Las candidaturas para ocupar cuatro vacantes podrán ser presentadas durante septiembre; el Consejo publicará los nombres de los postulantes y permitirá la presentación de objeciones

SANTO DOMINGO.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) abrió formalmente el proceso para recibir propuestas y postulaciones de candidatos interesados en ocupar cuatro vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), como parte del proceso de renovación que actualmente desarrolla el organismo constitucional.

La convocatoria está dirigida tanto a personas que deseen presentar su propia candidatura como a ciudadanos e instituciones interesados en proponer a terceros que reúnan las condiciones para integrar la alta corte.

Los expedientes comenzaron a ser recibidos este lunes 31 de agosto en la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura, ubicada en el primer piso del edificio de la Suprema Corte de Justicia.

La recepción se realizará de lunes a viernes, en horario de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Cuatro posiciones deberán ser ocupadas

Las vacantes corresponden a magistrados que comunicaron su decisión de no continuar en sus posiciones dentro de la Suprema Corte.

Se trata de Luis Henry Molina, presidente de la SCJ; Manuel Ramón Herrera Carbuccia, primer sustituto del presidente; Nancy Salcedo, segunda sustituta, y María Gerinelda Garabito Ramírez, integrante de la Segunda Sala Penal.

La salida de estos magistrados obliga al CNM a desarrollar el procedimiento constitucional y reglamentario correspondiente para seleccionar a quienes ocuparán esas posiciones.

El proceso adquiere especial importancia debido a que entre las plazas que deberán ser cubiertas se encuentra la correspondiente al actual presidente de la Suprema Corte.

Propuestas de terceros hasta el 10 de septiembre

Las personas o instituciones que deseen proponer candidatos tendrán hasta el 10 de septiembre para depositar sus propuestas.

Estas candidaturas deberán ser presentadas mediante cartas motivadas, conforme a los requisitos establecidos por el Consejo.

Por otro lado, quienes estén interesados directamente en formar parte de la Suprema Corte tendrán un plazo mayor para completar formalmente su postulación.

Los aspirantes, independientemente de que hayan sido propuestos previamente por terceros, deberán presentar hasta el 15 de septiembre el cuestionario general de aplicación debidamente completado y firmado, acompañado de la documentación requerida.

Nombres de aspirantes serán públicos

Como parte de las medidas de transparencia previstas para el proceso, el Consejo Nacional de la Magistratura anunció que publicará diariamente en su portal institucional los nombres de las personas propuestas y de aquellas que hayan formalizado sus postulaciones.

La publicación permitirá dar seguimiento a la conformación del listado de aspirantes antes de que el proceso avance hacia las siguientes etapas de evaluación.

La ciudadanía también podrá formular objeciones o reparos contra las candidaturas presentadas.

De acuerdo con las reglas anunciadas, estas observaciones podrán realizarse durante el proceso y hasta tres días después de publicada la lista de personas preseleccionadas, conforme al reglamento aplicable al funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura.

Comienza una nueva etapa para la Suprema Corte

La convocatoria representa otro paso dentro del proceso de recomposición de la Suprema Corte de Justicia que desarrolla actualmente el CNM.

Además de cubrir las vacantes producidas por los magistrados que decidieron no continuar, el Consejo ha estado inmerso en la evaluación de jueces que concluyeron sus respectivos períodos y que procuran permanecer en la alta corte.

Por esa razón, el número definitivo de nuevos integrantes que eventualmente podrían incorporarse a la Suprema Corte estará relacionado con las decisiones que adopte el Consejo sobre los actuales magistrados sometidos a evaluación.

Una vez concluida la recepción de candidaturas, el proceso deberá avanzar hacia la depuración de los expedientes, recepción de objeciones, preselección y evaluación pública de los aspirantes antes de que el Consejo adopte sus decisiones definitivas.

La renovación de la Suprema Corte constituye uno de los procesos institucionales de mayor trascendencia para el sistema de justicia, debido a las atribuciones constitucionales y jurisdiccionales que corresponden al máximo tribunal del Poder Judicial dominicano.

La República

El imputado sostiene que lleva más de cuatro años sometido al proceso sin haber provocado dilaciones; el Ministerio Público mantiene las acusaciones en su contra

SANTO DOMINGO.– La defensa de Juan Asael Martínez Pimentel solicitó al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declarar extinguida la acción penal seguida en su contra dentro del denominado caso Medusa, bajo el argumento de que habría transcurrido el plazo máximo establecido legalmente para la duración del proceso.

Martínez Pimentel, uno de los imputados en el expediente que tiene entre sus principales procesados al exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, expuso personalmente ante el tribunal las consecuencias que, según afirmó, le ha ocasionado permanecer durante más de cuatro años sometido al proceso judicial.

De acuerdo con su planteamiento, al momento de formular la petición habían transcurrido “cuatro años, cinco meses y un día” desde el inicio de las actuaciones en su contra.

