Nacionales
Sobre barcazas Ceara Hatton dice: «yo de eso no sé, no hablo de lo que no sé, yo soy economista y hablo de economía»
El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, manifestó que no sabe sobre las enfermedades y consecuencias de la salud que puedan ocasionar las barcazas.
«Yo no sé de las enfermedades o consecuencias de una barcaza… yo de eso no sé. Yo no hablo de lo que no sé, yo soy economista y hablo de economía. Ahora estoy con Medio Ambiente y algunos temas los entiendo y puedo hablar», indicó Ceara Hatton durante una actividad.
El funcionario indicó, además, que los promotores de la iniciativa presentaron un estudio de impacto ambiental de una línea de transmisión aérea de 138 KV de 1.2 km de longitud y cinco torres. Estas autorizadas por el Ministerio de Medio Ambiente.
De acuerdo con declaraciones del alcalde de la provincia de Azua, Ruddy González, el déficit energético que vive el país es una de las principales razones por las cuales el Gobierno aprobaría una posible instalación de esas barcazas.
Las medidas del ministro anterior
El fenecido Orlando Jorge Mera, anterior ministro de Medio Ambiente, había ordenado revisar de forma inmediata la licencia otorgada en 2020 por las anteriores autoridades a la planta eléctrica que está ubicada en el río Ozama.
Mera había explicado en ese tiempo que explicó que tanto la Superintendencia de Electricidad como las autoridades competentes habían sido ya advertidas de su intención por revisar todas las licencias otorgadas en los últimos años a la planta eléctrica.
Antes de su asesinato, ocurrido en junio de este año, Jorge Mera había prometido investigar la presencia de otras embarcaciones que penetran al río Ozama a pesar de la prohibición como lo establece la resolución 13-2016.
Nacionales
Dictan apertura a juicio a hijo de exviceministro de Agricultura por estafa a esa institución
Santo Domingo, R.D.-El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio de fondo a el hijo de un exviceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Nacionales
Dos de los acusados de estafar ancianos en EE.UU. aceptan irse voluntariamente en extradición
Santo Domingo, R.D.-Dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos decidieron irse de manera voluntaria para presentarse ante la justicia estadounidense, acogiéndose al proceso abreviado en la solicitud de extradición.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.
Nacionales
Senado aprueba ley de liberación de impuestos la importación de cámaras para sistemas de seguridad
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobada en primera lectura en el Senado un proyecto de ley que libera de impuestos la importación de cámaras digitales utilizadas en los sistemas de seguridad del país para combatir la delincuencia.
La pieza, que contó con 22 votos a favor y uno en contra, busca exonerar durante 10 años, partiendo de su promulgación, los pagos tributarios que deben realizar quienes importen cámaras grabadoras destinadas a contribuir con la seguridad y protección.
De acuerdo a los considerando presentados en el documento, los sistemas de videovigilancia son una de las herramientas «preventivas y disuasorias» que aportan a la lucha contra la inseguridad.
Las residencias, empresas, propiedades campestres, condominios, colmados, supermercados, hoteles, bares, restaurantes, escuelas, colegios, clínicas, hospitales y otros sectores relacionados son quienes serán exentos, a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), de los pagos tributarios requeridos en la adquisición de este tipo de videocámaras.
TIPOS DE CÁMARAS
La pieza legislativa delibera las cámaras tipo balas, domos, box y “PTZ”, que se pueden instalar en ambos ambientes, interior y exterior, para grabaciones de video de 720p, 1080p y 4K.
Además, los videograbadores con capacidad de grabación y audio no mayor de 32 canales con entradas tipo analógico, digital y de red (IP).
Esta ley modificaría el capítulo 85 de la Ley 146-00 sobre Reforma Arancelaria y Compensación Fiscal, que hace referencia a las cámaras digitales de seguridad y sus componentes.
Asimismo, reformará cualquier otra disposición legal que le sea contraria a este proyecto de ley, según lo dicta el quinto artículo denominado “Modificación”.
El 16 de julio del año 2012, el Congreso de la República Dominicana creó la Ley 171-12, que tuvo como objeto facilitar la adquisición de cámaras de videovigilancia, a través de la exoneración del pago de todo tipo de impuestos de importación, por un periodo de 10 años.
Este plazo finalizó en 2022 y género en consecuencia que estos equipos tecnológicos no sean beneficiados, en la actualidad, con ningún incentivo fiscal.