Nacionales
Sobeida revela qué políticos y militares recibieron fondos de Figueroa Agosto
Entregó un total de 25 bienes a las autoridades
Sobeida Félix Morel, condenada a cinco años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico, entregó una declaración jurada a la Fiscalía del Distrito Nacional en la que revela la participación de los siete implicados en las operaciones criminales del narco boricua José David Figueroa Agosto.
El documento contiene todos los conocimientos de Félix Morel con relación al “nivel de participación” de Eddy Brito, Mary Peláez, Sammy Dauhajre, Ivanovich Smester, Juan José Fernández Ibarra, Madelin Bernard y Adolfina Pélaez en la red de Figueroa Agosto.
Así lo establece el acuerdo de cooperación firmado por Félix Morel, su abogado Félix Portes, y el entonces fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, el 28 de marzo de 2011.
En el convenio, que consta de 11 páginas, Félix Morel entrega a las autoridades un total de 25 bienes, entre los que se incluyen los apartamentos 14 y 15B de la torre Alco Paraddisso, de la avenida Aybar Castellanos; cuatro jeepetas; dos pistolas y decenas de municiones.
También, un solar de cien mil metros cuadrados ubicado en la parcela 179-C-17 del distrito catastral 6/1 del municipio de Los Llanos, de San Pedro de Macorís, 28 relojes de lujo, entre otros.
Mediante el acuerdo, Félix Morel se declara culpable del delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, renunciando a todo derecho a retractarse de su declaración, a la presentación de testigos en el juicio y a acatar su condena por medio de apelaciones.
Asimismo, renunció a todo derecho que le concedían las leyes, incluyendo el de requerir evidencia física en posesión de la Fiscalía
Compromiso Fiscalía. Considerando los riesgos de las declaraciones y datos ofrecidos por Félix Morel a las autoridades, la Fiscalía del Distrito Nacional se comprometió a dar los pasos que considere razonables para asegurar su protección, la de su familia y de sus seres queridos.
Este acápite incluye la realización de las diligencias consulares necesarias para que a todos sus relacionados les sea otorgada una visa de Estados Unidos, que les permita trasladarse hacia ese país, en caso de que las condiciones lo exijan.
“La Fiscalía no se opondrá a una eventual solicitud de salir fuera del país que formule la imputada al juez de Ejecución de la Pena, luego de que haya cumplido la mitad de la pena”, dice.
De igual forma, la Fiscalía se comprometió a no oponerse a la solicitud de libertad condicional, luego de cumplida la mitad de la sanción, y a solicitar la pena de cinco años, que es la mínima por el delito de lavado de activos.
Asimismo, se asegura a Félix Morel que no sería perseguida penalmente por la Fiscalía del Distrito Nacional en cualquier otro proceso relativo a la red de Figueroa Agosto, y que no se opondría a que sea extraditada a otro país, si es solicitada por otros cargos formulados y no relacionados al lavado de activos.
Zoom
Habría faltado. La Fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso declaró que se oponía a la libertad condicional, elevada por Sobeida Félix Morel en noviembre pasado, debido a que supuestamente no habría cumplido su parte del convenio con el Ministerio Público.
Secreto. A pesar de haber sido suscrito en marzo del 2011, hasta la fecha no se había podido establecer a ciencia cierta el contenido del acuerdo firmado por Félix Morel con el entonces Fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra.
Conjeturas. La falta de información con relación al documento provocó que se tejieran una serie de conjeturas con relación a la negociación. HOY
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.