Santo Domingo, RD.- Lo que se convirtió en algo de dominio popular ya comienza a confirmarse con las publicaciones hechas este viernes de que César Emilio Peralta “El Abusador” usaba parte del dinero que recibía del negocio del bajo mundo para sobornar a algunos oficiales y así evitar su arresto, enjuiciamiento e incautación de estupefacientes.Nacionales
Oficiales sobornados por el «Abusador»evitaron su arresto, decomisos y juicios
Santo Domingo, RD.- Lo que se convirtió en algo de dominio popular ya comienza a confirmarse con las publicaciones hechas este viernes de que César Emilio Peralta “El Abusador” usaba parte del dinero que recibía del negocio del bajo mundo para sobornar a algunos oficiales y así evitar su arresto, enjuiciamiento e incautación de estupefacientes.Los detalles al respecto vienen de la solicitud de extradición del Tribunal del Distrito de Puerto Rico, que agrega que el narcotraficante se inició en el negocio del narcotráfico en el año 1997 y que es el líder de una organización criminal transnacional que operaba desde República Dominicana.
La red es acusada de recibir cargamentos de cocaína y heroína desde Colombia y Venezuela, que luego eran enviados hacia Puerto Rico y Estados Unidos.
César Emilio Peralta está prófugo de la justicia dominicana y estadounidense desde el pasado 20 de agosto cuando las autoridades realizaron allanamientos múltiples a diferentes propiedades del imputado, entre estas las discotecas VIP Room, La Kuora, Flow Gallery, PlayRoom RD Lounge, Kaprich, ubicadas en distintos puntos de la capital.
Peralta forma parte del grupo de los ocho narcotraficantes dominicanos más importantes en el extranjero, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Otros que participan del negocio ilegal que han sido senalados bajo la ley Kingpin son Ramón Antonio del Rosario Puente “Toño Leña”, Kelvin Enrique Fernández Flaquer “Cotto”, Yaher Rafael Jaquez Araujo “Jaque Mate”, Bernardo Antonio Valdez García “Papi Cris”, Natanael Castro Cordero, Jhonan Alexander Martínez Ureña, Boarnerges Sánchez Nolasco “Warnel” y Carlos Ariel Fernández Concepción.
El 28 de noviembre de 2018 un gran jurado del Distrito de Puerto Rico emitió un pliego acusatorio contra Peralta acusándolo de una conspiración para importar hacia el territorio aduanero de Estados Unidos, desde un lugar fuera del mismo, un kilogramo o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de heroína, violentando el título 21 del Código de los Estados Unidos.
El segundo cargo indica que pertenece a una asociación delictuosa para importar a Estados Unidos cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína.
Mientras que el tercer cargo indica que es acusado de posesión de cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, con la intención y el conocimiento de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos.
Esta petición luego fue remplazada por una acusación formal emitida por el Distrito Sur de Florida, el 11 de abril de 2019, por ser el jefe de una red de narcotráfico que enviaba drogas a Norteamérica.
César, de 44 años, fue visto en público por última vez el fin de semana antes del desmantelamiento de la organización criminal mientras disfrutaba en un hotel en Punta Cana.
Hasta el momento, las autoridades han mantenido en prisión a 11 vinculados con la red criminal, incluyendo su pareja sentimental, Marisol Mercedes Franco, a la que el ministerio público acusa de adquirir bienes muebles e inmuebles por mas de 25 millones de pesos.
Esos bienes incluyen, según el ente, un apartamento en la torre Kevany, valorado en RD$16 millones, y un vehículo Mercedes Benz modelo S-500, valorado en US$120,000, y un reloj Hublot de 18 kilates, valorado en RD$750,000.
Asimismo, hay ocho prófugos de la justicia y seis han sido descargados o liberados en el caso de narcotráfico y lavado de activos.
“El Abusador” forma parte de la lista de cuatro individuos que fueron solicitados en extradición por las autoridades de Estados Unidos. Es el único de la lista que está fugitivo.
Baltazar Mesa y José Jesús Tapia Pérez tienen acusaciones formales emitidas por el Distrito Sur de Florida. Mientras que Sergio Gómez Díaz por el Distrito Este de Nueva York.
El quinto extraditable sería Jeifry del Rosario Gautier, hijo de “Toño Leña”, pero éste está cumpliendo condena en el país por otro crimen.
Fue pedido en extradición por Estados Unidos. Aquí, el ministerio público recibió la petición el 16 de julio de 2019.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) coordinó estrechamente con la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para ejecutar la designación del pasado 20 de agosto, de conformidad con la Ley Kingpin.
Desde junio de 2000, más de 2,100 entidades e individuos han sido nombrados de conformidad con la Ley Kingpin, por su papel en el tráfico internacional de narcóticos.
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
En la audiencia, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habían solicitado al tribunal que se mantuviera la medida de coerción por riesgo de fuga y posible interferencia en la investigación, destacando la gravedad de los hechos.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 9 de abril de 2026.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.