Nacionales
Piden 18 meses de prisión para supuesto líder de organización Narcobananas
Santo Domingo, R.D.-Dieciocho meses de prisión preventiva pidió la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Montecristi como medida de coerción a Yerfri Rafael Santana Durán, alias el Jefe o Patrón, imputado por tráfico ilícito de cocaína camufladas en cargamentos de bananas.
Solitaron además, que el caso sea declarado complejo.
El Ministerio Público vincula a Santana Durán con el decomiso de 316 láminas, con un peso de 102 kilogramos de cocaína, en el Puerto de Manzanillo en Montecristi, que pretendía sacar la organización criminal en un contenedor con bananas, el 23 de septiembre de 2024, con destino a Europa.
El Juzgado de la Instrucción de Montecristi conocerá este lunes 17 de marzo de 2025, a partir de las 4:30 de la tarde, la solicitud de medida de coerción al imputado, señalada como el «líder» de la organización desmantelada con la Operación Narcobananas.
De acuerdo con la información compartida por la Procuraduría General de la República, Santana Durán era encargado de transportar en sus vehículos los cargamentos de drogas y lavar los activos de la organización.
La nota señala que Interpol procedió con su arresto y dio parte a las autoridades del Ministerio Público, cuando este pretender salir del país por el Aeropuerto del Cibao en momentos en que se había activado su búsqueda.
En el arresto se le ocupó un vehículo de alta gama, del año 2025, marca Isuzu, modelo D-Max, la suma 7,899 dólares y 10 mil pesos dominicanos, así como prendas de alto valor económico.
Antecedentes
- En octubre de 2024, días después del decomiso de la sustancia, Santana Durán, se había ido con destino a Newark, Estados Unidos, regresando 19 días después, cuando ya se había presentado medida de coerción en contra de la estructura.
Otros imputados
Por el hecho también están sometidos a la justicia, con medidas de coerción los socios de la empresa Banalasa, SRL, José Rafael del Carmen Santana Liz y Miguel Tomás Rodríguez Almonte, quienes, según la acusación, siendo representantes de esa compañía, fueron los responsables de colocar la sustancia controlada en un sofisticado embalaje de láminas, proceso que debe hacerse dentro de las instalaciones, con un personal a cargo.
Las investigaciones se llevan a cabo bajo la dirección de las titulares Ramona Nova y Grimaldi Oviedo, de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de Montecristi, respectivamente. Integran también el equipo investigador los fiscales Manuel Castro y Claudio Cordero, por parte de la Procuraduría Antilavado, y Francis Peña, por la Fiscalía de Montecristi.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.