Nacionales
Instituciones unen esfuerzos para reducir muertes maternas y neonatales en R.D.
Autoridades sanitarias, especialistas y directores de hospitales revisarán brechas en la atención y fortalecerán los protocolos aplicados a embarazadas y recién nacidos
SANTO DOMINGO.– El Servicio Nacional de Salud (SNS), sociedades médicas especializadas y directores de hospitales materno infantiles acordaron fortalecer las acciones destinadas a reducir la mortalidad materna y neonatal en República Dominicana, mediante una estrategia conjunta que contempla revisar los procesos de atención y reforzar el cumplimiento de los protocolos médicos.
La iniciativa busca identificar las principales brechas existentes dentro de los establecimientos de la Red Pública y establecer medidas que puedan ser implementadas de manera efectiva en la atención de las embarazadas, durante el parto y en el cuidado de los recién nacidos.
El encuentro fue encabezado por el director ejecutivo del SNS, doctor Julio César Landrón, y contó con la participación de representantes de las sociedades dominicanas de Neonatología, Pediatría y Medicina Perinatal, además de directores de hospitales y equipos médicos especializados.
Revisarán atención en hospitales
Landrón planteó la necesidad de establecer un trabajo coordinado entre las autoridades responsables de administrar los servicios públicos y los profesionales especializados directamente en la atención materno-infantil.
La estrategia contempla escuchar las recomendaciones de las sociedades médicas y determinar cuáles aspectos de los servicios requieren ser revisados o fortalecidos.
El objetivo es que las conclusiones de la mesa de trabajo puedan traducirse en acciones concretas dentro de los hospitales, especialmente en áreas relacionadas con prevención de complicaciones, seguimiento de las embarazadas y atención oportuna de los recién nacidos.
Las autoridades buscan igualmente fortalecer el cumplimiento de los protocolos médicos establecidos y detectar posibles debilidades que puedan afectar la calidad y oportunidad de los servicios.
OPS se integra a la iniciativa
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también participó en el encuentro a través de su representante en República Dominicana, doctor Bernardino Vitoy.
El especialista valoró la incorporación de las sociedades médicas y organismos internacionales a las discusiones sobre mortalidad materna y neonatal.
La participación de diferentes sectores, sostuvo, permitirá incorporar experiencias y perspectivas especializadas para identificar mecanismos que contribuyan a enfrentar uno de los principales desafíos del sistema sanitario.
Vitoy destacó además la decisión de integrar a los profesionales de las diferentes especialidades médicas relacionadas con la atención de madres y recién nacidos.
Especialistas aportarán recomendaciones
En la reunión participaron el doctor Santiago Martínez, representante de la Sociedad Dominicana de Neonatología; el doctor Reinaldo Jiménez Quezada, presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, y la doctora Katy Rodríguez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal.
Los especialistas expresaron su disposición de aportar conocimientos y experiencia en la formulación de las estrategias que sean implementadas por las autoridades.
Entre las prioridades planteadas figuran mejorar la calidad de la atención, reforzar la aplicación de los protocolos y establecer mecanismos que permitan proteger de manera más efectiva la vida de las madres y los recién nacidos.
Mortalidad materna y neonatal bajo atención
La conformación de esta mesa de trabajo se produce en momentos en que la atención pública ha vuelto a concentrarse en la calidad de los servicios materno-infantiles y en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y vigilancia dentro de los hospitales.
El SNS busca que la revisión permita detectar debilidades en los diferentes niveles de atención y establecer respuestas oportunas antes, durante y después del parto.
La reducción de la mortalidad materna y neonatal requiere no solamente infraestructura y disponibilidad de personal, sino también cumplimiento de protocolos, vigilancia clínica, capacidad de respuesta ante emergencias y coordinación entre las distintas especialidades involucradas.
Con el acuerdo alcanzado, el SNS, las sociedades médicas y los directores de hospitales de la Red Pública iniciarán un proceso conjunto dirigido a convertir las recomendaciones técnicas en medidas aplicables dentro de los centros asistenciales.
El INASE estaría adscrito al Ministerio de Agricultura y tendría a su cargo la regulación, certificación y control de la calidad de las semillas producidas, importadas y comercializadas en el país
Por Alberto Rodriguez
Santo Domingo, República Dominicana.– El Senado de la República aprobó este martes, en segunda discusión, el proyecto de ley que dispone la creación del Instituto Nacional de Semillas (INASE), una nueva entidad pública que tendrá como misión fortalecer la regulación y supervisión de la producción y comercialización de semillas en el territorio nacional.
