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Sobeida revela qué políticos y militares recibieron fondos de Figueroa Agosto
Entregó un total de 25 bienes a las autoridades
Sobeida Félix Morel, condenada a cinco años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico, entregó una declaración jurada a la Fiscalía del Distrito Nacional en la que revela la participación de los siete implicados en las operaciones criminales del narco boricua José David Figueroa Agosto.
El documento contiene todos los conocimientos de Félix Morel con relación al “nivel de participación” de Eddy Brito, Mary Peláez, Sammy Dauhajre, Ivanovich Smester, Juan José Fernández Ibarra, Madelin Bernard y Adolfina Pélaez en la red de Figueroa Agosto.
Así lo establece el acuerdo de cooperación firmado por Félix Morel, su abogado Félix Portes, y el entonces fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, el 28 de marzo de 2011.
En el convenio, que consta de 11 páginas, Félix Morel entrega a las autoridades un total de 25 bienes, entre los que se incluyen los apartamentos 14 y 15B de la torre Alco Paraddisso, de la avenida Aybar Castellanos; cuatro jeepetas; dos pistolas y decenas de municiones.
También, un solar de cien mil metros cuadrados ubicado en la parcela 179-C-17 del distrito catastral 6/1 del municipio de Los Llanos, de San Pedro de Macorís, 28 relojes de lujo, entre otros.
Mediante el acuerdo, Félix Morel se declara culpable del delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, renunciando a todo derecho a retractarse de su declaración, a la presentación de testigos en el juicio y a acatar su condena por medio de apelaciones.
Asimismo, renunció a todo derecho que le concedían las leyes, incluyendo el de requerir evidencia física en posesión de la Fiscalía
Compromiso Fiscalía. Considerando los riesgos de las declaraciones y datos ofrecidos por Félix Morel a las autoridades, la Fiscalía del Distrito Nacional se comprometió a dar los pasos que considere razonables para asegurar su protección, la de su familia y de sus seres queridos.
Este acápite incluye la realización de las diligencias consulares necesarias para que a todos sus relacionados les sea otorgada una visa de Estados Unidos, que les permita trasladarse hacia ese país, en caso de que las condiciones lo exijan.
“La Fiscalía no se opondrá a una eventual solicitud de salir fuera del país que formule la imputada al juez de Ejecución de la Pena, luego de que haya cumplido la mitad de la pena”, dice.
De igual forma, la Fiscalía se comprometió a no oponerse a la solicitud de libertad condicional, luego de cumplida la mitad de la sanción, y a solicitar la pena de cinco años, que es la mínima por el delito de lavado de activos.
Asimismo, se asegura a Félix Morel que no sería perseguida penalmente por la Fiscalía del Distrito Nacional en cualquier otro proceso relativo a la red de Figueroa Agosto, y que no se opondría a que sea extraditada a otro país, si es solicitada por otros cargos formulados y no relacionados al lavado de activos.
Zoom
Habría faltado. La Fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso declaró que se oponía a la libertad condicional, elevada por Sobeida Félix Morel en noviembre pasado, debido a que supuestamente no habría cumplido su parte del convenio con el Ministerio Público.
Secreto. A pesar de haber sido suscrito en marzo del 2011, hasta la fecha no se había podido establecer a ciencia cierta el contenido del acuerdo firmado por Félix Morel con el entonces Fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra.
Conjeturas. La falta de información con relación al documento provocó que se tejieran una serie de conjeturas con relación a la negociación. HOY
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.