La defensa considera que esa duración constituye fundamento suficiente para solicitar la extinción de la acción penal, cuestión que ahora deberá ser ponderada por las juezas conforme a las circunstancias particulares del proceso y las disposiciones del Código Procesal Penal.

Alega que no ha provocado retrasos

Uno de los principales argumentos expuestos por Martínez Pimentel es que durante el desarrollo del expediente no habría realizado actuaciones destinadas a retrasar el proceso.

Aseguró que ha comparecido a las audiencias, respetado los requerimientos judiciales y procurado que su situación sea definida mediante una decisión definitiva.

“He visto pasar mis mejores años sentado en estos banquillos”, manifestó el imputado ante las magistradas.

Martínez Pimentel explicó que cuando comenzó el proceso todavía no había cumplido los 30 años y que actualmente tiene 35, período durante el cual, sostuvo, las restricciones derivadas del expediente han repercutido en su desarrollo personal, profesional y económico.

El imputado calificó su situación como un “limbo jurídico” y afirmó que su solicitud no procura obtener un privilegio, sino poner fin a un proceso cuya duración considera excesiva.

Cuestiona manejo de su expediente

Durante su intervención, Martínez Pimentel también cuestionó las decisiones adoptadas en torno a la separación y posterior incorporación de su expediente al proceso principal del caso Medusa.

Según explicó, inicialmente el Ministerio Público habría solicitado separar su caso, pero posteriormente procuró reincorporarlo cuando el expediente llegó a la fase de juicio de fondo.

El imputado afirmó que se opuso a esa decisión porque entendía que los hechos atribuidos específicamente en su contra podían ser conocidos en un número reducido de audiencias, sin necesidad de permanecer vinculado a un proceso de mayor complejidad y duración.

También sostuvo que en determinado momento aceptó un criterio de oportunidad con el propósito de poner fin a la persecución penal y continuar con su vida, aunque aseguró que posteriormente ese acuerdo fue retirado.

Afirma que fue utilizado como “mecanismo de presión”

Martínez Pimentel formuló además fuertes cuestionamientos contra la actuación del órgano acusador.

Alegó que su permanencia dentro del expediente habría sido utilizada para ejercer presión sobre otras personas vinculadas al caso y facilitar acuerdos que, según su versión, interesaban al Ministerio Público.

“Cuatro años, cinco meses y un día. Quiero que recuerden ese tiempo”, expresó durante su exposición ante el tribunal.

Estas afirmaciones corresponden a la posición del imputado y su defensa y deberán ser valoradas dentro del proceso frente a las pruebas y argumentos presentados por el órgano acusador.

Ministerio Público sostiene acusación

Por su parte, el Ministerio Público mantiene la imputación contra Martínez Pimentel.

Entre los elementos señalados por la acusación figura una transferencia bancaria por RD$300,000, supuestamente realizada el 6 de marzo de 2020 y detectada, según el órgano persecutor, mediante una investigación pericial financiera practicada sobre una cuenta vinculada al procesado.

La existencia de esa operación y su eventual relación con los hechos atribuidos forman parte de los aspectos que deberán ser debatidos y probados durante el juicio.

El proceso Medusa comprende un amplio expediente en el que el Ministerio Público atribuye a varios imputados distintas actuaciones presuntamente irregulares vinculadas a la gestión de la Procuraduría General de la República.

Tribunal ya ha rechazado otras solicitudes

El tribunal, presidido por la jueza Claribel Nivar Arias, ha conocido anteriormente otros planteamientos dirigidos a obtener la extinción de la acción penal dentro del mismo proceso.

Entre ellos figuran solicitudes presentadas por la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez y por otros diez procesados, las cuales fueron rechazadas.

Sin embargo, corresponderá al tribunal valorar de manera particular los argumentos presentados por Martínez Pimentel y determinar si en su situación concurren o no las condiciones jurídicas necesarias para declarar extinguida la acción penal.

Luego de escuchar los planteamientos, el conocimiento del proceso fue aplazado para continuar con los incidentes pendientes.

La suspensión de la audiencia también estuvo relacionada con problemas de salud presentados por la coimputada Altagracia Guillén, quien tuvo que ser trasladada a un centro médico para recibir evaluación.

El tribunal deberá continuar posteriormente con el conocimiento de las solicitudes antes de avanzar en las demás etapas del juicio de fondo.

Martínez Pimentel, al igual que los demás procesados, conserva la presunción de inocencia mientras no intervenga una sentencia condenatoria definitiva.

El informe identifica expedientes incompletos en contrataciones superiores a RD$144 millones, retrasos en contratos por RD$402.6 millones y debilidades en la protección de la infraestructura tecnológica.

SANTO DOMINGO.– Una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana al Senado reveló deficiencias en procesos administrativos, contrataciones, controles tecnológicos y cumplimiento de obligaciones tributarias durante el período comprendido entre 2020 y 2024.

La fiscalización abarcó las gestiones encabezadas por el expresidente del Senado Rafael Eduardo Estrella, entre 2020 y 2023, y por Ricardo de los Santos Polanco, quien asumió la presidencia de la Cámara Alta en agosto de 2023.