La iniciativa, presentada por los senadores Félix Bautista y Héctor Acosta, busca establecer mecanismos que garanticen que las semillas utilizadas por los productores agropecuarios cumplan con los estándares de calidad requeridos, tanto las producidas en República Dominicana como aquellas provenientes del extranjero.
El proyecto establece que el INASE estaría adscrito al Ministerio de Agricultura y asumiría funciones que actualmente desarrollan dependencias de esa institución, entre ellas el Departamento de Semillas y la Oficina de Registro de Variedades y Protección de los Derechos del Obtentor.
De convertirse en ley, el personal, los bienes y otros recursos vinculados a esas áreas pasarían a formar parte de la nueva estructura institucional.
Registro y certificación
Entre sus principales atribuciones, el Instituto Nacional de Semillas tendría la responsabilidad de determinar y certificar la calidad de las semillas destinadas a la producción agrícola.
Para esos fines, se contempla la creación de un registro nacional para las personas físicas y jurídicas dedicadas a la producción, acondicionamiento, distribución y comercialización de semillas.
La entidad también estaría facultada para realizar inspecciones en campos de producción, almacenes y establecimientos públicos o privados, así como tomar muestras y retener productos cuando sea necesario verificar su calidad.
Sanciones por irregularidades
El proyecto contempla sanciones para productores, empresas o comercializadores que proporcionen información falsa sobre la calidad de las semillas.
Las infracciones podrían conllevar multas de hasta 100 salarios mínimos del sector público, además de la suspensión o cancelación de las licencias correspondientes, dependiendo de la gravedad del caso.
La propuesta legislativa establece igualmente mecanismos de protección para los compradores. En caso de comprobarse que una persona adquirió semillas cuya calidad fue presentada de manera fraudulenta, el vendedor tendría que devolver el dinero recibido, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran ejercerse.
Fondo para apoyar producción de semillas
La pieza legislativa también propone la creación del Fondo de Incentivo y Contingencia Semillera (FONICOSE), destinado a respaldar económicamente programas relacionados con la producción, multiplicación y utilización de semillas certificadas.
El fondo también podría ser utilizado para responder ante situaciones calificadas como “emergencias semilleras” y desarrollar campañas dirigidas a fortalecer la disponibilidad de material de siembra de calidad.
Según la propuesta, el FONICOSE recibiría anualmente recursos equivalentes al 10 % del presupuesto asignado al INASE.
Los promotores de la iniciativa sostienen que la creación del instituto permitiría fortalecer la institucionalidad del sector agropecuario y establecer un sistema más organizado de supervisión de las semillas utilizadas en la producción nacional.
El proyecto deberá continuar ahora su trámite legislativo en la Cámara de Diputados. En caso de ser aprobado sin modificaciones y posteriormente promulgado por el Poder Ejecutivo, entraría formalmente al ordenamiento jurídico dominicano.
El órgano acusador busca revocar el perdón judicial concedido al pelotero y pide mantener la condena de 10 años impuesta a la madre de la adolescente
Rosa Hernández
PUERTO PLATA, República Dominicana.– El Ministerio Público solicitó este martes a la Corte de Apelación de Puerto Plata revocar el perdón judicial otorgado al pelotero Wander Samuel Franco Aybar y, en su lugar, imponerle una condena de cinco años de prisión por los delitos de abuso sexual y psicológico en perjuicio de una adolescente.
La petición fue presentada durante el conocimiento de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada el 25 de mayo de 2026 por el Tribunal Colegiado Ad Hoc del Distrito Judicial de Puerto Plata.
Esa decisión declaró culpable a Franco de violar disposiciones del artículo 396, literales b y c, de la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Sin embargo, pese a la declaración de culpabilidad, el tribunal le concedió un perdón judicial, por lo que quedó eximido del cumplimiento de una pena de prisión.
MINISTERIO PÚBLICO CUESTIONA EL PERDÓN JUDICIAL
En su recurso, el órgano acusador sostiene que el tribunal de primera instancia realizó una aplicación incorrecta de la figura del perdón judicial y considera que la decisión no guarda proporción con las circunstancias establecidas en la sentencia.
Los fiscales solicitaron a la Corte declarar admisible el recurso de apelación parcial y, en cuanto al fondo, revocar la parte de la sentencia que favoreció a Franco con el perdón judicial.
La petición concreta es que el tribunal de alzada dicte su propia sentencia e imponga al pelotero una pena de cinco años de prisión, que, de acogerse la solicitud, sería cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata.
El Ministerio Público argumenta que el perdón judicial constituye una figura de carácter excepcional y sostiene que las circunstancias del caso no justificaban su aplicación.
