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Piden prisión contra traficantes «Los Fira»en Santiago

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SANTIAGO .- Los imputados de tener en posición más de dos mil libras de marihuana, cocaína, armas, vehículos, prendas y dinero en  efectivo en un operativo intergerencial fueron acusados de  cargos provisionales de violación a varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, a la Ley 631-16 de Armas, Municiones y Materiales Relacionados y a la 155-17 sobre Lavado de Activos y tráfico de drogas.

Tras la operación, coordinada por el Ministerio Público junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de la Dirección de Operaciones Contra el Tráfico de Drogas para el Consumo Interno (Dotci), la Fiscalía depuró las evidencias y detenidos, y presentó cargos provisionales contra los imputados José Andrés Rodríguez Guzmán (Fira); Ángelo José Rodríguez Rodríguez (El Fira) y Luis Miguel Vargas, contra quienes solicita se ordene la prisión preventiva por espacio de 12 meses.

Plantea, también, el Ministerio Público, que existen elementos suficientes para declarar el proceso de tramitación compleja.

También, se le ocupó dos pistolas, una Carandai y una Taurus calibre nueve milímetros, así como una escopeta Maverick calibre 12 milímetros, y 14 cartuchos para la misma.

El Ministerio Público tiene entre las evidencias incautadas dos vehículos, un autobús, prendas, dos balanzas digitales, una máquina trituradora, y una máquina para empaque al vacío.

En poder de las autoridades del Ministerio Público hay varios rollos de plástico utilizados para empacar la droga; otros rollos de material textil sintético, así como decenas de cápsulas de distintos calibres.

El Ministerio Público le ha otorgado al presente proceso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 4 letra (D), 5 letra (A), 6 letra (A), artículos 8, 9 letra (D y F); también los artículos 28, 50, 34 y 75 párrafo II, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la categoría de traficantes.

Además, estos hechos constituyen violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como transgresión a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.

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Juicio de fondo contra imputados Antipulpo fue aplazado para el miércoles 15 mayo.

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Santo Domingo, R.D.-El juicio de fondo contra los imputados del caso Antipulpo fue aplazado por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional  debido a una afección visual del imputado Carlos Martín Montes de Oca Vásquez.

El tribunal procedió a pautar la audiencia para el miércoles, 15 de mayo, a las 10:00 de la mañana. Fecha en la que se espera sean escuchadas las declaraciones del director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, en calidad de primer testigo del Ministerio Público.

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Dan los toques finales para el voto penitenciario este próximo domingo

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Santo Domingo, RD.- Uno de miembros del Pleno de la Junta Central Electoral (JCE),Dolores Fernández, encabezó este lunes una reunión de trabajo sobre los últimos detalles para la ejecución del Voto Penitenciario este domingo 19 de mayo.

En el encuentro participó el director de Elecciones, Mario Núñez; el jefe de la Policía Militar Electoral, mayor general, Juan José Otaño Jiménez, y el procurador especializado contra Crímenes y Delitos Electorales, Iván Félix Vargas.

Se recuerda que la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales suministró a la JCE un levantamiento de las informaciones de cantidad de internos preventivos con cédulas existentes y de los que no tienen cédula física.

Además, el órgano electoral realizó operativos de cedulación para garantizar la expedición de ese documento de identidad a los internos que carezcan del mismo.

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Tribunal ratifica arresto domiciliario contra el general Torres Robiou.

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Santo Domingo, R.D.-Fue ratificado este lunes por la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional  el arresto domiciliario al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general Juan Carlos Torres Robiou, quien es vinculado a hechos de corrupción administrativa en el expediente de las operaciones Coral y Coral 5G.

Los fiscales litigantes Jonathan Pérez y Miguel Collado, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, solicitaron mantener a Torres Robiou la medida de coerción de arresto domiciliario, grilletes electrónicos e impedimento de salida del país, logrando que la petición fuera acogida por los jueces del tribunal de alzada, Pedro Sánchez Rivera, Nancy Joaquín y July Tamariz.

Los jueces adoptaron la decisión al desestimar un recurso de apelación incoado por el acusado por intermedio de su defensa a la resolución No. 249-02-2024-SERIS-0014, de fecha 30 del mes de enero del año 2024, dictado por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, al establecer que no han variado las circunstancias que dieron lugar a la misma.

El fiscal Jonathan Pérez dijo que el tribunal mantuvo la medida de coerción en contra de Torres Robiou porque no hay circunstancias nuevas ni presupuestos nuevos que pudieran hacer variar la medida de coerción impuesta.

Al valorar la decisión del tribunal, Pérez expresó “el Ministerio Público entiende que fue coherente con las decisiones que ha dado previamente esta Sala. Entendemos que fue una buena decisión”.

Al general de la Fuerza Aérea Dominicana, Juan Carlos Torres Robiou, se le atribuye formar parte del entramado corrupto militar que operó en varias instituciones del Estado y que fue desmantelado por el órgano persecutor en el año 2021, bajo la operación Coral 5G, derivada de la Operación Coral.

Otros vinculados por el Ministerio Público a hechos de corrupción en este proceso judicial, son: Boanerges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Mata Flores, el general Julio Camilo de los Santos y el mayor José Manuel Rosario Pirón, quienes también cumplen las mismas medidas de coerción.

El acusado Torres Robiou cumple arresto domiciliario desde mayo del año 2023, cuando la jueza titular del Sexto Juzgado de Instrucción, Yanibet Rivas, varió la medida de coerción de prisión preventiva que le fue impuesta para cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

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