Auditoría observa expedientes por más de RD$144 millones

Entre los principales hallazgos figura la existencia de cinco expedientes de contratación en los que no fueron localizados documentos considerados esenciales.

Los procesos estaban relacionados con el remozamiento de baños, la construcción de un comedor para empleados, la habilitación de un salón para eventos especiales, la adquisición de ascensores y la contratación de una plataforma para la gestión financiera, administrativa, de nómina y fiscal.

En conjunto, esas contrataciones superaron los RD$144 millones, con operaciones individuales que oscilaron entre RD$11.2 millones y RD$79.6 millones.

Entre los documentos que no fueron localizados se encuentran garantías de seriedad de oferta, garantías de anticipo y fiel cumplimiento, informes periciales y certificaciones Mipyme.

La relevancia de estas observaciones trasciende el aspecto documental, debido a que la integridad de los expedientes constituye un elemento indispensable para comprobar que los procedimientos de contratación pública fueron ejecutados conforme al marco normativo correspondiente.

Contratos por RD$402.6 millones registraron retrasos

La auditoría también identificó seis contratos en los que las obras, bienes o servicios fueron recibidos después del vencimiento de los plazos establecidos.

Los retrasos oscilaron entre 33 y más de 400 días y afectaron proyectos relacionados con el remozamiento de baños, la construcción del comedor de empleados, un sistema fotovoltaico, equipos para la cocina, un parqueo soterrado y la adecuación de un salón VIP.

El valor conjunto de estos contratos ascendió a RD$402,692,376.

Uno de los mayores retrasos correspondió al contrato relacionado con el salón VIP, que acumuló 400 días fuera del plazo establecido. También se registraron 233 días en el parqueo soterrado, 161 días en equipos y electrodomésticos para el comedor y 122 días en el sistema fotovoltaico. En algunos expedientes tampoco fue localizada el acta de recepción definitiva.

Según las explicaciones institucionales recogidas en la auditoría, algunos contratistas excedieron los cronogramas debido a demoras durante la ejecución y situaciones que no habían sido contempladas inicialmente.

Senado informó adopción de nuevos controles

Frente a las observaciones relativas a los expedientes de contratación, las autoridades actuales y anteriores del Senado comunicaron que acogieron las recomendaciones formuladas por la Cámara de Cuentas y que fueron adoptadas nuevas medidas de control interno.

Entre ellas se encuentra la verificación previa de los proveedores en el Registro de Proveedores del Estado antes de formalizar contrataciones de bienes, servicios u obras.

Auditoría advierte riesgos tecnológicos

Las observaciones no se limitaron a las contrataciones.

La auditoría determinó que el Senado no disponía de una herramienta centralizada destinada a monitorear modificaciones accidentales o intencionales en los controles de red y las bases de datos. La Dirección de Tecnología reconoció la inexistencia de ese mecanismo de supervisión, según el informe.

También fueron señaladas condiciones consideradas vulnerables en el centro de procesamiento de datos.

Durante inspecciones efectuadas en julio de 2025 se observaron, entre otros aspectos, una puerta de madera con cerradura convencional, ausencia de sistema de extinción de incendios, falta de falso piso, plafones deteriorados y objetos ajenos al área.

Estas condiciones adquieren particular importancia debido al carácter sensible de la información manejada por una institución del Estado y a la necesidad de garantizar controles físicos y tecnológicos adecuados.

Detectan omisiones tributarias

Otro de los hallazgos estuvo relacionado con obligaciones fiscales correspondientes a dos obras contratadas durante la gestión comprendida entre agosto de 2020 y agosto de 2023.

La Cámara de Cuentas indicó que no encontró evidencia de la retención correspondiente del ITBIS vinculada a la dirección técnica en los trabajos de remozamiento de baños y construcción del comedor de empleados.

El monto total señalado como no retenido ascendió a RD$425,416, distribuido entre RD$96,737 correspondientes al remozamiento de baños y RD$328,679 vinculados a la construcción del comedor.

La institución reconoció posteriormente la observación y atribuyó la situación a un error involuntario, admitiendo que no se realizó la retención correspondiente conforme a la normativa citada en la auditoría.

Controles internos, el punto común de los hallazgos

Más allá de las cifras individuales, el informe coloca el énfasis sobre un problema transversal: la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de supervisión, documentación y seguimiento en el manejo de los recursos públicos.

Expedientes incompletos, contratos ejecutados fuera de los plazos, vulnerabilidades tecnológicas y omisiones tributarias representan áreas distintas de la administración, pero convergen en la importancia de disponer de sistemas de control capaces de garantizar trazabilidad, transparencia y rendición de cuentas.

El propio Senado informó haber acogido recomendaciones y adoptado medidas correctivas, por lo que corresponderá determinar posteriormente la efectividad de esos mecanismos y su capacidad para evitar la repetición de las deficiencias detectadas.