Análisis Noticiosos
Campesinas guatemaltecas que estudian ingeniería para llevar luz a sus comunidades.
La organización Barefoot College International abre su primera escuela en Latinoamérica para formar a mujeres que instalarán paneles solares en un país con un 35% de pobreza energética
En un rincón de Chajul, en el departamento de Quiché, hay un internado ocupado hoy por 10 campesinas guatemaltecas que están aprendiendo a crear paneles solares para llevar electricidad a sus comunidades. La mayoría no sabe ni leer ni escribir y viven en localidades dispersas y alejadas, incluso de la mano del Gobierno. Doña Julieta Fernanda Tzoy, de 69 años, es la mayor de todas y memorizó las vocales en el único año escolar que cursó seis décadas atrás. “A, e, i…”, presume tímida. Desde entonces, su trabajo ha sido cuidar a sus siete hijos y 30 nietos, en Exchimal, Huehuetenango. “Pensé que yo era demasiado mayor para aprender”, cuenta por videollamada. Unos minutos más tarde, soldará el tablero de componentes que irá dentro de las lámparas portátiles que están aprendiendo a hacer. “Quiero que donde yo vivo todos tengamos electricidad”, dice.
En un afán de expandir las experiencias -que en un inicio solo se impartían en el país asiático- la entidad decidió apostar por Latinoamérica. Guatemala, con una pobreza energética que ronda el 35% (un término que se refiere a la incapacidad de sus habitantes de satisfacer las necesidades de energía), y con una de las poblaciones indígenas más grandes del continente (41%), fue de los primeros candidatos. Ajustarse a las necesidades locales ha sido siempre la prioridad: “Llevar a estas mujeres a la India tenía muchos beneficios, porque la mayoría no había salido de su país y era una experiencia muy enriquecedora”, cuenta París, quien es de origen colombiano, “pero queríamos estar cerca de los entornos de estas mujeres, de sus religiones, de sus saberes, sus etnias…”.
A Rosenda Francisca García López de García, 33 años, la escuela le queda bien cerca, en el departamento vecino. Esta madre de cuatro hijos vive en la comunidad Cumbre La Botija, en Huehuetenango. Los 10 vatios del panel chiquitito que tiene en su casa apenas le alcanzan para cargar el celular. Mucho menos para alumbrar a sus pequeños en la noche, cuando vuelven de rajar leña y quieren terminar las tareas. “Pero al menos algo hace”, dice. Es el panel que compró su marido, dos días antes de fallecer, hace apenas 10 meses. “Él estaría muy orgulloso de lo que estoy haciendo”, lamenta sin poder contener las lágrimas.
Julieta Fernanda Tzoy de Barrera, la mayor del grupo, aprende cómo instalar paneles solares en su comunidad, Exchimal, Guatemala.CASSIE PICCOLO
En las comunidades rurales, pocos son los hombres que no miran el proyecto con algo de recelo. Muchos no entienden por qué son las mujeres las responsables y no ellos. Bárbara Pérez, directora de programas, lo tiene claro: “Nosotros creemos que si las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que suelen tener los hombres, viviríamos en un mundo mejor. Solo tenemos que darles las herramientas”.
Los paneles solares que ayudan a fabricar en la organización, financiada por el Gobierno indio, entidades privadas y fundaciones filantrópicas como la de Bill y Melinda Gates, poco tienen que ver con los de doña Rosenda. Son de 70 voltios y tienen una capacidad para cuatro focos que se pueden ubicar según las necesidades de la aldea. Además, las campesinas aprenden a fabricar lámparas portátiles en las que también se pueden recargar celulares y tienen una vida útil de dos décadas. Esta tecnología india viene acompañada de unos libros principalmente gráficos, adaptados a sus alumnas, ya que la mayoría no sabe leer ni escribir.
“Las clases se imparten al ritmo de ellas y manteniendo los métodos de estudios indios”, narra París. Sin embargo, hay formadoras de lujo guatemaltecas. Juana Emelia de León Marcos, de 27 años, fue alumna en la India, hace dos años y hoy es profesora remunerada en el centro. “Yo entiendo que ellas a veces se desanimen, a mí también me pasaba”, cuenta por videollamada al referirse al proceso de aprendizaje. “La educación en este país es toda privada y acceder a esta formación gratis es una suerte”, explica, “yo les ayudo a entender lo que es más complejo, traduzco algunas palabras en inglés… y siempre les digo: ‘Imaginen cuando ya tengan electricidad’”.
Luz para no dejar de estudiar
Las estudiantes vienen de pueblos diferentes, pero con realidades muy similares. Sobre todo las sombras. En cinco de los 22 departamentos del país, los más rurales y con mayor presencia indígena, la cobertura eléctrica no supera el 20%. Y pese a los planes que anunció el Gobierno para la vuelta a las aulas tras la pandemia, la estrategia quedó en papel mojado.
“En mi comunidad, el maestro viene dos veces a la semana”, cuenta doña Rosenda. Juana coincide: “Ya no tienen las horas completas, ven apenas dos o tres horas”. El miedo de todas es el mismo: que los niños dejen antes de tiempo la escuela. Las altísimas tasas de deserción escolar en el país, que ronda el 51% en adolescentes y jóvenes, según Unicef, avivan el temor. “Quiero que tengamos luz para que puedan hacer las tareas. Hoy en día, uno necesita electricidad”.
Y pronto llegará gracias a las manos de estas mujeres a las que la vida las ha hecho resilientes. Pérez se emociona al pensar en cómo unos paneles solares pueden ser una pequeña revolución en todas las esferas. “Sabemos que los retos son muchos, pero las ambiciones también. Igual que las ganas y las capacidades de ellas”.
elpais.com
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.