algunos por inconstitucional, específicamente por afectar la soberanía nacional.
AÉREO
Transporte.
El acuerdo de pre autorización en el transporte aéreo fue firmado el 8 de diciembre del 2016, por el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Miguel Vargas, en el gobierno de Danilo Medina, y el entonces embajador de EE. UU. en el país, James Brewster.
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Otros son los acusados y condenados por fraude en sorteo tras SCJ ratificar absolución del exdirector de Lotería.
Santo Domingo, R.D.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conmfirmó la absolución del exdirector de la Loteria Nacional, Luis Maisichell Dicent, y rechazó este martes los recursos de casación incoados por dos condenados en el fraude de un sorteo de la Lotería Nacional del 1 de mayo del 2021.
La alta corte ratificó el descargo a Dicent que emitió una corte de apelación que denegó también la solicitud del Ministerio Público de que se anulara la sentencia pronunciada en marzo del 2023 por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y que favorecía al exfuncionario.
La SCJ desestimó los recursos del expresidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería, William Lizandro Rosario Ortiz, y Eladio Batista Valerio, quienes buscaban que se revocara la decisión que los condena a cinco años de prisión, al primero, y tres años de cárcel suspendida al segundo, que les había impuesto la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 14 de marzo de 2024.
La corte de apelación condenó a Rosario Ortiz por violación al Código Penal Dominicano y la Ley núm. 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, los cuales tipifican y sancionan los tipos penales de soborno a funcionario público, «por haberse presentado pruebas suficientes que destruyen su presunción de inocencia».
- En el proceso también fueron condenados Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Beriguete y Felipe Santiago Toribio, quienes admitieron los hechos, y se les dictó cinco años de reclusión a cada uno, tres en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Mujeres y Najayo Hombres y dos suspendidos.
- De igual forma, fueron condenados Miguel Mejía y Rafael Mesa, los cuales fueron sentenciados a cinco años en la modalidad de pena suspendida. La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa cuantificó en un principio el fraude en más de 500 millones de pesos.
Mediante la sentencia núm. 249- 04-2023-SSEN-00027, de fecha 6 de marzo de 2023, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, William Lizandro Rosario Ortiz había sido sentenciado a 7 años de cárcel, mientras que Eladio Batista a seis.
La decisión de la SCJ, notificada al Ministerio Público y marcada con el núm. SCJ-SS-25-1227, del 31 de octubre de 2025, fue dictada por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy Salcedo Fernández, María G. Garabito Ramírez y Francisco Antonio Ortega Polanco.
En las audiencias ante la SCJ el Ministerio Público estuvo representado por el procurador adjunto Wilson Manuel Camacho, la procuradora de Corte Mirna Ortiz Fernández y los fiscales Miguel A. Crucey Rodríguez, Andrés Octavio Mena, Yudelka J. Holguín Liz y Alexis Piña Echavarría.
SANTO DOMINGO.-El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director de Migración, advirtió este martes que solo el Estado tiene la facultad de realizar operativos de interdicción migratoria, en respuesta a desafíos lanzados por la organización nacionalista Antigua Orden Dominicana.
La entidad dio un plazo de 10 días para que haitianos indocumentados abandonen Santo Domingo Este ante el asesinato de un adolescente presuntamente a manos de estos extranjeros,.
El funcionario enfatizó que cualquier acción debe ajustarse a la Constitución y las leyes para evitar situaciones de desorden.
Durante el lanzamiento del centro de datos y página web del Observatorio de Políticas Migratorias, señaló que existe un ordenamiento jurídico y para eso tiene el Estado a las instituciones que son las responsables de actuar en consecuencia.
Lee Ballester señaló que los operativos se realizan de forma conjunta con otros organismos de seguridad y basados en levantamientos técnicos previos.
«Hay que apegarse a ese ordenamiento jurídico, al debido proceso, ya que es una facultad de las instituciones que la ley le confiere el ejercicio de la autoridad para contrarrestar cualquier tipo de ilícito», manifestó.
El funcionario agregó que Migración seguirá aplicando las leyes y mantendrá una ofensiva operacional completamente activa en todo el territorio nacional.
Respecto al caso ocurrido en el sector Katanga en Los Mina, confirmó que ya se han realizado operativos ante la tragedia y que la presencia de los agentes es permanente.
El director de Migración llamó a la ciudadanía utilizar los canales oficiales para reportar irregularidades y denuncias en temas de las políticas migratorias.
«Cualquier denuncia que la gente quiera, pues que la haga llegar a la Dirección General de Migración y nosotros canalizamos esa denuncia y actuamos en consecuencia», puntualizó.
an/am
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral y el Ministerio de Administracion Pública fueron llamados por el movimiento cívico Participación Ciudadana reclamó para que investiguen el caso del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (Feda), por presuntos cobros a empleados públicos para fines políticos, señalando que estas prácticas representan una violación a las leyes de país en materia electoral.
Durante la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, la coordinadora general de la organización, Leidy Blanco García, afirmó que de comprobarse estas denuncias se estaría frente a una falta administrativa grave que conlleva destitución, además de violaciones a las normas electorales.
“El MAP tiene que investigar si esa conducta, que de ser cierta y comprobable hay una falta administrativa grave que da paso a destitución, pero al margen de esa falta administrativa grave ahí está la violación a las leyes electorales que le corresponde en este caso a la JCE analizar este comportamiento que se está dando en la administración pública”, expresó.
García denunció las amenazas a servidores públicos para que utilicen recursos propios en campañas políticas, lo que va en contra de las leyes electorales y del Código Penal.
“Estamos hablando de que aquí se está amenazando a servidores públicos para que utilicen recursos, que ya son ganados para sostener campañas electorales y eso claramente va en violación a las leyes electorales. El MAP tiene la obligación de investigar la conducta y, si es cierto, aplicar los correctivos de lugar y someter a los responsables a la autoridad”, afirmó, al tiempo que destacó que aún queda mucho por avanzar en materia de transparencia y que no deben normalizarse prácticas corruptas.
En el mismo acto, Participación Ciudadana presentó el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, una iniciativa de la entidad Transparencia Internacional que busca medir la corrupción percibida en el sector público a nivel mundial.
De acuerdo con el informe, la República Dominicana obtuvo 37 puntos y se ubicó en la posición 99 de un total de 182 países evaluados. Con este resultado, «la República Dominicana avanzó por quinto año consecutivo, mientras en 2020 había obtenido la más baja, con 28 puntos y el puesto 136», indicó García.
De igual forma, en el continente americano participaron 33 países, de dónde el país obtuvo la posición 18 «siendo República Dominicana el único del continente que aumentó, pasando de 28 en 2020 a 37 en el 2025″.
A pesar de la mejoría, Participación Ciudadana consideró que los avances siguen siendo limitados. «Aunque el país ha avanzado en este índice, todavía no hay mucho que celebrar» afirmaron.
La organización señaló que los recientes escándalos de corrupción podrían afectar la puntuación del país en los próximos años y reiteró la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana.
“Es necesario enviar mensajes muy claros de que estos avances no son vulnerables, sino que se asientan en instituciones públicas transparentes y honestas, mayor control del gasto público, acciones rápidas contra los funcionarios que se involucren en faltas éticas y, sobre todo, que la justicia actúe con presteza y eficacia contra todos aquellos a quienes se le demuestre actos de corrupción” puntualizó.