Opinión
Sobre la seguridad fronteriza
Por Juan Bolívar Díaz
Ahora que por fin el gobierno dominicano parece interesado en establecer políticas serias que pauten las relaciones con Haití, incluyendo el control de la inmigración y la reglamentación de las relaciones comerciales, habrá que esperar una gran inversión para mejorar la vigilancia de la frontera, no sólo con mayor número de personal, sino también mejor equipado, justamente pagado y con adecuada tecnología y apoyo logístico general.
Los pasos fronterizos ya no son sólo de inmigrantes haitianos, sino que han cobrado una importancia capital debido al incremento del comercio, formal e informal, del que tanto beneficio obtienen los productores dominicanos, con una balanza comercial de cien a uno, probablemente las más desequilibradas del mundo. Y es casi la única con inclinación hacia la República Dominicana.
Por la frontera, especialmente por el segmento sur de Jimaní, transitan diariamente cientos de furgones de mercancías, incluyendo importaciones de la vecina nación a través de puertos dominicanos. Esta también deja beneficios a empresas transportistas y trabajadores nacionales.
Los mercados binacionales dan vida no solo a los exportadores dominicanos, sino también a las comunidades fronterizas, mediante una multiplicidad de servicios. Por ejemplo la prosperidad de la comunidad de Dajabón depende en gran parte del intercambio bilateral, con unas 800 habitaciones hoteleras, lo mismo que Juana Méndez y otras del lado occidental.
Hay un creciente tráfico hacia Haití de profesionales y empresarios dominicanos de la construcción que han aprovechado las oportunidades derivadas de la reconstrucción de la devastación sufrida por el hermano país hace cuatro años.
Arraigados prejuicios han dilatado las relaciones entre dos naciones unidas indisolublemente por la geografía ya que las fallas geológicas de la isla se extienden de oeste a este por lo que es casi imposible que las separe una hecatombe telúrica. Mientras más pronto nos entendamos mucho mejor será para ambas partes.
La precariedad de la vigilancia de la frontera es indicativa de la desidia con que se ha afrontado esa tarea, favoreciendo la trata de personas, la extorsión y la disposición de una abundante mano de obra incondicional y sin capacidad de reclamo, lo que a su vez degrada el salario en actividades productivas como la agrícola y la construcción.
El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront) es un botón de muestra, luego de 8 años de su creación. Con apenas 820 miembros, su actual director está a la espera de conseguir otros 250. Necesitaría por lo menos llevarlos a mil 500, aunque reconoce que deberían ser 2 mil 500, es decir el triple del número actual. Desde su creación en el 2006 diversos comandantes han reclamado más personal para atender el desafío de la seguridad fronteriza, que no ha de ser solamente de carácter migratorio, sino también para prevenir todo género de tráfico, especialmente de drogas y armas.
No se puede entender que con unas fuerzas armadas de 55 mil miembros, no hayamos dispuesto siquiera de un cinco por ciento para atender la seguridad de una frontera de casi 300 kilómetros de extensión. Pero tiene que ser un personal bien entrenado, pagado adecuadamente, vigilado con recursos tecnológicos para evitar la tradicional corrupción, con suficiente equipos de transporte terrestre y aéreo.
Hay que alentar la esperanza de que se profesionalizará la seguridad fronteriza después que en Venezuela incentivaran a los dos gobiernos de la isla a iniciar una etapa de negociaciones y reencuentros. Como también en Miami convocaron al diálogo a los empresarios dominicanos y haitianos que tienen más cosas en común que desacuerdos, con un mercado total de 20 millones de personas, en perspectivas de fortalecerse en proporción directa al progreso económico y social de ambos lados de la isla.
Es una pena que extranjeros hayan tenido que convencernos de cuestiones que hace tiempo debimos haber asumido, por la prosperidad de ambos pueblos. Pero debemos resignarnos a que más vale tarde que nunca.-
Artículo publicado originalmente en el periódico Hoy
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con el Estatuto de Roma podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional:
- a)El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
- b)Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque esta investigando o enjuiciando o lo ha hecho antes; o
- c)Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.
El Fiscal podrá pedir a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma y las víctimas
.
