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Ex diplomático se une a voces que solicitan estudio medioambiental sobre canal.
Santo Domingo.-Inocencia García, ex encargado de las Relaciones con Haití de la Cancillería, indicó que la diplomacia dominicana falló en el manejo de la crisis por el río Masacre y, tras el discurso del primer ministro de Haití, Ariel Henry, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas este viernes, entiende que la única opción que pudiera impedir el avanzado canal es presentando ante un arbitraje internacional un estudio que compruebe los peligros medioambientales que supone la obra hídrica haitiana.
García explicó que este estudio debe ser solicitado por el Gobierno dominicano a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Esta recomendación la hizo el ex diplomático al analizar la tensa situación, en la que, según él, Haití le ganó a República Dominicana logrando que firmara en 2021 una Declaración Conjunta «amañada» y usando su estrategia de «víctima» ante los organismos internacionales.
«Efectivamente, la obra hídrica no desvía el cauce porque los cauce no se desvían, lo que se desvía es el agua y es lo que pretenden hacer, un trasvase de todas las aguas del Masacre hacia la llanura de Maribawoux», acotó.
Advirtió que «aunque el presidente pidió la paralización de la obra cuatro días después, ese documento firmado el 27 de mayo de 2021 es vinculante y está siendo utilizado inteligentemente por Haití».
Según el ex diplomático dominicano, el peligro de ese documento es que por el tono del discurso de Henry, «República Dominicana y Haití terminarán en un arbitraje internacional» para resolver el conflicto, donde los diplomáticos haitianos, «con más expertiz que los dominicanos», utilizarán esa declaración conjunta a su favor, «aunque ellos están violando el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929«.
Sobre la pregunta de si la polémica declaración conjunta tiene más peso que el tratado de 1929, el experto en relaciones bilaterales, indicó que el problema del acuerdo de Paz es que este no tiene un reglamento de aplicación, lo que provoca que cada parte en el conflicto le dé una interpretación distinta.
Es por esto, que entiende que la única vía de escape para la República Dominicana para resolver el gran problema que se le viene encima es solicitar que una comisión de la OEA haga un estudio sobre el impacto medioambiental del canal haitiano.
Dice medidas del gobierno dominicano fortalecieron a haitianos
García consideró que las medidas que tomó la Mesa de Seguridad y el presidente Luis Abinader para presionar a los haitianos, como el cierre de la frontera y suspensión de emisión de visas, lo único que hizo fue fortalecerlos y aumentar su orgulloso patriótico, al punto de que las bandas haitianas se unieron en apoyo a la construcción del canal.
- «Cerrar la frontera y desplegar un fuerte contingente militar fue una decisión desproporcional al objetivo perseguido por el Gobierno dominicano que era que se detenga la construcción del canal, y no le sirvió de nada, la obra no se va a detener, está en un 90 %, y el cierre ha causado pérdidas millonarias tanto a los productores de aquí como a los de allá».
Indicó que estas acciones se convierten en un insumo más para que Haití siga teniendo mejor imagen ante los organismos internacionales que la República Dominicana.
«Haití puede tener las peores crisis, pero no descuida la parte diplomática, porque sabe que es la única manera en la que pueden defender sus intereses y tener de su lado a los organismos internacionales, sus diplomáticos están bien formados, no hay ninguno que no tenga maestrías, invierten muchos años de estudios y están más preparados que nosotros», expresó García.
Acotó que «por las decisiones que el Gobierno tomó, la única lectura que se le puede dar a eso es que la Cancillería dominicana no entiende cómo es la diplomacia con Haití».
Señaló que, por sus años como viceministro de Cooperación Bilateral, encargado de la División de Relaciones con Haití de la antes llamada Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores y secretario de la Embajada Dominicana en Haití en los periodos 1998-2000 y 2004-2007, aprendió que Haití maneja las relaciones diplomáticas con la República Dominicana de la manera siguiente: «Dar mucho de palabra y poco de obra«, refiriéndose a que el país vecino cuida bien sus intereses, está atento a todos los documentos vinculantes, y no se compromete con nada «porque no puedo cumplir y no me interesa cumplirte», pero sí quieren que la contraparte se comprometa con ellos, acotó.
Cree fue error de Abinader decir que el Gobierno haitiano no apoyaba el canal
García también enumeró como error de Abinader, el haber dicho que el gobierno haitiano no apoyaba la construcción del canal y el haberse «precipitado» desplegando todo su cuerpo militar, «cuando Haití no nos ha declarado la guerra».
Indicó que la crisis actual es solo la antesala de un próximo conflicto por el río Artibonito. «Haití está depredado, no tienen agua y la van a buscar cómo sea«.
De todas las decisiones que tomó el gobierno la semana pasada, valoró la reactivación del canal La Vigía y la presa de Don Miguel, en el río Masacre, a la vez recomendó que el gobierno trabaje por medidas de largo plazo para evitar la tala de árboles en la zona.
¿Qué dijo Ariel Henry?
El primer ministro de Haití, Ariel Henry, pronunció un discurso la tarde de este viernes ante la 78va. Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que defendió la construcción de un canal de agua sobre el río Masacre por parte de los haitianos.
Contrario a lo que había expresado el presidente dominicano Luis Abinader sobre la posición de Henry respecto al canal, de que la obra era una «iniciativa privada», el primer ministro sorprendió apoyando la captación de agua sobre el río e incluso hizo hincapié en que la República Dominicana respete el Tratado de Paz de 1929 y la declaración conjunta de 2021, en esta última el Gobierno dominicano reconocía que la construcción del canal no representaba un desvío del caudal.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.