Santo Domingo, RD.- Lo que se convirtió en algo de dominio popular ya comienza a confirmarse con las publicaciones hechas este viernes de que César Emilio Peralta “El Abusador” usaba parte del dinero que recibía del negocio del bajo mundo para sobornar a algunos oficiales y así evitar su arresto, enjuiciamiento e incautación de estupefacientes.Nacionales
Oficiales sobornados por el «Abusador»evitaron su arresto, decomisos y juicios
Santo Domingo, RD.- Lo que se convirtió en algo de dominio popular ya comienza a confirmarse con las publicaciones hechas este viernes de que César Emilio Peralta “El Abusador” usaba parte del dinero que recibía del negocio del bajo mundo para sobornar a algunos oficiales y así evitar su arresto, enjuiciamiento e incautación de estupefacientes.Los detalles al respecto vienen de la solicitud de extradición del Tribunal del Distrito de Puerto Rico, que agrega que el narcotraficante se inició en el negocio del narcotráfico en el año 1997 y que es el líder de una organización criminal transnacional que operaba desde República Dominicana.
La red es acusada de recibir cargamentos de cocaína y heroína desde Colombia y Venezuela, que luego eran enviados hacia Puerto Rico y Estados Unidos.
César Emilio Peralta está prófugo de la justicia dominicana y estadounidense desde el pasado 20 de agosto cuando las autoridades realizaron allanamientos múltiples a diferentes propiedades del imputado, entre estas las discotecas VIP Room, La Kuora, Flow Gallery, PlayRoom RD Lounge, Kaprich, ubicadas en distintos puntos de la capital.
Peralta forma parte del grupo de los ocho narcotraficantes dominicanos más importantes en el extranjero, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Otros que participan del negocio ilegal que han sido senalados bajo la ley Kingpin son Ramón Antonio del Rosario Puente “Toño Leña”, Kelvin Enrique Fernández Flaquer “Cotto”, Yaher Rafael Jaquez Araujo “Jaque Mate”, Bernardo Antonio Valdez García “Papi Cris”, Natanael Castro Cordero, Jhonan Alexander Martínez Ureña, Boarnerges Sánchez Nolasco “Warnel” y Carlos Ariel Fernández Concepción.
El 28 de noviembre de 2018 un gran jurado del Distrito de Puerto Rico emitió un pliego acusatorio contra Peralta acusándolo de una conspiración para importar hacia el territorio aduanero de Estados Unidos, desde un lugar fuera del mismo, un kilogramo o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de heroína, violentando el título 21 del Código de los Estados Unidos.
El segundo cargo indica que pertenece a una asociación delictuosa para importar a Estados Unidos cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína.
Mientras que el tercer cargo indica que es acusado de posesión de cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, con la intención y el conocimiento de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos.
Esta petición luego fue remplazada por una acusación formal emitida por el Distrito Sur de Florida, el 11 de abril de 2019, por ser el jefe de una red de narcotráfico que enviaba drogas a Norteamérica.
César, de 44 años, fue visto en público por última vez el fin de semana antes del desmantelamiento de la organización criminal mientras disfrutaba en un hotel en Punta Cana.
Hasta el momento, las autoridades han mantenido en prisión a 11 vinculados con la red criminal, incluyendo su pareja sentimental, Marisol Mercedes Franco, a la que el ministerio público acusa de adquirir bienes muebles e inmuebles por mas de 25 millones de pesos.
Esos bienes incluyen, según el ente, un apartamento en la torre Kevany, valorado en RD$16 millones, y un vehículo Mercedes Benz modelo S-500, valorado en US$120,000, y un reloj Hublot de 18 kilates, valorado en RD$750,000.
Asimismo, hay ocho prófugos de la justicia y seis han sido descargados o liberados en el caso de narcotráfico y lavado de activos.
“El Abusador” forma parte de la lista de cuatro individuos que fueron solicitados en extradición por las autoridades de Estados Unidos. Es el único de la lista que está fugitivo.
Baltazar Mesa y José Jesús Tapia Pérez tienen acusaciones formales emitidas por el Distrito Sur de Florida. Mientras que Sergio Gómez Díaz por el Distrito Este de Nueva York.
El quinto extraditable sería Jeifry del Rosario Gautier, hijo de “Toño Leña”, pero éste está cumpliendo condena en el país por otro crimen.
Fue pedido en extradición por Estados Unidos. Aquí, el ministerio público recibió la petición el 16 de julio de 2019.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) coordinó estrechamente con la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para ejecutar la designación del pasado 20 de agosto, de conformidad con la Ley Kingpin.
Desde junio de 2000, más de 2,100 entidades e individuos han sido nombrados de conformidad con la Ley Kingpin, por su papel en el tráfico internacional de narcóticos.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.