La admisibilidad de una causa o la competencia de la CPI sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio.
En circunstancias excepcionales la Corte Penal Internacional podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17 del Estatuto de Roma.
Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la CPI será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82 del Estatuto de Roma.
Hasta antes de que la Corte Penal Internacional se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:
- a)Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionadas en el párrafo 6 del articulo 18 del Estatuto de Roma;
- b)Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
- c)Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58 del Estatuto de la Corte.
La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la CPI, antes de ella.
Si la CPI hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.
Finalmente, el Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Por Nelson Encarnación
Son muchos los dominicanos que no se reponen del shock que les provocaron las diversas manipulaciones y mentiras vertidas por el expresidente Danilo Medina durante su comparecencia de la semana pasada en un importante medio radial de nuestro país.
Cuando se anunció días antes que el líder del Partido de la Liberación Dominicana aparecería en un medio público, hubo la apreciación generalizada de que aprovecharía el alcance de este para al menos desvestir su alma y bajar al terreno de la humildad para pedir algún tipo de perdón—aun fuese en voz baja—por las muchas culpas que necesitan urgentemente su expiación.
Sin embargo, es evidente que Danilo está convencido de que todas sus actuaciones en el Gobierno estuvieron ajustadas a la decencia más absoluta, cuando la realidad apunta precisamente en otra dirección.
Para él, los expedientes que involucran a familiares y entorno político más estrecho, son simples majaderías urdidas para molestarle, o una manifestación de la llamada judicialización de la política o politización de la justicia, mediante la cual han sido quitados del camino potenciales competidores de la corriente predominante.
Con ese convencimiento resulta improbable que el expresidente se humanice y entienda que admitir los errores hace grandes a las personas, y que, por el contrario, encerrarse en una convicción pueril las reduce.
Hay más de una evidencia que Danilo fue advertido por cercanos acerca del comportamiento depredador de algunos de sus íntimos, pero obvió tomar las medidas aconsejables, para dejar campo abierto a la continuación de los desmanes, muchos de los cuales se han reflejado en los casos que actualmente se ventilan en justicia, y que él los atribuye a “persecución política”.
En el campo de la lucha propiamente política, Medina trata de convencernos de que su laborantismo encaminado a propiciar el escenario para una segunda reelección en 2020 es un espejismo o un invento de sus adversarios.
Eso de que no tenía votos para modificar la Constitución es un ardid y una expresión fehaciente de su condición de simulador, pues todos vivimos aquel trance que mantuvo en vilo a la nación hasta que la administración Trump—en una intromisión inaceptable, eso sí—le apeó del carro reeleccionista que pudo haberse descarrilado hacia una situación de manejo muy complejo.
Danilo podrá decir lo que quiera, pero la historia no se puede borrar.
Por Narciso Isa Conde
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.
La que debe ser emplazada NO ES MIRIAM, es Yeni Berenice, acompañada de Camacho, el del PEPCA y ahora ascendido, ambos con fuertes vínculos con la Embajada, FBI, DEA…Leonel, Abinader…Ahora la PGR cae bajo control absoluto de esa tríada, vía los ascensos de Berenice y Camacho.
Miriam German ha sido víctima de su entorno, de un acorralamiento programado en medio de una gran soledad y de su propio institucionalismo (excesivo respeto a la separación de funciones dentro de la PGR). Además, la amenaza del cártel del Cibao y del tal J, fue manipulada para amarrarla más. Hicieron un gran bulto desde la DNCD y dejaron todo igual: el cartel sigue impune. Abinader, Cabrera-DNCD y la DEA dirigieron esa operación.
Berenice y el PEPCA han bloqueado muchos expedientes, incluso los presentados por nosotros. El caso de ANTENA LATINA es emblemático y yo lo entregué personalmente, y muchas veces demandé respuesta y nada. A esos encargados de investigar y perseguir los delitos, se le entregaron numerosas denuncias del Archivo Abierto de Marcha Verde y no hicieron nada: siguen abundando las vacas sagradas oligárquicas y transnacionales denunciadas; y estas abundan junto a la impunidad del leonelismo, de políticos ladrones y generales asesinos.
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.