Análisis Noticiosos
Campesinas guatemaltecas que estudian ingeniería para llevar luz a sus comunidades.
La organización Barefoot College International abre su primera escuela en Latinoamérica para formar a mujeres que instalarán paneles solares en un país con un 35% de pobreza energética
En un rincón de Chajul, en el departamento de Quiché, hay un internado ocupado hoy por 10 campesinas guatemaltecas que están aprendiendo a crear paneles solares para llevar electricidad a sus comunidades. La mayoría no sabe ni leer ni escribir y viven en localidades dispersas y alejadas, incluso de la mano del Gobierno. Doña Julieta Fernanda Tzoy, de 69 años, es la mayor de todas y memorizó las vocales en el único año escolar que cursó seis décadas atrás. “A, e, i…”, presume tímida. Desde entonces, su trabajo ha sido cuidar a sus siete hijos y 30 nietos, en Exchimal, Huehuetenango. “Pensé que yo era demasiado mayor para aprender”, cuenta por videollamada. Unos minutos más tarde, soldará el tablero de componentes que irá dentro de las lámparas portátiles que están aprendiendo a hacer. “Quiero que donde yo vivo todos tengamos electricidad”, dice.
En un afán de expandir las experiencias -que en un inicio solo se impartían en el país asiático- la entidad decidió apostar por Latinoamérica. Guatemala, con una pobreza energética que ronda el 35% (un término que se refiere a la incapacidad de sus habitantes de satisfacer las necesidades de energía), y con una de las poblaciones indígenas más grandes del continente (41%), fue de los primeros candidatos. Ajustarse a las necesidades locales ha sido siempre la prioridad: “Llevar a estas mujeres a la India tenía muchos beneficios, porque la mayoría no había salido de su país y era una experiencia muy enriquecedora”, cuenta París, quien es de origen colombiano, “pero queríamos estar cerca de los entornos de estas mujeres, de sus religiones, de sus saberes, sus etnias…”.
A Rosenda Francisca García López de García, 33 años, la escuela le queda bien cerca, en el departamento vecino. Esta madre de cuatro hijos vive en la comunidad Cumbre La Botija, en Huehuetenango. Los 10 vatios del panel chiquitito que tiene en su casa apenas le alcanzan para cargar el celular. Mucho menos para alumbrar a sus pequeños en la noche, cuando vuelven de rajar leña y quieren terminar las tareas. “Pero al menos algo hace”, dice. Es el panel que compró su marido, dos días antes de fallecer, hace apenas 10 meses. “Él estaría muy orgulloso de lo que estoy haciendo”, lamenta sin poder contener las lágrimas.
Julieta Fernanda Tzoy de Barrera, la mayor del grupo, aprende cómo instalar paneles solares en su comunidad, Exchimal, Guatemala.CASSIE PICCOLO
En las comunidades rurales, pocos son los hombres que no miran el proyecto con algo de recelo. Muchos no entienden por qué son las mujeres las responsables y no ellos. Bárbara Pérez, directora de programas, lo tiene claro: “Nosotros creemos que si las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que suelen tener los hombres, viviríamos en un mundo mejor. Solo tenemos que darles las herramientas”.
Los paneles solares que ayudan a fabricar en la organización, financiada por el Gobierno indio, entidades privadas y fundaciones filantrópicas como la de Bill y Melinda Gates, poco tienen que ver con los de doña Rosenda. Son de 70 voltios y tienen una capacidad para cuatro focos que se pueden ubicar según las necesidades de la aldea. Además, las campesinas aprenden a fabricar lámparas portátiles en las que también se pueden recargar celulares y tienen una vida útil de dos décadas. Esta tecnología india viene acompañada de unos libros principalmente gráficos, adaptados a sus alumnas, ya que la mayoría no sabe leer ni escribir.
“Las clases se imparten al ritmo de ellas y manteniendo los métodos de estudios indios”, narra París. Sin embargo, hay formadoras de lujo guatemaltecas. Juana Emelia de León Marcos, de 27 años, fue alumna en la India, hace dos años y hoy es profesora remunerada en el centro. “Yo entiendo que ellas a veces se desanimen, a mí también me pasaba”, cuenta por videollamada al referirse al proceso de aprendizaje. “La educación en este país es toda privada y acceder a esta formación gratis es una suerte”, explica, “yo les ayudo a entender lo que es más complejo, traduzco algunas palabras en inglés… y siempre les digo: ‘Imaginen cuando ya tengan electricidad’”.
Luz para no dejar de estudiar
Las estudiantes vienen de pueblos diferentes, pero con realidades muy similares. Sobre todo las sombras. En cinco de los 22 departamentos del país, los más rurales y con mayor presencia indígena, la cobertura eléctrica no supera el 20%. Y pese a los planes que anunció el Gobierno para la vuelta a las aulas tras la pandemia, la estrategia quedó en papel mojado.
“En mi comunidad, el maestro viene dos veces a la semana”, cuenta doña Rosenda. Juana coincide: “Ya no tienen las horas completas, ven apenas dos o tres horas”. El miedo de todas es el mismo: que los niños dejen antes de tiempo la escuela. Las altísimas tasas de deserción escolar en el país, que ronda el 51% en adolescentes y jóvenes, según Unicef, avivan el temor. “Quiero que tengamos luz para que puedan hacer las tareas. Hoy en día, uno necesita electricidad”.
Y pronto llegará gracias a las manos de estas mujeres a las que la vida las ha hecho resilientes. Pérez se emociona al pensar en cómo unos paneles solares pueden ser una pequeña revolución en todas las esferas. “Sabemos que los retos son muchos, pero las ambiciones también. Igual que las ganas y las capacidades de ellas”.
elpais.com
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.