Una serie de instituciones dotadas de poder público se avocan a solicitar la intervención del Distrito Judicial de Santiago por parte de la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia por fiscales, notarios, alguaciles y jueces comportarse como aliados estratégicos de los delincuentes.
El lugar donde opera hoy la sede del Distrito Judicial de la Provincia de Santiago fue hace algunos años el depósito de todas las aguas cloacales de la zona y parece que se hace honor a esos desperdicios y la propia arquitectura del llamado Palacio de Justicia de la segunda ciudad en importancia constituye un gran misterio para sus habitantes porque su edificación fue el resultado de la comisión de una gran injusticia y abuso de poder por parte de la dictadura trujillista en contra de un reputado profesional del derecho.
El Palacio de Justicia, que es donde debe expresarse con mayor contundencia el estado de derecho de la provincia de Santiago, hoy se ha convertido en una verdadera vergüenza para la sociedad y lo que allí pasa hace honor a lo que fue hará algunos años una verdadera cloaca.
En el Distrito Judicial de Santiago no se respeta absolutamente nada de lo que manda el orden jurídico nacional, ya que lo menos que ocurre es que un recurso como el referimiento se ha sido convertido en una burla para los que buscan desesperadamente justicia.
Para que se pueda tener una idea más clara del grave problema, sólo habría que ver lo que establece la Ley 834 del 1978, sobre este recurso que tiene determinados requisitos, pero que generalmente no es la causa del fallo tarde del mismo.
El referimiento, por lo menos en apelación, es fallado hasta un año después de haberse interpuesto, sin que haya una explicación lógica de ese comportamiento de algunos jueces, creándoles serios problemas a los que van en busca de justicia al Palacio Federico Carlos Álvarez.
El problema se agiganta cuando se recurre frente a la comisión de un delito o crimen donde un procurador fiscal, quien tiene una excusa para todo y por razones que tienen que ver con ineptitud, negligencia o complicidad nunca ve el ilícito penal y su primer esfuerzo es que la víctima se incline por un proceso civil.
Este fenómeno lleva por nombre la subjetividad del ilícito penal, frase muy de moda desde que la magistrada Luisa Liranzo dirigía el Ministerio Público en el Distrito Judicial de Santiago, donde no hay forma de que al delincuente se le aplique el régimen punitivo nacional.
La conducta de muchos fiscales, notarios, alguaciles y jueces de este Distrito Judicial ha hecho rodar por el suelo el estado de derecho y enviar el mensaje de que la víctima recurra a la vía de hecho en vez de que como nación civilizada canalice su preocupación por los tribunales competentes.
El caso es tan grave que se habla de solicitar a través de una serie de instituciones con cierto poder público la intervención del Distrito Judicial de Santiago por parte de la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia.
El periódico La República, que dice lo que otros callan, inicia a partir de hoy una serie de diez reportajes para revelar el comportamiento del Ministerio Público frente a las denuncias y querellas que a diario se presentan en los diferentes departamentos del Distrito Judicial de Santiago y la conducta de muchos jueces que por lo menos aparentan estar atados a alguna complicidad para favorecer a los que no respetan la ley y se dedican a la estafa, la falsificación de documentos y otros ilícitos penales que no son calificados como tales por los que tienen que aplicar las penas que establece la ley y realizar las investigaciones que manda el Código Procesar Penal y otras leyes adjetivas, así como la propia Constitución de la República.
Durante la publicación de estos reportajes se aportarán las pruebas que avalan lo afirmado en los mismos, lo cual requiere la atención de toda la sociedad dominicana.