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18 meses de prisión preventiva se solicita contra 24 arrestados en la Operación Discovery 2.0
SANTIAGO.- El Ministerio Público solicitó como parte de la Operación Discovery 2.0 a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 24 integrantes de la estructura criminal que, apoyada en medios electrónicos, estafó y extorsionó a cientos de personas en Estados Unidos.
La Fiscalía de Santiago, que desarrolló la investigación en coordinación con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, solicita además que se declare la tramitación del caso como complejo contra los integrantes de la organización criminal que perfilaba a las víctimas siguiendo una lista de criterios con la que determinaba su mayor grado de vulnerabilidad.
La solicitud de medida de coerción incluye a Juan Rafael Parra Arias, Juan Armando Vázquez Ramírez, Hayler Andrés Olivares Núñez, Miguel Ángel Camilo Pérez, Freddy Urtarte, Wilson Miguel Rodríguez Suero, Mélquido Rojas Vargas, Claudio Santana, Ramón Esterling Polanco Leclerc, Deuris Antonio Franco de la Cruz, Erick Ángel Peña Núñez, Arnaldo Manuel Rosario Nolasco, Benito Antonio Guzmán Castro, Wáscar Canot Guzmán, Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla y Luis Manuel Martínez.
Los fiscales dominicanos desarrollaron la operación con la cooperación internacional de la Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos.
Los investigadores estudiaron, durante trece meses, los perfiles de los ciberdelincuentes, sus distintas estrategias para infiltrarse y captar a las víctimas, así como la psicología del terror que utilizaban para engañar, convencer y despojar a las personas afectadas de bienes económicos.
El arresto de los implicados y la incautación de los equipos electrónicos, así como parte de los bienes materiales que adquirieron para estructurar la mafia, se ejecutó en medio de quince allanamientos que de manera simultánea se desarrollaron en las provincias Santiago y Puerto Plata.
La Operación Discovery 2.0 involucró 26 fiscales y 239 agentes de la Policía Nacional, equipos de investigadores y técnicos de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público que se empleó en la coordinación operativa.
Las labores implicaron el allanamiento de por lo menos tres centros de llamadas (call centers) en los que se produjeron los apresamientos y se incautaron los equipos electrónicos.
La Fiscalía de Santiago también ocupó vehículos de motor, dinero en efectivo, prendas y armas de fuego.
El Ministerio Público obtuvo evidencias que llevan a acusar a los implicados, provisionalmente, por violación a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican la complicidad, asociación de malhechores, la usurpación de identidad y el artículo 405 que condena la estafa.
También, les imputa violar la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos, y otros artículos de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que castigan la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.
Contra varios de los imputados se presentaron cargos provisionales por transgresión al artículo 66 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.