PIDEN MANTENER CONDENA CONTRA MADRE DE LA ADOLESCENTE
Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público también solicitaron que sea confirmada la condena de 10 años de prisión impuesta a la madre de la adolescente, quien fue condenada por explotación sexual comercial y lavado de activos.
El órgano acusador no recurrió esa condena y ahora procura que la Corte mantenga la decisión adoptada en primera instancia.
La jornada también incluyó el conocimiento de los recursos interpuestos por las defensas de las personas procesadas.
Los fiscales solicitaron que esos recursos sean rechazados al considerar que carecen de fundamento jurídico.
CORTE DECIDIRÁ EL 20 DE OCTUBRE
Luego de escuchar los argumentos de las partes, los jueces de la Corte de Apelación de Puerto Plata se reservaron el fallo para el 20 de octubre de 2026, a las 9:00 de la mañana.
El tribunal está integrado por los magistrados Miguelina Beard, quien lo preside, Germán Martínez y Manuel Ureña.
La decisión que adopte la Corte determinará, entre otros aspectos, si permanece vigente el perdón judicial concedido a Wander Franco o si prospera la petición del Ministerio Público de imponerle una pena privativa de libertad.
Hasta que sea emitida esa decisión, la solicitud de cinco años de prisión constituye la pretensión del Ministerio Público en apelación y no una nueva condena contra el pelotero.
Adriano Hernández López, fallecido en 2024, figura en el expediente presentado por el Ministerio Público, que sostiene que realizó transferencias millonarias relacionadas con la presunta estructura investigada.
Francisco Salcedo
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El nombre del doctor Adriano Hernández López, fallecido en 2024, aparece en la solicitud de medida de coerción correspondiente al denominado caso Senasa 2.0, aunque no figura entre las personas procesadas debido a su fallecimiento.
De acuerdo con las imputaciones contenidas en el expediente del Ministerio Público, Hernández López habría estado relacionado con el presunto esquema mediante el cual se sometían reclamaciones por procedimientos médicos utilizando formularios que, según la acusación, contenían firmas falsificadas de afiliados al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El órgano persecutor sustenta parte de sus señalamientos en testimonios de personas que aparecen como afiliados en formularios atribuidos al médico y que habrían negado la realización de determinados procedimientos.
Según la documentación citada por el Ministerio Público, cinco personas figuran en reclamaciones presentadas a nombre del doctor Hernández López, pero las firmas consignadas en esos documentos presuntamente no coincidirían con las de los afiliados.
TRANSFERENCIAS MILLONARIAS
Otro elemento señalado por los investigadores corresponde a los movimientos financieros que atribuyen al médico.
El Ministerio Público sostiene que Hernández López transfirió un total de RD$2,385,322 a una cuenta bancaria perteneciente a Ángel Luis Guzmán Vásquez, señalado por las autoridades como uno de los principales imputados en la investigación.
Asimismo, el expediente atribuye al fallecido médico transferencias por RD$2,091,950 a una cuenta de Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, quien también figura entre las personas imputadas.
Estas operaciones forman parte de las evidencias financieras utilizadas por el Ministerio Público para sustentar su teoría sobre la existencia de una estructura dedicada presuntamente a gestionar reclamaciones médicas irregulares.
INVESTIGACIÓN A MÉDICOS Y EMPLEADOS
El expediente de Senasa 2.0 involucra a médicos, empleados y otras personas que, conforme a la acusación, habrían participado en distintas fases del supuesto mecanismo utilizado para obtener autorizaciones y reclamar recursos al seguro estatal de salud.
Ángel Luis Guzmán Vásquez es señalado por el Ministerio Público como una figura central del presunto esquema y como responsable de un call center que habría intervenido en la gestión de autorizaciones para procedimientos médicos.
Entre las personas mencionadas en el proceso también figuran Angeury Guzmán Vásquez y varios empleados de Senasa, además de más de una veintena de profesionales de la medicina identificados por el órgano acusador.
La investigación continúa bajo conocimiento de las autoridades judiciales, por lo que las afirmaciones contenidas en la solicitud de medida de coerción constituyen imputaciones del Ministerio Público que deberán ser examinadas y debatidas ante los tribunales.
UN NOMBRE QUE NO LLEGARÁ AL BANQUILLO
El caso de Adriano Hernández López presenta una circunstancia particular dentro del expediente: aunque el Ministerio Público le atribuye participación en las operaciones investigadas, su fallecimiento en 2024 impide que pueda ser sometido a un proceso penal.
Su nombre permanece, sin embargo, dentro de la documentación utilizada por los fiscales para explicar cómo, según su teoría del caso, funcionaba el presunto entramado investigado en Senasa 2.0.